El impacto de las políticas y el informe del jefe de Gabinete

La presencia del jefe de Gabinete de Ministros (JGM) en el Congreso  es una oportunidad para monitorear y evaluar la marcha del gobierno: ver si se hace bajo las condiciones que impone la Constitución Nacional. La Carta Magna indica que deben realizarse una vez al mes, alternando entre cámaras, bajo la forma de un informe y cumpliendo con los requisitos del reglamento interno: envío previo de preguntas con 15 días de antelación y respuesta a éstas con 48 horas de anticipación a la visita. Además, fortalece la calidad del debate político si pone a disposición de la ciudadanía datos sólidos así como una modalidad adecuada de presentación e intercambio.

La vuelta del JGM al Senado es sin dudas una buena noticia. Como mostró CIPPEC, el JGM debería haberse presentado, desde agosto de 1995 a 2013, en 167 sesiones ordinarias. Sin embargo, las 62 sesiones que contaron con su presencia representan apenas un 37% de lo dispuesto por la Constitución. Es además evidencia del manejo integral de las cuestiones de Estado que debe tener la figura del JGM. Con todo, si bien no es responsabilidad única del JGM, un esfuerzo por pasar de datos que reflejan el proceso de producción del Estado a otros que muestren el impacto de las políticas públicas es todavía necesario para alimentar juicios verdaderamente informados sobre la acción del gobierno.

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¿Cuál es el estado de la Nación?

En las democracias modernas la rendición de cuentas es una manifestación del buen gobierno que apunta a informar a la ciudadanía sobre la marcha de las cuestiones de Estado. En general, su ejercicio involucra un alto grado de procesamiento de datos duros e información sobre avances y logros de las políticas públicas.

En América Latina, Estados como los de Colombia, México y Nicaragua adoptaron un proceso virtuoso de planificación, monitoreo y evaluación de los planes nacionales de desarrollo que les permite entregar informes regulares sobre los impactos y resultados de la acción de gobierno. Al mismo tiempo, implementaron mecanismos de comunicación de esos avances a través de los Informes Presidenciales al Congreso o plataformas en línea que publican información de diferentes indicadores. Así, facilitan el monitoreo y la evaluación por parte de la comunidad a través del pleno acceso a los resultados y datos de gestión.

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La evaluación como política de Estado

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación creó la semana pasada el Programa de Evaluación de Políticas Públicas en la órbita de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa. La resolución apunta a fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del Estado en materia de evaluación y a propender a una mejor adecuación entre los objetivos, los recursos y los productos de la política pública, y entre los resultados, objetivos y los impactos a nivel político de las políticas públicas sobre el conjunto de la sociedad. Además, se propone contribuir a institucionalizar la evaluación en la Administración Pública y potenciar las capacidades para su desarrollo con miras a mejorar la gobernabilidad, la calidad de las políticas y los resultados en la gestión de los asuntos públicos.

Pero no sólo se trata de institucionalizar de tal o cual manera un método. La evaluación es un asunto de naturaleza política. En cualquier sociedad fluyen de manera constante una multitud de valores, datos, juicios y observaciones sobre la realidad, cuya definición no es compartida por el conjunto. Evaluar es tomar partido, entrar en conflicto con distintos recortes de la realidad con base en datos nunca homogéneos. Negarla como método sería negar la aplicación práctica de las ciencias sociales. Negarla como ejercicio individual, organizacional o colectivo sería no reconocer las distintas subjetividades que intervienen a la hora de asignar valor a los hechos sociales.

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Evaluar las políticas de infraestructura

Las tragedias que afectan a las ciudades de Buenos Aires y La Plata superaron las estructuras administrativas y de gobierno de esas jurisdicciones. A las pérdidas humanas se suman los daños materiales, las heridas urbanas, el impacto en la producción y el comercio y el desconcierto general ante desastres naturales que se potencian con la débil planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Intervienen en el terreno el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Todos reclaman que las obras necesarias están en marcha en las distintas jurisdicciones, y las que no se atribuyen en su no ejecución a otros.

Sin embargo, la información sobre el impacto efectivo que esas obras tienen por acción u omisión sobre la calidad de vida de la población no está siendo mostrada a los ciudadanos.

No estamos acostumbrados a recibir información sistemática, pública y confiable sobre los avances y resultados en términos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. De hecho, un estudio realizado por CIPPEC sobre planes y programas nacionales muestra que el 45% de los casos analizados no poseen sistemas de seguimiento y evaluación, con indicadores de distinto tipo (de impacto, de resultados, de producto y actividad) que admitan recopilar información clave sobre las intervenciones.

Es crítico avanzar en el diseño e implementación cotidiana de instancias que permitan a funcionarios, técnicos, sindicatos, ciudadanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes integrar espacios dedicados al seguimiento participativo, tanto intra como extra burocrático, y a la evaluación abierta de los planes y programas de gobierno.

Evaluar los resultados obtenidos en materia de infraestructura podría darnos hoy pistas más certeras capaces de informar la toma de decisiones luego del desastre. Podría además ayudarnos a identificar atribuciones concretas en materia de responsabilidad de los distintos funcionarios y la falla en los mecanismos institucionales. Contribuiría a adoptar juicios más informados por todos los sectores sobre bases sólidas de evidencia y lecciones aprendidas.

Con hallazgos concretos, sean cuantitativos o cualitativos, sostenidos por una indagación sistemática y valorativa en el tiempo, podríamos contar con datos de hacia dónde deben apuntarse los esfuerzos de coordinación interjurisdiccional. Con rendiciones de cuentas periódicas tanto sobre cantidad de trabajo y calidad de las obras planificadas, en marcha y terminadas, como sobre impacto, resultados y productos, tendríamos bases más solidas para analizar el camino para seguir.

La información abierta y confiable sobre el desempeño de la administración de las obras y sus funcionarios permite realizar recomendaciones fundamentadas para los próximos ciclos de planificación. Con datos certeros sobre la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto en obras tendríamos insumos relevantes para analizar el presupuesto público.

Una evaluación periódica que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción estatal en cuanto a infraestructura permitiría también mejorar la calidad de las obras. Alentaría, además, el conocimiento del impacto de sus acciones y políticas, la promoción de un mejor desempeño de los funcionarios, una más eficiente asignación de recursos, una mejor recolección de información y una capacidad mejorada para informar la toma de decisiones gubernamentales y la toma de posiciones de las personas.

Se trata entonces de saber, a través de la evaluación como técnica de investigación-acción, si las políticas de infraestructura y las obras públicas en marcha solucionan los problemas cotidianos de los argentinos.