Una reforma nacida desde la debilidad

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner –ocho días después de la muerte del fiscal Alberto Nisman- decidió dar la cara. Varios de los tramos de la cadena nacional los utilizó para fortalecer varios de los argumentos de las  misivas enviadas a la sociedad a través de su cuenta de Facebook. Una vez más descalificó la denuncia del fiscal Nisman pero no expuso ningún argumento lo suficientemente consistente como para justificar el cambio de la posición de la Argentina con respecto a Irán

Entre las principales novedades que comunicó la Presidente, anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia, que será reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia y cuyo titular deberá tener acuerdo del Senado. Además, explicó que las escuchas judiciales pasarán a depender de la Procuración General de la Nación.  Es una reforma hecha desde la mayor debilidad política luego de la semana más traumática que padeció el oficialismo. Disolver un aparato de inteligencia para depurarlo y luego reconstruirlo, es un proceso largo y complejo que requiere de un gobierno fuerte. Por eso, es muy probable que la reforma anunciada lleve mucho más que los noventa días que dispuso Cristina Fernández de Kirchner.

En primer lugar, hay que decir que los cambios anunciados, abruptos y sin el profundo análisis que el tema merece, es la admisión por parte de la Presidente que no es capaz de controlar los servicios de inteligencia. Lo que la jefa de Estado no explicó es por qué recién ahora, al final de más de una década del kirchnerismo en el poder, aborda a las apuradas una reforma del aparato de inteligencia. Sería importante que también explique las razones de por qué Gustavo Béliz fue eyectado del Gobierno cuando propuso reformar la SIDE y dio a conocer la cara “Jaime” Stiuso en el año 2004. Son las inconsistencias que la Presidente no se atreve a mencionar porque es un terreno más que “deslizante”.

¿Qué pasará con toda la flamante mano de obra desocupada? Esos agentes orgánicos e inorgánicos que se manejan en las sombras, que sirvieron a varios gobiernos pero que no dudaron en ponerse a conspirar contra sus jefes y también en hacer sus propios negocios a fuerza de carpetazos. La mandataria nada dijo sobre si el Gobierno tiene un plan de “contención” de todos ellos. Otro interrogante es qué pasará con las “carpetas” de la Secretaría de Inteligencia, donde se encuentran los secretos de miles de argentinos. Muchos de ellos inconfesables.

En segundo lugar, el hecho que las pinchaduras de teléfono pasen a la órbita de la Procuración General de la Nación, que hoy comanda Alejandra Gils Carbó, no es precisamente ninguna garantía de transparencia sino todo lo contrario. Esta decisión solo pone en evidencia que la Presidente no busca transparencia en los organismos de inteligencia como dijo en su discurso, sino que el aparato de inteligencia pueda ser manejado a gusto del Gobierno sin control alguno. No sería de extrañar que varios militantes de La Cámpora recalaran en las nuevas estructuras de la Agencia Federal de Inteligencia.

¿Alguien se imagina que Gils Carbó permitiría las escuchas donde aparece Luis D’Elía revelando una suerte de diplomacia paralela con Irán? Imposible. No es antojadizo pensar que con Gils Carbó convertida en la Señora 5, todo argentino que piense distinto está bajo sospecha y a tiro de ser pinchado.

La presidente no dijo nada sobre el enorme aparato de inteligencia del Ejército que conduce el General César Milani, que para este año cuenta con un presupuesto de $ 568 millones. Una cifra demasiado abultada para un país que no tiene hipótesis de conflicto con ningún otro Estado y por eso siempre se sospecha que el Ejército hace inteligencia interna, algo que está expresamente prohibido. Milani está acusado de cometer delitos de “lesa humanidad” y aparentemente tiene algún problema para explicar su impresionante crecimiento patrimonial. Ese aparato de inteligencia, que no será reformado, vendría a ser a juicio de la mandataria transparente y democrático y probablemente el modelo a seguir por la nueva Agencia Federal de Inteligencia. No sería de extrañar que el general Milani tenga cada vez más poder y mucha influencia en esta nueva estructura.

En su tardía e inconsistente cadena nacional, la Presidente volvió a apropiarse del rol de víctima. Tal vez allí se encuentre la explicación de la puesta en escena con la silla de ruedas desde donde se dirigió al país. Una vez más denunció un gran complot para atentar contra la democracia, sin reparar que el verdadero atentado a la democracia es la muerte de un fiscal que la había denunciado a ella. Ubicó en el papel de extorsionadores a jueces y fiscales y por supuesto a periodistas . Calificó a Diego Lagomarsino, imputado por prestarle la pistola calibre 22 a Nisman,  de ser un “férreo opositor al Gobierno”; como si ello explicara algo y relacionó a su hermano, Genaro, con un estudio de abogados que atiene al Grupo Clarín. Un mecanismo calcado a la revelación a través de la cuenta de Twitter de la Casa de Gobierno del pasaje del periodista Damián Pachter, que viajó a Israel porque fue amenazado por dar la primicia de la muerte del fiscal Nisman. Así, el mismo Gobierno que no duda en meterse en la vida privada de sus ciudadanos, ahora anuncia la reforma del poder del aparato de inteligencia. No es creíble. Una vez más es la trampa del relato y la imposibilidad de Cristina Fernández de Kirchner de estar a la altura de las circunstancias, simulando una fortaleza que ya no tiene.

La víctima 86

El fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero. La flamante historia oficial dice que se suicidó y los voceros del Gobierno, junto con el sistema paraestatal de medios, no dudaron tomar ese camino, haciendo hincapié que la puerta del departamento estaba cerrada por dentro y que era custodiado por diez policías. Les faltó decir que el caso estaba completamente esclarecido. La tesis del oficialismo se completaría con que Nisman tomó la decisión del suicidio porque no podría mantener sus acusaciones frente a los legisladores, que a juicio de la diputada Diana Conti iban a salir “con los tapones de punta”. La tesis es perversa pero es la que más le conviene al kirchnerismo.

El problema es que nadie cree que Nisman, si es que verdaderamente se suicidó, haya tomado esa decisión al menos libremente. La diputada Patricia Bullrich declaró que el sábado habló con el fiscal al menos en cuatro ocasiones y en todas ellas dialogaron de lo que iba a ser la presentación en el Congreso. Explicó que en esas comunicaciones lo percibió como un hombre que estaba trabajando.

Es difícil y casi inverosímil creer que Nisman se suicidó por razones personales y la conjetura más difundida es que lo “suicidaron”. Se llama suicidio inducido. La muerte de Nisman beneficia al Gobierno, a los iraníes y a determinados grupos de inteligencia que mantienen una disputa entre sí. Si efectivamente alguien tomó la decisión que Nisman debía morir, es evidente que entendió que era el “mal menor”. El objetivo era que no hablara frente a los diputados de la Comisión de Legislación Penal. Se trata de la confirmación que la investigación del fiscal tiene un enorme valor para deslindar responsabilidades en la nueva trama de encubrimiento para garantizar la impunidad de los iraníes y que tendría como principal responsable a Cristina Fernández de Kirchner. Ademá, implica la partida de defunción definitiva del vergonzoso memorándum con Irán.

