La crisis de las paritarias

Las contradicciones que llevaron al gran paro nacional del 31 de marzo empiezan a trasladarse a las paritarias. Varios gremios reclaman más del 40% de aumento, alimentación, aceiteros, fraternales, subte. Al mismo tiempo la UIA salió a reclamar un tope del 20% y a cuestionar las paritarias mismas. El gobierno fijó su pauta en el 27% otorgado en la paritaria nacional docente. A través de Carlos Tomada, salió a aclarar que todo acuerdo “deberá ser homologado”, recordando que en el país no rigen las paritarias libres, sino aquellas que entren en las pautas que el gobierno acuerda con la burocracia sindical adicta. De esto ya supieron los obreros rurales cuando les fue anulado un aumento hace un par de años. El gobierno presiona a firmar en sus guarismos bajo el chantaje de no mover el impuesto a las ganancias si los gremios no firman de acuerdo a esas pautas. Continuar leyendo

La reprivatización ferroviaria del kirchnerismo

Aunque el relato anuncia la “reestatización” del FFCC, el Proyecto de Ley enviado por el ministro Randazzo al Congreso sólo habla de una “política de reactivación” ferroviaria. Pasa la esponja a 20 años de vaciamiento y miente sobre el futuro. La sorprendente prueba de esto la ofreció el diputado Federico Sturzenegger, quien adelantó en el plenario de comisiones de Diputados el apoyo del macrismo.

El artículo 2° consagra “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios”. Plantea “renegociar los contratos de concesión” en el transporte de cargas: Nuevo Central Argentino (Aceitera Deheza), Ferroexpreso Pampeano (Techint) y Ferrosur Roca (Cementera Camargo Correa). Son sectores rentables. La ley sólo relativiza el control de los actuales concesionarios al plantear que estos ramales deben ser abiertos a todos los “usuarios” que se anoten en un Registro especial, algo reclamado por otros grupos exportadores de granos y minerales.

También plantea la “renegociación” de los contratos de concesión en sectores del transporte de pasajeros como el FFCC Urquiza (grupo Roggio) y Belgrano Norte (Emepa). En su artículo sexto consagra la mantención de la Sociedad Belgrano Cargas y Logística SA. En el Belgrano Cargas, que abarca 13 provincias y todo el corredor de la soja, está la crema del negocio. Hoy de la reconstrucción por parte de los chinos, y mañana de la administración. Su modernización, encarada en los acuerdos leoninos con China, es una exigencia del Banco Mundial y de las grandes compañías exportadoras para abaratar el costo de la logística argentina. Se trata de una inversión del Estado de 6.000 millones de dólares “para entregar a las economías regionales” según el presidente Marcelo Bosch, hombre de confianza del capital financiero y agroexportador.

El proyecto permite (art. 15) “la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria (por) terceros o asociada a terceros”. Mantiene en pie la tercerización-superexplotación de los trabajadores. El capital chino al hacerse cargo del mantenimiento será una gran tercerizada. La lucha contra esto costó la vida de Mariano Ferreyra (y centenares de despidos y persecuciones) por la patota de Pedraza. El proyecto del Gobierno incorpora al directorio a dos burócratas sindicales, es decir, continúa el pacto de la trilogía que condujo al crimen de Mariano.

Tampoco  plantea ningún tipo de auditoria, ni inventario de los bienes que el Estado pasa a “administrar” en forma directa. Es un operativo de encubrimiento: habría que rendir cuentas de 100 mil millones de pesos en subsidios otorgados en la “década” a concesionarias. Estas han desviado los subsidios a su patrimonio y nuevos negocios, en lugar de invertirlos en mantenimiento.

Las movilizaciones contra el crimen de Mariano y por la masacre de Once obligaron a medidas que llegaron mal y tarde. El Gobierno primero cerró contratos con los chinos para importar vagones y repuestos y luego envió el proyecto que crea ferrocarriles argentinos. Un superendeudamiento que golpea cualquier industrialización nacional. Ya no es el vaciamiento indiscriminado. Hay una reconstrucción selectiva, parcial, otra vez privatista, desindustrializadora y basada en endeudamiento, sobre las ruinas del viejo ferrocarril.

