La madre de la criatura

El Vicepresidente fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo. Dicho de otra manera, el juez considera que Amado Boudou utilizó su cargo de ministro de economía primero y vicepresidente después para cobrar una coima que consistió en el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone Calcográfica. Dos delitos que prevén una pena de entre uno a seis años de prisión. Pero acá no terminan los problemas del segundo hombre en importancia institucional de la Argentina. Una lectura detenida del auto de procesamiento lleva a concluir que el juez Ariel Lijo podría tener en mente achacarle en el futuro el delito de asociación ilícita; un delito mucho más grave que los anteriores en especial si al Vice se le endilgara ser el jefe de dicha organización.

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Entre los fantasmas del pasado y los desafíos del futuro

El Frente Amplio Unen hizo su presentación en sociedad y es un alivio para aquellos que están cansados de que el destino de la Argentina se defina como una interna del peronismo a cielo abierto. El desembarco del nuevo Frente le resta protagonismo a Sergio Massa, al que acerca, al menos en el imaginario colectivo, de nuevo a las playas del peronismo y cerca del kirchnerismo. Desde la irrupción del Frente Renovador, el ex intendente de Tigre se había posicionado con el único opositor explícito del gobierno con chances competitivas. Esa fue la apuesta con la que consiguió alzarse con el triunfo en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el panorama político cambió. Le será difícil a Massa mantener este discurso frente a Ernesto Sanz, Hermes Binner, Elisa Carrió y hasta frente a Julio Cobos a quien, a pesar de haber sido vicepresidente de Cristina Fernández, su voto “no positivo” y los ataques del oficialismo lo devolvieron contundentemente a la oposición. Paradójicamente, Massa queda más cerca de Daniel Scioli y una vez más hay quienes empiezan a hablar de un posible acuerdo entre ambos, un escenario que hasta hace poco los más avezados analistas políticos definían como el “acuerdo imposible”.

Cristina Fernández de Kirchner no tiene un sucesor aunque son muchos los que se anotan en esa carrera. La presidente ya comenzó el largo camino del adiós y se hace ilusiones con convertirse en una “king maker” e influir sobre el próximo gobierno. Un sueño que también tuvieron Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Dicen que CFK terminará, a la larga, por apoyar a Scioli y llenará las listas de diputados con su gente de confianza y hasta algunos creen que se reservará la designación del candidato a vicepresidente. Una fórmula que ya fue utilizada con Gabriel Mariotto.

El Frente Unen tiene que pelear con tres fantasmas: la Alianza, el manejo de la economía y esa maldición que cargan los radicales que reza que no pueden terminar un mandato. La estrategia del gobierno será blandir una y otra vez aquellos fantasmas, que ya quedó evidenciada en boca del jefe de gabinete Jorge Capitanich, que al día siguiente del acto en el teatro Broadway declaró: “Muchos de sus referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de los miembros más activos de las bandas delictivas; a la inflación porque han experimentado en carne propia llevar al país a la hiperinflación o la recesión; y, también, han experimentado la traición en carne propia porque, cuando les ha tocado formar parte de coaliciones, lo primero que hicieron fue vulnerar esos principios con la traición política”.

La comparación del Frente Unen con la Alianza suena más a chicana de ocasión que a realidad. La frustrada coalición estaba integrada por el Frepaso, que fue la pata peronista y gran parte de sus integrantes en la actualidad se encuentran en las filas del kirchnerismo. Los socialistas no fueron de la partida y en el flamante Frente Unen son uno de sus pilares junto con el radicalismo, y a diferencia de 1999 gobiernan uno de los distritos más importantes del país como Santa Fe; aunque también uno de los más violentos. A ellos se suma, Libres del Sur de Fernando “Pino Solanas”, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el Frente Cívico y Social de Córdoba liderado por el senador Luis Juez. En suma, el arco ideológico partidario del frente tiene mayor densidad como sostiene Graciela Fernández Meijide cuando se le pregunta sobre las diferencias del Frente Unen con la Alianza. Sin embargo, la comparación entre una y otra coalición existe en el imaginario popular y desde ahora y hasta el 2015 el Frente Unen deberá enterrar esa percepción.

Las palabras del jefe de gabinete demuestran que el gobierno sintió el golpe de la conformación del nuevo frente opositor. Tal vez sea por ello que Scioli, al fin de cuentas, no resulte tan repulsivo como en otros tiempos; especialmente si se tiene en cuenta que los ensayos para elegir al sucesor de Cristina Fernández hasta el momento son sólo experiencias de laboratorio. La modesta ironía de Capitanich con el narcotráfico se asemeja a aquel exabrupto del “Cuervo” Larroque cuando habló de “narcosocialismo”. Claramente es un tema que al gobierno no le conviene ahondar porque corre el riesgo de salir bastante magullado de esa discusión.

El próximo gobierno, sea cual sea su signo político, deberá lidiar con una economía maltrecha que requerirá medidas impopulares. Tal vez ello sea la gran prueba del Frente Unen para mantenerse unido. Sanz y Cobos están muy lejos de la concepción económica que puede tener Pino Solanas. Probablemente sea este tema -más que un posible entendimiento con Mauricio Macri- el que genere mayores riesgos para que la coalición se mantenga unida. Es el viejo problema de los “cómo” que sobrevuela en todo frente y que requiere que sus conductores agudicen su ingenio y demuestren tener mucha cintura política.

Pero además, el nuevo Frente tiene otros dos desafíos no menos importantes. En primer lugar, deberá sortear las diferencias genéticas que tienen sus dirigentes y evitar que ellas lo lleven a desgajarse. Probablemente, por esta razón Ernesto Sanz salió a quitarle relevancia a una eventual alianza con Mauricio Macri declarando que la cuestión no estaba en la agenda y que el jefe de gobierno es el candidato del PRO. Sabe que en este momento un entendimiento con Macri podría ser la puerta de salida para varios dirigentes, pero también se especula cerca del senador mendocino que si consigue posicionarse como candidato con verdaderas chances electorales la inclusión del PRO ya no será necesaria. El otro desafío es la Provincia de Buenos Aires, el distrito donde siempre se libra la madre de todas las batallas electorales. Allí, el Frente Unen no tiene ningún candidato competitivo y por el momento es el reino de la interna peronista. Es complicado ganar el poder de la Argentina si no se obtiene una victoria en territorio bonaerense. Hoy, la provincia se reparte entre Massa y Scioli y por el momento no parece haber lugar para un tercero. En este sentido da la impresión de que un escenario distinto estará atado a la marcha de la economía, que complicará la estrategia electoral de Daniel Scioli y al desgaste que pueda evidenciar la candidatura de Sergio Massa.

El Frente Unen tiene una ventaja en la que pocos han reparado. Sus dirigentes poseen legitimidad popular de origen porque tuvieron la inteligencia de usar las PASO para dirimir sus candidaturas. Pero tal vez, la mayor novedad sea que los que perdieron se quedaron dentro del espacio. Un verdadero logro si se tiene en cuenta que el sistema de partidos en la Argentina colapsó. Esa práctica es la que piensan repetir de cara a las elecciones del 2015 y que les permitirá dirimir sus diferencias en base a la legitimidad popular. Tal vez en ello estriba su principal fortaleza.

De víctimas y victimarios

El linchamiento es el nuevo fenómeno que ha estallado en la Argentina. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo linchar como la ejecución sin proceso o tumultuosamente de un sospechoso o un reo. Implica la ruptura del contrato social de Thomas Hobbes, a través del cual el hombre resignaba parte de su libertad en favor del Estado para salir de su primitivo estado de naturaleza y alcanzar la felicidad. En definitiva para que deje de ser el lobo del hombre que se termina por fagocitar a sí mismo. Sencillo y fácil de entender. Una discusión superada en todo el mundo civilizado desde hace décadas.

Los casos de linchamientos que sucedieron en los últimos días demuestran de la manera más brutal y explícita la ausencia del Estado, de ese tercero al cual se le cede parte de la libertad para convivir en base a las reglas establecidas por un contrato social. En definitiva, termina siendo un nueva gran contradicción de un gobierno que por años hizo gala de privilegiar un Estado presente pero que en los casos de inseguridad está irremediablemente ausente. El kirchnerismo tiene esa rara habilidad de convertir en un problema lo que ya se resolvió.

