Políticas sociales con una mirada de género

Micaela Zapata

La última década estuvo provista de diversas políticas dirigidas al desarrollo de políticas expansivas de los derechos de los trabajadores con un impacto particular en las mujeres, que han resultado ser uno de los sectores sociales más relegados por las políticas públicas previas en materia de previsión social. Resulta interesante mencionar algunas de esas políticas claves para lograr un balance de lo acontecido teniendo en cuenta el marco del 30° aniversario de la democracia.

Una de las políticas de mayor impacto es la Asignación Universal por Hijo para protección social, que contempla un ingreso por hijo que corresponde a los hijos de personas desocupadas, que trabajan sin estar registradas formalmente o que ganan menos del salario mínimo. A la fecha se ha otorgado la asignación a más de 3,3 millones de niños y niñas; y ha impactado positivamente en particular en las familias que se encuentran a cargo de una jefa mujer con hijos a cargo.

Cabe destacar que el único requisito a modo de contraprestación de la asignación es la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación que indique la condición de escolaridad, los controles de salud y el cumplimiento del plan de vacunación obligatorio.

A esto se suma la Asignación por Embarazo para protección social, destinada a aquellas mujeres embarazadas a partir de la decimosegunda semana de gestación, es decir, finalizado el tercer mes de embarazo y hasta el nacimiento o interrupción del estado de embarazo.

Fue otorgada a más de 64.000 embarazadas. Ellas pertenecen al sector social de menores ingresos que encuentran todavía mayores dificultades en el mercado de trabajo, por lo que resulta de suma importancia que exista una política destinada a garantizar parte de su ingreso.

Complementariamente, se implementó el “Plan de Inclusión Previsional” por el que, a partir de 2007, las personas en edad jubilatoria (mujeres a los 60 años y varones a los 65 años) que no contaban con los años de aportes requeridos para poder jubilarse, pudieran acceder a una prestación previsional. Las primeras inscriptas beneficiarias fueron, en su abrumadora mayoría, mujeres. La moratoria jubilatoria posibilitó a más de 2,4 millones de trabajadores con años faltantes de aportes, acceder a su jubilación, así como permitió la jubilación anticipada de las personas que no alcanzaban la edad jubilatoria pero contaban con los 30 años de aporte requeridos por el sistema previsional.

Este plan dio también reconocimiento al trabajo de las amas de casa que pueden también insertarse en el plan con las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Es la primera vez que tales tareas son reconocidas como el trabajo que realmente es, considerando por otra parte que insume una enorme cantidad de horas semanales. Nuevamente se trata de una política que contempla el trabajo realizado -mayoritariamente por mujeres- puertas adentro del ahogar y reconoce la protección jubilatoria que corresponde a esas trabajadoras.

En cuanto a derechos laborales, otra tarea realizada fundamentalmente por mujeres es la del trabajo doméstico, una de las áreas donde reside la mayor informalidad del mercado de trabajo. En el marco de la ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, se ha trabajado para regular esa relación laboral y manifestar la obligatoriedad de que, desde el lado de la demanda, el empleador pase a registrar formalmente en la AFIP a la persona que emplea en su casa. Complementariamente, se han implementado diversas políticas para facilitar el proceso, tales como la registración online en AFIP, y allana el camino al reconocimiento de la tarea y al ejercicio de los derechos asociados al trabajo, como la cobertura social y el aporte jubilatorio.

Por lo expuesto, se denota que las personas que fueron expulsadas del mercado de trabajo a partir de políticas neoliberales como la convertibilidad tienen hoy mayores posibilidades de acceder a los beneficios del sistema de seguridad social. La Asignación Universal por Hijo y el Plan de Inclusión Previsional devolvieron la posibilidad de retornar al camino del ejercicio de los derechos, fundamentalmente de las trabajadoras argentinas.

Las políticas mencionadas presentan sólo uno de los aspectos de políticas con impacto de género, ya que no se han mencionado las relacionadas a la prevención de la discriminación y la violencia de género; ni las relativas a problemáticas que impactan fundamentalmente en niñas, jóvenes y mujeres de bajos recursos, como la trata de personas.

Indudablemente se trata del inicio de un camino hacia una mayor igualdad y un reconocimiento de los derechos preexistentes, que poco a poco van siendo efectivizados.