Ley Milani de Inteligencia

El Senado dio media sanción a la ley de creación de la AFI, la nueva “razón social” de la vieja SIDE, hasta hoy SI. La cuestión está en el centro de la crisis política de Estado que rodea la muerte violenta de Nisman. El Gobierno, con la nueva ley de inteligencia se coloca, como víctima de una situación “heredada”. A esos fines aporta la fina teoría del “cripto-Estado”, con la que cierto progresismo coloca, en última instancia, al kirchnerismo como víctima del Estado dentro del Estado, aunque se marquen responsabilidades por omisión.

Quien ha llevado más lejos esta tesis, en las filas de la oposición, es la senadora Gabriela Michetti, al afirmar que “los servicios han sido 30 años autónomos del poder político”. Es un concepto para pasar la esponja al conjunto de los partidos que gobernaron, reforzaron y conspiraron con estos servicios que hoy se descomponen ante los ojos de la población. Los mismos partidos -o restos de ellos- que operan desde la oposición, para cerrar la crisis en sus términos, llevando agua al molino de una salida a la medida de sus intereses.

La nueva ley no toca a Milani y sus reforzados servicios con sus incrementadas cajas: 2400 millones en el presupuesto 2015. Afecta únicamente a la SI, su presupuesto pasa integralmente a la nueva AFI. La SI, por otra parte, es sólo uno de los 15 servicios de las distintas fuerzas de seguridad. En realidad, bien mirada, es una reforma a la medida de Milani, inevitable ganador de la reorganización anti-Stiuso, el hombre fuerte de los últimos 40 años. Podríamos llamarla “la ley Milani”.

La nueva ley no podía escapar al molde y ya generó (des)inteligencias al interior del kirchnerismo. Verbitsky y Carta Abierta denuncian la perpetuación de las cajas negras, los 25 años de secreto de archivos, la realización de inteligencia propia, la continuidad de la promiscuidad con la Justicia, y que la apertura de cualquier información pase por el Poder Ejecutivo. Aunque sugestivamente no denuncian el pasaje del total del personal de la SI a la AFI, dicen que el proyecto será “una frustración de la democracia”.

Esta “progresía” de frustración garantizada celebró que la nueva ley aumenta las penas de las cosas que ya estaban prohibidas, como la inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones populares. En cuanto al aumento de las penas de quienes se aparten de las órdenes de sus directores, no aporta mucho porque son esos directores los que han ordenado las operaciones antipopulares de la Side. Tan inútil es el tratamiento de una nueva ley de inteligencia que no se repara en que se estuvo violando de plano la actual (25520) con el Proyecto X que espió a mil organizaciones populares, con los servicios de la Gendarmería, desde Campo de Mayo, en el marco de la “seguridad democrática” de Garré, Sain y Cía.

Su tratamiento es una maniobra política de autoencubrimiento, destinada al borrón y cuenta y nueva. Para tapar la responsabilidad del Estado y del Gobierno, en torno a Stiuso, a Milani, al maridaje con los servicios de potencias extranjeras, a 20 años de impunidad de la AMIA, a 30 años de perpetuación de los servicios de la Dictadura, a todas las operaciones de inteligencia y represión contra el movimiento popular (los crímenes de Kosteki y Santillán, de Mariano, del 20 de diciembre, de la desaparición de Julio López, de la voladura de Río Tercero), también de la conexión de los servicios y el poder con el crimen organizado, de los crímenes basados en ajustes de cuentas, ligados al poder como el del “Lauchón” Pedro Viale o el de Gral. Rodríguez.

El Estado no es víctima de la inteligencia sino su vértice, y refleja los intereses sociales para los que se gobierna. Ninguno de los cambios que se proponen en la Ley de Inteligencia puede alterar la naturaleza de los servicios de espionaje, que, bajo el Estado capitalista, actúan como un aparato conspirativo contra la ciudadanía. Solamente un gobierno de los trabajadores desmantelará esta red clandestina que opera al servicio de una minoría explotadora.

Interpelar al poder

No estamos ante un caso policial. La denuncia de Nisman primero y su muerte después son episodios de una grave crisis política de Estado. La evolución de las cosas en los días posteriores sólo ha agravado esas crisis.

Nisman pierde la vida horas antes de comparecer en la Comisión Penal de la Cámara de Diputados, cuando presentaba una denuncia con información sensible que compromete a la Presiente, al menos políticamente, cualquiera sea el nivel de pruebas que todavía deben verificarse.