No hay dudas que la muerte de Nisman fue producto de su investigación en la que reveló una trama secreta de encubrimientos, complicidades e impunidad. Esos tentáculos fueron los que terminaron acabando con su vida, independientemente de los medios empleados.

El Gobierno ahora debe actuar rápido para desentrañar qué pasó efectivamente con el fiscal. Sin embargo, luego de escuchar las declaraciones de Anibal Fernández, Sergio Berni y Jorge Capitanich, sería al menos ingenuo pensar que vayan a actuar como los franceses. Una vez más en la Argentina la oportuna muerte de una persona busca apuntalar y reforzar la impunidad. Este es el pensamiento generalizado. No es la primera vez que sucede. ¿Por qué debería pensarse que será la última?

Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer una carta en su cuenta de Facebook en las primeras horas de la noche. Si como decía Marshall Mc Luhan “el medio es el mensaje”, Fernández de Kirchner entendió que la muerte del fiscal no ameritaba una cadena nacional. No es un tema lo suficientemente importante como para que le hablara directamente a la sociedad. En una administración que le asigna tanta importancia a las imágenes y a la comunicación no se trata de un detalle menor. Primera conclusión.

La lectura de la carta pone de manifiesto que la Presidente ha decidido vivir inmersa en su propio relato. Una vez más se puso en el centro de la escena como si no pudiera refrenar su instinto autorreferencial. Trató de ocupar el lugar de la víctima como lo hizo otras veces y, una vez más descalificó la investigación de Nisman tratando de sembrar dudas sobra la autoría del documento de más de 300 páginas donde el fiscal la tenía como imputada. Como es su costumbre, dobló la apuesta reivindicando el tratado firmado con Irán, que a juicio de Nisman era la finalización de un proceso de impunidad que había comenzado dos años antes y la tenía a ella misma como principal arquitecta. No es serio involucrar en esto también al Grupo Clarín.

La presidente Cristina Fernández de Kirchner demostró que no está a las alturas de las circunstancias. Decidió recorrer el camino opuesto al que transitó Fracoise Hollande luego del atentado contra Charlie Hebdo. Un camino que lleva a la oscuridad y a la impunidad.

La Justicia ahora debe encargarse de preservar a todo el equipo del fiscal Nisman y las pruebas que sustentan su investigación, principalmente contenidas en 330 discos donde están las escuchas. Si en la Argentina queda algo de institucionalidad, éste es el momento de demostrarlo poniendo al frente de la unidad especial AMIA a un fiscal independiente que siga adelante. Un militante de la agrupación Justicia Legítima sería un insulto.

Sofía Guterman, quien perdió a su hija Andrea en el atentado contra la AMIA, dijo que Nisman era la víctima 86. No se equivoca.

El problema del kirchnerismo con el pensamiento libre

Antes que nada es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, voy a escribir esta columna en primera persona, cosa que no acostumbro a hacer. Creo que tiene que ver con el compromiso de quien esto escribe. En segundo lugar, es necesario modificar mis antecedentes en esta página porque ya no soy el conductor de Contrapunto, un programa que se emitía entre las 8 y las 10 de la mañana por FM Identidad 92.1; porque esta radio tiene sus horas contadas. En todo caso, soy un ex periodista de FM Identidad.

Al igual que en Radio América años atrás, una vez más me tocó enfrentarme al dueño de una radio al aire buscando explicaciones. La primera vez fue con Sergio Szpolski y ahora con Jorge Cassino, accionista de Zirma S.A. licenciataria de FM Identidad 92.1. Ambos creyeron que debían dar a conocer su versión después de mis dichos. En ambos oportunidades actué de la misma forma, respetando el derecho de réplica y dejando que dijeran su verdad pero preguntando de la misma manera que hice con cualquier entrevistado a lo largo de mis años como periodista. En ninguno de los dos casos fue fácil, pero entendí que hice lo que debía de acuerdo con los standares personales que siempre me impuse y que entiendo guían al periodismo profesional.

La historia de la desaparición de FM Identidad es una demostración más del “vamos por todo” y del intento del Gobierno de imponer su relato, que como sabemos nada tiene que ver con la realidad. Y como esa grieta se profundiza cada vez más, todo se convierte en algo cada vez más bizarro y caricaturesco. Una vez más queda demostrado que el kirchnerismo tiene un verdadero problema con la información y con el pensamiento libre. Una guerra en la que puede ganar docenas de batallas pero la historia demuestra que no ganará la contienda. El cierre de FM Identidad demuestra que el problema no es solo el Grupo Clarín, sino que de lo que se trata es de quitarle a la sociedad la posibilidad de elegir.

La entrevista con Jorge Cassino tiene momentos desopilantes. Por ejemplo no fue capaz de decirme el nombre de quién firmó el traspaso de acciones de Zirma S.A. Sólo recordaba que era el presidente de Vorterix y que tenía un apellido judío y que ese día se encontraban presentes Szpolski y Mario Pergolini. Incluso, llegó a esgrimir el argumento que tal vez en un futuro pueda recomprarle el 49% del paquete accionario a quienes le había vendido hace pocas semanas. Reconozco que no fue fácil mantener la compostura. Admitió que a pesar de ostentar 51% de la empresa no sabe cuál será su rol junto a sus nuevos socios. Suena por lo menos extraño que el accionista mayoritario espere instrucciones del minoritario. En varias oportunidades le pregunté si podía dormir tranquilo después de venderle la radio a Szpolski. La pregunta lo incomodó y le molestó.

Cassino explicó que la operación se había realizado de acuerdo con lo establecido por el art. 41 de la Ley de Medios. Esa norma sostiene como principio general que las trasferencias de licencias son intransferibles. Sin embargo, excepcionalmente se las permite cuando sea necesario mantener el servicio siempre y cuando los titulares originales de la licencia ostenten más del 50% del capital accionario. Lo que se ha dicho es que desde la frecuencia 92.1 comenzará a emitir Vorterix, que no consiguió la renovación del alquiler que pagaba por la frecuencia desde donde ahora transmite. No hace falta ser abogado para darse cuenta que la operación el cierre de FM Identidad no cumple con los requisitos del art. 41 de la ley de Medios. Pero además, la misma norma también dice que el traspaso de acciones debe contar con la previa aprobación del Afsca bajo pena de nulidad absoluta. En este caso tampoco hace falta ser una “exitosa abogada” para darse cuenta que antes el Afsca debe aprobar la operación. Sin embargo, hace tres días Martín Sabbatella pidió un informe sobre la compra de FM Identidad por parte del Grupo Szpolski. Es curioso y preocupante que no sepa de los detalles de la transacción. Tal vez, haya tantas compras y ventas de radios que el pobre Sabbatella no puede prestar atención a todas.

Lo que queda claro es que hasta el momento el Afsca no aprobó nada y probablemente el propio Sabbatella esté más ocupado diseñando el posible desguace de Clarín. Ello significa que FM Identidad debería seguir emitiendo como tal desde la frecuencia 92.1.

