Rodrigazo en marcha

El martes 22 un conjunto de organizaciones sindicales combativas y de organizaciones sociales marcharemos a Plaza de Mayo (desde Belgrano y 9 de Julio) para reclamar un bono de fin de año o doble aguinaldo para trabajadores y jubilados, para efectivos y precarizados.

La convocatoria lleva el reclamo, generalizado en innumerables fábricas y gremios, de las palabras a los hechos. Se trata de la primera movilización obrera importante con un reclamo de conjunto al Gobierno de Mauricio Macri, puesto que un día antes marcharán los obreros de Cresta Roja, pero por la continuidad de los puestos de trabajo, otra cara de la moneda del ajuste.

La marcha del 22 es un frente único de lucha, constituido en horas, donde se destacan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la Federación Aceitera, la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, la seccional oeste de la Unión Ferroviaria y distintas organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores precarizados de cooperativas del plan Argentina Trabaja y otras, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Polo Obrero, Teresa Vive, Frente Darío Santillán y Barrios de Pie. Continuar leyendo

La madre de las batallas empieza ahora

“Fuego amigo”, dijo Aníbal Fernández para referirse a su derrota. Apuntó a Ricardo Casal, futuro ministro de Daniel Scioli, y “a los intendentes que tuvieron su castigo, porque perdieron”. El fuego amigo empezó por arriba, porque fue de conocimiento público el reparto de boletas cortitas de parte de Scioli en múltiples distritos bonaerenses cuando advirtió que la candidatura de Aníbal lo hundía, entre otros, nada menos que en Lomas de Zamora. Pero por abajo, fue un sálvese quien pueda, tanto de los intendentes del Frente para la Victoria como de Sergio Massa. Estos últimos, con autorización de su jefe repartieron boletas cortas y tijeras para defender sus kioscos y así y sólo así el massismo protegió una decena de intendencias. El macrismo ganó 65 intendencias bonaerenses, de manera que el peronismo oficial quedó con las menos ante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Otro afluente del fuego amigo fue la Iglesia. Según la revista Crítica, con monseñor José María Arancedo a la cabeza, desde los púlpitos de las parroquias se impulsó a “detener al narcotráfico con la voluntad popular”. Nadie desconoce los vínculos de Julián Domínguez —otro ministeriable— tanto con el clero de cabotaje como con el romano. Otro que llamó en provincia a votar a Felipe Solá fue La Alameda, que, aunque sin votos en la provincia, es un indicativo directo de Francisco. Continuar leyendo

Cocinan un pacto social del ajuste

Daniel Scioli plantea una política de ingresos, eufemismo para indicar un acuerdo o pacto social que, mencionado por su nombre, no es más que un cepo al salario. Su propósito de fondo sería imponer un acuerdo salarial por un período prolongado -por ejemplo, tres años- por un aumento del orden del 20 % bajo la promesa de metas de inflación decreciente. La modalidad sería un acuerdo marco tripartito que comprende a las cámaras empresarias, al Gobierno y a la burocracia sindical. En la mesa, la burocracia reclamará como prenda al rescate estatal de las obras sociales, algo que ya les ha prometido Scioli.

Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año. Continuar leyendo

La caída del Partido Justicialista bonaerense

Karina Rabolini se prepara para recorrer el país, Daniel Scioli la provincia.

Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio. Continuar leyendo

Un engaño “nacional y popular”

Héctor Recalde fue atacado por Cristina Kirchner en la apertura legislativa para borrar toda duda ante la UIA de que aparezca, en el final de su mandato, un Código Laboral que pudiera alterar la flexibilidad laboral vigente. Lo logró, puesto que ahora lo que se discute en la Comisión de Trabajo que preside el ex moyanista es un compendio o digesto que no modifica una coma de la legislación vigente.

Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.

Un triunfo parlamentario de la clase obrera

El miércoles 29 de abril delegaciones del Partido Obrero en el movimiento obrero se concentrarán frente al Congreso, junto a la convocatoria de la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF. Ese día se votará en Diputados un proyecto que hemos impulsado y terminó saliendo por consenso con otras bancadas: el resarcimiento económico a los trabajadores de YPF, despedidos durante la privatización menemista.