Y esa denuncia del fiscal asesinado o suicidado, estalló semanas después del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia, como un capítulo de una guerra de fracciones que está en el centro de la crisis política. La Presidente puso a uno de sus hombres más directos, Oscar Parrilli, para disciplinar la SI a la nueva conducción de César Milani, el general de inteligencia al mando del Ejército con causas por participación en los crímenes de la dictadura.

Un Estado dentro del Estado aparece ante los argentinos, o dicho de otro modo, estamos ante un Estado de Inteligencia. Esos servicios son fuente de provocaciones, persecuciones y represión. El kirchnerismo ha llevado al paroxismo un continuismo desde la época de la dictadura de la que provienen los Stiuso y Cía, el agente de inteligencia que trabajó estrechamente con el fiscal Nisman, colocado en ese lugar por el ex presidente.

De las cajas negras de esos servicios partieron las coimas del Senado en tiempos de la Alianza, desde allí se armó la masacre del Puente Pueyrredón en la que matan a Kosteki y Santillán, por medio del asesinado Carlos Soria, de allí provino el creador de la Metropolitana de Macri, el “Fino” Palacios, encausado, precisamente por encubrimiento en la causa de la Amia. Por lo tanto, la crisis de este Estado de Inteligencia compromete a las fuerzas políticas que nos gobernaron en los últimos 30 años.

La guerra de aparatos de inteligencia que hoy devora políticamente al Gobierno, que ha producido un nuevo crimen político y conmueve a todos los familiares de víctimas de la Amia, no proviene del carácter “autónomo” de esos servicios sino que es responsabilidad integral del Ejecutivo nacional que se vale de ellos hace 12 años.

Por la responsabilidad extendida en esta situación no es de extrañar que las fuerzas de oposición tradicional eludan toda propuesta de ir con el cuchillo al hueso. Exhortar a que “se haga justicia” no tiene ningún valor, reunir la Bicameral Secreta que no funciona sino para prolongar estos servicios de inteligencia, menos todavía. Y convocar a sesiones extraordinarias para derogar el Memorando de Irán es de carácter deportivo porque ese memorando murió, fracasado, de muerte natural: no lo convalidó el parlamento iraní, no se constituyó la comisión de la verdad, no se indagó a nadie y tampoco hubo cambios en las relaciones comerciales.

A horas de la muerte del fiscal Nisman, en la Comisión Penal de Diputados, donde él tenía que formular y profundizar su denuncia formulamos un curso político. Que la Cámara de Diputados interpele al Gobierno: a Capitanich, a Berni, a Randazzo, para dar explicaciones de la grave crisis de Estado. No en sesión secreta, sino todo lo contrario, abierta al pueblo, en vivo y en directo por intermedio de todos los medios de comunicación.

Propusimos además, la apertura integral de los archivos de los servicios de inteligencia del Estado (no confundir con la desclasificación de cuatro números intervenidos ordenada por Parrilli). En particular los referidos a la causa de la AMIA, para comenzar a desandar el camino del encubrimiento.

Nueva etapa de lucha de los trabajadores de YPF

El kirchnerismo realizó una maniobra infantil de usurpación que denunciamos en la sesión en la que se logró la media sanción de la indemnización a los ex trabajadores de YPF. Nos excluyó como autores del proyecto, tanto en el informe del plenario de comisiones como en la mecánica de tratamiento en el recinto: los informantes fueron sólo diputados del FPV, cuando nuestro proyecto fue parte vital del debate que llevó al dictamen de consenso.

El gobierno indemnizó a Repsol al liberarla de uno de sus grandes pasivos que era la deuda de la Propiedad Participada con los 30 mil trabajadores despedidos. El Partido Obrero lo denunció el día que se aprobó la indemnización a los vaciadores y se lanzó a reorganizar el movimiento de lucha mediante una Coordinadora Nacional con núcleos en cada provincia. Con ellos elaboramos un proyecto que fue vital en la conquista obtenida, aunque la ley final no sea exactamente como la propuesta.

Lo arrancado obedece a la lucha entablada y a las presiones de los Soros y los Black Rock, que quieren una YPF SA con un panorama judicial despejado para sus inversiones de bolsa en la compañía. La usurpación de autoría del kirchnerismo tuvo por objeto vender que la indemnización a los compañeros, abandonados durante toda la “década ganada”, es parte de la “recuperación de la soberanía energética”, cuando es para disimular la entrega y realizarla mejor.