A los fines de evitar cualquier mala interpretación, es necesario aclarar que nadie puede estar a favor de matar a una persona a golpes aunque sea el autor del más aberrante de los crímenes. Porque justamente eso es lo que nos hace vivir bajo las reglas de un contrato social y nos convierte en una sociedad civilizada. No cabe duda que aquellos que toman la justicia por mano propia se convierten en victimarios y por ende en delincuentes peores que aquellos a los que ejecutan. Ahora bien, hechas las aclaraciones de rigor es importante entender el fenómeno.

El kirchnerismo a lo largo de una década ninguneó el reclamo de seguridad de una enorme mayoría de la sociedad como sucede con la inflación, al punto que ni siquiera se atreven a nombrar ninguna de las dos palabras. Desde hace mucho tiempo las encuestas una y otra vez arrojan como resultado que la falta de seguridad es el principal reclamo de la gente. No se trata de una sensación, ni tampoco de una conspiraciónón mediática que pretende esmerilar a un gobierno que se jacta de sus logros, muchos de los cuales terminan siendo incomprensibles, y que jamás admitió una autocrítica por temor a mostrarse débil. La gente siguió reclamando y la única respuesta del poder político fue alumbrar un proyecto de Código Penal que deja la amarga sensación de proteger más a los delincuentes que a la sociedad. Claramente fue la respuesta de un gobierno y de parte de la oposición que nunca ha demostrado un verdadero interés por el problema. Finalmente, la gente se cansó y el hombre empezó a degradarse en lobo de sí mismo, convirtiendo a las víctimas en victimarios.

“Esta es una nueva arista de la inseguridad que es la reacción de la gente”, explica el Fiscal de Cámara Ricardo Sáenz al analizar los linchamientos.

Las declaraciones del secretario de seguridad Sergio Berni son al menos curiosas, cuando dice que la gente reaccionó con cierto hartazgo. Parece ser más un analista político que uno de los necesarios protagonistas del problema y le arroja el problema a la justicia como si los jueces fueran los responsables exclusivos de la inseguridad. Berni no se acuerda de que los jueces sólo entran en el juego una vez consumado el delito. Desafortunadamente, el secretario sigue la misma lógica del gobierno. No puede ser menos, Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus últimas cadenas nacionales, llamó a la paz utilizando una frase remanida: “La violencia engendra más violencia”, para luego hacer una triste comparación con la “Noche de los Cristales Rotos”. Es evidente que la Presidente no entiende que lo que está generando violencia es la omisión del Estado en darle soluciones a la sociedad y la carencia de una política integral en materia de seguridad. Está claro que el proyecto de reforma del Código Penal no es la respuesta ni tampoco la banalización del problema resumiéndolo a un frívolo debate sobre la mano dura. Sería bueno que Cristina Fernández explicara su mirada política de la cuestión y cuál es la solución que puede implementar, algo que también sería útil en el caso del secretario Berni. La sociedad no necesita más comentaristas de la realidad, está exigiendo soluciones urgentes y menos retórica.

El gobierno no entiende el problema de la inseguridad y siempre se guió por prejuicios que terminaron por agravar el problema. El principal error del kirchnerismo es equiparar la represión del delito a la salvaje represión de la dictadura divorciada del Estado de Derecho. La doctora Diana Cohen Agrest explica: “El Estado se quedó aferrado a un único tipo de violencia que es la violencia del Estado. Después de cuarenta años estamos condenando a los victimarios de la dictadura y liberando a los victimarios de hoy”, declaró en Contrapunto (Fm Identidad 92.1).

El gobierno decidió transitar el camino de un mal llamado garantismo cuyo principal exponente es el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, que propone un cambio de paradigma en el cual el delincuente no es un victimario que con su conducta lesiona ese contrato social acuñado por Hobbes, sino una víctima de la sociedad que lo excluye. Es más, incluso hasta podría encontrarse un cierto grado de justificación en su accionar. La teoría del juez adolece de varias inconsistencias, pero la principal es que en su afán de garantizar y hasta justificar a un delincuente ignora a las víctimas.

El kirchnerismo siempre se ha caracterizado por reaccionar sólo cuando se encuentra ante situaciones extremas. En ese momento aflora el pragmatismo que todo peronista lleva en su ADN y arría sus banderas ideológicas que muta de acuerdo con la coyuntura política. Los cambios en la economía son el mejor ejemplo. Ahora llegó el momento de hacerse cargo de la seguridad porque los linchamientos demuestran que la situación es extrema.

El pasado como presente

El discurso de la presidente Cristina Fernández de Kirchner para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, bastante menos que las casi cinco horas del año pasado y de las 4 horas y 20 minutos del 2012.

Cristina Fernández se basó en el pasado para explicar lo que a su juicio son los logros del presente. Entiende que sus dos periodos y el de Néstor Kirchner son un solo gobierno, por eso dijo que éste era el mensaje número 11 desde el 2003. Una vez más utilizó el mecanismo de contrastar estadísticas de la actualidad con aquellas del 2001, 2002 y 2003. Así puede ofrecer guarismos que suenan impresionantes pero que, en definitiva, terminan por demostrar un contraste cada vez más profundo con la realidad. Es claro que en una comparación con el inicio de su segundo mandato o con el discurso del 1º de marzo de 2013, los resultados dejarían de ser espectaculares. Así, la primera conclusión que puede sacarse es que el relato se construye en las glorias del pasado tratando de convertirlas en logros del presente.

Un buen ejemplo es la afirmación de Cristina Fernández que se crearon seis millones de puestos de trabajo. Sin embargo, un informe del Ministerio de Trabajo revela que de esos seis millones, 4,9 millones se crearon en el periodo comprendido desde el año 2003 hasta fines del 2009. Es decir que en los tres años siguientes sólo se habrían creado algo más de un millón. Una simple división permite advertir que en el lapso 2003/2009 la creación de puestos de trabajo trepaba a los 700.000 por año, mientras que desde el 2010 hasta fines del 2013 se redujo a 275.000. Entonces la espectacularidad del discurso muta inexorablemente en preocupación y evidencia una economía que se frena. No es casual que en ese periodo, además, se acelerara la inflación. A la presidente le gusta sembrar sus discursos con cantidades de cifras, pero muchas son engañosas y solo son victorias de papel.

El discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa no tuvo anuncios concretos y los principales temas que preocupan a la sociedad fueron tergiversados, como el caso del empleo, o directamente quedaron afuera. Fernández de Kirchner no dijo nada sobre los planes del gobierno para bajar la inflación, palabra maldita que ni siquiera pronuncia. Tampoco hubo menciones sobre las negociaciones con el Club de París, el nuevo índice de precios, los salarios, la seguridad y el narcotráfico. En suma, quedó claro que la agenda presidencial nada tiene que ver con las preocupaciones de la sociedad. Se trató de un discurso que principalmente miró al pasado y estuvo plagado de menciones a Néstor Kirchner. Por momentos, dio la sensación de una mandataria que lentamente comienza a despedirse del poder; a pesar de que aún le queden casi dos años de mandato.

“No hay ningún justificativo para aumentos de precios que no se condicen con la realidad y saqueen el bolsillo”, dispara Fernández de Kirchner sobre los empresarios y, en uno de los pocos anuncios que hizo, dijo que había que sancionar alguna norma para defender a los consumidores y que, de esa manera, por primera vez se daría cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional. Una vez más eso no es así. Por caso, en el sitio oficial Defensa del Consumidor dice que “esos derechos están previstos en la Constitución Nacional y en las Leyes 24.240 de Defensa del Consumidor, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial y 25.065 de Tarjetas de Crédito”. Además, en la web del gobierno de Neuquén se afirma que “la norma constitucional constituye un verdadero estatuto de derechos y obligaciones que se complementa, básicamente, con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240”. Solo por citar dos ejemplos pero claramente desde hace años se da cumplimiento con el art. 42. Probablemente, Cristina Fernández haya anunciado suavemente el impulso al proyecto de ley del diputado Héctor Recalde que busca reformar las leyes de lealtad comercial, abastecimiento y de defensa del consumidor; y que dota de facultades al Poder Ejecutivo a declarar “de utilidad pública y sujetos a expropiación” todo tipo de bienes. Una iniciativa sumamente preocupante que, por supuesto, tiene en vilo a los empresarios.

