La economía kirchnerista tritura salarios

Se acerca fin de año y ha recrudecido la insatisfacción salarial. La magnitud de la inflación, que ya supera el 40% en un año, tritura salarios, jubilaciones y planes sociales. Los salarios de quienes tuvieron paritarias cayeron al menos un 12% en términos reales, ni qué decir de los precarizados. El impuesto a las ganancias absorbió, para muchos trabajadores, entre un aguinaldo y un aguinaldo y medio. Por ese motivo, volvieron a parar los bancarios. Si no hay un proceso huelguístico extendido, ello no sólo se debe al parate productivo, sino principalmente al trabajo de contención de la burocracia sindical.

En este cuadro, se ha instalado el debate sobre un bono de fin de año. Por un lado, la UIA admitió la posibilidad de su pago, claro está, “de acuerdo con las posibilidades de cada empresa”. El Gobierno, por su parte, afirma que no es necesario porque el salario se ha “revalorizado”. Compara el promedio de paritarias con los guarismos del “nuevo” (y tan fraudulento como siempre) Indec. El mismo gobierno que niega un bono salarial para todos los trabajadores, prepara bonos atados al dólar a favor de las cerealeras y otros especuladores, con el propósito de que éstos ofrezcan algo de los dólares que tienen acumulados.

El bono que todos quieren y nadie tiene

Por el lado de las filas sindicales, Yasky, el más oficialista de todos, pero también Caló, se subieron al carro del bono. En la misma línea está la CGT moyanista.

Es claro que este reclamo de “bono por única vez” es un operativo preventivo contra la gran cuestión que plantea la carestía: la necesidad de reabrir las paritarias para rediscutir los salarios 2014. La burguesía ha quedado escaldada por los saqueos y levantamientos policiales de fines del año pasado. Este año, la situación social es objetivamente más grave. En Buenos Aires, Scioli adelanta la discusión de las paritarias 2015 -que es lo contrario a reabrir paritarias-, mientras raspa el fondo de la olla para otorgar alguna migaja en las fiestas. Para la burocracia, el bono sería también una coartada para descomprimir las futuras paritarias y plantear aspiraciones salariales menores.

Pero, en verdad, la burocracia ni siquiera está empeñada en el propio bono, al menos como conquista de conjunto. Por ejemplo, la UOM de Caló ya aclaró que “no se negociará con las cámaras empresarias, sino empresa por empresa”. A su turno, Gerardo “Batallón 601″ Martínez deslizó que “lo negociará con los empresarios de la construcción, sin hacerlo público”. La burocracia no se aparta un milímetro del libreto de la Unión Industrial, que admite el bono, no ya como negociación por gremio, sino incluso por empresa. El propio Gobierno no rechaza esta vía, la de un bonus por empresa, “bajo cuerda”, el que no será homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta esta “preocupación” de la burocracia por el “pago de fin de año” es un fraude, porque deja a los trabajadores de cada fábrica o repartición librados a su suerte. No hay el menor atisbo de una lucha de conjunto, siquiera por el bono.

Unidad sindical

De Caló a Moyano, la coincidencia en reclamar el bono ha sido presentada como parte de las tratativas entre las burocracias oficialistas y opositoras en torno de una CGT unificada. El contenido de esta unidad es claro: por un lado, asegurar una sucesión presidencial sin los “tropiezos” de la convulsión social. Por el otro, ofrecer ese papel de contención al futuro gobierno, trátese de Scioli, Massa o Binner. Pero estas movidas de unidad revelan movimientos políticos más amplios, que involucran a los propios partidos a los que los burócratas, de una u otra manera, ligan su destino. Las condiciones convulsivas que planteará el arreglo con los buitres, acompañado de una nueva devaluación, tarifazos y ajustes, no sólo reclamarán el concurso de los burócratas: podrían obligar a recurrir en 2015 al gobierno o gabinete de coalición que Macri o Scioli insinúan para después de las elecciones.

Moyano ha sido muy claro al afirmar, en declaraciones radiales, que “acá asumirá un nuevo Gobierno, tendrá que aplicar medidas muy duras de ajuste y el movimiento obrero tiene que estar unido para acompañar”. Del otro lado, es conocida la promesa de Macri a los burócratas, de “ayudarlos a enfrentar a los troskos”. La capacidad de controlar al movimiento obrero -y, principalmente, de contrarrestar al clasismo- está presente en los debates de la burguesía y también en las movidas de Gerardo Martínez y Moyano en torno de la unificación. En lo inmediato, el gran “aporte” lo están haciendo Moyano y Barrionuevo, que han liquidado todo plan de lucha tras el paro de agosto, contribuyendo a aislar las presentes luchas. Por ejemplo, Cresta Roja, Cargill, Valeo o los gremios cordobeses que plantean la reapertura de paritarias, al igual que ATE y la flamante CTA combativa de Mendoza.