La verdad es que todo es una gran farsa. El kirchnerismo ni siquiera está dispuesto a cumplir con la Ley de Medios que una y otra vez aseguró era la garantía para que hubiera más voces. Lo que no dijo fue que todas las voces iban a decir lo mismo. Mario Pergolini contradijo vía Twitter lo que Cassino dijo en Contrapunto, habló una venta lisa y llana cuando Pablo Sirven le pidió explicaciones. Es paradójico lo de Pergolini, terminó convirtiéndose en lo que denunciaba cuando se peleaba con Marcelo Tinelli. Finalmente, el Bailando terminó siendo mucho más coherente que la TV Ataca.

Hay muchos rumores sobre cuánto dinero desembolsó el grupo Szpolski para quedarse con FM Identidad, pero ninguna de las cifras ha sido confirmada. Más allá del monto, esa operación se hizo con plata de nuestros impuestos. La afirmación no es antojadiza si se tiene en cuenta que en los primeros cinco meses de este año, el gobierno distribuyó en publicidad oficial $ 705 millones tal como lo informara la Jefatura de Gabinete a Poder Ciudadano, luego que esta ONG recurriera a la Justicia para acceder a los datos que el gobierno le negaba. Un 63% más que en el mismo periodo del año 2013. Solo en ese periodo el grupo de medios liderado por Sergio Szpoloski y Matías Garfunkel recibió $ 69,6 millones. No hacen falta mayores comentarios.

Más allá de cualquier escollo jurídico, que imagino que el diligente Martín Sabbatella sabrá zanjar y justificar con la eficiencia de los fanáticos, lo cierto es que FM Identidad tiene sus días contados. Y su epitafio se escribe por estas horas por cientos y cientos de oyentes decepcionados y cansados. En mi caso podría haber conducido Contrapunto hasta el viernes 19 de Diciembre, pero me negué como forma de protesta silenciosa porque el aire no se mancha. Entré por primera vez a una radio a los 18 años y llevo casi treinta en el medio y siempre quise ser un periodista decente. Por eso, mi eterno agradecimiento a Sergio Szpolski y a Mario Pergolini que me hayan ayudado a conseguirlo. Pero lo más importante es que hoy la gente ya no puede elegir escuchar o no FM Identidad y de eso se trata todo. Se acabó un espacio de periodismo serio e independiente. La grieta se sigue profundizan

La nueva guerra santa de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner le aplicó a la controversia con los fondos buitre la misma lógica que implementa en todos los problemas: escalar el conflicto. Primero atacó a los fondos, que ganaron el juicio en todas las instancias. Segundo acto, arremetió contra el juez Thomas Griesa y tomando las palabras del juez Raúl Zaffaroni, su principal aliado en la Corte Suprema, la calificó de juez municipal. Finalmente decidió una vez más ir por todo y atacó directamente al propio gobierno de los Estados Unidos, exigiéndole que modifique la sentencia contraria a la Argentina.

Primero fueron las palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof, que le exigió al gobierno de Barack Obama que hiciera algo con el juez. No se percató el ministro que en los Estados Unidos las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son similares a las de aquí, donde los “jueces amigos” actúan a golpe de teléfono. Finalmente, la Argentina decidió convertir el problema en un litigio entre naciones y demandó a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos por todo parece seguir siendo el lema del gobierno, aunque el precio sea cada vez más caro. Cristina Fernández de Kirchner ha decidido enfrascarse en una nueva guerra santa, donde una vez más subyace el clásico slogan “Liberación o Dependencia”.

Marcelo Kohen es integrante del equipo jurídico argentino ante el Tribunal de La Haya y en una columna que lleva su firma, publicada por el diario Página/12, explicó los argumentos de la demanda argentina: “La decisión del juez Thomas Griesa de bloquear el pago argentino a los tenedores de bonos reestructurados y de imponer a nuestro país el pago del ciento por ciento más intereses de los bonos detenidos por los fondos buitre es contraria al derecho internacional e incluso a las reglas elementales del debido proceso…Las declaraciones extrajudiciales del juez Griesa y de su mediador, Pollack, prueban de manera abrumadora tal falta de imparcialidad y son inadmisibles no sólo en relación con el trato debido a un Estado soberano en un proceso judicial, sino a cualquier justiciable”.

En suma, la posición argentina parece ser que, como perdió el juicio, ahora busca desconocer el fallo. Es difícil buscar encuadrar este litigio en un caso de derecho internacional, cuando en realidad es un tema doméstico de los Estados Unidos; independientemente que un estado soberano sea una de las partes. No hay que olvidarse que la Argentina voluntariamente se acogió a las leyes y a los jueces norteamericanos para dirimir cualquier litigio con los bonistas. Es decir, renunció a su propia legislación y a sus propios jueces y de esta manera también abandonó la prerrogativa soberana de reestructurar su propia deuda en este caso.

El hecho que una de las partes se trate de un estado soberano no significa que se trate de un litigio entre estados y que por ello deba aplicarse el derecho internacional. Pensar eso es muy rudimentario y, en este caso, totalmente incorrecto. Pero además, la Argentina convalidó la jurisdicción norteamericana en otras dos oportunidades. Cuando apeló a la Cámara de Apelaciones, que ratificó totalmente la sentencia de Griesa, y más tarde cuando recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así, sostener que el litigio con los fondos buitre es una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos jurídicamente no tiene ningún asidero. Además, no hay que perder de vista que la sentencia de Griesa tiene más de dos años. El dato no es menor y habría que preguntarse por qué recién ahora la Argentina se da cuenta que esa decisión afecta su inmunidad soberana. No parece ser serio el planteo desde este punto de vista tampoco. Una vez más, la conducta de la Argentina es contradictoria y hasta caprichosa. Y, desde el punto de vista jurídico, sumamente inconsistente. Es evidente que la estrategia jurídica y política de la Argentina ha sido errática, descuidada e incoherente.

La Presidente le ha solicitado a Obama que utilice una facultad que es la cláusula de separación de poderes, a través de la cual podría pedirle al juez que no interfiera en las relaciones exteriores con la Argentina. Y se pone como antecedente un caso de embargo de fondos del Congo que pretendía llevar a cabo Paul Singer y que frenó George Bush merced a esa facultad. Pero los casos no son comparables. En primer lugar, un embargo es una medida transitoria mientras que en este caso se trata de una sentencia firme, que indirectamente fue convalidada por la propia Corte Suprema. Un dato no menor porque no se trata de la decisión de Griesa, sino de todo el Poder Judicial norteamericano. Algo que el gobierno argentino ignora a sabiendas para demonizar a al juez. En segundo término, incluso dejando de lado lo anterior, la utilización de esa facultad se trata de un decisión política en la que Barack Obama debería sopesar muy bien las consecuencias. Como se sabe, las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son bastantes frías y distantes. La foto del canciller Héctor Timerman junto a un funcionario aduanero munido de tenazas para abrir una caja con secretos militares no parece un antecedente muy simpático para ir a pedirle un favor al presidente norteamericano.