Siempre sorprende la facilidad que tiene la presidente para abandonar una postura y adoptar la opuesta sin sonrojarse. Los ejemplos son muchos. En el discurso de apertura de sesiones se refirió a los continuos cortes de calles y rutas, que ya se han convertido en parte del paisaje de las grandes ciudades del país. “Van a tener que sacar alguna normativa sobre la convivencia ciudadana, no puede ser que diez personas corten una calle”, dijo Fernández de Kirchner como si los cortes fueran una novedad. La presidente parece olvidar que fueron su gobierno y el de su marido el que apoyaron esa metodología de protesta. Que una y otra vez desde el oficialismo se dijo que no se podía criminalizar la protesta social, aunque esas demostraciones impidieran a la gente llegar a sus lugares de trabajo y a sus casas. Por eso es muy extraño que ahora parezca sorprendida por un fenómeno que millones de argentinos sufren desde hace años. Además, habría que recordarle a Cristina Fernández, que más que una sacar una nueva ley, podría usar la que ya existe. El artículo 194 del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. ¿Qué corte de calle, avenida o ruta no ha, por lo menos, estorbado el funcionamiento de los colectivos? Todos. No hace falta otra ley, sólo aplicar lo que ya está legislado.

Más allá de victorias del pasado que se empeña en mostrar como triunfos recientes y del anuncio de leyes que ya existen, la presidente criticó fuertemente al Poder Judicial. Le pasó la factura por la declaración de inconstitucionalidad de su reforma judicial. “No puede ser que estemos todos controlados y a la justicia no la controle nadie”, arremetió CFK. Una vez más no es cierto. Los jueces están controlados en sus decisiones por las instancias superiores y desde el punto de vista de su comportamiento por el Consejo de la Magistratura. Parece que Fernández de Kirchner tiene como objetivo demonizar a un Poder Judicial que no solo le puso límites, sino que también percibe como una amenaza. El vicepresidente Amado Boudou, a quien la transmisión oficial no le dedicó ni un plano, puede dar cuenta de ello y a esta altura sería un escándalo que no termine procesado en la causa Ciccone. En rigor de verdad es al kirchnerismo que no le gusta ser controlado por la justicia. La suspensión del fiscal José María Campagnoli por investigar a Lázaro Baéz es tal vez el mejor ejemplo. Sin olvidar que Boudou, con la anuencia de la presidente, consiguió el desplazamiento de Esteban Righi como Procurador General de la Nación y del fiscal original de la causa.

Cristina Fernández disimuló el fracaso del controvertido acuerdo firmado con Irán, argumentando que si ese país lo está demorando “es porque tan malo no debe ser”. Erróneamente habló de tomarles declaración indagatoria a los iraníes, cuando no es eso lo que prevé el documento. Prácticamente desafió a la oposición a proponer un nuevo tratado con los iraníes y reveló que lo mismo había hecho con la DAIA. Ese desafío es la admisión del fracaso de una iniciativa escandalosa y que el gobierno presionó para que se aprobara a libro cerrado sin escuchar a nadie.

“No vengo a defender a Maduro, no vengo a defender al gobierno de Venezuela, vengo a defender el sistema democrático de un país”, arrancó Fernández de Kirchner con un tono un poco más épico que el resto del discurso. A decir verdad el gobierno argentino ya había defendido al gobierno de Venezuela y también a Nicolás Maduro. No es ninguna novedad que las relaciones carnales con los Estados Unidos de los noventa, ahora la Argentina las tiene con Venezuela. El kirchnerismo viene haciendo un defensa cerrada del chavismo de Maduro. No importa si el chavismo viola los derechos humanos, que este gobierno tantas veces levantó como bandera y arrió con la entronización del general César Milani como jefe del Ejército o si miles de personas se manifiestan en las calles pacíficamente; al igual que acá, son todos destituyentes. Pero al hablar sobre la situación venezolana, la presidente dio una definición interesante cuando dijo: “La democracia es respetar la voluntad del pueblo”. Es cierto, pero es mucho más que eso también significa respetar la voluntad de las minorías. Una vez más CFK hace un recorte de la realidad para convertirla en funcional a su propio relato.

Insólitamente, intentó resucitar la concertación con los radicales poniendo como ejemplo el nombramiento como presidente alterno del Senado a Gerardo Zamora. Nada más lejos de la realidad. Zamora es considerado un traidor dentro del radicalismo que lo expulsó en el 2010. “A mí me comparan con el doctor Juárez, ya fallecido, dicen que de los fallecidos no hay que hablar, díganles que soy un poquito más joven y más hijo de mil puta con los traidores”, dijo Zamora en una grabación que difundió el sitio Plazademayo.com. Es evidente que la presidente no eligió un buen referente que se convertirá en el virtual vicepresidente si por alguna razón Amado Boudou tuviera que abandonar su cargo. Las probabilidades no son pocas.

El discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue un poco más de lo mismo. La diferencia con las cadenas semanales fue la escenografía y la extensión, pero solo eso. Le habló a la militancia, a los que piensan que el modelo de hoy es el mismo que el de Néstor. No hubo autocrítica y una vez más la presidente puso de manifiesto que su agenda de prioridades está lejana de la preocupación de la gente. Fernández de Kirchner comenzó su despedida tratando de convertir al pasado en presente.

El obligado regreso de Cristina

La información oficial, siempre escasa e imprecisa, dice que Cristina Fernández de Kirchner retoma sus funciones presidenciales con algunas restricciones. Se sabe que los médicos le han recomendado que no vuele y que trate de evitar las situaciones de stress. Lo primero no es algo trascendente y sólo genera complicaciones de logística, en cambio lo segundo despierta dudas, interrogantes y versiones de todo tipo e invariablemente desemboca en una pregunta central: ¿cómo gobernará sus dos últimos años? La otra cuestión de la que también se habla es del estado de ánimo de Cristina Fernández, algo que está totalmente relacionado con el nivel de stress. Hay quienes sostiene que no es el mejor.

El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, en pos de mantener viva la épica oficial, declaró: “La vamos a tener plenamente con nosotros, con restricciones sólo de movimientos físicos pero con todas sus capacidades”. Las declaraciones de Abal Medina se contradicen con las órdenes de los médicos y también con los deseos de Máximo y Florencia. Es evidente que se trata de un mensaje dirigido a la propia tropa, que, con diferencias de matices, se asemeja al chavismo cuando repetía una y otra vez que Hugo Chávez estaba completamente curado. Es cierto que la situación no es la misma, pero el mecanismo no tiene demasiadas diferencias. Acaso el mensaje del jefe de gabinete tenga por destinatarios a gobernadores e intendentes que comenzaron a mostrar inusuales pero lógicos síntomas de autonomía.

El hiperpresidencialismo es un estilo de gobierno que requiere de un gran esfuerzo físico y mental, supone que el gobernante es omnipresente, que se avoca a los grandes temas pero también está en los más mínimos detalles de la gestión; aunque en muchos casos ella se limite a los anuncios y no se traduzca en hechos concretos. Supone rodearse de colaboradores con acotadísimos márgenes de decisión propia y con escaso nivel técnico y poco prestigio. Los criterios personales de los ministros quedan muy menguados y sólo se espera que ejecuten eficientemente los deseos del jefe, en este caso de la jefa. Ese es el esquema de gestión que ha puesto en práctica el kirchnerismo desde que llegó al poder en el 2003 y cuesta imaginar un  cambio de fondo. Es difícil imaginar una Cristina de baja intensidad y con el atril vacío. El hiperpresidencialismo requiere de un líder presente y por lo tanto de las cadenas nacionales, de los anuncios permanentes y de transmitir un estado de lucha constante contra una conspiración eterna y anónima. Cristina Fernández de Kirchner ya no podría ejercer ese tipo de liderazgo, que requiere exponerse a situaciones desgastantes y estresantes; a menos que decida poner en riesgo su salud.