El rumbo político del movimiento obrero

La vinculación entre las reivindicaciones obreras, los sindicatos y la transición política demuestra que el movimiento obrero combativo y los luchadores no pueden escindir sus reclamos de una deliberación y una conclusión política de fondo, para que la clase obrera sea un factor activo y conciente en el desenlace de esta crisis. Esta es la cuestión que abordaremos ampliamente en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park.

El derrumbe del peronismo entre las fuerzas obreras

El jueves 7 Lear decretó un lockout por 15 días. Cierra sus puertas y suspende a todo el personal, aduciendo que no puede “garantizar las condiciones de seguridad” de sus trabajadores. La medida busca disipar una lucha de los despedidos que logró parar varias veces la planta por semana.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó la huelga acusando al Partido Obrero de haber impulsado el cierre de la fábrica, obstruyendo “el funcionamiento de la economía y la actividad de las empresas”. Un ataque destinado a ocultar la completa complicidad del gobierno con el pulpo norteamericano. En primer lugar, porque rigiendo un “cepo de importación”, Lear ha provisto fluidamente de los cables a Ford mediante importación. Ahora mismo los obreros denuncian que 17 contenedores de la empresa están en el puerto.

El ministerio de Carlos Tomada no garantizó el ingreso de los delegados impedidos de entrar a planta, a pesar de 12 fallos favorables de la justicia en ese sentido. El poder ejecutivo de Capitanich sólo garantiza, con la gendarmería de Berni y la infantería de Scioli, el “despeje” de la zona y la panamericana ordenado por la justicia penal.

El lock out apunta a profundizar un vaciamiento en el que Débora Giorgi y Capitanich miran para el costado. Es un “sobre llovido mojado” que se suma al desplome de la producción automotriz y su ola de suspensiones y despidos.

Los obreros, tras meses de lucha, han reaccionado combativamente afrontando el lock out como una nueva etapa. La empresa despilfarra recursos durante todo el conflicto para imponer una reestructuración antiobrera y ahora paga el 100% -como precisó, conocedor, Capitanich- a los obreros suspendidos para separarlos de la influencia diaria de la comisión interna y los despedidos en lucha.

Este detalle habla del nuevo campo en que se desenvolverá la lucha, donde el contacto con los trabajadores suspendidos será todo un objetivo para sumarlos a la perspectiva de lucha contra el vaciamiento y eventual cierre de su fuente de trabajo. De hecho, en muchas ocasiones el sector que ingresó a planta no superó las cien personas de un total de 450 que revistan en el único turno que hoy tiene la planta luego de la amputación completa del turno tarde.

El ataque de Capitanich muestra que se pretende intimidar con el cierre para reabrir sobre la base de una derrota. Y, llegado el caso, según sean los planes patronales, para intimidar al resto del movimiento obrero, culpando del cierre a los que luchan. Pero debe ser aclarado sistemáticamente a la opinión pública y al movimiento obrero que el vaciamiento de Lear Corporation viene, al menos, desde hace un año. Hubo, antes de las suspensiones y despidos, 180 “retiros voluntarios” a diciembre del año pasado, y los delegados denunciaron la presunción de importación de mazos de cable en ese período desde Filipinas, Honduras y otros orígenes donde la multinacional tiene algunas de sus 20 plantas en el mundo.

Capitanich dice que el justicialismo es el partido de los trabajadores y el PO el de los capitalistas. Pero sus “obreros” son los Pedraza, los Gerardo Martínez y, en este caso, Pignanelli. La burocracia sindical del Smata actuó con métodos lopezrreguistas durante todo el conflicto y ha declarado que prefiere el cierre de la fábrica antes que la continuidad de un cuerpo de delegados que no le responde y se mueve según resoluciones de asamblea de fábrica.

En estos puntos consiste, precisamente, el derrumbe progresivo del peronismo entre las filas obreras y el progreso, luchado pero evidente, del PO y el FIT. El PJ de los empresarios del juego, la Barrick Gold, la banca acreedora, los Lear y los Milani, cada día corresponde menos a las tendencias más avanzadas de los trabajadores y en particular de su juventud.

Una ley a la medida del cuento chino

La Cámara de Diputados de la Nación acaba de convertir en ley el proyecto que protege los activos de los bancos centrales extranjeros. La ley que se nos pone a votación proviene de un gobierno desesperado por la caída de las reservas del BCRA que no permiten afrontar el fallo colonial de la justicia norteamericana, como consecuencia de su propia política de pago serial de la deuda externa. De ninguna manera estamos ante una adversidad aislada provocada por el fallo de un remoto juez norteamericano. En todo caso, que un remoto juez ponga en la picota a 40 millones de argentinos es demostrativo de que estamos ante una nueva crisis de deuda. Del conjunto de la deuda pública.

