Por la abolición del impuesto al salario

Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible. El proyecto presentado por el Partido Obrero plantea, en cambio, la exclusión total del salario del impuesto a las ganancias.

La devaluación, la inflación, los tarifazos y las paritarias han devuelto al primer plano la cuestión del impuesto al salario: un millón y medio de trabajadores serán afectados por este impuesto. En la docencia, el porcentaje de afectados pasa del 7 al 15%, al 25% en los metalúrgicos y la construcción, y en el caso de los químicos, aeronáuticos o petroleros, a la totalidad de los trabajadores.

El proyecto de Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible en un 30%, no alcanza para proteger al conjunto de los asalariados; además, supone que las paritarias resulten en un aumento salarial acotado, en consonancia con el techo que quiere imponer el gobierno. Massa tampoco modifica las llamadas “alícuotas”, que determinan un aumento adicional del impuesto a medida que sube la escala del salario. El impuesto al salario grava a los trabajadores que reciben un aumento que supera el “mínimo no imponible” y luego a quienes pasan de una categoría a otra en la escala salarial. Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible de la llamada cuarta categoría, ninguno plantea abolir lisa y llanamente el impuesto al salario. Incluso dentro de estos límites, proponen compensar una reducción del impuesto al salario con otros impuestos, en general al consumo, de modo que los trabajadores seguirían pagando la factura. 

Los proyectos “más osados” proponen un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible, ligado a las paritarias y al aumento de la recaudación impositiva -habría que ver a partir de qué base. En este caso, los trabajadores seguirían pagando el impuesto cuando obtengan aumentos por encima de la inflación -o sea, cuando obtengan mejoras reales, no ficticias.

El Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (López, Pitrola, el PTS ha formado uno propio) ha presentado el proyecto que difundimos en la campaña electoral, que elimina el impuesto al salario, que incluye a las jubilaciones y los monotributos (tercerización).

Por otro lado, en nuestro proyecto se sustituye la retención de impuestos que hace la patronal por un régimen de declaración jurada, lo cual evita que se queden con la recaudación. El gobierno no quiere soltar el impuesto al salario porque, por esta vía se retiene parte del aumento que fijan las paritarias, por un lado, y usa ese dinero para financiar los subsidios que siguen en pie a las empresas y para pagar la deuda pública (en pesos), por el otro.

El proyecto de nuestro bloque es un instrumento para luchar contra la confiscación directa del salario y contra la distorsión ideológica que presenta al salario como un “ingreso” -lo mismo que los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los ejecutivos.

Nuestro proyecto ya ha sido recogido por una parte del movimiento obrero. Decenas de delegados y activistas aeronáuticos manifestaron su apoyo al proyecto en una reciente reunión en el Congreso. Allí se lanzó un petitorio para todos los gremios de la actividad y para que, en el interín, la patronal absorba el impuesto, como ocurre en Banco Provincia, Tiempo Argentino y otras empresas.

Desarrollemos esta campaña en todos los sindicatos.

Rechacemos el rescate

Miguel Angel Pichetto anticipó el tratamiento inmediato en Senado del rescate a Repsol para conseguir la autorización de deuda del Congreso, una cifra que con capital e intereses superaría los 12 mil millones de dólares. Tras cartón irá a Diputados. Mientras se recalientan las pantallas televisivas entre el gobierno y Massa, el macrismo y los radicales, con el tema del Código Penal, el eje económico y político del país pasará por Repsol. Es que el resarcimiento a la petrolera española -en cuyo paquete accionario gravitan fondos de inversión norteamericanos- implica una hipoteca para el Estado y el comienzo de todo un ciclo de re-endeudamiento. En momentos en que millones de familias se ven afectadas por las huelgas generales de los docentes, podríamos decir que es Repsol o los docentes.

Cristina en su discurso de apertura de sesiones, trató de levantar el muerto de las contradicciones ilevantables de Kicillof acerca, por el ejemplo, del “pasivo ambiental incalculable” que dejó Repsol, haciendo uso y abuso de Vaca Muerta como joya rescatada. Se trata de un patrimonio más incalculable todavía porque la extracción del shake tiene un costo que excede el precio internacional del petróleo actual y generaría un pasivo ambiental infinitamente más incalculable. Pero YPF no es dueña del subsuelo que es nacional, sino de las concesiones para adjudicación que manejaba Repsol. Su expropiación no tiene costo alguno porque Repsol incumplió las cláusulas de desarrollo de esas concesiones inscriptas en la Ley de Hidrocarburos, puesto que no tenía el crédito, la tecnología, ni la intención de hacerlo dado que su política es la diversificación internacional de inversiones.