Desde el punto de vista político no exponerse a grandes dosis de stress significa un cambio en el estilo de gobierno en una coyuntura muy complicada. El Frente para la Victoria perdió las elecciones y ello desembocó en la lucha sucesoria dentro del peronismo con la prescindencia de la propia Cristina Fernández. Los resultados electorales, más allá de cualquier tipo de interpretación, dejaron un mensaje contundente: el gobierno tiene fecha de vencimiento. El 10 de diciembre de 2015 el kirchnerismo se irá pero el peronismo quedará y está dispuesto a continuar en el poder. Eso es lo que discuten gobernadores e intendentes, cómo mantenerse en el poder después de la fecha de expiración del gobierno. Es una discusión a la que los halcones oficiales no están invitados. Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y candidato a presidir el justicialismo de la Provincia de Buenos Aires, cree que es natural que se abra un periodo de transición, como en su momento anunció el senador Miguel Ángel Pichetto. “Ocurre en cualquier país del mundo cuando sabemos que la presidenta no puede volver a presentarse en el 2015”, analiza con la crudeza propia del peronismo el intendente. Espinoza apuesta a que el peronismo vuelva a tener el peso político que perdió desde la llegada del kirchnerismo al poder que frisó el partido. Desea la reunificación de los dos fragmentos en que quedó dividida la CGT y buscar consensos con la Iglesia y los empresarios. Está claro que se trata de un programa muy lejano a la concepción del ejercicio del poder que tiene Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo parece que está decidido a unir lo que la presidente fracturó con el “vamos por todo”.

En este contexto no es fácil mantener la épica de un modelo político y económico que tiene fecha de vencimiento. En todo caso, la incógnita es cómo transitar los dos años que restan hasta el 10 de diciembre de 2015. Esta es la agenda de fondo de la Argentina. Cristina Fernández está obligada a volver aunque el retorno en un principio pueda ser simbólico y se monte un gigantesco y sofisticado sistema de comunicación a su alrededor. Todo pasa por mostrar una presidente fuerte para que los síntomas de autonomía de gobernadores e intendentes no se conviertan en gestos de desafío. Se sabe que el peronismo es brutal con la debilidad política.

En los últimos días las versiones sobre cambios en el gabinete se multiplicaron, pero si no hay una redefinición del sistema de toma de decisiones, la cuestión no pasa de ser una discusión de “alta peluquería”, como diría Aníbal Fernández. Es cierto que la inflación, el tipo de cambio y el constante drenaje de reservas del Banco Central requieren medidas urgentes y que las recetas de Guillermo Moreno no han hecho más que agravar los problemas. Hace mucho que se dejó de hablar de un aterrizaje suave de la economía y de pequeñas correcciones al modelo, la cosmética hace rato que se chocó con la realidad y sin Cristina en el poder hasta el relato quedó en silencio. No es necesario ser médico para darse cuenta que sólo este panorama genera un alto grado de stress. Entonces, la incógnita es hasta dónde la presidente podrá actuar sin amenazar su estado de salud. Así, surgen más incógnitas como quiénes se harán cargo de las decisiones que ella no pueda tomar y cuáles serán esos temas que deberá resignar. Nada de todo esto está claro. Cuando se intenta despegar esta variable la respuesta remite a Carlos Zanini, el secretario legal y técnico, el hombre que se hizo cargo del cargo del gobierno y de las pocas decisiones que se tomaron desde aquel sábado en que Cristina Fernández debió ser trasladada a la Fundación Favaloro.

Hay otra cuestión por la que es necesario el retorno presidencial y se llama Amado Boudou. El vicepresidente, formalmente a cargo del Ejecutivo, tiene muchas posibilidades de ser llamado a una declaración indagatoria por la causa Ciccone. Sería un escándalo sin atenuantes. Si bien siempre se confía en el fino olfato político de los jueces del fuero federal, no hay dudas que el riesgo existe y no es menor. Es claro que un gobierno que acaba de ser derrotado en las elecciones, con su líder convaleciente y con problemas que requieren soluciones inmediatas no se puede dar ese lujo.

La presidente vuelve más débil y con una agenda complicada, pero el gobierno también ha cosechado triunfos. El fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios es uno y la resucitada reforma del Código Civil, que es muy probable que el gobierno consiga, son dos cuestiones que el gobierno considera hitos fundacionales de una nueva Argentina parida a la luz del modelo. Ambos temas, vistos en conjunto, implican un rediseño del sistema de derechos y del rol del Estado que queda fortalecido. Los derechos colectivos estarán por encima de los individuales, la línea que separa ese andamiaje jurídico de la concepción que tiene el kirchnerismo del Estado y del ejercicio del poder es muy tenue. Las consecuencias serán profundas. No es una casualidad que en los dos temas tuvo un rol fundamental un mismo hombre: Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Fernández de Kirchner entiende que esa es la impronta que le deja a la Argentina, su legado. Sin dudas, retoma las riendas del poder debilitada políticamente y en el inicio de la discusión sobre su propia sucesión. En los próximos días se sabrá si dobla la apuesta o rediseña su propio modelo de gobierno de cara a los dos últimos años en la presidencia.

El precio de opinar distinto

Alfredo Leuco es periodista y hace pocos días fue asaltado cuando se dirigía Radio Continental a cumplir con su participación como columnista en el programa que conduce Fernando Bravo. Los fríos datos de la crónica dicen más. Cuatro motochorros, a bordo de dos motos enduro, ataviados con ropa negra impermeable porque el día era lluvioso, con sus cascos puestos -como conductores responsables que deben ser- atacaron al periodistas que resistió todo lo que pudo pero terminó siendo derrotado. Los delincuentes consiguieron hacerse de un “suculento” botín consistente en cinco mil pesos, un pasaporte y una notebook. No es mucho para semejante operación, es probable que en esa zona una salidera bancaria fuera más rentable. Todo ocurrió a pocas cuadras de la Casa de Gobierno, en un zona llena de turistas que todos los días acaparan las mesas del histórico Café Tortoni.

Ni bien se conoció el hecho comenzaron a tejerse todo tipo de conjeturas. ¿Se trataba de un simple hecho de inseguridad o el gobierno estaba involucrado? Los dos escenarios por cierto son graves, lo que sucede es que uno es peor que el otro. Es más, debatirse entre las dos posibilidades por el sólo hecho que alguna sea cierta ya es muy grave.

No es ninguna novedad que los argentinos nos acostumbramos a ser víctimas de la inseguridad y que los motochorros ya son un elemento cotidiano del paisaje urbano. No tiene nada de anormal ser blanco de cuatro tipos a bordo de motos que a plena luz del día, en uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires que luchen por hacerse de una mochila. Los hechos protagonizados por motochorros son tantos que ya ni siquiera tienen demasiada relevancia periodísticas y todas las iniciativas legislativas para regular la actividad de los motoqueros como chalecos, que no puedan llevar un acompañante y algunas otras que fueron olvidadas hace mucho. Pero en este caso hay cuestiones que no pueden ser pasadas por alto y que inevitablemente llevan al otro escenario. Ser víctima de un par de motochorros en estos tiempos no tiene nada de excepcional -algo que ya de por sí es grave-, pero de cuatro es más que extraño y mucho más para conseguir un botín más que magro. La ecuación costo beneficio no cierra. El otro problema es que la víctima es Alfredo Leuco, un periodista que forma parte del grupo de colegas que decidió denunciar al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una noticia que al gobierno no le cayó nada bien. Así, entramos en el segundo escenario que es peor y más aterrador, que no se trató de un simple hecho de inseguridad sino de un apriete liso y llano. Muchos son los que piensan esto último y el propio Alfredo Leuco lo deja entrever desde su columna en Perfil. Es serio y grave si es cierto, pero el solo hecho de pensar que desde el gobierno alguien pudiera urdir una maniobra semejante y a nadie le parezca descabellado es gravísimo. Pone de relieve de manera descarnada y brutal el clima de fractura que se vive en la Argentina. Mejor no hablar de ciertas cosas porque después pasan cosas sospechosas. Son avisos.