Culminará así una larga lucha que entablaron estos trabajadores y se desarrolló durante 23 años. Primero contra la privatización, donde fueron entregados por la burocracia sindical del SUPE. Luego contra la desocupación y por el cobro de las acciones de Propiedad Participada (PPP). Esta lucha tuvo mojones combativos en los piquetes de Cutral-Co, Tartagal y todo el país. Fue una de las levaduras que confluyó en el ‘argentinazo’ del 2001 y que continuó e hizo que se votara en el 2002 la ley 25471 que incluyó a 30 mil despedidos de YPF en el pago de las PPP.

Hasta ese momento sólo se les había pagado a los trabajadores de Repsol que no habían sido despedidos con la privatización (unos 6000). Pero el problema no se cerró: el gobierno de Néstor Kirchner con el decreto 1077/03 dejó afuera a muchos ex YPFianos y a los que les pagó lo hizo por debajo de lo que les correspondía.

Los ex Trabajadores de YPF volvieron a la lucha. Durante 12 años sus reclamos fueron postergados una y otra vez, produciendo desmoralización y desorganización. Ante el resarcimiento a la vaciadora Repsol por más de 10 mil millones de dólares, contando capital en intereses, resurgió la indignación y la lucha y del encuentro entre estos trabajadores y la bancada del PO, surgió el proyecto de ley. Fue reconstituida la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF con centros importantes en la CABA, Salta, Mendoza, Caleta Olivia, La Plata, etc. Con ellos elaboramos el proyecto del PO, reclamando los 90 mil dólares recibidos por los no despedidos. La reivindicación fue levantada como bandera no sólo ante la indemnización a Repsol, sino también ante la ley de hidrocarburos bien llamada ley Chevron.

Ante el auge del reclamo el oficialismo volvió a maniobrar: desempolvó proyectos quasi archivados con indemnizaciones inferiores y no a todos. La ley Feletti planteaba pagar en 120 cuotas mensuales de mil doscientos pesos cada una: ¡10 años más luego de haber estado reclamando durante 23! El PRO directamente se oponía a cualquier ley de resarcimiento a los trabajadores despedidos. ¡Todo para Repsol, nada para los trabajadores!

Finalmente ante la presión existente, el proyecto fue votado por unanimidad. Todos los trabajadores cobrarán 956 acciones. Un triunfo que marca un camino para amplios sectores del movimiento obrero (Altos Hornos Zapla, Gas del Estado, Petroquimica General Moscón, etc.) que tienen reclamos similares.

La crisis de las paritarias

Las contradicciones que llevaron al gran paro nacional del 31 de marzo empiezan a trasladarse a las paritarias. Varios gremios reclaman más del 40% de aumento, alimentación, aceiteros, fraternales, subte. Al mismo tiempo la UIA salió a reclamar un tope del 20% y a cuestionar las paritarias mismas. El gobierno fijó su pauta en el 27% otorgado en la paritaria nacional docente. A través de Carlos Tomada, salió a aclarar que todo acuerdo “deberá ser homologado”, recordando que en el país no rigen las paritarias libres, sino aquellas que entren en las pautas que el gobierno acuerda con la burocracia sindical adicta. De esto ya supieron los obreros rurales cuando les fue anulado un aumento hace un par de años. El gobierno presiona a firmar en sus guarismos bajo el chantaje de no mover el impuesto a las ganancias si los gremios no firman de acuerdo a esas pautas. Continuar leyendo

La reprivatización ferroviaria del kirchnerismo

Aunque el relato anuncia la “reestatización” del FFCC, el Proyecto de Ley enviado por el ministro Randazzo al Congreso sólo habla de una “política de reactivación” ferroviaria. Pasa la esponja a 20 años de vaciamiento y miente sobre el futuro. La sorprendente prueba de esto la ofreció el diputado Federico Sturzenegger, quien adelantó en el plenario de comisiones de Diputados el apoyo del macrismo.

El artículo 2° consagra “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios”. Plantea “renegociar los contratos de concesión” en el transporte de cargas: Nuevo Central Argentino (Aceitera Deheza), Ferroexpreso Pampeano (Techint) y Ferrosur Roca (Cementera Camargo Correa). Son sectores rentables. La ley sólo relativiza el control de los actuales concesionarios al plantear que estos ramales deben ser abiertos a todos los “usuarios” que se anoten en un Registro especial, algo reclamado por otros grupos exportadores de granos y minerales.

