En general, las personas perciben a la Justicia como una institución anacrónica y oscura; y a los tribunales como una organización lenta, llena de papeles, que se maneja con un lenguaje cifrado, que sólo pocos entienden, conformado por funcionarios abarrotados de trabajo, donde siempre se necesita de un “letrado”.

Índices y encuestas muestran que la sociedad no confía en la Justicia. Los ciudadanos la perciben como un poder alejado a sus necesidades, con problemas en su funcionamiento y cuestionan la imparcialidad de sus jueces.

Las deudas del Poder Judicial son muchas y de lo más variadas, pero comencemos por el mayor déficit de consecuencias más graves: la falta de acceso a la justicia.

El Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos y garantizar los derechos de las personas para lograr la paz social. Y en este aspecto, resulta fundamental garantizar el acceso igualitario en cuanto a la titularidad y ejercicio efectivo de derechos y garantías.

Esto decir, que todas las personas puedan llegar a la Justicia de la misma manera, que sean tratados de igual modo y puedan resolver sus conflictos bajo criterios de igualdad. El derecho a la jurisdicción es clave en una república democrática y pilar fundamental de todo Estado de Derecho.

La Cumbre Judicial Iberoamericana define el acceso a la Justicia como el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir tribunales para obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución rápida, completa e imparcial. La cumbre también destaca el carácter de servicio público esencial de la actividad brindada por los órganos encargados de impartir justicia.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que es obligación de los Estados garantizar el acceso a la Justicia para que los individuos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales.

En cuanto a su aspecto práctico, el acceso a la Justicia es imprescindible para garantizar el desarrollo de las personas, ya que quien no puede ejercer sus derechos de manera efectiva, ni resolver sus conflictos, no podrá desarrollarse económica y socialmente. Esto impide a las personas salir de la pobreza dificultando el ascenso y movilidad social.

En este sentido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que “la ausencia de recursos y desprotección de los derechos son dos carencias que se potencian… y la falta de acceso a la Justicia perpetua la pobreza de quienes ven sus derechos desprotegidos”; aspecto fundamental en un país como Argentina donde existe gran parte de la población con bajos ingresos y educación, para quienes el acceso a la Justicia aparece lleno de obstáculos.

Además, se debe tener en cuenta que la situación de pobreza estructural no es solamente la falta de dinero, sino también bajos niveles educacionales y de cultura en personas que desconocen sus derechos y el modo de hacerlos valer. Para encarar este problema no alcanza con ofrecer patrocinio jurídico gratuito o beneficio de litigar sin gastos.

Hacen falta políticas públicas tendientes a remover los obstáculos que impiden el acceso igualitario y pleno de manera efectiva como: los altos costos, los tiempos de demora, la centralización de los tribunales, el lenguaje críptico, los excesivos formalismos, la ausencia de resultados, las dificultades en la ejecución de sentencias y falta de información, entre otros.

Para abordar esta problemática de manera integral, se podemos comenzar por distinguir al menos dos ejes fundamentales: 1) la adecuación de la administración de justicia, y 2) la construcción de ciudadanía que empodere a las personas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

En primer lugar, es necesario analizar las estructuras y organización judicial de juzgados, fiscalías y defensorías para modernizarlas, promover su descentralización, modificar el horario de atención al público (7:30 a 13:30) para ampliarlo, y evitar que los tribunales cierren sus puertas durante 45 días al año.

Asimismo, es necesario comenzar a educar desde la escuela en derechos, su alcance y la forma de ejercerlos en la práctica. También es importante brindar una difusión adecuada respecto de dónde y cómo se pueden  acercar las personas a obtener un asesoramiento y orientación jurídica con información concreta sobre la forma de resolver sus problemas.

En síntesis, se trata de acercar la justicia y empoderar a las personas para brindar un acceso efectivo, pleno e igualitario a fin de que cualquiera pueda hacer oír su reclamo.

