El error judicial

Inti Paillalef (2 años y 6 meses), Pablo Altamirano (14 meses), Oscar Peche (15 meses), Matías Sánchez (2 años), Gastón Gómez y Deolinda Romero (19 meses), Julio Canteros (1 año), Mercedes Pedraza (10 meses), Nancy Romero (2 años), Horacio Cerenez (2 años), José Alfredo Herbel (1 año, 10 meses y 14 días), Franco Manuel Visuara y Jorge Mariano Díaz (7 años), Juan Marcelo Castro y Emanuel Ezequiel Fabricius (3 años), Carlos Burgos (3 años), Néstor Horisberger (2 años), Orlando Andrés Barriga (1 año y 7 meses), Liliana Cerosti (2 años y 3 meses), Leandro Roig (2 años y 11 meses).

La lista podría continuar, de modo indefinido, y no hace más que describir, poniendo en nombres, apellidos y medidas de tiempo, el horror sufrido por hombres y mujeres que tuvieron que atravesar la experiencia de la prisión habiendo sido inocentes de toda inocencia. Los datos pueden ser corroborados googleando los nombres de las personas que se indican o ingresando en el Banco de la Infamia, que es el sitio donde la Asociación Pensamiento Penal guarda el registro periodístico de algunos de los casos (los que toman estado público) de presos sin condena que al cabo del tiempo son absueltos o sobreseídos.

Jorge Luis Borges dijo que la cárcel es una experiencia de la que jamás se sale, de la que uno nunca se libera, a pesar de recuperar la libertad. Los cientos y miles de ciudadanos, muchos más de los imaginables, que pagan el tributo a un dudoso concepto de seguridad que reclama el encarcelamiento (la prisión preventiva) de modo instantáneo, antes de conocer con certeza la participación de los sospechosos en los delitos que se les atribuyen, dan testimonio de esta certidumbre. Continuar leyendo

Novedades en política criminal y penitenciaria

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, no podría ser tildado, precisamente, de garanto-abolicionista. Muy por el contrario, se trata de un hombre salido de la ortodoxia académica y judicial. Docente de varias universidades (entre ellas, la Universidad Católica Argentina) y juez en diversas instancias, hasta integró los máximos tribunales penales bonaerense y nacional. Sus fallos no dejan traslucir una avanzada o innovación del pensamiento, sino más bien se identifican con ideas clásicas del derecho penal.

Pero para hacer gala del sentido común no es preciso adherir a corrientes de vanguardia y rupturistas. Y es lo que hizo Mahiques hace pocos días, al comentar públicamente la situación del servicio penitenciario bonaerense (SPB) y los lineamientos de la política criminal del primer Estado argentino.

Refiriéndose a la primera de las cuestiones, manifestó que el servicio penitenciario bonaerense se ha revelado como una estructura ineficiente, invertebrada y criminógena que retroalimenta la delincuencia, dentro y fuera de los penales. Asimismo señaló como principal objetivo de su gestión un cambio de paradigma del servicio penitenciario para dejar de ser una fuerza militarizada y pasar a tener una gestión diferente. En ese sentido, anticipó que la auditoría del SPB pasará a manos civiles, lo que constituye un hecho inédito y auspicioso para interpelar la permanente sospecha que sobrevuela a este sector de la administración pública. Continuar leyendo

Punta de Rieles: un modelo penitenciario a seguir

La República Oriental del Uruguay se encuentra abocada desde 2010 a un importante proceso de transformación de su sistema penitenciario, realizando enormes esfuerzos (Uruguay es un país que no cuenta con recursos ilimitados, sino más bien escasos) para abandonar un régimen deshumanizante y sustituirlo por otro que contribuya a que las personas que cometieron delitos puedan encontrar nuevos cauces a su vida.