La misma semana Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue una de las voceras de las denuncias que los periodistas hicieron ante el organismo internacional, protagonizó un hecho más burdo y torpe que el de Leuco aunque no menos grave. Dos funcionarios de la AFIP se presentaron en su domicilio para notificarla que aporte información sobre sus movimientos contables correspondientes al 2012 y al 2013;  justo veinticuatro horas después que la periodista denunciara los aprietes del gobierno a la prensa independiente. La AFIP justificó su accionar a través de un comunicado, diciendo que Magdalena había solicitado pagar menos impuestos a las ganancias del que originalmente había declarado y le estaban requiriendo información como al resto de los 7.443 contribuyentes que efectuaron esa “solicitud especial”. Es decir, siempre según la versión del organismo, uno debe entender que sus funcionarios van a hacer 7.443 visitas a los domicilios de cada uno de los contribuyentes para requerirles información. Es lo que se llama una verdadera atención personalizada. Magdalena negó que hubiera efectuado algún pedido para pagar menos impuestos, que no tendría nada de malo si efectivamente ganó menos en el año. Lo curioso es que los empleados de la AFIP no dejaron ninguna notificación.

Por su parte, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, cuya permanencia en el cargo es origen de todo tipo de rumores, declaró: “Es increíble que una comunicadora, con la responsabilidad que este rol implica frete a la sociedad, crea que debe estar al margen de la ley y que el Estado tiene que aceptar su pretensión de pagar menos impuestos sin siquiera presentar un papel que lo justifique”. La reacción de Abal Medina es lamentable y contradictoria con la de la propia AFIP, que de por sí ya es poco creíble. ¿Abal Medina cree que los 7.443 contribuyentes que efectuaron una solicitud especial a la AFIP se encuentran todos ellos al margen de la ley? ¿Cree el jefe de Gabinete que es ilegal peticionar ante un organismo público? Juan Manuel Abal Medina parece que no recuerda que pertenece a un gobierno que tiene decenas de funcionarios con serios problemas para justiciar el crecimiento de su patrimonio.

A esta altura no es ningún secreto que el gobierno utiliza a la AFIP como grupo de tareas para amedrentar y presionar. Luis Majul, Francisco De Narvaéz, el agente inmobiliario Rodrigo Saldaña y Juan José Campanella pueden dar buena cuenta de ello. No son los únicos, ni tampoco serán los últimos. Existe un pensamiento generalizado que la AFIP hace rato dejó un organismo técnico encargado de recolectar impuestos, para convertirse en una suerte de policía política que utiliza el gobierno para silenciar las críticas. Felizmente hasta el momento han fracasado.

Es difícil creer que lo que le pasó a Alfredo Leuco y a Magdalena Ruiz Guiñazú sea fruto de una mala jugada del destino o de la Ley de Murphy. Si se trató de dar un mensaje, ese mensaje no está dirigido a las víctimas sino al resto y dice que es mejor no meterse con el gobierno. El Jefe de Gabinete sostiene que los que vinculan el robo a Leuco con el gobierno “son delirantes”. El problema que tiene Abal Medina es que mucha gente cree que el gobierno es capaz de estar detrás de algo así y sus inflamadas declaraciones sobre ambos casos distan mucho de aclarar algo. La reacción del ministro recuerda bastante a la que tuvieron los funcionaros del menemismo cuando Pino Solanas fue baleado, un episodio que nunca se esclareció y no sería aventurado pensar que el protagonizado por el Leuco corra el mismo destino. “Hay un libertad de expresión absoluta…todo el mundo puede opinar lo que quiera en la Argentina”, dice el jefe de gabinete. Es cierto, en la Argentina se puede opinar lo que quiera; pero también es verdad que el precio es cada vez más alto.

El efímero triunfo de los derrotados

La puesta en escena del domingo de la derrota electoral animada por el vicepresidente en ejercicio Amado Boudou, tiene mucho en común con las imágenes de Martín Sabbatella devenido en notificador judicial el día después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando la constitucionalidad de la Ley de Medios. Ambas están signadas por la sobreactuación aunque con fines opuestos pero con el mismo resultado: el grotesco.

En el primer caso, Boudou -cada vez más complicado en el caso Ciccone- buscaba animar a las huestes kirchneristas para disimular las importantes derrotas que, en varios casos,  fueron administradas por candidatos que otrora fueron socios del “modelo”. Julio Cobos, Mario Das Neves y Sergio Massa se encuentran en esa línea. El poco convincente “festejo” de la militancia kirchnerista liderado por un enfervorizado Boudou, se convirtió en una mala obra teatral que terminó por ser demolida por la indiscreta foto de la agencia DyN que reveló el clima de derrota que se vivía en el búnker del Frente para la Victoria a las pocas horas de conocerse el resultado electoral. El relato había caído en su faz más rudimentaria. El martes siguiente se conoció el fallo de la Corte que le dio el oxígeno político al gobierno que había perdido cuarenta y ocho horas antes. A la noticia le siguió, una vez más, la sobreactuación pero esta vez en sentido diametralmente opuesto. Ya no se trataba de disimular la derrota sino de exacerbar un triunfo. A la postre el resultado fue el mismo, el relato oficial rebajado a la creatividad propia de una barra brava. Lo que siguió fue la Argentina descarnada, contradictoria y dividida. Los que acusaban a la Corte de golpista se convirtieron en sus defensores y aquellos que pensaban que se trataba de último valladar para defender las instituciones republicanas de las ambiciones del kirchnerismo claman por renuncias en masa.

El gobierno fue muy hábil para convirtir su derrota en un lejano dato del pasado y volver a ganar el centro de la escena. Es cierto que la Corte contribuyó a ello, ninguno de sus ministros podía desconocer el impacto político de dar a conocer el fallo sobre la Ley de Medios sólo cuarenta y ocho horas después de la peor derrota que sufriera el gobierno. Probablemente, esa decisión tenga que ver con el papel de “estabilizador institucional” que a juicio de Lorenzetti tendría la Corte Suprema de Justicia. Dicho en un lenguaje menos académico se trataría de la doctrina “una de cal y otra de arena“. Así podría inferirse que en el marco del rol político que tiene la Corte, se habría buscado equilibrar la derrota electoral que sufrió el gobierno con declararlo vencedor de “la madre de todas las batallas” como definió Gabriel Mariotto a la cuestión Clarín.

Ahora bien, si esto fuera así, sería por cierto muy peligroso porque la Corte se convertiría en una regladora del poder político del gobierno de turno; neutralizando la voluntad popular y reescribiendo el derecho al ritmo de la coyuntura. Así, en esta línea de pensamiento habría que preguntarse si el resultado electoral le hubiera sido favorable al oficialismo, el fallo sobre la Ley de Medios se habría inclinado en favor de la inconstitucionalidad de los cuatro artículos cuestionados por el Grupo Clarín. Si fuera así, los profesores de derecho deberían dedicarse a otra cosa. De todos modos, gran parte de lo que enseñan en la actualidad desde hace muchos años es una completa ficción.

El fallo de la Corte es bastante curioso, porque a diferencia de dar por terminado un conflicto los abre y así le dejó a Clarín la vía libre para multiplicar las demandas contra el Estado tanto como quiera. Es sencillo, hasta ahora existía un solo juicio que la Corte decidió en favor del gobierno, pero ahora es probable que exista una nueva demanda por cada movimiento que Martín Sabbatella haga en dirección a su desguace. Es obvio, que cada uno de estos nuevos conflictos terminará en la Corte y por eso Ricardo Lorenzetti en su raid mediático dejó de contestar muchas  preguntas. Es más, si los estartegas legales del Grupo Clarín toman en cuenta que a Cristina Fernández le quedan dos años de gobierno y conseguir una sentencia de primera instancia por un simple accidente de tránsito lleva más de cinco años es obvio que el tiempo le juega a su favor.