Todo el pago a Repsol que llegaría a u$s 6500 millones de dólares, según sea el valor de los títulos en el mercado, más los leoninos intereses, no es una indemnización sino un rescate a un vaciador. Sólo el pasivo ambiental dejado y no considerado fue calculado por el insospechable gobernador Peralta, algo díscolo con los K pero en absoluto con las petroleras, en u$s 3000 millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones de la Nación tasó en apenas algo más de u$s 1000 millones el valor de la compañía, según informó el diario La Nación del 28/2 Recordemos que Repsol dejó una deuda de u$s 9000 millones a YPF y ahora se incorpora al convenio la absorción por parte del estado argentino de todos los juicios de todo orden de terceros contra Repsol originados en YPF. Las cuentas no cierran por ninguna parte.

Repsol colocó durante su administración 13 mil millones de dólares y retiró 22 mil, según dijo Kicillof hace dos años. El ministro “chiquito pero rendidor” olvidó ahora que Repsol pagó la compra con plata de la compañía que compró, o sea de los argentinos. Olvidó que Repsol llegó a girar el 120% de sus utilidades, puesto que tomaba préstamos para sobregirar. Olvidó que el grupo Eskenazi, en la llamada “argentinización” de Néstor Kirchner, pagó su participación accionaria con utilidades de la propia compañía. Este tema debió ir al Congreso antes de ninguna firma. El Congreso deliberará bajo extorsión del directorio de Repsol que ya aprobó el acuerdo y que más adelante, con semejante masa de títulos en su poder, tendrá la potestad de voltear de un saque la cotización de los títulos argentinos de deuda.

Tras el acuerdo Chevron, este nuevo tramo del “estatuto colonial” petrolero que es la indemnización a Repsol, forma parte de un nuevo esquema económico en la Argentina que lleva al extremo su “primarización”: soja, minería, petróleo. Esto mediante todo un régimen de reendeudamiento del estado, concesiones de exportación y liberalización de giro de utilidades a las multinacionales, garantizado por precio internacional y en dólares en los surtidores. Ese es el eje del acuerdo con Chevron, del cual todavía se desconocen cláusulas confidenciales que con seguridad dan garantías por el desastre ambiental a la compañía con fuertes juicios internacionales por el tema.

El gobierno ha tomado las banderas de la “opo”, por eso el apurado apoyo de Sturzenegger. Las coartadas tipo Carrió, para disimular el apoyo denunciando la no intervención del Tribunal de Tasación se han caído, porque el Tribunal estampó su firma en el acuerdo, aunque no publicó tasación alguna. Das Neves, de Massa, adelantó que “tendremos que pagar caro” la “mala administración”, pero pagar. No estamos ante un problema de violación de normas del Estado de Derecho, estamos ante un acto de entrega nacional que es parte de un brutal ajuste contra las masas populares.

No sólo anticipamos nuestro voto negativo. La izquierda obrera y socialista tiene toma las banderas antiimperialistas. Llevamos este debate a los centros y federaciones estudiantiles, a todas las organizaciones obreras combativas, a todas las fuerzas sociales y políticas que se reclaman antimperialistas. Rechacemos el escandaloso rescate de los vaciadores de YPF.

La burocracia patea las paritarias

El traslado de la devaluación a precios y tarifas transforma a las paritarias en un terreno decisivo para la clase obrera. La deliberación crece en los lugares de trabajo. Entre la burocracia sindical nadie quiere ser el Papagno de 1975, que firmó a un tercio de la inflación por orden de Isabel y quedó escrachado. Así las cosas, hablan de “unidad”, mientras la división toma nuevos contenidos.

Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández de UTA, y Maturano de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.

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¿Paritarias o rodrigazo?

A nadie escapa que las paritarias están en el ojo de una tormenta. En un cuadro de tarifazos concretados como el del transporte de colectivos y otros por venir en los servicios, de impuestazos provinciales, de una escalada de precios y un ritmo devaluatorio que se pretende mayor a la inflación para “corregir el tipo de cambio”.

Para la clase capitalista si los salarios acompañan todo esto, nada habrá tenido sentido. Es decir, se pretende una reorganización económica donde el “ancla” antiinflacionaria sean precisamente los salarios y jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Algo que ya empezó con el “amesetamiento” de la actividad económica, como resultado de una caída del Mercosur, del cepo cambiario y de importaciones, y el deterioro del poder adquisitivo en 2013.

