La atención política en relación al año próximo se centra en los candidatos, los cargos y las alianzas. Pero nada se sabe o poco se habla sobre del futuro de CFK. John Adams, segundo presidente norteamericano, sentenció que “No hay nada más patético que un ex presidente”. En Estados Unidos, los ex presidentes, a los que se le construye una biblioteca y archivo oficial, continúan con tareas de conferencistas o bien se dedican a hobbies y actividades que por su exposición no hay podido desarrollar. Así, George W. Bush, expuso hace poco una colección de cuadros de su autoría o Jimmy Carter continúa dando conferencias por todo el mundo.

En Argentina, el tema es un poco más complejo. Tanto Menem, como Alfonsín, Duhalde y hasta Kirchner, se han mantenido en actividad. Todos volvieron a la política activa, incluso a ocupar cargos nacionales. Los dos primeros volvieron a ocupar cargos en el Senado y Kirchner murió siendo diputado nacional. Duhalde intentó ser presidente, pero con magros resultados.

Lo cierto es que los ex presidentes se convierten en un problema o bien “en algo que está ahí”. Sobre CFK es mucho lo que se podría especular. Al igual que su marido, Carlos Menem o Alfonsín, ella podría mantenerse en la política activa, incluso encabezar la oposición en caso que el Frente Para la Victoria pierda las elecciones de 2015. Son varios tres los escenarios que podrían abrirse en este sentido.

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Como en la moda, en política todo vuelve.  Así como semanas atrás volvió la idea de los “cortes programados” para evitar los problemas por la crisis energética, algo ya implementado en 1989, o la política de derechos humanos del gobierno actual, que es una continuación de la iniciada en 1983, en los últimos días el traslado de la capital volvió a surgir.

En abril de 1986, desde Viedma, Raúl Alfonsín lanzó la idea de fundar la segunda república y trasladar la capital a esa ciudad, “hacia al Sur, hacia al mar, hacia al frío”. El objetivo era descentralizar la Ciudad de Buenos Aires, evitando que se conjugue el poder económico y poder político en una misma metrópolis, y fortalecer el federalismo. El proyecto incluía la provincialización de la Ciudad de Buenos Aires, según la idea de Alfonsín en una provincia del Río de la Plata, junto con los municipios bonaerenses circundantes. Asimismo, se establecía el traslado de la capital al ejido Viedma (Río Negro) – Carmen de Patagones (Buenos Aires) – Guardia Mitre (Río Negro). Funcionando los primeros dos como base de la administración pública nacional y los poderes del Estado, y el último como villa urbana para que vivan los funcionarios y empleados públicos.

La semana pasada el debate volvió a la luz con el extraño anuncio de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, de su idea de trasladar la capital, no al sur, sino al norte argentino. Domínguez declaró que hay que repensar el país y que en ello debe incluirse una visión estratégica, mirando no hacia el Atlántico, sino hacía el Pacífico, hacia China y el mundo árabe. Tres escenarios posibles se abren ante este proyecto:

1)     Traslado de la capital al Norte. De prosperar este proyecto, se deroga la ley 23.512, que establece el traslado de la capital a Viedma, aún en vigencia, se sanciona una nueva ley que fije el lugar definitivo del traslado y se propone una reforma constitucional que fije la nueva capital, que incluya a Buenos Aires, no como ciudad autónoma, sino como provincia, y que cree un nuevo territorio federal. Para eso debe fijarse a donde mudar la capital, según Domínguez al “gran norte”. Esto podría ser Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja, si se extiende el concepto de “norte” y se da lugar a la idea de crecer hacia el Pacífico. A excepción de Santiago del Estero y Tucumán, las restantes son lindantes con Chile y ofrecen una salida al Pacífico. El proyecto de Domínguez no contempla que Salta y Tucumán se encuentran entre las 10 provincias más pobladas de Argentina y que el norte es de las zonas más pobladas del país, a diferencia de La Pampa y la Patagonia. Esto generaría aún mayor concentración de población en el norte y centro y generaría los mismos inconvenientes que posee hoy la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