En la batalla por la letra final, se apreció la importancia de nuestro proyecto. El proyecto de Feletti, jefe de la Comisión de Presupuesto y, por lo tanto, “la voz de Kicillof” en el debate, compensaba sólo a los no hubieran recibido nunca importe alguno, que son unos 7.000 afectados; otros 22.000 quedaban afuera. Se adjudicaba un complemento en ¡120 cuotas! sólo a quienes estuvieran jubilados. Entre ese proyecto y lo que se aprobó hay un abismo. Cobrarán todos los afectados 956 acciones a precio de bolsa. Y aquellos que cobraron un importe en el 2003 también lo cobrarán con un descuento, resultante de una actualización de lo recibido mediante un índice combinado propuesto por nosotros ante la negativa oficial a considerar el índice de costo de vida del Indec, que en este caso era el más favorable. En el debate previo se incluyó a los herederos de los compañeros fallecidos y se declararon inembargables los títulos a percibir. El cobro en bonos fue aceptado porque no hubo otro remedio, debido a que los propios vaciadores cobraron de esa manera en esta Argentina en bancarrota.

La indudable victoria de los trabajadores y del trabajo del PO, que incluyó movilizaciones, actos, piquetes, mesas redondas (Altamira-Rogel) y se asoció a la lucha contra la “ley Chevron” y contra la indemnización a Repsol, no puede ser distorsionada. Como parte de esa lucha política, en la intervención de la sesión de aprobación, en medio de una ovación de los ypefianos, planteamos todo un programa de cara al futuro: que los costos de la indemnización los paguen las petroleras mediante un impuesto especial, no los contribuyentes. Porque ocurrirá, como con tantas cosas, que las familias afectadas pagarán con los impuestos su propia reparación.

La movilización no debe ceder para que el Senado trate la ley sin cambios, y luego se reglamente y ejecute de manera tal que los trabajadores que han esperado 22 años para esto no reciban dinero desvalorizado por la inflación. Por otro lado, seguiremos la batalla por otras dos reivindicaciones ya plasmadas en otro proyecto de ley elaborado con la Coordinadora: la reinstalación en YPF SA de quienes lo soliciten y la reparación jubilatoria de quienes no logran jubilarse o se han jubilado mal como resultado del despido.

La economía kirchnerista tritura salarios

Se acerca fin de año y ha recrudecido la insatisfacción salarial. La magnitud de la inflación, que ya supera el 40% en un año, tritura salarios, jubilaciones y planes sociales. Los salarios de quienes tuvieron paritarias cayeron al menos un 12% en términos reales, ni qué decir de los precarizados. El impuesto a las ganancias absorbió, para muchos trabajadores, entre un aguinaldo y un aguinaldo y medio. Por ese motivo, volvieron a parar los bancarios. Si no hay un proceso huelguístico extendido, ello no sólo se debe al parate productivo, sino principalmente al trabajo de contención de la burocracia sindical.

En este cuadro, se ha instalado el debate sobre un bono de fin de año. Por un lado, la UIA admitió la posibilidad de su pago, claro está, “de acuerdo con las posibilidades de cada empresa”. El Gobierno, por su parte, afirma que no es necesario porque el salario se ha “revalorizado”. Compara el promedio de paritarias con los guarismos del “nuevo” (y tan fraudulento como siempre) Indec. El mismo gobierno que niega un bono salarial para todos los trabajadores, prepara bonos atados al dólar a favor de las cerealeras y otros especuladores, con el propósito de que éstos ofrezcan algo de los dólares que tienen acumulados.

El bono que todos quieren y nadie tiene

Por el lado de las filas sindicales, Yasky, el más oficialista de todos, pero también Caló, se subieron al carro del bono. En la misma línea está la CGT moyanista.

Es claro que este reclamo de “bono por única vez” es un operativo preventivo contra la gran cuestión que plantea la carestía: la necesidad de reabrir las paritarias para rediscutir los salarios 2014. La burguesía ha quedado escaldada por los saqueos y levantamientos policiales de fines del año pasado. Este año, la situación social es objetivamente más grave. En Buenos Aires, Scioli adelanta la discusión de las paritarias 2015 -que es lo contrario a reabrir paritarias-, mientras raspa el fondo de la olla para otorgar alguna migaja en las fiestas. Para la burocracia, el bono sería también una coartada para descomprimir las futuras paritarias y plantear aspiraciones salariales menores.