Luego de pagar 190 mil millones de dólares en una verdadera década ganada para el capital financiero y los grupos económicos tenedores de bonos, debemos unos 250 mil millones y vienen por 15 mil millones más que si son pagados con deuda dispararán más intereses usurarios, como todos los que han compuesto este negociado fabuloso que llevó al país a cuatro crisis en los últimos 40 años, 1982, 1989, 2001 y ahora. Cuando un país sólo puede pagar deuda con más deuda, vieja deuda con nueva deuda, estamos, antes de ningún default técnico, en una virtual cesación de pagos, que agrava inusitadamente nuestra dependencia del capital financiero internacional.

Surge la gran preocupación por la intangibilidad de los depósitos del Banco Central cuando todos los días se rematan sus reservas para indemnizar a los vaciadores de Repsol, para pagarle multiplicada por dos la ilegítima deuda con el Club de París, para convalidar los juicios millonarios de las privatizadas que litigaron contra el peso exigiendo tarifas en dólares en los tribunales internacionales. Se nos convoca como cuestión de Estado, cuando el total del problema de la deuda no pasa por el Congreso y cuando se violan inusitadamente las resoluciones parlamentarias como la ley cerrojo abierta dos veces y candidata a una nueva violación cuando se negocie definitivamente con los buitres, algo que no podrá ser nada más que condiciones superiores a la ley de este Congreso. Estamos ante una política que ha llevado a que tengamos que pedir permiso a un remoto juez norteamericano incluso para pagar bonos con jurisdicción argentina.

La ley es un traje a medida del acuerdo con China. Señalemos en primer lugar que China ha subordinado los acuerdos a que Argentina no entre en default, pero sus organismos han calificado a la deuda argentina en “default” igual que las calificadoras buitres.

En la reunión de los BRICS quedó claro que ninguno de ellos se propone desafiar el parasitismo y especulación que dominan el movimiento del capital financiero internacional. China menos que nadie, cuando tiene el 80% de sus descomunales reservas en bonos del Tesoro Norteamericano. En segundo lugar, todos los acuerdos con China, incluidos los acuerdos monetarios entre bancos centrales, conducen a una dependencia de su industria, a un agravamiento del saldo comercial negativo que ya tenemos y a una mayor primarización. Sus acuerdos garantizan en las represas de Santa Cruz equipos chinos, lo mismo que con la modernización del Belgrano. Ya con los importados vagones del Sarmiento tenemos una víctima, Emfer, porque su mantenimiento se hace con personal chino en otros talleres, dejando en la calle a 500 familias metalúrgicas argentinas.

Por otro lado los yuanes no son convertibles a dólares para uso financiero, eso requeriría una triangulación con intervención de la Reserva Federal absolutamente inviable, porque se trata del lobo que come nuestras gallinas. Sólo es un crédito o seguro para la compra en China que tendrá una tasa de no menos del 7% según ha trascendido.

China tiene un superávit comercial con Argentina de 4.800 millones de dólares y con estos acuerdos tenderá a agravarse. China está asociada a las grandes compañías norteamericanas y europeas, que monopolizan el comercio exterior de Argentina, incluso en el petróleo y la minería. China es una plataforma de exportación de las trasnacionales y el intercambio chino-argentino es parte de una división del trabajo de las multinacionales que tenemos que terminar para industrializar el país.

Por una ley de prohibición de despidos y suspensiones

Explotando la crisis política, logramos cien votos a favor de una preferencia en el tratamiento futuro para nuestro proyecto de Prohibición de Despidos y Suspensiones. Diputados tuvo la primera sesión ordinaria del año. Antes de ello, sólo tres “especiales” para tratar Repsol y las rebajas de impuestos al biodiesel y a los aportes patronales.

A pesar del lógico ruido en la prensa por el reclamo opositor por el juicio político a Boudou, la sesión formó parte de un indisimulado acuerdo de “unidad nacional”. Un pacto con la “opo” para mostrar un Congreso armónico, que no sólo obvió que con los buitres se negocia a sus espaldas, sino que aprobó al final un texto que “reivindica la importancia del adecuado cumplimiento de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010” con los únicos tres votos en contra del Frente de Izquierda (la Unidad Popular de Lozano y De Gennaro se retiró del recinto a esa altura).

La ley elegida para el debate de caballeros en sesión ordinaria fue otra rebaja de impuestos a favor del empresariado gráfico mediante una reducción del IVA en diarios, revistas y publicaciones.

Lo que no pudo evitar el Gobierno fue la media hora reglamentaria de “preferencias”, donde se metió de lleno el pedido de reunión de la Comisión de Juicio Político para iniciar el trámite contra Boudou, un costo asumido que a la postre sería abortado mediante la mayoría K en la reunión del día siguiente.