En este sentido, no parece una preocupación para los Estados Unidos que las relaciones con la Argentina se enfríen todavía más. Así se desprende de la respuesta que dio un vocero del Departamento de Estado, quien dijo que la Corte Internacional de Justicia no era el lugar adecuado para resolver los problemas de la deuda argentina e instó a “que la Argentina trabaje con los tenedores de bonos para resolver el tema pendiente”, palabras que parecen salidas de los labios del propio Griesa.

La conclusión de la respuesta norteamericana es que no le preocupa la evolución de las relaciones bilaterales con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No reconoce a la cuestión planteada por la Argentina como una controversia entre ambos estados y tampoco va a buscar otro ámbito para resolver un conflicto que fue inventado por la Argentina y que no tiene sustento jurídico.

El bloqueo de fondos para los tenedores de bonos reestructurados es otra cuestión que podría resolverse con algo de sencillez y con buena voluntad. Hoy esos fondos que el gobierno argentino depositó de mala fe porque sabía que era improbable que llegaran a sus destinatarios, funciona lisa y llanamente como una garantía para que se cumpla la sentencia. Ahora bien, si la Argentina verdaderamente quisiera cumplir con el fallo lo único que tendría que hacer es depositar la misma suma en una cuenta indisponible y pedirle al juez que libere el pago a los acreedores que entraron al canje. Es un cambio de garantía, tan sencillo como eso. Sin embargo, el gobierno en vez de buscar una solución para el problema, cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves, prefiere agravarlo como una demostración de poder hacia adentro del país.

La presidente Fernández de Kirchner entiende que está librando una nueva guerra santa como aquella contra el campo, que le permite mantener la épica de un relato que hace meses dejo de surtir efecto. Entiende que va por el buen camino porque algunas encuestas le dieron una modesta suba de cinco puntos en la imagen positiva. Cree que está recuperando la iniciativa política frente al lastre cada vez más pesado en que se ha convertido el vicepresidente Amado Boudou y una economía cada vez más complicada y enrarecida que Kicillof no alcanza a solucionar. En este marco entablar una guerra dialéctica con los Estados Unidos es un oasis en el desierto. Cristina Fernández de Kirchner comenzó su última guerra santa, cuyos costos no pagará ella porque habrá dejado la Casa Rosada.

La figura clave en la alianza de fútbol y poder político

Murió Julio Humberto Grondona. Tenía 82 años y estuvo al frente de la AFA durante más de treinta años. La noticia eclipsó las febriles negociaciones contrareloj, que en simultáneo lleva adelante el gobierno argentino para evitar el default gracias a los “buenos oficios” de un grupo de bancos.

El Ferretero, como lo llamaban despectivamente quienes no lo querían, era la envidia de muchos políticos argentinos. Fue reelecto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en siete oportunidades -la primera durante un gobierno militar. Consiguió perpetuarse en el poder y solo la muerte lo separó del sillón de mandamás del fútbol argentino y también de su enorme influencia a nivel internacional.

A lo largo de su gestión desfilaron 15 presidentes y vio pasar a 3 Papas. En ese lapso la selección argentina consiguió 11 títulos, entre ellos el campeonato del mundo de 1986. Los que lo defienden afirman que tuvo la inteligencia para pertenecer al selecto grupo de hombres que convirtió al fútbol en un espectáculo global y que fue una mente brillante en la organización de uno de los negocios más redituables del mundo.

No hay dudas que Don Julio supo moverse políticamente para permanecer en el poder y se reinventó una y otra vez. Grondona fue una pieza clave para el amalgamamiento del fútbol y el poder político, y fue sospechosamente tolerante con uno de los emergentes de esta alianza bien argentina: los barrasbravas.  Un fenómeno que en el 2013 se cobró 14 muertes y que en los últimos diez años provocó 71 víctimas. Julio Grondona impertérrito no dudó en mandar a un periodista a hacerse cargo del problema de la seguridad en el fútbol.

Uno de los mejores ejemplos de su pragmatismo político fue sacar una jugosa tajada de la guerra entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. El 20 de Agosto de 2009, en el predio que tiene la AFA Ezeiza, donde velan sus restos, fue presentado el programa Fútbol para Todos. Una iniciativa que tenía por objetivo sacar a los clubes de sus eternos problemas financieros y financiar los deportes olímpicos. Nada de eso ocurrió. Los clubes siguen pobres, los deportes olímpicos son tan anónimos como siempre y las arcas públicas ya llevan desembolsados $ 6.127 millones, a razón de unos $ 4 millones por día. A cambio, el kirchnerismo secuestró los goles y armó un monumental aparato de propaganda financiado por los impuestos de todos y todas. Y Don Julio una vez más, como tantas otras veces, consolidó aún más su poder.

Grondona fue un dirigente que trascendió al fútbol, es el fiel reflejo de la Argentina decadente. De los que dicen que llegan para servir, pero con el correr de las décadas el balance da como resultado que se sirvieron ellos. Fue un hombre que se mostró insensible con las decenas de muertos que cobró la violencia en el fútbol. Que una y otra vez se hizo el desentendido con los millonarios negocios que tienen montados las barras. Que sabía exactamente cuándo mirar para otro lado.

Nunca fue político pero siempre supo ser un dirigente oficialista. Mientras todos pasaban, él quedaba. Grondona es el exponente de un país que venera caudillos, que aplaude a los acumulan para sí mismos pero que detrás dejan muy poco. Un buen ejemplo de esto es que, desde hoy, el presidente de la poderosa AFA es Luis Segura, hombre fuerte de Argentinos Juniors y recientemente involucrado en la reventa de entradas en el Mundial. Probablemente, un digno sucesor.

 

La madre de la criatura

El Vicepresidente fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo. Dicho de otra manera, el juez considera que Amado Boudou utilizó su cargo de ministro de economía primero y vicepresidente después para cobrar una coima que consistió en el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone Calcográfica. Dos delitos que prevén una pena de entre uno a seis años de prisión. Pero acá no terminan los problemas del segundo hombre en importancia institucional de la Argentina. Una lectura detenida del auto de procesamiento lleva a concluir que el juez Ariel Lijo podría tener en mente achacarle en el futuro el delito de asociación ilícita; un delito mucho más grave que los anteriores en especial si al Vice se le endilgara ser el jefe de dicha organización.

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Entre los fantasmas del pasado y los desafíos del futuro

El Frente Amplio Unen hizo su presentación en sociedad y es un alivio para aquellos que están cansados de que el destino de la Argentina se defina como una interna del peronismo a cielo abierto. El desembarco del nuevo Frente le resta protagonismo a Sergio Massa, al que acerca, al menos en el imaginario colectivo, de nuevo a las playas del peronismo y cerca del kirchnerismo. Desde la irrupción del Frente Renovador, el ex intendente de Tigre se había posicionado con el único opositor explícito del gobierno con chances competitivas. Esa fue la apuesta con la que consiguió alzarse con el triunfo en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el panorama político cambió. Le será difícil a Massa mantener este discurso frente a Ernesto Sanz, Hermes Binner, Elisa Carrió y hasta frente a Julio Cobos a quien, a pesar de haber sido vicepresidente de Cristina Fernández, su voto “no positivo” y los ataques del oficialismo lo devolvieron contundentemente a la oposición. Paradójicamente, Massa queda más cerca de Daniel Scioli y una vez más hay quienes empiezan a hablar de un posible acuerdo entre ambos, un escenario que hasta hace poco los más avezados analistas políticos definían como el “acuerdo imposible”.