Por otro lado, este ajuste se hace cada día más difícil hacerlo en cuotas. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho “el rodrigazo en cuotas no funciona”. González Fraga, el ex presidente del Banco Central radical, es más preciso e indica que hay que partir de una devaluación importante para después hacer “flotar” el tipo de cambio. Remes Lenicoff, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial “lógico” en ocho pesos.

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La agenda de la clase obrera en el Parlamento

El Parlamento estuvo y está al servicio de la agenda del gobierno, marcada por las diferentes fases del rescate capitalista, incluso delegando poderes y superpoderes en el Ejecutivo. El gobierno está jaqueado por el derrumbe de su propia política y se le han complicado sus mayorías parlamentarias. Pero en las horas de los motines policiales, le arrancó un acta falsamente “democrática” a los presidentes de todos los bloques de Diputados, con excepción del Frente de Izquierda. Fue la primera acción de la nueva Cámara de Diputados: aunque todos cedieron ante el motín policial en las provincias donde gobiernan, se apresuraron a lanzar un tiro por elevación, no a las policías bravas que ellos mismos promovieron, sino al reclamo de los trabajadores por un salario que cubra la canasta familiar.

Nuestra acción parlamentaria, que en la sesión inaugural debutó cuestionando la dirección política de toda una década, estará marcada por la intervención en la crisis política, social y económica. No será el mero resultado de refutar las iniciativas de la burguesía (Código Civil, impuestazos, etcétera) como tampoco se limitará a esperar los proyectos que surjan de las demandas obreras y populares. Propondremos una agenda por una salida obrera a la crisis. La conexión del trabajo parlamentario con la lucha de clases es la viga maestra de toda la acción que nos proponemos, puesto que no existe la conquista social al margen del sujeto que la obtiene. Desde allí, combatiremos cualquier idea o acción que fragmente las conquistas legislativas del Frente de Izquierda.

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Indulto a la flexibilidad laboral y a las cajas negras de la SIDE

Pontaquarto fracasó. A pesar de brindar hasta el último detalle del monto total, del origen, de la ruta del dinero, el destino de las coimas y las cifras asignadas a cada uno de los senadores beneficiarios y muchas otras evidencias, él y todos los responsables de las “coimas del Senado” quedaron absueltos. Pruebas y fiscales que las aportaron fueron pasados por arriba, y hasta los acusadores y testigos corren peligro de ser acusados ahora de “armar una falsa y disparatada causa” -lo que establecería una advertencia poderosa a futuro para quienes estuvieran pensando en sacar los pies del plato.

La prensa ha puesto su eje en la “impunidad”, pero ni siquiera desde este estrecho punto de vista se llega hasta el final. Omiten que la redacción de la ley Banelco salió de las oficinas de Techint. Javier Tizado, personero de Paolo Rocca, nombrado secretario de Industria por el gobierno de la Alianza, fue el redactor de una reforma laboral que legalizó los preciados convenios por empresa. La Nación llegó a publicar que “los fondos de los sobornos habrían salido de una importante empresa”.

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El 19 de diciembre marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

Los amotinamientos policiales que se produjeron en prácticamente todo el país pusieron de manifiesto el estallido de la crisis inflacionaria y el derrumbe de la política económica del gobierno. De esta forma, la miseria salarial y la carestía galopante estallaron por un costado impensado. La policía -encargada de reprimir a quienes luchan por sus reclamos- puso en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con un piso de $ 8.500.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

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Ganemos la calle el 20 de diciembre

Por 8.000 pesos de salario mínimo, vital y móvil. 82% a los jubilados. Doble aguinaldo para todos

Que la policía haya puesto en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar demuestra, ante todo, la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias de los policías tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias obreras.

Pero las concesiones a la policía abren una deliberación colosal, en primer lugar, entre los estatales y docentes de todas las provincias del país. En Córdoba, la dirección delasotista de los empleados públicos se ha visto obligada a ir al paro de 48 horas por aumento y habrá marcha conjunta con docentes que medirá el estado de ánimo y de movilización entre los trabajadores. En Neuquén, un paro total de docentes y estatales, con masiva marcha, puso ya en la calle el reclamo de 10 mil pesos de básico y sigue un gran paro de salud. El 18 habrá un paro nacional médico de Fresposa, nacido en la lucha de los residentes de la provincia de Buenos Aires.

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Preparemos con todo la lucha salarial

El piso inflacionario mensual ha pasado de 2 a 3%, lo que supone una inflación anual del 40%, al calor de la devaluación acelerada y de los naftazos. Detrás del aumento del subte, Kicillof prepara un aumento general en las tarifas del transporte.