El Frente de Izquierda votó a favor, por supuesto, reclamando que Boudou se vaya para dejar de usar el poder del Estado en su propio encubrimiento. Pero no suscribimos texto alguno con una oposición que formó parte de la corrupción de todos los regímenes anteriores al kirchnerismo y una parte de la cual votó la estatización encubridora de Ciccone. Esa preferencia obtuvo 98 votos. Pero de inmediato colocamos nuestra propia preferencia, luego de horas de batalla política en labor parlamentaria: la ley de prohibición de despidos y suspensiones que plantea el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la apertura de libros de toda empresa que cierre, suspenda o despida.

En la defensa política de la iniciativa marcamos los conflictos de Lear y Donnelley, los cierres de frigoríficos con 14 mil puestos de trabajo perdidos y los más de 100 mil despidos en la construcción. Denunciamos la agenda económica oficial que negocia con los buitres a espaldas del Congreso y del pueblo, cuyo pago llevará a nuevas devaluaciones, tarifazos, impuestazos y más ajuste. Colocamos los despidos como una consecuencia de esta política, propusimos que el Congreso trate la deuda, la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y una ley de inmediato para frenar la ola de cesantías.

El kirchnerismo boicoteó cuatro sesiones especiales motorizadas por la oposición en torno a Ganancias sobre los salarios, las dos últimas de ellas con temario ampliado por nosotros a despidos y suspensiones. Aprovechando la crisis política, esta vez los obligamos a votar la preferencia para nuestro proyecto cuando arrecia una crisis industrial que lleva 10 meses de caída de la actividad y se agravan los despidos y suspensiones: contra los 100 votos a favor de nuestra preferencia, hubo 126 vergonzosos votos para que se siga descargando la crisis capitalista sobre las espaldas obreras.

Los obreros de Lear, de Weatherford, de Patty, de Racid, las automotrices o de Donnelley, de Emfer o Valeo tuvieron voz en el Congreso. Dimos una nueva batalla parlamentaria contra la unidad nacional a favor del pago de la deuda externa y por la agenda de la clase obrera: que la crisis la paguen los capitalistas.

Macartismo sindical

Tras la solicitada de la burocracia del Smata contra la lucha de sus trabajadores y el ataque al Partido Obrero y a la izquierda, se reunieron los secretarios generales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA). El tema no fue la crisis industrial y la ola de despidos y suspensiones, sino “la infiltración de la izquierda en los sindicatos”, en todo caso en oportunidad de esa crisis.

Dijeron presente Antonio Caló, Ricardo Pignanelli, los textiles y -dato importante- Alberto Roberti de la Federación Petrolera y diputado de Sergio Massa. Es decir que estamos hablando de distintas alas de la burocracia sindical peronista. Roberti fue el vocero de la reunión, indicando que “rechazarán la situación de violencia que quieren hacer vivir en los puestos de trabajo y la extorsión de la izquierda cuando toma una fábrica”.

En el Smata, los fraudes permanentes en las elecciones de delegados se complementan con el accionar de patotas que garantizan esos fraudes al impedir la fiscalización. En VW Pacheco agreden a todo grupo opositor con anuencia de la patronal.

En la Uocra (burdo firmante “contra los violentos”), el método de regimentación sindical ha pasado a ser centralmente el accionar de bandas armadas, de tal suerte y con tal extensión, que dirimen sus disputas internas a balazos -además de los ataques permanentes al Sitraic y al activismo independiente.

Es claro que el crimen de Mariano Ferreyra no fue un rayo en cielo sereno. La combinación de barrabravas, gendarmería y territorios liberados tiene expresión hoy en Gestamp, donde tropas de elite ocupan el comedor y la militarización impide la reunión de más de tres obreros en el enorme predio de la fábrica. En el Inti, 900 efectivos de distintas fuerzas ocupan el parque de la planta.

La semana pasada, el local de San Justo del PO sufrió un atentado y aparecieron volantes apócrifos, en la sede central y otras, con las caras de Jorge Altamira y la mía.

Están usando el lenguaje del lopezrreguismo, las patotas de Rucci y la asociación con las fuerzas de seguridad que tuvo la Triple A. Aquellas patotas y grupos parapoliciales actuaron bajo el amparo de la autoridad de Perón ante los trabajadores, aun en su fase final. Después del desbarranque de Isabel, de Menem-Duhalde y del fracaso kirchnerista, estas patotas son las patrullas de un peronismo en abierto retroceso político e histórico.

Es claro que el kirchnerismo -ni en su etapa transversal, ni en la de la “concertación plural”, ni en la cristinista-camporista- no ha construido nada propio en el movimiento obrero, sino que se asentó en el “sindicalismo que construye” de los Pedraza y compañía.