Cristina Fernández de Kirchner no tiene un sucesor aunque son muchos los que se anotan en esa carrera. La presidente ya comenzó el largo camino del adiós y se hace ilusiones con convertirse en una “king maker” e influir sobre el próximo gobierno. Un sueño que también tuvieron Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Dicen que CFK terminará, a la larga, por apoyar a Scioli y llenará las listas de diputados con su gente de confianza y hasta algunos creen que se reservará la designación del candidato a vicepresidente. Una fórmula que ya fue utilizada con Gabriel Mariotto.

El Frente Unen tiene que pelear con tres fantasmas: la Alianza, el manejo de la economía y esa maldición que cargan los radicales que reza que no pueden terminar un mandato. La estrategia del gobierno será blandir una y otra vez aquellos fantasmas, que ya quedó evidenciada en boca del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al día siguiente del acto en el teatro Broadway declaró: “Muchos de sus referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de los miembros más activos de las bandas delictivas; a la inflación porque han experimentado en carne propia llevar al país a la hiperinflación o la recesión; y, también, han experimentado la traición en carne propia porque, cuando les ha tocado formar parte de coaliciones, lo primero que hicieron fue vulnerar esos principios con la traición política”.

La comparación del Frente Unen con la Alianza suena más a chicana de ocasión que a realidad. La frustrada coalición estaba integrada por el Frepaso, que fue la pata peronista y gran parte de sus integrantes en la actualidad se encuentran en las filas del kirchnerismo. Los socialistas no fueron de la partida y en el flamante Frente Unen son uno de sus pilares junto con el radicalismo, y a diferencia de 1999 gobiernan uno de los distritos más importantes del país como Santa Fe; aunque también uno de los más violentos. A ellos se suma, Libres del Sur de Fernando “Pino Solanas”, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el Frente Cívico y Social de Córdoba liderado por el senador Luis Juez. En suma, el arco ideológico partidario del frente tiene mayor densidad como sostiene Graciela Fernández Meijide cuando se le pregunta sobre las diferencias del Frente Unen con la Alianza. Sin embargo, la comparación entre una y otra coalición existe en el imaginario popular y desde ahora y hasta el 2015 el Frente Unen deberá enterrar esa percepción.

Las palabras del jefe de gabinete demuestran que el gobierno sintió el golpe de la conformación del nuevo frente opositor. Tal vez sea por ello que Scioli, al fin de cuentas, no resulte tan repulsivo como en otros tiempos; especialmente si se tiene en cuenta que los ensayos para elegir al sucesor de Cristina Fernández hasta el momento son sólo experiencias de laboratorio. La modesta ironía de Capitanich con el narcotráfico se asemeja a aquel exabrupto del “Cuervo” Larroque cuando habló de “narcosocialismo”. Claramente es un tema que al gobierno no le conviene ahondar porque corre el riesgo de salir bastante magullado de esa discusión.

El próximo gobierno, sea cual sea su signo político, deberá lidiar con una economía maltrecha que requerirá medidas impopulares. Tal vez ello sea la gran prueba del Frente Unen para mantenerse unido. Sanz y Cobos están muy lejos de la concepción económica que puede tener Pino Solanas. Probablemente sea este tema -más que un posible entendimiento con Mauricio Macri- el que genere mayores riesgos para que la coalición se mantenga unida. Es el viejo problema de los “cómo” que sobrevuela en todo frente y que requiere que sus conductores agudicen su ingenio y demuestren tener mucha cintura política.

Pero además, el nuevo Frente tiene otros dos desafíos no menos importantes. En primer lugar, deberá sortear las diferencias genéticas que tienen sus dirigentes y evitar que ellas lo lleven a desgajarse. Probablemente, por esta razón Ernesto Sanz salió a quitarle relevancia a una eventual alianza con Mauricio Macri declarando que la cuestión no estaba en la agenda y que el jefe de gobierno es el candidato del PRO. Sabe que en este momento un entendimiento con Macri podría ser la puerta de salida para varios dirigentes, pero también se especula cerca del senador mendocino que si consigue posicionarse como candidato con verdaderas chances electorales la inclusión del PRO ya no será necesaria. El otro desafío es la Provincia de Buenos Aires, el distrito donde siempre se libra la madre de todas las batallas electorales. Allí, el Frente Unen no tiene ningún candidato competitivo y por el momento es el reino de la interna peronista. Es complicado ganar el poder de la Argentina si no se obtiene una victoria en territorio bonaerense. Hoy, la provincia se reparte entre Massa y Scioli y por el momento no parece haber lugar para un tercero. En este sentido da la impresión de que un escenario distinto estará atado a la marcha de la economía, que complicará la estrategia electoral de Daniel Scioli y al desgaste que pueda evidenciar la candidatura de Sergio Massa.

El Frente Unen tiene una ventaja en la que pocos han reparado. Sus dirigentes poseen legitimidad popular de origen porque tuvieron la inteligencia de usar las PASO para dirimir sus candidaturas. Pero tal vez, la mayor novedad sea que los que perdieron se quedaron dentro del espacio. Un verdadero logro si se tiene en cuenta que el sistema de partidos en la Argentina colapsó. Esa práctica es la que piensan repetir de cara a las elecciones del 2015 y que les permitirá dirimir sus diferencias en base a la legitimidad popular. Tal vez en ello estriba su principal fortaleza.

De víctimas y victimarios

El linchamiento es el nuevo fenómeno que ha estallado en la Argentina. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo linchar como la ejecución sin proceso o tumultuosamente de un sospechoso o un reo. Implica la ruptura del contrato social de Thomas Hobbes, a través del cual el hombre resignaba parte de su libertad en favor del Estado para salir de su primitivo estado de naturaleza y alcanzar la felicidad. En definitiva para que deje de ser el lobo del hombre que se termina por fagocitar a sí mismo. Sencillo y fácil de entender. Una discusión superada en todo el mundo civilizado desde hace décadas.

Los casos de linchamientos que sucedieron en los últimos días demuestran de la manera más brutal y explícita la ausencia del Estado, de ese tercero al cual se le cede parte de la libertad para convivir en base a las reglas establecidas por un contrato social. En definitiva, termina siendo un nueva gran contradicción de un gobierno que por años hizo gala de privilegiar un Estado presente pero que en los casos de inseguridad está irremediablemente ausente. El kirchnerismo tiene esa rara habilidad de convertir en un problema lo que ya se resolvió.