El establecimiento donde comenzó este proceso se llama Punta de Rieles y se emplaza en las afueras de Montevideo. Cuenta con unos quinientos internos, todos condenados por la comisión de diferentes delitos. Visto del exterior, se trata de una típica cárcel que podríamos ver en cualquier otro país de la región, con un muro perimetral y una guardia armada que vigila desde el exterior.

Sin embargo, nada más ingresar al predio, de unas veinte hectáreas, el panorama varía radicalmente. Lo primero es que nos encontraremos con gente (los internos) deambulando libremente, abocados a diferentes actividades o, simplemente, acompañados por sus familiares en los días de visita. Continuar leyendo

Algunas claves para un nuevo modelo de seguridad pública

Los últimos veinte años de la vida pública argentina han estado signados por los problemas derivados de la inseguridad, tema excluyente en los reclamos ciudadanos, que ha permanecido inalterable en la agenda de las prioridades.

Los justos reclamos de los vecinos que ven afectados sus bienes y su integridad son recibidos con preocupación por los encargados de asegurar la vida y la propiedad de las personas, pero los hechos demuestran que no existe una mejoría en este tramo del derecho a un estándar de vida con ciertas seguridades y previsibilidad.

La principal reacción del Estado frente a la exigencia ciudadana de más seguridad ha sido el incremento de los efectivos policiales, más patrulleros para recorrer el territorio, equipamientos más sofisticados y la masiva instalación de cámaras de seguridad. Sin embargo, la cuantiosa inversión de dineros públicos a estos fines no parece haber arrojado los resultados esperados. El virtual copamiento policial de la vía pública no parece ser suficiente para contener los hechos de violencia que aquejan a una buena parte de la población. Los casi cien mil efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires son una prueba elocuente de ello.

Probablemente haya llegado el momento en que la clase dirigente comience a elaborar propuestas en materia de seguridad pública que, sin excluir el aporte policial para la prevención y la represión del delito, no se agoten en ese recurso. Y en este sentido, nuevamente, al igual que en materia penitenciaria y de sustancias estupefacientes, existen experiencias regionales exitosas que nos pueden dar una pauta sobre los caminos a seguir. Tal el caso de Porto Alegre y Curitiba, en Brasil, el municipio de Aguascalientes, en México, o el paradigmático caso de Medellín, en Colombia, que, de ser una de las ciudades más violentas del mundo, hace poco más de diez años se ha transformado en un modelo de convivencia ciudadana e integración social que es ejemplo para el mundo entero. Continuar leyendo

¿Cárceles sanas y limpias?

La Constitución Nacional tiene solamente cuatro cláusulas con carácter sancionatorio: el artículo 15, que señala como un crimen la celebración de contratos de compraventa de personas; el 18, que hace responsables a los jueces por la mortificación de los presos; el 22, que señala el delito de sedición y el 29, que caracteriza como infames traidores a la patria a los legisladores que concedieren al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público.

La circunstancia que la Constitución haya colocado al tratamiento de los reclusos en el mismo rango de preocupaciones que la esclavitud, la sedición y la suma del poder público revela la prioridad que el constituyente asignó al problema de las prisiones. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que jamás se sancionó a juez alguno por las mortificantes condiciones de alojamiento a que son sometidas las personas privadas de la libertad, aunque no hayan faltado motivos para ello.

Cumplir el mandato constitucional de tener cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos (según postula la Carta Magna), puede ser un buen motivo para pensar en un modelo penitenciario diferente al que caracteriza nuestra realidad. Pero si ello no fuera suficiente, también puede pensarse en otras dos razones que aconsejan el cambio: 1) los elevadísimos costos que representa para el erario público (para el bolsillo de los contribuyentes) mantener prisiones que arrojan dudosos resultados, y 2) la consideración de que los presos van a recuperar la libertad en un momento de sus vidas (nadie puede ser condenado a morir en la cárcel) y la regla general es que van a salir en peores condiciones que cuando ingresaron, de modo que retroalimentan el círculo vicioso que dificulta la convivencia pacífica. Continuar leyendo