Pignanelli dice que “la izquierda atomiza al movimiento obrero”, pero no puede disimular que es la burocracia la que está atomizada en cinco centrales, divididas a su vez por dentro. La izquierda cobra fuerza, precisamente, a partir de ser un factor de acción común del movimiento obrero, mediante la homogeneización de la asamblea y de la lucha por las reivindicaciones abandonadas por la burocracia.

Nuestra estrategia es reforzar la organización clasista y la unión política, que la propia burocracia reconoce entre el nuevo activismo sindical y la izquierda obrera y socialista, porque indudablemente su desarrollo está asociado a la necesidad de la independencia política del movimiento obrero, de la patronal y de sus partidos.

¿Por qué solo retocar el mínimo no imponible?

Las paritarias han devuelto a la agenda del movimiento obrero la cuestión del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El miércoles 7 de mayo participamos de la sesión especial que reunió a casi cien diputados de la oposición. Allí defendimos nuestro proyecto que no es de retoque del mínimo no imponible sino de abolición del impuesto al salario. Denunciamos al kirchnerismo que se apuró a convocar sesión para rebajar aportes patronales (21/5), pero boicoteó esta sesión por una reivindicación crucial del movimiento obrero.

Sin duda, la primera lucha política es que el tema se debata en el Congreso. Pero el Partido Obrero plantea discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años hasta transformar la cuarta categoría en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar a los empresarios que disimulan sus ganancias y las de sus ejecutivos bajo la forma de salarios directivos.

Los decretos del gobierno violan la legislación puesto que, como cuestión impositiva, el ámbito de resolución es el Congreso. Pero, más todavía, violan el reclamo recurrente del movimiento obrero, porque esta reivindicación está al tope de los paros y movilizaciones de los últimos años.

El salario en la Argentina paga hasta el 53% en impuestos. Es decir que el primer día libre de impuestos es cercano al 1º de julio, depende los rangos salariales. Los “nacionales y populares” han logrado la mayor carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores en función de mantener las rebajas de aportes patronales menemista, de no gravar la renta financiera, de sostener un edificio donde los impuestos se trasladan a los precios y con ellos al consumidor asalariado, en mantener el IVA de Cavallo, o ridículos inmobiliarios a la propiedad terrateniente, entre otras perlas.

Pero además, la cuarta categoría, como los impuestos a los combustibles, son de los de más perfecto cobro. Se hace mediante el sistema despótico de descuento patronal sobre los recibos de sueldo, mientras el empresario tributa por declaración de ganancias y balances bajo su estricto control.

El argumento oficial es que ocurre lo mismo en los EEUU o las metrópolis europeas. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque hoy por hoy todos los estados imperialistas descargan brutalmente la crisis capitalista mundial sobre las espaldas de sus trabajadores.
Tampoco tiene nada de progresista la finalidad de estos impuestos. Son para indemnizar a Repsol, para sostener el edificio de la deuda usuraria, para pagar los subsidios a las privatizadas que vaciaron nuestros servicios públicos (otorgando un subsidio indirecto a la patronal industrial beneficiada por salarios bajo la línea de pobreza) o para mantener las múltiples excenciones y subsidios a los capitalistas mediante el presupuesto público.

La enorme confiscación sobre los salarios más elevados, arrancados con la lucha de la clase obrera, ha sido tan grande que se ha popularizado la cuestión de que el salario no es ganancia. Sin embargo, los más de veinte proyectos legislativos de la oposición tradicional sobre el tema sostienen la cuarta categoría y apuntan restringidamente a elevar el mínimo no imponible. Aún cuando plantean mecanismos automáticos de actualización y en casos también una alteración de la nefasta tablita de Machinea que el gobierno no actualiza y conduce rápidamente a las alícuotas más altas, todos, sostienen la cuarta categoría.

El Partido Obrero plantea la cuestión de fondo. Si el salario no es ganancia, debe ser abolido el gravamen sobre todo salario de convenio colectivo, carrera estatal o judicial y sobre las jubilaciones. Nuestro proyecto de ley mantiene el impuesto a las ganancias sólo sobre ingresos gerenciales y directivos por sobre un importe equivalente a tres canastas familiares calculadas por organizaciones obreras, hoy, digamos 30 mil pesos y, calcula el mismo piso para los monotributistas.

Nuestro proyecto rescata la reivindicación obrera y es el puntapié de una lucha contra todo el sistema regresivo que la clase capitalista vino imponiendo con sus gobiernos desde hace 30 años de manera creciente.