A los fines de evitar cualquier mala interpretación, es necesario aclarar que nadie puede estar a favor de matar a una persona a golpes aunque sea el autor del más aberrante de los crímenes. Porque justamente eso es lo que nos hace vivir bajo las reglas de un contrato social y nos convierte en una sociedad civilizada. No cabe duda que aquellos que toman la justicia por mano propia se convierten en victimarios y por ende en delincuentes peores que aquellos a los que ejecutan. Ahora bien, hechas las aclaraciones de rigor es importante entender el fenómeno.

El kirchnerismo a lo largo de una década ninguneó el reclamo de seguridad de una enorme mayoría de la sociedad como sucede con la inflación, al punto que ni siquiera se atreven a nombrar ninguna de las dos palabras. Desde hace mucho tiempo las encuestas una y otra vez arrojan como resultado que la falta de seguridad es el principal reclamo de la gente. No se trata de una sensación, ni tampoco de una conspiraciónón mediática que pretende esmerilar a un gobierno que se jacta de sus logros, muchos de los cuales terminan siendo incomprensibles, y que jamás admitió una autocrítica por temor a mostrarse débil. La gente siguió reclamando y la única respuesta del poder político fue alumbrar un proyecto de Código Penal que deja la amarga sensación de proteger más a los delincuentes que a la sociedad. Claramente fue la respuesta de un gobierno y de parte de la oposición que nunca ha demostrado un verdadero interés por el problema. Finalmente, la gente se cansó y el hombre empezó a degradarse en lobo de sí mismo, convirtiendo a las víctimas en victimarios.

“Esta es una nueva arista de la inseguridad que es la reacción de la gente”, explica el Fiscal de Cámara Ricardo Sáenz al analizar los linchamientos.

Las declaraciones del secretario de seguridad Sergio Berni son al menos curiosas, cuando dice que la gente reaccionó con cierto hartazgo. Parece ser más un analista político que uno de los necesarios protagonistas del problema y le arroja el problema a la justicia como si los jueces fueran los responsables exclusivos de la inseguridad. Berni no se acuerda de que los jueces sólo entran en el juego una vez consumado el delito. Desafortunadamente, el secretario sigue la misma lógica del gobierno. No puede ser menos, Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus últimas cadenas nacionales, llamó a la paz utilizando una frase remanida: “La violencia engendra más violencia”, para luego hacer una triste comparación con la “Noche de los Cristales Rotos”. Es evidente que la Presidente no entiende que lo que está generando violencia es la omisión del Estado en darle soluciones a la sociedad y la carencia de una política integral en materia de seguridad. Está claro que el proyecto de reforma del Código Penal no es la respuesta ni tampoco la banalización del problema resumiéndolo a un frívolo debate sobre la mano dura. Sería bueno que Cristina Fernández explicara su mirada política de la cuestión y cuál es la solución que puede implementar, algo que también sería útil en el caso del secretario Berni. La sociedad no necesita más comentaristas de la realidad, está exigiendo soluciones urgentes y menos retórica.

El gobierno no entiende el problema de la inseguridad y siempre se guió por prejuicios que terminaron por agravar el problema. El principal error del kirchnerismo es equiparar la represión del delito a la salvaje represión de la dictadura divorciada del Estado de Derecho. La doctora Diana Cohen Agrest explica: “El Estado se quedó aferrado a un único tipo de violencia que es la violencia del Estado. Después de cuarenta años estamos condenando a los victimarios de la dictadura y liberando a los victimarios de hoy”, declaró en Contrapunto (Fm Identidad 92.1).

El gobierno decidió transitar el camino de un mal llamado garantismo cuyo principal exponente es el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, que propone un cambio de paradigma en el cual el delincuente no es un victimario que con su conducta lesiona ese contrato social acuñado por Hobbes, sino una víctima de la sociedad que lo excluye. Es más, incluso hasta podría encontrarse un cierto grado de justificación en su accionar. La teoría del juez adolece de varias inconsistencias, pero la principal es que en su afán de garantizar y hasta justificar a un delincuente ignora a las víctimas.

El kirchnerismo siempre se ha caracterizado por reaccionar sólo cuando se encuentra ante situaciones extremas. En ese momento aflora el pragmatismo que todo peronista lleva en su ADN y arría sus banderas ideológicas que muta de acuerdo con la coyuntura política. Los cambios en la economía son el mejor ejemplo. Ahora llegó el momento de hacerse cargo de la seguridad porque los linchamientos demuestran que la situación es extrema.

El pasado como presente

El discurso de la presidente Cristina Fernández de Kirchner para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, bastante menos que las casi cinco horas del año pasado y de las 4 horas y 20 minutos del 2012.

Cristina Fernández se basó en el pasado para explicar lo que a su juicio son los logros del presente. Entiende que sus dos periodos y el de Néstor Kirchner son un solo gobierno, por eso dijo que éste era el mensaje número 11 desde el 2003. Una vez más utilizó el mecanismo de contrastar estadísticas de la actualidad con aquellas del 2001, 2002 y 2003. Así puede ofrecer guarismos que suenan impresionantes pero que, en definitiva, terminan por demostrar un contraste cada vez más profundo con la realidad. Es claro que en una comparación con el inicio de su segundo mandato o con el discurso del 1º de marzo de 2013, los resultados dejarían de ser espectaculares. Así, la primera conclusión que puede sacarse es que el relato se construye en las glorias del pasado tratando de convertirlas en logros del presente.

Un buen ejemplo es la afirmación de Cristina Fernández que se crearon seis millones de puestos de trabajo. Sin embargo, un informe del Ministerio de Trabajo revela que de esos seis millones, 4,9 millones se crearon en el periodo comprendido desde el año 2003 hasta fines del 2009. Es decir que en los tres años siguientes sólo se habrían creado algo más de un millón. Una simple división permite advertir que en el lapso 2003/2009 la creación de puestos de trabajo trepaba a los 700.000 por año, mientras que desde el 2010 hasta fines del 2013 se redujo a 275.000. Entonces la espectacularidad del discurso muta inexorablemente en preocupación y evidencia una economía que se frena. No es casual que en ese periodo, además, se acelerara la inflación. A la presidente le gusta sembrar sus discursos con cantidades de cifras, pero muchas son engañosas y solo son victorias de papel.

El discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa no tuvo anuncios concretos y los principales temas que preocupan a la sociedad fueron tergiversados, como el caso del empleo, o directamente quedaron afuera. Fernández de Kirchner no dijo nada sobre los planes del gobierno para bajar la inflación, palabra maldita que ni siquiera pronuncia. Tampoco hubo menciones sobre las negociaciones con el Club de París, el nuevo índice de precios, los salarios, la seguridad y el narcotráfico. En suma, quedó claro que la agenda presidencial nada tiene que ver con las preocupaciones de la sociedad. Se trató de un discurso que principalmente miró al pasado y estuvo plagado de menciones a Néstor Kirchner. Por momentos, dio la sensación de una mandataria que lentamente comienza a despedirse del poder; a pesar de que aún le queden casi dos años de mandato.