2)     Traslado de la capital hacia otra provincia. De resolverse el traslado de la Capital, algo que sin lugar a dudas daría una nueva visión del federalismo y que separe el puerto y la actividad financiera y económica del centro político, se establece un punto medio del país. Como Brasilia, que es un punto equidistante de los distintos extremos del país, trasladar la capital al norte equivaldría a dejar aislado al Sur del país, con distancias superiores a las actuales hacia la capital. Un punto medio podría ser alguna provincia del centro, como La Pampa, San Luis o Mendoza. Esta última, si bien linda con Chile, es la quinta provincia más poblada de nuestro país y podría traer los mismos inconvenientes que ya se nombraron. Las otras dos podrían ser posibles soluciones. La Pampa tiene límites con varios municipios de la provincia de Buenos Aires, lo cual podría generar un conglomerado urbano que sirva de asiento a la administración pública y a las viviendas particulares. Aquí, el problema subyace en la idea de Domínguez de poner en producción nuevas zonas del país, algo viable en el norte. Las provincias del centro son mayormente agroproductoras, y además cuentan con cierto desarrollo industrial. El viejo proyecto de Viedma sería aquí una opción, ya que permite poner en producción miles de hectáreas que actualmente no se encuentran productivas.

3)     Reforma de la Constitución y no traslado de la capital. El último escenario es quizás el más político. Se resuelve y acuerda el traslado de la capital. Se acuerda para ello una ley y la reforma constitucional. La sola reforma de la constitución habilitaría por medio de un fallo judicial un tercer mandato constitucional de la actual mandataria, ya que al jurar con la nueva Constitución, se le permitiría una nueva reelección. Esto dotaría de un poder revitalizado a la Jefa de Estado, y sobre todo, resolvería la interna del gobierno. Con sólo lograr esto, la mandataría se vería habilitada a poder ser eventual candidata y mantener una cuota de poder importante para los próximos dos años. El traslado de la capital será un proyecto que podrá comenzar a trabajarse, pero que será ejecutado por el nuevo gobierno dado los tiempos necesarios para acondicionar una nueva ciudad para recibir a los poderes públicos y a la administración pública federal. Esto podría ser el eje de la campaña del gobierno, con el objetivo de mantenerse en el cargo cuatro años más.

Para finalizar, dos temas no son incluidos en estos escenarios, pero deben ser pensados. El primero, es ¿qué pasará con la Ciudad de Buenos Aires? Su posible provincialización podría ser la opción para conformar un nuevo estado subnacional, incluyendo como en el plan de Alfonsín a los municipios lindantes. Esto permitirá repensar el conurbano y será una posible solución a los problemas sociales y económicos de esa zona. Por otro lado, deben pensarse los costos. Tal como sucedió en 1986 cuando Cafiero hizo críticas al proyecto de Alfonsín por la situación económica, pensar ahora en el traslado podría ser un impulso a la obra pública y con ello a toda la actividad económica. Lo cierto es que en el actual contexto de caída de las reservas y de un crecimiento del déficit fiscal, un proyecto de semejante envergadura necesitaría de una cantidad de recursos económicos que el Estado por sí solo no podría costear.

El traslado de la capital, como proyecto de reforzar el federalismo, descentralizar el país y repensar geopolíticamente el desarrollo nacional, es sin ningún lugar a dudas un debate no saldado. Lo cierto es que como sucedió en 1986, se requiere de una firme decisión política, pero, sobre todo, de un consenso político y económico amplio y extendido, algo que para el actual gobierno no sería fácil de lograr.

La elección del rector de la UBA trae aparejada la discusión por la “democratización”, sobre todo, impulsada por los que se dicen de “izquierda”, quienes mediante tomas violentas y piquetes terminan siendo los verdaderos privatizadores. Como muestra falta ver cómo tristemente, y luego de décadas de excelencia, los históricos colegios Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini tienen más vacantes que postulantes, o cómo cada vez más, la oferta universitaria privada, algunas de dudosa calidad, gana terreno por sobre un estudiantado que ahora piensa dos veces si quiere ir a la UBA. Nadie que trabaje ocho horas y tenga dos horas de viaje desde su casa avala que, cuando llega a su facultad, ésta esté tomada por 20 personas, muchas veces con consignas absurdas, otras veces con reivindicaciones importantes, pero haciendo del método un hábito, y con un doble estándar que cuesta que sea sostenido por estudiantes universitarios.

