Por: Miguel Braun
Y un día, volvió la coparticipación. La semana pasada se cruzaron sciolistas con cristinistas porque el sciolismo pidió discutir la coparticipación federal de impuestos. A primera vista parece otra discusión más por la caja, como aquella por los fondos para el aguinaldo que hubo en 2012 entre Scioli y Cristina. Sin embargo, detrás de las agresiones hay un problema de fondo de la organización política argentina.
Primero aclaremos el reclamo del sciolismo. Dicen que la provincia de Buenos Aires viene perdiendo recursos porque el entonces gobernador Armendáriz cedió puntos en el reparto cuando se negoció la ley que rige el actual esquema en 1988, y porque la compensación que se ideó durante el menemismo, el fondo del conurbano, tiene un tope nominal de $650 millones, que en un contexto inflacionario pierde valor año tras año. También repiten que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la producción del país y recibe apenas el 20% de los fondos públicos.
Supongamos por un instante que aceptamos el reclamo de la provincia y queremos aumentar los fondos que recibe. ¿De dónde saldrían? ¿Las demás provincias resignarían voluntariamente una parte de los fondos que les corresponden? No parece viable, sobre todo porque una nueva ley de coparticipación requiere la aprobación de todas las legislaturas provinciales, con lo cual cada provincia tiene poder de veto. La única alternativa que queda es que el gobierno nacional le ceda recursos a la provincia, cosa que tampoco parece viable en un contexto de déficit fiscal y crecientes problemas económicos. El planteo del sciolismo aparece entonces como un juego imposible de suma cero. Para que la provincia reciba más fondos, o tienen que perder las demás provincias o el gobierno nacional, y ninguno parece dispuesto a hacerlo.
Sólo se podrá reformar de manera virtuosa la coparticipación en un contexto de crecimiento económico vigoroso, en el que se pueda discutir el reparto del crecimiento de la recaudación, porque es más tolerable recibir un poco menos de las nuevas ganancias que perder lo que uno tiene. Aparece así la paradoja de la coparticipación: los gobiernos plantean reformarla cuando aparecen los problemas económicos, pero sólo es viable una reforma virtuosa en un contexto favorable.
Una reforma virtuosa aplicaría criterios objetivos de reparto de los fondos entre las provincias, por ejemplo población, niveles de pobreza, necesidades de infraestructura y esfuerzo recaudatorio. También haría que todos los impuestos fueran coparticipables, de manera de evitar la creación arbitraria de impuestos por parte del gobierno nacional. Descentralizaría la recaudación de los impuestos directos, o al menos algunos, como el impuesto a los bienes personales, para darle mayor autonomía a las provincias. Simplificaría y transparentaría el sistema tributario y de transferencias, para que un ciudadano común pueda entender a dónde se destinan los impuestos que paga. Y tendería a un sistema dinámico, en el cual los coeficientes de reparto se recalculan periódicamente cuando cambia la situación económica de las provincias.
Son muchos los desafíos de nuestro federalismo. El planteo del sciolismo apenas rasca la superficie, y de forma poco constructiva. Hace falta un fuerte liderazgo nacional que entienda que hay consensuar un nuevo esquema federal. Cristina Kirchner no es ese liderazgo, ya que su gobierno no hizo más que centralizar recursos, ahora de manera destructiva por medio del impuesto inflacionario y la apropiación de las reservas del BCRA. Tendremos que esperar al 2015, y mientras tanto avanzar en los consensos técnicos necesarios para poder discutir una reforma.