“No hay ningún justificativo para aumentos de precios que no se condicen con la realidad y saqueen el bolsillo”, dispara Fernández de Kirchner sobre los empresarios y, en uno de los pocos anuncios que hizo, dijo que había que sancionar alguna norma para defender a los consumidores y que, de esa manera, por primera vez se daría cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional. Una vez más eso no es así. Por caso, en el sitio oficial Defensa del Consumidor dice que “esos derechos están previstos en la Constitución Nacional y en las Leyes 24.240 de Defensa del Consumidor, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial y 25.065 de Tarjetas de Crédito”. Además, en la web del gobierno de Neuquén se afirma que “la norma constitucional constituye un verdadero estatuto de derechos y obligaciones que se complementa, básicamente, con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240”. Solo por citar dos ejemplos pero claramente desde hace años se da cumplimiento con el art. 42. Probablemente, Cristina Fernández haya anunciado suavemente el impulso al proyecto de ley del diputado Héctor Recalde que busca reformar las leyes de lealtad comercial, abastecimiento y de defensa del consumidor; y que dota de facultades al Poder Ejecutivo a declarar “de utilidad pública y sujetos a expropiación” todo tipo de bienes. Una iniciativa sumamente preocupante que, por supuesto, tiene en vilo a los empresarios.

Siempre sorprende la facilidad que tiene la presidente para abandonar una postura y adoptar la opuesta sin sonrojarse. Los ejemplos son muchos. En el discurso de apertura de sesiones se refirió a los continuos cortes de calles y rutas, que ya se han convertido en parte del paisaje de las grandes ciudades del país. “Van a tener que sacar alguna normativa sobre la convivencia ciudadana, no puede ser que diez personas corten una calle”, dijo Fernández de Kirchner como si los cortes fueran una novedad. La presidente parece olvidar que fueron su gobierno y el de su marido el que apoyaron esa metodología de protesta. Que una y otra vez desde el oficialismo se dijo que no se podía criminalizar la protesta social, aunque esas demostraciones impidieran a la gente llegar a sus lugares de trabajo y a sus casas. Por eso es muy extraño que ahora parezca sorprendida por un fenómeno que millones de argentinos sufren desde hace años. Además, habría que recordarle a Cristina Fernández, que más que una sacar una nueva ley, podría usar la que ya existe. El artículo 194 del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. ¿Qué corte de calle, avenida o ruta no ha, por lo menos, estorbado el funcionamiento de los colectivos? Todos. No hace falta otra ley, sólo aplicar lo que ya está legislado.

Más allá de victorias del pasado que se empeña en mostrar como triunfos recientes y del anuncio de leyes que ya existen, la presidente criticó fuertemente al Poder Judicial. Le pasó la factura por la declaración de inconstitucionalidad de su reforma judicial. “No puede ser que estemos todos controlados y a la justicia no la controle nadie”, arremetió CFK. Una vez más no es cierto. Los jueces están controlados en sus decisiones por las instancias superiores y desde el punto de vista de su comportamiento por el Consejo de la Magistratura. Parece que Fernández de Kirchner tiene como objetivo demonizar a un Poder Judicial que no solo le puso límites, sino que también percibe como una amenaza. El vicepresidente Amado Boudou, a quien la transmisión oficial no le dedicó ni un plano, puede dar cuenta de ello y a esta altura sería un escándalo que no termine procesado en la causa Ciccone. En rigor de verdad es al kirchnerismo que no le gusta ser controlado por la justicia. La suspensión del fiscal José María Campagnoli por investigar a Lázaro Baéz es tal vez el mejor ejemplo. Sin olvidar que Boudou, con la anuencia de la presidente, consiguió el desplazamiento de Esteban Righi como Procurador General de la Nación y del fiscal original de la causa.

Cristina Fernández disimuló el fracaso del controvertido acuerdo firmado con Irán, argumentando que si ese país lo está demorando “es porque tan malo no debe ser”. Erróneamente habló de tomarles declaración indagatoria a los iraníes, cuando no es eso lo que prevé el documento. Prácticamente desafió a la oposición a proponer un nuevo tratado con los iraníes y reveló que lo mismo había hecho con la DAIA. Ese desafío es la admisión del fracaso de una iniciativa escandalosa y que el gobierno presionó para que se aprobara a libro cerrado sin escuchar a nadie.

“No vengo a defender a Maduro, no vengo a defender al gobierno de Venezuela, vengo a defender el sistema democrático de un país”, arrancó Fernández de Kirchner con un tono un poco más épico que el resto del discurso. A decir verdad el gobierno argentino ya había defendido al gobierno de Venezuela y también a Nicolás Maduro. No es ninguna novedad que las relaciones carnales con los Estados Unidos de los noventa, ahora la Argentina las tiene con Venezuela. El kirchnerismo viene haciendo un defensa cerrada del chavismo de Maduro. No importa si el chavismo viola los derechos humanos, que este gobierno tantas veces levantó como bandera y arrió con la entronización del general César Milani como jefe del Ejército o si miles de personas se manifiestan en las calles pacíficamente; al igual que acá, son todos destituyentes. Pero al hablar sobre la situación venezolana, la presidente dio una definición interesante cuando dijo: “La democracia es respetar la voluntad del pueblo”. Es cierto, pero es mucho más que eso también significa respetar la voluntad de las minorías. Una vez más CFK hace un recorte de la realidad para convertirla en funcional a su propio relato.

Insólitamente, intentó resucitar la concertación con los radicales poniendo como ejemplo el nombramiento como presidente alterno del Senado a Gerardo Zamora. Nada más lejos de la realidad. Zamora es considerado un traidor dentro del radicalismo que lo expulsó en el 2010. “A mí me comparan con el doctor Juárez, ya fallecido, dicen que de los fallecidos no hay que hablar, díganles que soy un poquito más joven y más hijo de mil puta con los traidores”, dijo Zamora en una grabación que difundió el sitio Plazademayo.com. Es evidente que la presidente no eligió un buen referente que se convertirá en el virtual vicepresidente si por alguna razón Amado Boudou tuviera que abandonar su cargo. Las probabilidades no son pocas.

El discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue un poco más de lo mismo. La diferencia con las cadenas semanales fue la escenografía y la extensión, pero solo eso. Le habló a la militancia, a los que piensan que el modelo de hoy es el mismo que el de Néstor. No hubo autocrítica y una vez más la presidente puso de manifiesto que su agenda de prioridades está lejana de la preocupación de la gente. Fernández de Kirchner comenzó su despedida tratando de convertir al pasado en presente.

El obligado regreso de Cristina

La información oficial, siempre escasa e imprecisa, dice que Cristina Fernández de Kirchner retoma sus funciones presidenciales con algunas restricciones. Se sabe que los médicos le han recomendado que no vuele y que trate de evitar las situaciones de stress. Lo primero no es algo trascendente y sólo genera complicaciones de logística, en cambio lo segundo despierta dudas, interrogantes y versiones de todo tipo e invariablemente desemboca en una pregunta central: ¿cómo gobernará sus dos últimos años? La otra cuestión de la que también se habla es del estado de ánimo de Cristina Fernández, algo que está totalmente relacionado con el nivel de stress. Hay quienes sostiene que no es el mejor.