Pero veamos los puntos:

1) “Democratización”: La democracia es un régimen político, en realidad lo que están queriendo decir, es que quieren cambiar la forma de gobierno y la representación (es decir la distribución del poder). En criollo: no quieren un cogobierno y quieren que a las autoridades la elijan los estudiantes casi exclusivamente. También quieren eliminar el claustro de graduados y que haya sólo dos, para poder confrontar “los estudiantes que luchan” versus “la casta profesoral”; muy linda la foto, pero la realidad amerita visiones un tanto menos infantiles y maniqueas.

2) “Representación estudiantil”: Mezclar profesores y estudiantes es mezclar zanahorias y manzanas. Para comparar dos cosas estas deben ser “comparables” (Sartori). Ahora bien, hablemos de la representación estudiantil. En la Facultad de Sociales el trotskismo sacó casi 4.000 votos, eso le dio tres consejeros directivos, mientras que el reformismo de la Facultad de Económicas sacó casi 16.000 votos (cuatro veces más) y sin embargo sacó tres consejeros directivos. ¿Esto no lo ponen en discusión?

3) “Un hombre un voto”: Si el rector se eligiera de manera directa habría tres facultades (Económicas, Medicina y Derecho) que elegirían prácticamente al Rector (concentran más del 50% del estudiantado). No sería muy representativo para las 10 facultades restantes, un rector de Veterinaria (como es ahora) sería imposible. Supuestamente es muy “troska” la idea, pero en los soviets de la ex URSS se elegían 32 diputados para cada república. No importaba la cantidad de electores, algunos tenían miles y otros millones.

4) “Reforma del estatuto UBA”: En 2006 se reformaron cerca del 80% de los artículos del estatuto de la UBA, entre ellos se bloqueó la posibilidad de re-reelección. Ahora bien, que faltan cosas, faltan. Pero también hay que ser serios y dar las discusiones en los ámbitos de cogobierno. Un estatuto es como una Constitución, no se puede cambiar todos los años, no es serio y es puro oportunismo político hacerlo justo antes de la elección de un nuevo rector.

5) “Ampliar el cogobierno”: La inclusión de los no docentes es algo que si bien sería positivo para algunas áreas de gobierno de la UBA, sería discutible para otras (como reformas de planes de estudio o régimen de concursos docentes). Sin embargo, creo que esta discusión es  auspiciosa y habría que profundizarla. Lamentablemente, los mismos sectores de izquierda que dicen defender esta reivindicación, estigmatizan a los trabajadores no docentes como “la patota” o la “burocracia sindical”.

En conclusión, en los últimos 28 años (luego de la normalización), han pasado rectores de distintas facultades y de distintos sectores políticos. Por el contrario, quienes se embanderan atrás de este discurso “democratizador”, militan en un partido que ha llevado sistemáticamente a los mismos dirigentes en todas las elecciones en los últimos 30 años. Son los mismos que tienen secuestrada a la FUBA (Federación Universitaria de la UBA), en donde no les molesta tener “voto indirecto y ponderado”, en donde no se presentan balances, ni se respeta su estatuto al inventar engendros como “copresidentes”, sólo para seguir teniendo a la gremial estudiantil al servicio de minorías que no ganan en  ninguna de las tres facultades más grandes de la UBA.

Hay que discutir, hay que consensuar, hay que reformar. Pero una universidad con más de 300.000 estudiantes, con 78 carreras grado y donde 4 de los 5 argentinos galardonados con el Premio Nobel fueron estudiantes, graduados y profesores de ella, amerita seriedad, honestidad y libertad para discutir. La “democracia universitaria” no puede ser defendida a los golpes y por encapuchados. Nada más funcional a la privatización de la UBA que las tomas, aprietes y las persecuciones a los docentes. Nada más absurdo que impedir que sesionen los ámbitos democráticamente electos para exigir “democratización”. Defendamos la UBA, que en definitiva, es la institución educativa insignia, no sólo de “Buenos Aires”, sino de la República Argentina.