Tiene además un recorrido valiosísimo. Ha sido votado en numerosas asambleas obreras. La más importante, el plenario clasista convocado por el Sindicato Unico del Neumatico de San Fernando, que movilizó miles de trabajadores al Ministerio de Trabajo en el mes de setiembre pasado con la consigna “abolición del impuesto al salario”. Fue presentado en marzo por nuestro bloque, pero además se difundió en la campaña electoral con su letra expresa, a través de decenas de miles de folletos en puerta de fábrica. Es el mandato de un millón trescientos mil trabajadores que votaron al Frente de Izquierda. Lucharemos por él en la batalla parlamentaria de estos días y tiene que formar parte de la continuidad del plan de lucha que abandonó la burocracia sindical.

Cartón lleno con la falsa ley de blanqueo

Con toda justicia se puede acusar al kirchnerismo de menemismo al dar media sanción a una ley de rebaja de aportes patronales con la excusa del blanqueo de trabajadores. Lo que no se puede obviar es que la norma se aprobó con el voto unánime de los 57 senadores presentes, es decir, macrismo, radicales y centroizquierda además de “nacionales y populares”.

Claro, fue cautivante para todas las fuerzas políticas patronales. Dos años de exención de cargas previsionales a las pequeñas empresas, 50% a las medianas y 25% a toda empresa capitalista (aunque sea la GM) que tome trabajadores, de lo que se supone blanquearían los trabajadores en negro.

Como denunciamos antes que nadie, la ley afecta los fondos de la Anses y, por lo tanto, la movilidad jubilatoria, la cual se calcula por un índice combinado que incluye recaudación. Es decir que es un subsidio de los trabajadores y sus jubilaciones a las patronales culpables del trabajo en negro. Frente a esto, el massismo propone “encapsular” la movilidad. En criollo, hacer la rebaja pero mantener la movilidad, desfinanciando a la Anses. De esto Massa sabe, no caben dudas.

Pero la ley no tiene ni pies ni cabeza porque, si una empresa no necesita trabajadores, no los toma aunque los aportes sean más bajos. De esto aprendimos con sangre desde 1996, año de la rebaja de aportes patronales: cuando llegó la crisis rusa y asiática en 1998 se produjo el mayor índice de desocupación, 18%; con las rebajas patronales en plena vigencia. Una ley de este tipo no promueve el empleo ni detiene los despidos y suspensiones, exactamente lo que está ocurriendo ahora.

En cuanto al blanqueo mismo hay una enorme mentira. La empresa que paga en negro, tiene fondos de origen negro, basados en un circuito en negro, donde se evaden las cargas sociales y el conjunto de los impuestos. Nadie se va a autodelatar porque blanquear un trabajador sea barato.

La norma cavalliana incluye una especie de veraz de los infractores que surgiría de un registro llevado por los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo -400-, responsables de terminar con el 34% de trabajadores en negro del país, unos 5 millones. Absurdo, incluso si no tomamos en cuenta que gran parte de los inspectores mismos son precarios, porque sabido es que ni el Estado nacional ni las provincias (y menos que menos el macrismo) se privan de explotar compañeros como monotributistas.

Nuestra intervención en el Parlamento, en éste como en tantos temas, pondrá blanco sobre negro los intereses sociales y de clase que cada uno representa. El Partido Obrero plantea disponer garantías de estabilidad laboral a todo trabajador que notifique su condición de trabajador en negro para evitar el despido y así movilizar la propia fuerza social de la clase obrera para terminar con la superexplotación de la informalidad en la cual se pagan los peores salarios y no rigen ni leyes ni convenios.

Toda la clase capitalista lucra con la informalidad, por sí misma, por vía de la tercerización o por la vía del abaratamiento de insumos. Sólo los trabajadores acabaremos con este flagelo. En diputados la izquierda revolucionaria se hará ver otra vez en este tema como alternativa política de los explotados.

El sindicalismo peronista ya no puede movilizar

El 1º de mayo, fecha internacional de lucha de la clase obrera, queda una vez más en manos de la izquierda, que se hará presente la Plaza de Mayo y la mayoría de las plazas del país. El elemento convocante será el ascendente Frente de Izquierda y los Trabajadores, que cerrará el acto central a través de sus referentes y de Jorge Altamira, su principal figura. A la par hablarán una docena de oradores del sindicalismo combativo, clasista que desafía a la vieja burocracia sindical en los sindicatos de las cinco centrales.

El dato no es menor. Porque el sindicalismo peronista -tampoco el de centroizquierda-, no puede ser convocante sin la ayuda del retiro pactado de las empresas, o sin el componente de un abandono de tareas de los lugares de trabajo. El sindicalismo peronista no puede movilizar a sus aparatos en el día de los trabajadores. La militancia obrera está en manos de los socialistas, aunque la mayoría de los aparatos sindicales son dominados por la vieja burocracia.