El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, en pos de mantener viva la épica oficial, declaró: “La vamos a tener plenamente con nosotros, con restricciones sólo de movimientos físicos pero con todas sus capacidades”. Las declaraciones de Abal Medina se contradicen con las órdenes de los médicos y también con los deseos de Máximo y Florencia. Es evidente que se trata de un mensaje dirigido a la propia tropa, que, con diferencias de matices, se asemeja al chavismo cuando repetía una y otra vez que Hugo Chávez estaba completamente curado. Es cierto que la situación no es la misma, pero el mecanismo no tiene demasiadas diferencias. Acaso el mensaje del jefe de gabinete tenga por destinatarios a gobernadores e intendentes que comenzaron a mostrar inusuales pero lógicos síntomas de autonomía.

El hiperpresidencialismo es un estilo de gobierno que requiere de un gran esfuerzo físico y mental, supone que el gobernante es omnipresente, que se avoca a los grandes temas pero también está en los más mínimos detalles de la gestión; aunque en muchos casos ella se limite a los anuncios y no se traduzca en hechos concretos. Supone rodearse de colaboradores con acotadísimos márgenes de decisión propia y con escaso nivel técnico y poco prestigio. Los criterios personales de los ministros quedan muy menguados y sólo se espera que ejecuten eficientemente los deseos del jefe, en este caso de la jefa. Ese es el esquema de gestión que ha puesto en práctica el kirchnerismo desde que llegó al poder en el 2003 y cuesta imaginar un  cambio de fondo. Es difícil imaginar una Cristina de baja intensidad y con el atril vacío. El hiperpresidencialismo requiere de un líder presente y por lo tanto de las cadenas nacionales, de los anuncios permanentes y de transmitir un estado de lucha constante contra una conspiración eterna y anónima. Cristina Fernández de Kirchner ya no podría ejercer ese tipo de liderazgo, que requiere exponerse a situaciones desgastantes y estresantes; a menos que decida poner en riesgo su salud.

Desde el punto de vista político no exponerse a grandes dosis de stress significa un cambio en el estilo de gobierno en una coyuntura muy complicada. El Frente para la Victoria perdió las elecciones y ello desembocó en la lucha sucesoria dentro del peronismo con la prescindencia de la propia Cristina Fernández. Los resultados electorales, más allá de cualquier tipo de interpretación, dejaron un mensaje contundente: el gobierno tiene fecha de vencimiento. El 10 de diciembre de 2015 el kirchnerismo se irá pero el peronismo quedará y está dispuesto a continuar en el poder. Eso es lo que discuten gobernadores e intendentes, cómo mantenerse en el poder después de la fecha de expiración del gobierno. Es una discusión a la que los halcones oficiales no están invitados. Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y candidato a presidir el justicialismo de la Provincia de Buenos Aires, cree que es natural que se abra un periodo de transición, como en su momento anunció el senador Miguel Ángel Pichetto. “Ocurre en cualquier país del mundo cuando sabemos que la presidenta no puede volver a presentarse en el 2015”, analiza con la crudeza propia del peronismo el intendente. Espinoza apuesta a que el peronismo vuelva a tener el peso político que perdió desde la llegada del kirchnerismo al poder que frisó el partido. Desea la reunificación de los dos fragmentos en que quedó dividida la CGT y buscar consensos con la Iglesia y los empresarios. Está claro que se trata de un programa muy lejano a la concepción del ejercicio del poder que tiene Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo parece que está decidido a unir lo que la presidente fracturó con el “vamos por todo”.

En este contexto no es fácil mantener la épica de un modelo político y económico que tiene fecha de vencimiento. En todo caso, la incógnita es cómo transitar los dos años que restan hasta el 10 de diciembre de 2015. Esta es la agenda de fondo de la Argentina. Cristina Fernández está obligada a volver aunque el retorno en un principio pueda ser simbólico y se monte un gigantesco y sofisticado sistema de comunicación a su alrededor. Todo pasa por mostrar una presidente fuerte para que los síntomas de autonomía de gobernadores e intendentes no se conviertan en gestos de desafío. Se sabe que el peronismo es brutal con la debilidad política.

En los últimos días las versiones sobre cambios en el gabinete se multiplicaron, pero si no hay una redefinición del sistema de toma de decisiones, la cuestión no pasa de ser una discusión de “alta peluquería”, como diría Aníbal Fernández. Es cierto que la inflación, el tipo de cambio y el constante drenaje de reservas del Banco Central requieren medidas urgentes y que las recetas de Guillermo Moreno no han hecho más que agravar los problemas. Hace mucho que se dejó de hablar de un aterrizaje suave de la economía y de pequeñas correcciones al modelo, la cosmética hace rato que se chocó con la realidad y sin Cristina en el poder hasta el relato quedó en silencio. No es necesario ser médico para darse cuenta que sólo este panorama genera un alto grado de stress. Entonces, la incógnita es hasta dónde la presidente podrá actuar sin amenazar su estado de salud. Así, surgen más incógnitas como quiénes se harán cargo de las decisiones que ella no pueda tomar y cuáles serán esos temas que deberá resignar. Nada de todo esto está claro. Cuando se intenta despegar esta variable la respuesta remite a Carlos Zanini, el secretario legal y técnico, el hombre que se hizo cargo del cargo del gobierno y de las pocas decisiones que se tomaron desde aquel sábado en que Cristina Fernández debió ser trasladada a la Fundación Favaloro.

Hay otra cuestión por la que es necesario el retorno presidencial y se llama Amado Boudou. El vicepresidente, formalmente a cargo del Ejecutivo, tiene muchas posibilidades de ser llamado a una declaración indagatoria por la causa Ciccone. Sería un escándalo sin atenuantes. Si bien siempre se confía en el fino olfato político de los jueces del fuero federal, no hay dudas que el riesgo existe y no es menor. Es claro que un gobierno que acaba de ser derrotado en las elecciones, con su líder convaleciente y con problemas que requieren soluciones inmediatas no se puede dar ese lujo.

La presidente vuelve más débil y con una agenda complicada, pero el gobierno también ha cosechado triunfos. El fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios es uno y la resucitada reforma del Código Civil, que es muy probable que el gobierno consiga, son dos cuestiones que el gobierno considera hitos fundacionales de una nueva Argentina parida a la luz del modelo. Ambos temas, vistos en conjunto, implican un rediseño del sistema de derechos y del rol del Estado que queda fortalecido. Los derechos colectivos estarán por encima de los individuales, la línea que separa ese andamiaje jurídico de la concepción que tiene el kirchnerismo del Estado y del ejercicio del poder es muy tenue. Las consecuencias serán profundas. No es una casualidad que en los dos temas tuvo un rol fundamental un mismo hombre: Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Fernández de Kirchner entiende que esa es la impronta que le deja a la Argentina, su legado. Sin dudas, retoma las riendas del poder debilitada políticamente y en el inicio de la discusión sobre su propia sucesión. En los próximos días se sabrá si dobla la apuesta o rediseña su propio modelo de gobierno de cara a los dos últimos años en la presidencia.