Pero, en verdad, la burocracia ni siquiera está empeñada en el propio bono, al menos como conquista de conjunto. Por ejemplo, la UOM de Caló ya aclaró que “no se negociará con las cámaras empresarias, sino empresa por empresa”. A su turno, Gerardo “Batallón 601″ Martínez deslizó que “lo negociará con los empresarios de la construcción, sin hacerlo público”. La burocracia no se aparta un milímetro del libreto de la Unión Industrial, que admite el bono, no ya como negociación por gremio, sino incluso por empresa. El propio Gobierno no rechaza esta vía, la de un bonus por empresa, “bajo cuerda”, el que no será homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta esta “preocupación” de la burocracia por el “pago de fin de año” es un fraude, porque deja a los trabajadores de cada fábrica o repartición librados a su suerte. No hay el menor atisbo de una lucha de conjunto, siquiera por el bono.

Unidad sindical

De Caló a Moyano, la coincidencia en reclamar el bono ha sido presentada como parte de las tratativas entre las burocracias oficialistas y opositoras en torno de una CGT unificada. El contenido de esta unidad es claro: por un lado, asegurar una sucesión presidencial sin los “tropiezos” de la convulsión social. Por el otro, ofrecer ese papel de contención al futuro gobierno, trátese de Scioli, Massa o Binner. Pero estas movidas de unidad revelan movimientos políticos más amplios, que involucran a los propios partidos a los que los burócratas, de una u otra manera, ligan su destino. Las condiciones convulsivas que planteará el arreglo con los buitres, acompañado de una nueva devaluación, tarifazos y ajustes, no sólo reclamarán el concurso de los burócratas: podrían obligar a recurrir en 2015 al gobierno o gabinete de coalición que Macri o Scioli insinúan para después de las elecciones.

Moyano ha sido muy claro al afirmar, en declaraciones radiales, que “acá asumirá un nuevo Gobierno, tendrá que aplicar medidas muy duras de ajuste y el movimiento obrero tiene que estar unido para acompañar”. Del otro lado, es conocida la promesa de Macri a los burócratas, de “ayudarlos a enfrentar a los troskos”. La capacidad de controlar al movimiento obrero -y, principalmente, de contrarrestar al clasismo- está presente en los debates de la burguesía y también en las movidas de Gerardo Martínez y Moyano en torno de la unificación. En lo inmediato, el gran “aporte” lo están haciendo Moyano y Barrionuevo, que han liquidado todo plan de lucha tras el paro de agosto, contribuyendo a aislar las presentes luchas. Por ejemplo, Cresta Roja, Cargill, Valeo o los gremios cordobeses que plantean la reapertura de paritarias, al igual que ATE y la flamante CTA combativa de Mendoza.

El rumbo político del movimiento obrero

La vinculación entre las reivindicaciones obreras, los sindicatos y la transición política demuestra que el movimiento obrero combativo y los luchadores no pueden escindir sus reclamos de una deliberación y una conclusión política de fondo, para que la clase obrera sea un factor activo y conciente en el desenlace de esta crisis. Esta es la cuestión que abordaremos ampliamente en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park.

El derrumbe del peronismo entre las fuerzas obreras

El jueves 7 Lear decretó un lockout por 15 días. Cierra sus puertas y suspende a todo el personal, aduciendo que no puede “garantizar las condiciones de seguridad” de sus trabajadores. La medida busca disipar una lucha de los despedidos que logró parar varias veces la planta por semana.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó la huelga acusando al Partido Obrero de haber impulsado el cierre de la fábrica, obstruyendo “el funcionamiento de la economía y la actividad de las empresas”. Un ataque destinado a ocultar la completa complicidad del gobierno con el pulpo norteamericano. En primer lugar, porque rigiendo un “cepo de importación”, Lear ha provisto fluidamente de los cables a Ford mediante importación. Ahora mismo los obreros denuncian que 17 contenedores de la empresa están en el puerto.

El ministerio de Carlos Tomada no garantizó el ingreso de los delegados impedidos de entrar a planta, a pesar de 12 fallos favorables de la justicia en ese sentido. El poder ejecutivo de Capitanich sólo garantiza, con la gendarmería de Berni y la infantería de Scioli, el “despeje” de la zona y la panamericana ordenado por la justicia penal.

El lock out apunta a profundizar un vaciamiento en el que Débora Giorgi y Capitanich miran para el costado. Es un “sobre llovido mojado” que se suma al desplome de la producción automotriz y su ola de suspensiones y despidos.