El otro aspecto es que después del formidable paro del 10 de abril, los convocantes centrales se repliegan a distintas operaciones distraccionistas, incluso, divididos. Un acto el 8 de mayo de la CTA Micheli y otro el 14 de Moyano y Barrionuevo. Estos últimos, referenciados en la oposición de derecha, mutan las banderas del 10 de abril a la “seguridad”, un discurso que incluye la represión a las manifestaciones “no legítimas” y por lo tanto tributa hacia un Estado policial para garantizar el ajuste contra el cual lucha el movimiento obrero.

La contradicción está en el núcleo de la situación política que se expresará este 1º de mayo. Un gobierno en retirada que apela a una desesperada operación de salvataje del capital financiero vía la escandalosa indemnización a Repsol como eslabón de una cadena de endeudamiento. El golpe de timón del Banco Central con tasas siderales que agravan la parálisis económica. El kirchnerismo ha tomado las banderas de derecha de la oposición. En este escenario se produce la disgregación del peronismo y la derechización de la centroizquierda absorbida en el FA-Unen.

En tanto, se combinan las luchas salariales –la docencia de Salta en huelga general autoconvocada post-paritarias hace casi un mes- con una ola de despidos y suspensiones mecánicas que rápidamente serán metalmecánicas, otro tanto en la construcción donde la obra pública está paralizada y la privada caidísima. Marzo ha sido el octavo mes de caída de la producción industrial. Nuestra iniciativa política en el movimiento obrero este 1° de mayo es por la continuidad de un plan de lucha mediante un paro activo de 36 horas, es decir avanzar en una acción histórica de los trabajadores para quebrar el ajuste en marcha.

Llegamos con una acumulación política del Frente de Izquierda luego de una década de refutación política del kirchnerismo. El ascenso del FIT a un millón trescientos mil votos en octubre pasado y luego la victoria del Partido Obrero en Salta y más recientemente otra importante elección en Mendoza, hablan de una tendencia política profunda hacia la construcción de una nueva referencia política entre los trabajadores ante la crisis del peronismo la mencionada disolución de la centroizquierda.

Por lo tanto el significado de esta gran Plaza de Mayo masiva convocada por el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo expresa el comienzo de la concreción de un objetivo estratégico, de fondo, que es el objetivo mundial de los socialistas, la fusión del movimiento obrero y la izquierda. En esa dirección estamos y la Plaza será un escenario en el que Partido Obrero planteará a toda la militancia y ante el conjunto de los trabajadores esta perspectiva, inscripta en el programa estratégico del Frente de Izquierda y los Trabajadores que es el gobierno de los trabajadores. En un nuevo aniversario de los mártires de Chicago, en el Día Mundial de los Trabajadores, diremos con más respaldo que nunca: por la unidad mundial de los trabajadores y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

Una mal llamada ley de blanqueo

El proyecto kirchnerista no es de blanqueo de trabajadores. Con el remanido y fracasado criterio menemista de bajar costos laborales para “crear empleo”, se pretende meter el perro de una ley de blanqueo.

El proyecto de ley establece un menú de rebajas de aportes patronales a la seguridad social de tipo decreciente, desde las Pymes (total durante dos años) hasta las grandes empresas, en este último caso de un 25%. Lo que no podemos negar es que hay un lineamiento, porque antes se eximió de los cortes de subsidios al gas y al agua a las empresas. Es decir que se ha iniciado un ciclo de reforzamiento de los subsidios y extensiones del Estado a las patronales, a expensas de los trabajadores.

En el caso de la mal llamada ley de blanqueo es claramente a expensas de los trabajadores porque la ley afecta los aportes, por ejemplo jubilatorios. Y si bien al trabajador se le reconocerían los años de aportes, la rebaja desfinancia el sistema en su conjunto y por lo tanto afecta la movilidad jubilatoria. Es un golpe a la jubilación, que no es otra cosa que un salario diferido, en beneficio de los capitalistas. Refuerza las rebajas patronales de los 90 que han desfinanciado al Ansés en miles y miles de millones de pesos desde hace 20 años.

Luego, el largo articulado de creación del “Repsal”, un registro de los empleadores en negro, es más de lo mismo, porque depende de las inspecciones que hasta ahora permitieron que el trabajo en negro llegue al escalofriante 35%. Claro, en muchos casos los propios inspectores están precarizados, como contratados o monotributistas.

El Estado nacional –y todos los demás, provinciales y municipales- no ha empezado por casa. Los monotributistas en los que compiten el cristinismo, Macri y otros gobernadores, son un abierto fraude laboral practicado por el estado encargado de “combatir” el trabajo en negro.

Desaparecido Laclau, el “relato” sigue vivo. Los “nacionales y populares” no visten el proyecto de rebajas patronales de “antidesocupación”, porque su relato indica que no hay casi desocupados, algo completamente falso si miramos los falsos empleos Argentina Trabaja y demás planes sociales y la descomunal magnitud de la AUH. Prefieren vestirlo de ley de blanqueo o combate al trabajo en negro que ellos mismos propiciaron y permitieron.