La semana pasada se cumplió el 10º aniversario de la Declaración sobre Seguridad en las Américas aprobada el 28 de octubre de 2003 por la Organización de los Estados Americanos (OEA). La importancia y trascendencia de la declaración radica en la formulación de una visión común en materia de seguridad que tiene como meta la búsqueda de la paz y la seguridad de las personas.

Esto se hizo partiendo de principios y valores compartidos, tomando como base la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos, y la defensa del Estado de Derecho logrando un enfoque común cuya finalidad es conseguir la paz social. La convergencia en torno a estos principios es uno de los mayores logros de la declaración, y fue el punto de partida que  permitió a los Estados miembro coincidir en una visión compartida para reformular el concepto de seguridad y su alcance.

De este modo, se amplió el enfoque tradicional de la seguridad ciudadana centrado principalmente en el Estado, hacia un modelo superador que pone al ser humano en el centro de una nueva visión llamada “seguridad multidimensional”.

Este concepto integrador, permite mejorar el abordaje de la problemática de la inseguridad en las grandes ciudades; y a la vez adecuarlo a las nuevas amenazas que suponen la corrupción, el terrorismo y la delincuencia trasnacional como: el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la venta ilegal de armas, el lavado de activos, y sus relaciones entre sí.

Asimismo, el enfoque multidimensional de la seguridad pretende hacerse cargo de la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población en los países de la región,ya que considera fundamental la relación existente entre seguridad y desarrollo, toda vez que es importante tener en cuenta ambos factores para poder avanzar en la mejora de cada uno de ellos en particular.

Por otra parte, la declaración también se hace cargo de uno de los principales desafíos pendientes en la mayoría de los países de la región dado que la puesta en marcha de los planes y acciones de políticas públicas en materia de seguridad no puede hacerse de cualquier forma, sino que debe darse en un marco democrático de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Así, en la práctica resulta fundamental la subordinación a la Constitución Nacional y al Estado de Derecho de todas las instituciones públicas que integran los sistemas de seguridad, de sus máximas autoridades políticas y funcionarios, y en especial de todas las fuerzas de seguridad.

La declaración americana pone el énfasis en la persona, poniéndola como centro de las políticas públicas de seguridad, ya que la considera su fundamento y razón de ser. Esto también refuerza la importancia del respeto a la dignidad de la persona, sus derechos y libertades fundamentales; y en consecuencia, agrega dentro de sus objetivos promover el desarrollo humano, la justicia social, la educación para la paz y la lucha contra la pobreza.

Ahora bien, para poder implementar de manera adecuada este nuevo concepto más amplio de seguridad multidimensional, es necesario comprender que la solución a los problemas de inseguridad no se alcanzará solamente “produciendo más seguridad”; es decir con más policía, más equipamiento, más derecho penal con leyes más duras, procesos penales con menos garantías, y en definitiva más aparato estatal represivo. Esto sólo nos conducirá a Estados policíacos con gobiernos autoritarios.

Por el contrario, para abordar la lucha contra el delito y la violencia de manera efectiva es preciso una respuesta integral, con instituciones fuertes, transparentes y mucho respeto por el Estado de Derecho y las libertades individuales.

Para esto es importante la cooperación entre los distintos países; y útil identificar y compartir aquellas mejores prácticas y experiencias que han sido exitosas combatiendo al delito y la violencia respetando los principios, valores y lineamientos postulados por los Estados miembro de la OEA en la Declaración sobre Seguridad en las Américas.

Es importante que cada país identifique sus propios problemas y prioridades, definiendo sus estrategias, planes y acciones para hacer frente a la inseguridad. Para hacerlo, la declaración destaca la importancia de la información en el diseño y evaluación de las políticas públicas de seguridad; como también su accesibilidad mediante publicidad y transparencia de estadísticas oficiales y datos criminales, promoviendo la participación ciudadana en la definición de los problemas y la búsqueda de sus soluciones. A diez años, casi todos estos temas son asignaturas pendientes en nuestro país.