Los obreros, tras meses de lucha, han reaccionado combativamente afrontando el lock out como una nueva etapa. La empresa despilfarra recursos durante todo el conflicto para imponer una reestructuración antiobrera y ahora paga el 100% -como precisó, conocedor, Capitanich- a los obreros suspendidos para separarlos de la influencia diaria de la comisión interna y los despedidos en lucha.

Este detalle habla del nuevo campo en que se desenvolverá la lucha, donde el contacto con los trabajadores suspendidos será todo un objetivo para sumarlos a la perspectiva de lucha contra el vaciamiento y eventual cierre de su fuente de trabajo. De hecho, en muchas ocasiones el sector que ingresó a planta no superó las cien personas de un total de 450 que revistan en el único turno que hoy tiene la planta luego de la amputación completa del turno tarde.

El ataque de Capitanich muestra que se pretende intimidar con el cierre para reabrir sobre la base de una derrota. Y, llegado el caso, según sean los planes patronales, para intimidar al resto del movimiento obrero, culpando del cierre a los que luchan. Pero debe ser aclarado sistemáticamente a la opinión pública y al movimiento obrero que el vaciamiento de Lear Corporation viene, al menos, desde hace un año. Hubo, antes de las suspensiones y despidos, 180 “retiros voluntarios” a diciembre del año pasado, y los delegados denunciaron la presunción de importación de mazos de cable en ese período desde Filipinas, Honduras y otros orígenes donde la multinacional tiene algunas de sus 20 plantas en el mundo.

Capitanich dice que el justicialismo es el partido de los trabajadores y el PO el de los capitalistas. Pero sus “obreros” son los Pedraza, los Gerardo Martínez y, en este caso, Pignanelli. La burocracia sindical del Smata actuó con métodos lopezrreguistas durante todo el conflicto y ha declarado que prefiere el cierre de la fábrica antes que la continuidad de un cuerpo de delegados que no le responde y se mueve según resoluciones de asamblea de fábrica.

En estos puntos consiste, precisamente, el derrumbe progresivo del peronismo entre las filas obreras y el progreso, luchado pero evidente, del PO y el FIT. El PJ de los empresarios del juego, la Barrick Gold, la banca acreedora, los Lear y los Milani, cada día corresponde menos a las tendencias más avanzadas de los trabajadores y en particular de su juventud.

Una ley a la medida del cuento chino

La Cámara de Diputados de la Nación acaba de convertir en ley el proyecto que protege los activos de los bancos centrales extranjeros. La ley que se nos pone a votación proviene de un gobierno desesperado por la caída de las reservas del BCRA que no permiten afrontar el fallo colonial de la justicia norteamericana, como consecuencia de su propia política de pago serial de la deuda externa. De ninguna manera estamos ante una adversidad aislada provocada por el fallo de un remoto juez norteamericano. En todo caso, que un remoto juez ponga en la picota a 40 millones de argentinos es demostrativo de que estamos ante una nueva crisis de deuda. Del conjunto de la deuda pública.

Luego de pagar 190 mil millones de dólares en una verdadera década ganada para el capital financiero y los grupos económicos tenedores de bonos, debemos unos 250 mil millones y vienen por 15 mil millones más que si son pagados con deuda dispararán más intereses usurarios, como todos los que han compuesto este negociado fabuloso que llevó al país a cuatro crisis en los últimos 40 años, 1982, 1989, 2001 y ahora. Cuando un país sólo puede pagar deuda con más deuda, vieja deuda con nueva deuda, estamos, antes de ningún default técnico, en una virtual cesación de pagos, que agrava inusitadamente nuestra dependencia del capital financiero internacional.

Surge la gran preocupación por la intangibilidad de los depósitos del Banco Central cuando todos los días se rematan sus reservas para indemnizar a los vaciadores de Repsol, para pagarle multiplicada por dos la ilegítima deuda con el Club de París, para convalidar los juicios millonarios de las privatizadas que litigaron contra el peso exigiendo tarifas en dólares en los tribunales internacionales. Se nos convoca como cuestión de Estado, cuando el total del problema de la deuda no pasa por el Congreso y cuando se violan inusitadamente las resoluciones parlamentarias como la ley cerrojo abierta dos veces y candidata a una nueva violación cuando se negocie definitivamente con los buitres, algo que no podrá ser nada más que condiciones superiores a la ley de este Congreso. Estamos ante una política que ha llevado a que tengamos que pedir permiso a un remoto juez norteamericano incluso para pagar bonos con jurisdicción argentina.