El combate al trabajo en negro no pasa, claro está, por falsas inspecciones de un Estado negrero –y coimero-, y mucho menos por rebajas de aportes patronales a la seguridad social. El pago de trabajadores en negro requiere de finanzas en negro y la rebaja de aportes podrá favorecer a los empresarios que toman algún trabajador –estamos en tiempo de despidos y suspensiones-, pero el que tiene un circuito económico en negro no lo cambia por una rebaja de aportes porque sufre el impacto del blanqueo de toda la porción de la actividad económica que corresponde al trabajador empleado. La ley es inútil, además, antes de empezar a aplicarse, en los salarios que se pagan parte en negro y parte en blanco, porque se trata de “viejos” trabajadores que no califican para la rebaja de aportes.

En resumen, es una estafa política. El blanqueo de los trabajadores requiere intervenir en función de una movilización social de los trabajadores mismos para denunciar su situación y garantizar su registración. Esto requiere brindar estabilidad laboral, por ejemplo por cinco años, a todo trabajador que por carta documento reclame su registración y/o su blanqueo salarial parcial. Otra medida clave para combatir el trabajo en negro es la elección de delegados, convocada haya o no haya afiliados a un sindicato determinado en todos los lugares de trabajo, para reforzar la cohesión de los trabajadores que tienen que encarar su lucha legal por el blanqueo. Por supuesto, otra contribución a la lucha por el blanqueo es terminar con el curro de la tercerización, a menudo en negro, mediante la vigencia irrestricta del convenio principal de la empresa o actividad de que se trate. Este es el camino del clasismo y la izquierda para terminar con el trabajo en negro, fuente de la más extrema flexibilidad laboral y miseria salarial.

Por la abolición del impuesto al salario

Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible. El proyecto presentado por el Partido Obrero plantea, en cambio, la exclusión total del salario del impuesto a las ganancias.

La devaluación, la inflación, los tarifazos y las paritarias han devuelto al primer plano la cuestión del impuesto al salario: un millón y medio de trabajadores serán afectados por este impuesto. En la docencia, el porcentaje de afectados pasa del 7 al 15%, al 25% en los metalúrgicos y la construcción, y en el caso de los químicos, aeronáuticos o petroleros, a la totalidad de los trabajadores.

El proyecto de Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible en un 30%, no alcanza para proteger al conjunto de los asalariados; además, supone que las paritarias resulten en un aumento salarial acotado, en consonancia con el techo que quiere imponer el gobierno. Massa tampoco modifica las llamadas “alícuotas”, que determinan un aumento adicional del impuesto a medida que sube la escala del salario. El impuesto al salario grava a los trabajadores que reciben un aumento que supera el “mínimo no imponible” y luego a quienes pasan de una categoría a otra en la escala salarial. Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible de la llamada cuarta categoría, ninguno plantea abolir lisa y llanamente el impuesto al salario. Incluso dentro de estos límites, proponen compensar una reducción del impuesto al salario con otros impuestos, en general al consumo, de modo que los trabajadores seguirían pagando la factura. 

Los proyectos “más osados” proponen un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible, ligado a las paritarias y al aumento de la recaudación impositiva -habría que ver a partir de qué base. En este caso, los trabajadores seguirían pagando el impuesto cuando obtengan aumentos por encima de la inflación -o sea, cuando obtengan mejoras reales, no ficticias.

El Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (López, Pitrola, el PTS ha formado uno propio) ha presentado el proyecto que difundimos en la campaña electoral, que elimina el impuesto al salario, que incluye a las jubilaciones y los monotributos (tercerización).

Por otro lado, en nuestro proyecto se sustituye la retención de impuestos que hace la patronal por un régimen de declaración jurada, lo cual evita que se queden con la recaudación. El gobierno no quiere soltar el impuesto al salario porque, por esta vía se retiene parte del aumento que fijan las paritarias, por un lado, y usa ese dinero para financiar los subsidios que siguen en pie a las empresas y para pagar la deuda pública (en pesos), por el otro.

El proyecto de nuestro bloque es un instrumento para luchar contra la confiscación directa del salario y contra la distorsión ideológica que presenta al salario como un “ingreso” -lo mismo que los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los ejecutivos.

Nuestro proyecto ya ha sido recogido por una parte del movimiento obrero. Decenas de delegados y activistas aeronáuticos manifestaron su apoyo al proyecto en una reciente reunión en el Congreso. Allí se lanzó un petitorio para todos los gremios de la actividad y para que, en el interín, la patronal absorba el impuesto, como ocurre en Banco Provincia, Tiempo Argentino y otras empresas.

Desarrollemos esta campaña en todos los sindicatos.