La inflación es un mecanismo de confiscación de salarios y jubilaciones. Estamos ante una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores a los capitalistas. Es muy clara la intención del gobierno: el ministro de Trabajo amenazó con no homologar bonos de fin de año que reclaman distintos sindicatos y fábricas, y Capitanich descartó de plano un bono de fin de año para los jubilados. Mientras tanto, las tenencias de la Anses de bonos en dólares están siendo liquidadas para controlar el dólar paralelo, descapitalizando a los jubilados.

Pero esto es apenas el comienzo. Del “diálogo” de Capitanich con sindicalistas y empresarios adictos, se dejó trascender un techo del 20% para las paritarias. Algunos asesores empresariales proponen una “paritaria nacional” o “acuerdo marco con bandas”, lo que equivale a suspender la discusión salarial.

Estrictamente, no hay paritarias en la Argentina. Quizá hayan sido una excepción las de la alimentación en 2010 -en el marco de la huelga general de las plantas cordobesas- o las del gremio de prensa con delegados de asambleas a comienzos de este año. Por lo demás, el gobierno fija topes no escritos y cuotas que llegan después de los aumentos. El año 2013 fue perdedor para el salario, y, en el caso de los trabajadores estatales, el retroceso viene de muy atrás. La paritaria docente, el gremio más numeroso y conducido aún por el oficialismo, se decidió por decreto en marzo de este año.

Mientras una discreta canasta familiar a noviembre no baja de 9 mil pesos, los mínimos de convenio están, en ciertos casos, en la mitad de esa cifra. El cuadro inmediato y futuro de las familias trabajadoras está absolutamente comprometido por el curso inflacionario.

¿Cómo se para el movimiento obrero frente a semejante cuadro?

La enorme fractura de la burocracia sindical no abre canal alguno de lucha. No pasan por allí las disidencias de las distintas fracciones que se alinean con la patronal, con el actual gobierno o con quienes aspiran a sucederlo. Daer (Massa) o Caló apuestan a que un parate económico haga de contención al reclamo salarial. Para no reclamar por el salario, se escudan en unapreservación de los puestos de trabajo” por la cual, de todos modos, tampoco luchan. Moyano negocia a dos puntas, con Massa y con Scioli, que han pactado un presupuesto bonaerense repudiado por los estatales de la provincia.

El clasismo ha ganado la calle masivamente el viernes 29 con el planteo de doble aguinaldo y reapertura de paritarias. Esto marca un rumbo que tenemos que desenvolver en las fábricas y sindicatos, cualquiera sea su alineamiento político.

Ante todo, con un programa: mínimo equivalente a la canasta familiar, indexación trimestral de los salarios por índice bajo control obrero, duplicación de asignaciones familiares y eliminación de la tablita, abolición del impuesto al salario. Ningún sindicato debería obviar tampoco un planteo urgente de aumento a las jubilaciones y 82% móvil.

Al calor de los reclamos de bonos y doble aguinaldo, tenemos que reclamar asambleas fabriles y plenarios de delegados con mandato de fábrica por medio de una gran agitación general, de partido y de agrupaciones sindicales. Mediante nuestro método tenemos que llegar a las paritarias de marzo y a las que arrancan antes -aceiteros, bancarios o docentes-, desarrollando entre los trabajadores la conciencia del giro contra el salario obrero que preparan el gobierno y la clase capitalista.

Un Código Civil contra los derechos laborales

El carácter reaccionario de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial se va delineando cada vez más profundamente. El nuevo Código se pone por encima de la Ley de Contrato de Trabajo, cuestionando su “orden de prelación”, establecido en el artículo primero de esa ley. Esta cuestión es clave, porque de ese modo el nuevo Código Civil liquida el “orden público laboral”, por el cual los derechos laborales resultan prioritarios en la relación obrero-patronal. Toda su línea es la igualación de los derechos “civiles”, que jamás pueden ser igualados, entre un capitalista y su explotado.

La Asociación de Abogados Laboralistas denuncia que se crean una serie de “asociaciones de empresas donde se disminuye notoriamente la responsabilidad de sus integrantes, invitando una vez más al fraude laboral”. Por ejemplo, la reforma contempla el contrato de agencia, que puede sustituir al viajante de comercio que tiene relación de dependencia, transformándolo en un trabajador falsamente independiente. Se trata de todo un avance en la legalización de los “monotributos”, mediante los cuales se disimula la relación laboral.

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