La ley es un traje a medida del acuerdo con China. Señalemos en primer lugar que China ha subordinado los acuerdos a que Argentina no entre en default, pero sus organismos han calificado a la deuda argentina en “default” igual que las calificadoras buitres.

En la reunión de los BRICS quedó claro que ninguno de ellos se propone desafiar el parasitismo y especulación que dominan el movimiento del capital financiero internacional. China menos que nadie, cuando tiene el 80% de sus descomunales reservas en bonos del Tesoro Norteamericano. En segundo lugar, todos los acuerdos con China, incluidos los acuerdos monetarios entre bancos centrales, conducen a una dependencia de su industria, a un agravamiento del saldo comercial negativo que ya tenemos y a una mayor primarización. Sus acuerdos garantizan en las represas de Santa Cruz equipos chinos, lo mismo que con la modernización del Belgrano. Ya con los importados vagones del Sarmiento tenemos una víctima, Emfer, porque su mantenimiento se hace con personal chino en otros talleres, dejando en la calle a 500 familias metalúrgicas argentinas.

Por otro lado los yuanes no son convertibles a dólares para uso financiero, eso requeriría una triangulación con intervención de la Reserva Federal absolutamente inviable, porque se trata del lobo que come nuestras gallinas. Sólo es un crédito o seguro para la compra en China que tendrá una tasa de no menos del 7% según ha trascendido.

China tiene un superávit comercial con Argentina de 4.800 millones de dólares y con estos acuerdos tenderá a agravarse. China está asociada a las grandes compañías norteamericanas y europeas, que monopolizan el comercio exterior de Argentina, incluso en el petróleo y la minería. China es una plataforma de exportación de las trasnacionales y el intercambio chino-argentino es parte de una división del trabajo de las multinacionales que tenemos que terminar para industrializar el país.

Por una ley de prohibición de despidos y suspensiones

Explotando la crisis política, logramos cien votos a favor de una preferencia en el tratamiento futuro para nuestro proyecto de Prohibición de Despidos y Suspensiones. Diputados tuvo la primera sesión ordinaria del año. Antes de ello, sólo tres “especiales” para tratar Repsol y las rebajas de impuestos al biodiesel y a los aportes patronales.

A pesar del lógico ruido en la prensa por el reclamo opositor por el juicio político a Boudou, la sesión formó parte de un indisimulado acuerdo de “unidad nacional”. Un pacto con la “opo” para mostrar un Congreso armónico, que no sólo obvió que con los buitres se negocia a sus espaldas, sino que aprobó al final un texto que “reivindica la importancia del adecuado cumplimiento de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010” con los únicos tres votos en contra del Frente de Izquierda (la Unidad Popular de Lozano y De Gennaro se retiró del recinto a esa altura).

La ley elegida para el debate de caballeros en sesión ordinaria fue otra rebaja de impuestos a favor del empresariado gráfico mediante una reducción del IVA en diarios, revistas y publicaciones.

Lo que no pudo evitar el Gobierno fue la media hora reglamentaria de “preferencias”, donde se metió de lleno el pedido de reunión de la Comisión de Juicio Político para iniciar el trámite contra Boudou, un costo asumido que a la postre sería abortado mediante la mayoría K en la reunión del día siguiente.

El Frente de Izquierda votó a favor, por supuesto, reclamando que Boudou se vaya para dejar de usar el poder del Estado en su propio encubrimiento. Pero no suscribimos texto alguno con una oposición que formó parte de la corrupción de todos los regímenes anteriores al kirchnerismo y una parte de la cual votó la estatización encubridora de Ciccone. Esa preferencia obtuvo 98 votos. Pero de inmediato colocamos nuestra propia preferencia, luego de horas de batalla política en labor parlamentaria: la ley de prohibición de despidos y suspensiones que plantea el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la apertura de libros de toda empresa que cierre, suspenda o despida.

En la defensa política de la iniciativa marcamos los conflictos de Lear y Donnelley, los cierres de frigoríficos con 14 mil puestos de trabajo perdidos y los más de 100 mil despidos en la construcción. Denunciamos la agenda económica oficial que negocia con los buitres a espaldas del Congreso y del pueblo, cuyo pago llevará a nuevas devaluaciones, tarifazos, impuestazos y más ajuste. Colocamos los despidos como una consecuencia de esta política, propusimos que el Congreso trate la deuda, la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y una ley de inmediato para frenar la ola de cesantías.

