En estos días, el mundo recibió dos noticias que pueden leerse como un significativo revés en materia de derechos de gays y lesbianas. Una de ellas provino desde la India, donde el Tribunal Supremo decidió no ratificar una orden del Tribunal de Delhi de 2009 que ordenaba despenalizar la homosexualidad al eliminar la sección 337 del código penal redactado en 1860 y que prevé penas de hasta 10 años de cárcel a quienes practiquen sexo “en contra del orden natural”. Una ley poco administrada en el ámbito judicial pero muy utilizada por la policía en las calles como forma de extorsión y acoso contra la comunidad gay. La disposición del Supremo fue entendida como “un decepcionante revés para la dignidad humana y los derechos básicos de la privacidad y no discriminación”, según el comunicado emitido por Meenaski Ganguly, directora para el sur de Asia de Human Rights Watch.
La otra noticia tuvo como epicentro un país del primer mundo y con costumbres occidentales: Australia. Allí, también el máximo órgano de la justicia, tildó de “inconstitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, que habían sido autorizados en la capital, por entender que van en contra de lo dispuesto por la ley nacional en la Constitución.