Hay 95 planes sociales pero ni uno solo de seguridad

Martín Yeza

La carnicería de lo inmediato hace que estemos afilando el cuchillo cada día esperando a carnear a la víctima de la semana. Ivo Kutzarida se abraza al motochorro. El motochorro, que para unos es una víctima del sistema y para otros hay que crucificarlo ya se perfila como participante del próximo Bailando por un sueño. El Padre Juan Carlos Molina, titular de la SeDroNar, opina que hay que despenalizar todas las drogas. El Padre Pepe le achaca que desconoce la realidad de los barrios y que el Papa no estaría de acuerdo con esto; el Padre Molina dice que sí estaría.

El Estado nacional aumentó su tamaño de manera exponencial al servicio de lo que el Gobierno Nacional consideró era prioritario, y ese aumento no implicó un aumento equilibrado de sus prioridades; de esta manera existen cerca de 95 planes sociales de distinto tipo -habiendo una Asignación universal por hijo, cuyo espíritu en todos los países donde se implementó fue suplantar al resto de los planes-, pero no existe ni un solo plan en materia de seguridad. De hecho, no solamente no existe un plan en materia de seguridad sino que se tensiona de manera contradictoria entre el pragmatismo escénico de Sergio Berni y el pudor progresista de la Ministra de Seguridad de la Nación -quien supuestamente debería conducir la estrategia de la Nación en materia de seguridad-.

Es necesario preguntarse si el Estado realiza su máximo esfuerzo por ser eficiente, por brindar servicio y por tener información que le permita actuar con inteligencia. El delito existe en todo el mundo, pero el nivel de violencia con el que sucede aquí y la incapacidad estatal para responder en lo inmediato genera rápidamente una antagonización discursiva, por la cual el delincuente es una víctima del sistema o se lo debe crucificar. Antagonismos que surgen cuando los países no se han puesto de acuerdo sobre condiciones básicas y mínimas. En este sentido hay cuestiones preideológicas que hacen a la dimensión de la seguridad: Incapacidad carcelaria e ineficiencia de la justicia. 

Las cárceles no dan abasto, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se encuentra el 50% de los presos de todo el país (30.000 aproximadamente), el gobernador Daniel Scioli no construyó ni una cárcel, solo agregó 9.000 camas a las cárceles preexistentes. El resultado de esto es por un lado el hacinamiento del recluso y por el otro un combo letal que convierte a las cárceles en ámbitos ingobernables en términos estatales que devienen en productos turbios como la agrupación carcelaria kirchnerista Vatayón Militante.

La segunda cuestión es que al momento de cometer un delito, el 80% de los presos no tenía un trabajo, así como el 90% no terminó la secundaria. También que el 75% tiene menos de 35 años y que estamos frente a una generación que es una bomba de tiempo. En un país en el que apenas el 65% termina la secundaria y el empleo se precariza exponencialmente por presión del Estado no hace falta ser un genio para descubrir que el trabajo y la educación no solo son factores de cohesión sino que además permiten marcar el camino de progreso para que una sociedad sea sana.

Las cárceles son el patio trasero de esa casa grande que es cada país. El de algunos se mantiene lo más limpio que se puede y en otras simplemente dejan que crezca la maleza y la podredumbre. Hoy las cárceles argentinas son más instituciones de posgrado en delitos que instituciones abocadas a resocializar al recluso.

No ha habido en los últimos 40 años una política pública seria en relación al sistema carcelario en Argentina y esto no es menor cuando el 32% de los presos es reincidente. Cárceles colapsadas, un sistema judicial ineficiente -a su vez maniatado por el intento constante del Gobierno Nacional por colocar jueces afines-, y fuerzas de seguridad corrompidas, mal pagas, sin decisión política por apoyar a los que hacen las cosas bien, deviene en una discusión sobre qué opinará el Papa Francisco sobre el combate al narcotráfico o discusiones tan abstractas como demagógicas sobre si hay que agravar las penas o no de un sistema que no funciona.