La Corte entiende que el Estado puede otorgar o revocar una licencia cuando lo crea conveniente. Tal vez se trate de un argumento muy armonizador desde el punto de vista institucional, pero difícilmente pueda pensarse que se tratará de un aliciente para la llegada de inversiones extranjeras. Es más, hay otro dato curioso sobre el que los cortesanos mantuvieron silencio, según se quejan los abogados de Clarín. Si en los próximos meses el diligente Sabbatella decidiera de oficio transferir la licencia de Canal Trece, por poner solo un ejemplo, la ley establece que además incautará los bienes imprescindibles para su explotación. Así, se transferiría, además de la licencia, las cámaras, los móviles, las computadoras y hasta el inmueble donde funciona el canal. Es difícil entender que este extremo no violente el derecho de propiedad. Es obvio que la propia Corte olvidó que sus fallos tienen gravitación más allá de la cuestión particular que resuelven, por eso esta semana los empresarios mineros y petroleros mostraban no poca preocupación. Será interesante conocer qué dirá Miguel Galuccio, CEO de YPF, cuando en el exterior le pregunten hasta qué punto pueden confiar en invertir en la Argentina a la luz de lo dicho por el más alto tribunal argentino.

La Corte dio una serie de recomendaciones sobre cómo debería funcionar el Afsca, que desde ya parece que Martín Sabbatella no leyó; acerca de la distribución de la pauta publicitaria oficial y del funcionamiento del sistema público de medios. Una plataforma que muchas veces se utiliza para desacreditar políticos y periodistas que piensan diferente al gobierno. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, es curioso que entre tantos consejos la Corte haya soslayado el incumplimiento por parte del Estado de los fallos “Río Negro” y “Editorial Perfil“, justamente sobre la distribución de la publicidad estatal. Además, resulta bastante difícil comprender cómo la conducta del propio Sabbatella garantizará la pluralidad de voces y a través de la aplicación de medios garantice la libertad de expresión. Si se tiene en cuenta el derrotero transitado por el kirchnerismo en los últimos diez años, todo indica que en el futuro se multiplicarán las voces pero diciendo lo mismo.

El gobierno, gracias a la doctrina de estabilización institucional, consiguió convertir mediáticamente una derrota en una victoria. La oposición, en términos generales, pareció retroceder salvo algunas excepciones. Es probable que muchos dirigentes de la oposición crean que es mejor llegar al poder con el Grupo Clarín lo más debilitado posible. En ese caso, el gobierno se estaría encargando de hacer el “trabajo sucio”. Sin embargo, más allá de esta coyuntura, lo cierto es que siete de cada diez argentinos le reclama al gobierno un cambio de rumbo y votaron a favor de alguna de las distintas variantes de la oposición. Ese mensaje es el que al final perdurará. Los tremendos efectos de la inflación y la inseguridad no se pueden obturar con ningún fallo, sólo pueden revertirse desde la política que sigue siendo la herramienta más eficaz para cambiar la realidad. Guillermo Moreno diciendo que la Argentina no tiene problemas de inflación porque la carne no aumenta desde hace tres años, pasa de ser de un funcionario temible a un émulo de Nicolás Maduro.

El gobierno disfruta de una victoria pero que es efímera. El kirchnerismo entró en el último tramo de gobierno, sin que Cristina Fernández haya retomado las riendas del poder, sin poder saborear en público la efímera victoria del fallo sobre la Ley de Medios. Pero tampoco se sabe si asimiló la derrota electoral y si doblará la apuesta, una clásica reacción del kirchnerismo cada vez que perdió una batalla. La información acerca del retorno de la presidente es contradictoria, las fechas cambian como los nombres de los integrantes de un nuevo gabinete. Pero más allá de la fecha del regreso, será importante analizar cómo gobernará sus últimos dos años en el poder. Sobre ello existen muchos interrogantes. La lucha por la sucesión ya empezó y una buena prueba es el regreso de los gobernadores como jugadores gravitantes de la política. Es cierto, el gobierno le arrebató a la oposición disfrutar del triunfo electoral, pero los vencedores del domingo tienen la responsabilidad de retomar la iniciativa política.

El gobierno se muestra triunfante pero su victoria es efímera, construida en los pasillos del poder. Ese mismo pueblo que el kirchnerismo tantas veces idolatró, le dijo de manera contundente que quiere un cambio.

Once, otra vez

El título de esta nota es un tweet que escribió María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, tal vez la víctima más emblemática de la primera tragedia de Once. Otra vez un tren que no frena. Otra vez el andén número dos. Esta vez no hubo muertos y seguramente por eso el jefe del Hospital Ramos Mejía declaró que fue “una desgracia con suerte”.

Desgracia, accidente y tragedia son tres palabras que dentro de su significado parecen tener una cuota de fatalidad, inclusive de fuerza mayor, de algo que no se puede evitar aunque se tomen todos los recaudos pero eso no es lo que pasa con los trenes argentinos. Es evidente que es todo un sistema que muestra fatiga de materiales al igual que los herrumbrosos pero bien pintados “Chapa” que circulan a diario por las vías del Sarmiento.

Presuroso el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se encargó de brindar una conferencia de prensa para explicar lo sucedido. Apuntó como principal responsable al motorman Julio Benítez, que nunca avisó a la torre de una falla y entró a la estación de Once a una velocidad mayor de la permitida.

“A 900 metros donde la velocidad promedio es de 37,7 kilómetros por hora, la formación de chapa 05 pasó a 48 kilómetros. A 600 metros, donde el promedio es de 35,5 kilómetros, pasó a 50. A 300 metros, cuando la velocidad promedio es de 25 kilómetros por hora pasó a 36. Y dentro del andén, donde debe ingresar a 12 kilómetros, lo hizo a 22 kilómetros por hora. Son datos objetivos”, explicó el ministro. Esta nueva tragedia de Once es tan parecida a la sucedida el 22 de febrero de 2012, que hasta las velocidades de los trenes que chocaron son muy similares. En aquel entonces, Juan Pablo Schiavi, quieno cupaba la Secretaría de Transportes, había informado que a mil metros de donde fue el accidente la formación se desplazaba a 47 kilómetros por hora, entró a la punta del andén a 26 y a 40 metros del paragolpes hidráulico registraba una velocidad de 20 kilómetros por hora. Es decir que el Chapa 5 registraba una velocidad superior en dos kilómetros por hora que el Chapa 16, protagonista de la primera tragedia que cobró la vida de 51 personas y de más de 600 heridos. Sí, es cierto que fue una desgracia y esta vez no murieron pasajeros sólo por obra de la casualidad.

Randazzo declaró que Benitez intentó sustraer el disco rígido de la cámara que está ubicada dentro de la cabina de conducción del tren. No solo eso, sino que habría tratado de destruirlo pero que fue recuperado por efectivos de la Policía Federal.

La historia relatada por Randazzo, por lo menos, genera algunas reflexiones. La primera es que los contenedores de los discos rígidos son fácilmente violables. La otra cuestión por la que cabe preguntarse es en qué momento Benítez se puso a sacar el disco rígido, trató de destruirlo y lo metió en su mochila. ¿Mientras el tren recorría los últimos metros en su loca carrera para terminar incrustado en el andén número dos? ¿Lo hizo una vez que chocó y tenía golpes en todo su cuerpo y su tabique nasal fracturado mientras no pocas personas le gritaban “asesino” y lo insultaban? El ministro no descartó ningún escenario, ni siquiera el de sabotaje por lo que, en este último caso, Benítez sería el autor. Así, ya no estaríamos frente a un empleado negligente sino prácticamente a un asesino de sangre fría. La acusación del Randazzo al maquinista genera no pocas dudas y daría la impresión de que se trata de un intento del gobierno por despegarse rápidamente de la responsabilidad de este nuevo accidente. La culpa es del motorman, el tren funcionaba perfecto; nosotros no tenemos nada que ver, parece ser el mensaje del ministro. Sin embargo, aun cuando Benítez sea el más irresponsables de los trabajadores del Sarmiento, el gobierno sigue siendo responsable de lo que pasó. El servicio no se garantiza sólo con trenes que estén en perfecto estado, cuestión que está más que en duda, sino también con personal idóneo que cumpla con su trabajo, que básicamente consiste en transportar personas sanas y salvas a su destino. Un objetivo que no siempre se cumple por lo visto. Así, aunque Florencio Randazzo entienda que toda la culpa es del motorman, no le alcanza para que el gobierno quede indemne. La responsabilidad política de lo sucedido recae sobre sus hombros y en los de Alejandro Ramos, que para aquello que no lo sepan es el secretario de Transportes, a quien no se lo vio. Otra cuestión bastante llamativa porque es el encargado directo del área.