El kirchnerismo boicoteó cuatro sesiones especiales motorizadas por la oposición en torno a Ganancias sobre los salarios, las dos últimas de ellas con temario ampliado por nosotros a despidos y suspensiones. Aprovechando la crisis política, esta vez los obligamos a votar la preferencia para nuestro proyecto cuando arrecia una crisis industrial que lleva 10 meses de caída de la actividad y se agravan los despidos y suspensiones: contra los 100 votos a favor de nuestra preferencia, hubo 126 vergonzosos votos para que se siga descargando la crisis capitalista sobre las espaldas obreras.

Los obreros de Lear, de Weatherford, de Patty, de Racid, las automotrices o de Donnelley, de Emfer o Valeo tuvieron voz en el Congreso. Dimos una nueva batalla parlamentaria contra la unidad nacional a favor del pago de la deuda externa y por la agenda de la clase obrera: que la crisis la paguen los capitalistas.

Macartismo sindical

Tras la solicitada de la burocracia del Smata contra la lucha de sus trabajadores y el ataque al Partido Obrero y a la izquierda, se reunieron los secretarios generales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA). El tema no fue la crisis industrial y la ola de despidos y suspensiones, sino “la infiltración de la izquierda en los sindicatos”, en todo caso en oportunidad de esa crisis.

Dijeron presente Antonio Caló, Ricardo Pignanelli, los textiles y -dato importante- Alberto Roberti de la Federación Petrolera y diputado de Sergio Massa. Es decir que estamos hablando de distintas alas de la burocracia sindical peronista. Roberti fue el vocero de la reunión, indicando que “rechazarán la situación de violencia que quieren hacer vivir en los puestos de trabajo y la extorsión de la izquierda cuando toma una fábrica”.

En el Smata, los fraudes permanentes en las elecciones de delegados se complementan con el accionar de patotas que garantizan esos fraudes al impedir la fiscalización. En VW Pacheco agreden a todo grupo opositor con anuencia de la patronal.

En la Uocra (burdo firmante “contra los violentos”), el método de regimentación sindical ha pasado a ser centralmente el accionar de bandas armadas, de tal suerte y con tal extensión, que dirimen sus disputas internas a balazos -además de los ataques permanentes al Sitraic y al activismo independiente.

Es claro que el crimen de Mariano Ferreyra no fue un rayo en cielo sereno. La combinación de barrabravas, gendarmería y territorios liberados tiene expresión hoy en Gestamp, donde tropas de elite ocupan el comedor y la militarización impide la reunión de más de tres obreros en el enorme predio de la fábrica. En el Inti, 900 efectivos de distintas fuerzas ocupan el parque de la planta.

La semana pasada, el local de San Justo del PO sufrió un atentado y aparecieron volantes apócrifos, en la sede central y otras, con las caras de Jorge Altamira y la mía.

Están usando el lenguaje del lopezrreguismo, las patotas de Rucci y la asociación con las fuerzas de seguridad que tuvo la Triple A. Aquellas patotas y grupos parapoliciales actuaron bajo el amparo de la autoridad de Perón ante los trabajadores, aun en su fase final. Después del desbarranque de Isabel, de Menem-Duhalde y del fracaso kirchnerista, estas patotas son las patrullas de un peronismo en abierto retroceso político e histórico.

Es claro que el kirchnerismo -ni en su etapa transversal, ni en la de la “concertación plural”, ni en la cristinista-camporista- no ha construido nada propio en el movimiento obrero, sino que se asentó en el “sindicalismo que construye” de los Pedraza y compañía.

Pignanelli dice que “la izquierda atomiza al movimiento obrero”, pero no puede disimular que es la burocracia la que está atomizada en cinco centrales, divididas a su vez por dentro. La izquierda cobra fuerza, precisamente, a partir de ser un factor de acción común del movimiento obrero, mediante la homogeneización de la asamblea y de la lucha por las reivindicaciones abandonadas por la burocracia.

Nuestra estrategia es reforzar la organización clasista y la unión política, que la propia burocracia reconoce entre el nuevo activismo sindical y la izquierda obrera y socialista, porque indudablemente su desarrollo está asociado a la necesidad de la independencia política del movimiento obrero, de la patronal y de sus partidos.