En los últimos días la cuestión nuclear volvió a estar en la agenda pública. Por un lado, la postergada conexión de Atucha-2 a la red demuestra la insistencia del ministro De Vido en culminar el plan nuclear iniciado en la última dictadura militar. Por el otro, se firmaron acuerdos de cooperación con China y Rusia para construir una cuarta y una quinta central atómica, que trascienden los plazos de esta gestión. En paralelo, se busca relocalizar la fábrica de dióxido de uranio, Dioxitek, en la provincia de Formosa, con oposición de diversos sectores como la iglesia, trabajadores y legisladores paraguayos.
En este contexto, la estrategia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) permanece fiel a lo que hizo siempre: silenciar el debate público, dificultar la transparencia en la ejecución de sus planes y esconder los verdaderos costos de las usinas atómicas. Su objetivo es lograr aprobaciones que luego terminan costando mucho más caras y que impactan directamente en el bolsillo de los argentinos debido a que el Estado subsidia un 100% la generación nuclear.
En línea con esta estrategia de desinformación pública es que pretende reconstruirse la usina cordobesa de Embalse, que llegó al fin de su vida útil en 2012 pero continúa funcionando. De Vido anunció obras por US$ 1.600 millones, para reconstruir la parte nuclear de la planta de modo que “sobreviva” 30 años más. Lo curioso es que en Canadá, el país donde se creó la tecnología que utiliza Embalse, los costos son cuatro veces mayores de lo anunciado en Argentina. ¿Se esconden los verdaderos costos o se resignan medidas de seguridad nuclear?
Marcan un camino distinto las recientes declaraciones a un medio rosarino del gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, al manifestar que la construcción de Embalse “ha sido un error que causa perjuicio al turismo de la provincia”. Así, De La Sota se posicionó como el primer opositor al plan nuclear del ministro De Vido, abriendo la puerta al desarrollo de las energías renovables en la provincia mediterránea.
Consultada sobre las declaraciones de De La Sota, la presidenta de la CNEA, Norma Boero, respondió días atrás que “eso es un problema político más que otra cosa” y adujo que el organismo que preside tiene encuestas de los vecinos de las plantas y “todas nos dan favorables (…) la gente está contenta porque tienen trabajo digno y progreso para su provincia”.
Sin embargo, en una encuesta realizada por la consultora independiente MBC MORI en mayo de 2012, el 70% de los cordobeses rechazaron la continuidad de la Central Nuclear Embalse. Este número se incrementa en el Departamento de Calamuchita, donde está ubicada la planta. Allí casi ocho de cada diez personas considera que la energía nuclear es peligrosa y el 73% está específicamente en desacuerdo con la existencia de la usina de Embalse.
Numerosas organizaciones, entre las que se encuentra Greenpeace, nucleadas en la coalición “Córdoba No Nuclear”, presentaron el año pasado un proyecto para cerrar Embalse. El texto fue acompañado con a la firma de 30.000 cordobeses, bajo el mecanismo de iniciativa popular, pero aún así la Legislatura de Córdoba no aceptó las firmas y se negó a debatir el tema nuclear.
Esperamos que la posición del gobernador De La Sota se materialice en la acción concreta de su bloque en la legislatura, para debatir este proyecto que 30.000 cordobeses exigieron con su participación.