El delegado del Sarmiento Rubén “El Pollo” Sobrero salió a cruzar fuertemente a Randazzo declarando que Benítez “no se robó ningún disco rígido” y dijo que no se lo puede sacar porque la carcasa es muy segura. Todo es muy extraño y es obvio que alguna de las dos versiones no es cierta. El gremialista, que pidió la renuncia del ministro, a través del blog “Soy Ferroviario” difundió dos fotos de dos personas que serían militantes de La Cámpora donde se afirma que tuvieron acceso a la cabina de conducción del tren. Uno de ellos podría tratarse de Ariel Tchach, quien según el diario Clarín habría participado del cortejo fúnebre del jefe de la barra brava del club Colegiales, Fernando “Pocho” Morales, en Vicente López. Según el diario, Tchach responde a Alejandro “El Gringo” Caviglia, que sería un dirigente designado por Andrés “El Cuervo” Larroque para dirigir la agrupación kirchnerista en la zona norte del Conurbano. Sobrero no lo dice directamente, pero deja entrever que los militantes podrían tener que ver con la remoción del disco rígido de la cabina del conductor y acusa que se manipularon las pruebas. Si fuera así las consecuencias políticas serían muy serias, porque se estaría en presencia de militantes que responden al gobierno tratando de endilgarle la responsabilidad al motorman. De todos modos, será crucial el contenido del disco rígido que determinará si Benítez tuvo alguna responsabilidad en esta nueva tragedia de Once.

Florencio Randazzo también reveló que la presidente no está al tanto de lo ocurrido, porque “no hay que llevarle problemas a Cristina”. Así, el ministro confirmó que Cristina Fernández permanece en un completo aislamiento de lo que está ocurriendo en el país. Ochenta heridos no fueron suficientes para romper el cerco que rodea a la Presidente desde que fue operada. Es preocupante y ello lleva a preguntarse qué debería ocurrir para que se entere de lo ocurre afuera de los muros de la Quinta de Olivos.

“Nada ni nadie va a torcer la voluntad política de la Presidente y de este ministro. No sólo para que se conozca la verdad, sino para continuar transformando definitivamente el sistema de transporte público en la Argentina”, afirmó Randazzo al término de su conferencia de prensa. Sin lugar a dudas, frases desafortunadas las del ministro si se las compara con la realidad. Tres accidentes en veinte meses, 54 muertos y más de mil heridos no parecen indicar que se esté transformando definitivamente el transporte público. No hay que olvidar que lo usan y lo padecen los más necesitados, los que no se desplazan en aviones y helicópteros pagados con los impuestos de los argentinos. La voluntad política se declama desde los atriles oficiales, pero esas palabras de ocasión no son suficientes para cambiar la realidad y esta nueva tragedia de Once es una prueba irrefutable aunque la culpa haya sido del motorman.

Randazzo apela a que se conozca la verdad, pero ésta nunca llega. Bien podría empezar el ministro por explicar cuál fue el destino de los miles de millones de pesos que el Estado desembolsó en subsidios, que aparentemente fueron a parar a las cuentas de empresarios amigos del poder. Si todavía no se conoce ni eso, mucho menos se puede hablar de una revolución en el sistema ferroviario como anunció rimbombante el ministro alguna vez.

Las revoluciones tienen resultados casi inmediatos, en algunos casos buenos y en otras no tanto o directamente malos. Pero lo que es seguro es que no hay revoluciones que sigan arrojando los mismos resultados que las motivaron. Sería bueno que el gobierno entendiera que su anunciada revolución ferroviaria ya es hora de ponerla en marcha. Once, otra vez. Sí, otra vez.

Cabandie, el hijo del poder

En un país serio Juan Cabandié habría renunciado a su candidatura a diputado nacional al conocerse el video donde le pide un “correctivo” a la agente de tránsito Belén Mosquera, que tuvo la osadía de labrarle una infracción por circular sin el comprobante de seguro. Desafortunadamente, la Argentina no es un país serio y muy probablemente Cabandié termine apoltronado en una banca de la Cámara de Diputados. Mosquera terminó siendo echada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, la misma que dirige el “Martín” al que alude Cabandié en el video, que no es otro que Martín Insaurralde. Y, hasta el momento, Juan Cabandié sigue siendo la cabeza de lista de diputados del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a dudas no se trata de un buen ejemplo de inclusión social.

A pesar que Cabandié dice que no “chapea” su condición de diputado, ello no es del todo cierto ya que, celular en mano, llama a alguien solicitando que lo pongan en conocimiento del episodio a “Martín” para que aplique un “correctivo” para la ex agente tránsito. Una actitud que, por lo menos, es una elocuente demostración de poder con el único objetivo de amedrentar a una persona que estaba cumpliendo con su deber. De lo que no quedan dudas es que Cabandié “chapea” su condición de hijo de desaparecidos -aunque posteriormente lo haya negado-, lo que a su juicio, parecería conferirle una especie de privilegio para violar la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires. Es evidente que el legislador porteño entiende que su condición de víctima de la dictadura y la de militante del oficialismo lo dotan de privilegios que no goza el común de los ciudadanos. Eso se llama impunidad. Es obvio que Cabandié no entiende que su condición de legislador de la Ciudad lo obliga a dar el ejemplo y que su trágico pasado no puede utilizarlo para zafar de su responsabilidad de cumplir con la ley.

El candidato a diputado nacional se queja porque aparentemente Mosquera quiere secuestrale el auto que conduce y ése habría sido el motivo de la discusión. Cabandié estaba circulando sin el comprobante acreditara la cobertura de seguro vigente y ello está prohibido de acuerdo con la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (N° 11.430). Es más, dicha norma establece que debe detenerse el vehículo “hasta que se normalice la situación” y labrar la infracción.  Es cierto, la agente no le podía secuestrar el auto pero sí detener su circulación hasta que alguien le acercara a Cabandié su comprobante de seguro o que el legislador lo fuera a buscar. La ley no exceptúa el cumplimiento de este requisito a los hijos de desaparecidos ni tampoco a los amigos de Martín Insaurralde, quien también debería explicar las razones del despido de Belén Mosquera.

Cuando el video tomó estado público, el legislador del Frente para la Victoria explicó que su reacción se debió a que le quisieron pedir una coima. Sin embargo, en ninguno de los dos videos Juan Cabandié aparece quejándose del supuesto intento de soborno. Ahora si le hubieran pedido una coima para dejarlo circular en infracción, tenía la obligación, algunos dirán que por lo menos moral, de hacer la denuncia porque es un funcionario público. Hasta donde se sabe no presentó ninguna denuncia, es más ni siquiera los acusa a los gendarmes o a Mosquera del intento de coima. Se queja porque la agente de tránsito es un “desubicadita”, que a juicio del candidato porteño debe ser algo más grave que lo intenten coimear. Ironías aparte, su versión no cierra.

Juan Cabandié se queja de que el video está editado y que justo aparece ahora en medio de la campaña electoral. Es una paradoja que el candidato se ponga en el papel de víctima de una campaña sucia, cuando su espacio político fue denunciado  justamente por lo mismo. Buena cuenta de ello pueden dar Enrique Olivera y Francisco de Narvaéz, aunque la diferencia con Cabandié es que ninguno aparecía en un video que los relacionara con las imputaciones que se les hacían. Es más, como se recordará se comprobó en los dos casos que todo había sido un invento. Pero Cabandié no tiene esa suerte. Es él que aparece pidiendo sanciones para una agente de tránsito a través del celular en una elocuente demostración de poder y blandiendo su condición de hijo de desaparecidos. Y otra vez es él quien destrató a una funcionaria pública por querer cumplir con su trabajo. Esa es la enorme diferencia con los casos anteriores.

El candidato kirchnerista hubiera preferido que el video jamás cobrara difusión y mucho menos en campaña. Es lógico, porque ahora los porteños tienen más información acerca del candidato del Frente para la Victoria. Ahora saben cómo es Cabandié al natural, fuera del protegido estudio de 678 o de los micrófonos de Radio Nacional. Desde luego, Cabandié prefiere que los votantes no sepan cómo actúa en la vida diaria. Es obvio, no le conviene que los vecinos de la Ciudad sepan de su prepotencia y de sus caitadas conexiones políticas que con un simple llamado basta para echar a una agente de tránsito.

La actitud de Juan Cabadié guarda una gran similitud con la de su compañero de militancia en La Cámpora, Mariano Recalde, cuando se conoció otro video. Allí, el presidente de Aerolíneas Argentinas trataba a los legisladores de la oposición de “manga de zánganos” porque le preguntaban qué hacía con la plata de Aerolíneas Argentinas. Ambos no reconocen límites, elemento fundamental de la democracia.

En realidad, Juan Cabandié se comportó como un hijo del poder. Esos que no dan explicaciones, para los que no hay límites, que paradójicamente legislan pero no están dispuestos a cumplir las propias leyes que redactan.

El misterio de las Seychelles

El informe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, que depende de la Secretaría General de la Nación a cargo de Oscar Parrilli, detalla el itinerario completo de la gira presidencial que tuvo la sospechosa escala en las Islas Seychelles. En el documento, el organismo oficial informa que el viaje se hizo a bordo de una aeronave operada por la firma inglesa Chapman Freeborn matrícula D-AXTM. La matrícula informada por la Casa Militar pertenece a un Bombardier modelo BD-700-1A10 Global Express, que está matriculado en Alemania y presta servicios para la compañía FAI Rent-a- Jet con sede en Nüremberg; según informa su sitio web. Se recordará que en su momento, Cristina Fernández fue muy criticada por haber contratado a una empresa inglesa. Es probable que el gobierno se hubiera evitado la situación si alquilaba el avión a la firma alemana. Hoy, ya es un detalle menor.

En el sitio web de la FAI Rent-a-Jet se informa que el avión alquilado por Cristina Fernández de Kirchner en enero de este año entró en servicio en 2003 y puede llevar hasta tres pilotos para viajes muy largos. Desarrolla una velocidad de crucero de 900 kilómetros por hora. FAI Rent-a-Jet también informa que el Bombardier viene equipado con teléfonos satelitales, impresoras, bar, dos baños, sala de conferencias, televisión, DVD y espacio de trabajo y tiene un alcance de 11.140 kilómetros.

El diario británico The Sun informó en su edición del 3 de enero de 2013, que la Presidente argentina había alquilado un jet de lujo a una compañía inglesa Chapman Freeborn por 622.000 libras esterlinas, que equivalen a unos U$S 971.477 en la actualidad. Como se recordará, a principios de este año, la Fragata Libertad se encontraba retenida en el puerto de Ghana. Se justificó el alquiler del Bombardier ante la posibilidad que el Tango 01 fuera incautado por los “fondos buitres”.  El 7 de enero de 2013, la Secretaría General de la Presidencia informó a través de un comunicado de prensa: “Con fecha 26 de diciembre de 2012 la Dirección General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto aconsejó a esta Secretaría General la no utilización del avión Presidencial T-01, para dicho viaje, en razón de la postura agresiva de los fondos buitre con la Nación Argentina ya que era altamente probable el intento de reclamos, medidas precautorias o de ejecución sobre dicha aeronave”. Lo curioso y contradictorio, es que en el comunicado de prensa que se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada se afirma: “El T-01 se encontraba fuera de servicio por inspecciones obligatorias”. Es decir que la postura del gobierno ahora se contradice con la explicación que dio el mismo gobierno en enero. En aquel entonces, Cristina Fernández no viajaba el Tango 01 por temor a que corriera la misma suerte que la Fragata Libertad y ocho meses más tarde se dice que el avión presidencial se encontraba en tierra sometiéndose a inspecciones obligatorias. No se sabe cuál de las dos versiones oficiales es la verdadera.

El gobierno también ha sostenido que la escala en Seychelles insumió trece horas y media, lo que en realidad no contradice a Jorge Lanata sino al propio Boletín Oficial, que daba cuenta que la Presidente estaría en las islas del 21 al 23 de enero en su edición del día 10 de ese mes. Por esta razón, tiene sentido que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Seychelles le preparara una lista de lugares turísticos para visitar, pero si iba a permanecer algo más de mediodía ello no era necesario. En realidad es un dato menor si Cristina Fernández estuvo trece horas o dos días en Seychelles. Por ejemplo si la parada se debió a la realización de algún trámite o a la participación en alguna reunión, perfectamente lo pudo haber hecho sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que partió del aeropuerto de Mahe a las 17.25 horas.

El gobierno, a lo largo de los comunicados que ha dado a conocer y al raid mediático de Oscar Parrilli -usualmente un funcionario un muy bajo perfil-, nada ha dicho sobre dónde se alojó la Presidente durante las trece horas y media que estuvo en Victoria, la capital de las Islas Seychelles. Si bien el avión Bombardier alquilado a la firma inglesa tiene 3 camas de una plaza y otras dos dobles, Cristina Fernández no permaneció a bordo. “No era una simple escala de carga de combustible, sino que había que permanecer un tiempo mínimo de descanso de los pilotos, que significaba que la Presidenta debía abandonar el avión y alojarse por un lapso de tiempo en dicho lugar”, afirma el comunicado del gobierno. Sólo eso. No se menciona absolutamente nada sobre dónde se hospedó la Presidente o si fue mínimamente a conocer el centro de la ciudad. No hay mención alguna en el informe de la Dirección de Ceremonial y Protocolo difundida por la Casa Rosada que difundió con detalle todas las actividades de la gira. Esas trece horas y media siguen siendo un misterio.

Es paradójico porque si el gobierno quería aclarar la situación, terminó aportando más confusión y haciéndole un flaco favor a la Presidente. Pero desde la Casa Rosada prefirieron atacar a Lanata en vez de aclarar las actividades de Cristina Fernández. El comunicado es por cierto virulento y pone en evidencia la bronca del gobierno; pero no aclara nada sobre esas trece horas y media que oficialmente se sostiene que la Presidente estuvo en Seychelles. Todo sigue siendo un misterio por obra y gracia del gobierno. Sin embargo, el gobierno tomó un camino que al parecer no abandonará y en vez de desmentir a Jorge Lanata prefiere agredirlo llamándolo sicario. Es probable que en el mundo de las comunicaciones no haya otro caso que desde un organismo se agreda de tal forma a un ciudadano que se gana la vida como periodista. Ni en el Watergate la Casa Blanca fustigó de manera semejante al Washington Post o a sus periodistas. Si el gobierno entiende que lo difundido por Canal 13 no es cierto, lo que tendría que hacer es desmentirlo con información clara y sólida. Sin embargo, optó por difundir información que presenta varios puntos inconsistentes y tomó el camino de la agresión institucionalizada. Es cierto, no es la primera vez y los ejemplos abundan. Pero, probablemente, lo que llame la atención es el grado de virulencia que exhibe en esta oportunidad. Además, pone de manifiesto que el gobierno se siente encerrado después de la contundente derrota que sufrió en las primarias. En este sentido, es muy difícil pensar que la estrategia de comunicación que se puso en marcha desde la Casa Rosada vaya a devolverle al Frente para la Victoria los votos perdidos. Mientras tanto la escala en las Islas Seychelles sigue siendo un misterio que el gobierno no ha sido capaz de aclarar.