También plantea la “renegociación” de los contratos de concesión en sectores del transporte de pasajeros como el FFCC Urquiza (grupo Roggio) y Belgrano Norte (Emepa). En su artículo sexto consagra la mantención de la Sociedad Belgrano Cargas y Logística SA. En el Belgrano Cargas, que abarca 13 provincias y todo el corredor de la soja, está la crema del negocio. Hoy de la reconstrucción por parte de los chinos, y mañana de la administración. Su modernización, encarada en los acuerdos leoninos con China, es una exigencia del Banco Mundial y de las grandes compañías exportadoras para abaratar el costo de la logística argentina. Se trata de una inversión del Estado de 6.000 millones de dólares “para entregar a las economías regionales” según el presidente Marcelo Bosch, hombre de confianza del capital financiero y agroexportador.

El proyecto permite (art. 15) “la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria (por) terceros o asociada a terceros”. Mantiene en pie la tercerización-superexplotación de los trabajadores. El capital chino al hacerse cargo del mantenimiento será una gran tercerizada. La lucha contra esto costó la vida de Mariano Ferreyra (y centenares de despidos y persecuciones) por la patota de Pedraza. El proyecto del Gobierno incorpora al directorio a dos burócratas sindicales, es decir, continúa el pacto de la trilogía que condujo al crimen de Mariano.

Tampoco  plantea ningún tipo de auditoria, ni inventario de los bienes que el Estado pasa a “administrar” en forma directa. Es un operativo de encubrimiento: habría que rendir cuentas de 100 mil millones de pesos en subsidios otorgados en la “década” a concesionarias. Estas han desviado los subsidios a su patrimonio y nuevos negocios, en lugar de invertirlos en mantenimiento.

Las movilizaciones contra el crimen de Mariano y por la masacre de Once obligaron a medidas que llegaron mal y tarde. El Gobierno primero cerró contratos con los chinos para importar vagones y repuestos y luego envió el proyecto que crea ferrocarriles argentinos. Un superendeudamiento que golpea cualquier industrialización nacional. Ya no es el vaciamiento indiscriminado. Hay una reconstrucción selectiva, parcial, otra vez privatista, desindustrializadora y basada en endeudamiento, sobre las ruinas del viejo ferrocarril.

Ley Milani de Inteligencia

El Senado dio media sanción a la ley de creación de la AFI, la nueva “razón social” de la vieja SIDE, hasta hoy SI. La cuestión está en el centro de la crisis política de Estado que rodea la muerte violenta de Nisman. El Gobierno, con la nueva ley de inteligencia se coloca, como víctima de una situación “heredada”. A esos fines aporta la fina teoría del “cripto-Estado”, con la que cierto progresismo coloca, en última instancia, al kirchnerismo como víctima del Estado dentro del Estado, aunque se marquen responsabilidades por omisión.

Quien ha llevado más lejos esta tesis, en las filas de la oposición, es la senadora Gabriela Michetti, al afirmar que “los servicios han sido 30 años autónomos del poder político”. Es un concepto para pasar la esponja al conjunto de los partidos que gobernaron, reforzaron y conspiraron con estos servicios que hoy se descomponen ante los ojos de la población. Los mismos partidos -o restos de ellos- que operan desde la oposición, para cerrar la crisis en sus términos, llevando agua al molino de una salida a la medida de sus intereses.

La nueva ley no toca a Milani y sus reforzados servicios con sus incrementadas cajas: 2400 millones en el presupuesto 2015. Afecta únicamente a la SI, su presupuesto pasa integralmente a la nueva AFI. La SI, por otra parte, es sólo uno de los 15 servicios de las distintas fuerzas de seguridad. En realidad, bien mirada, es una reforma a la medida de Milani, inevitable ganador de la reorganización anti-Stiuso, el hombre fuerte de los últimos 40 años. Podríamos llamarla “la ley Milani”.

La nueva ley no podía escapar al molde y ya generó (des)inteligencias al interior del kirchnerismo. Verbitsky y Carta Abierta denuncian la perpetuación de las cajas negras, los 25 años de secreto de archivos, la realización de inteligencia propia, la continuidad de la promiscuidad con la Justicia, y que la apertura de cualquier información pase por el Poder Ejecutivo. Aunque sugestivamente no denuncian el pasaje del total del personal de la SI a la AFI, dicen que el proyecto será “una frustración de la democracia”.

Esta “progresía” de frustración garantizada celebró que la nueva ley aumenta las penas de las cosas que ya estaban prohibidas, como la inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones populares. En cuanto al aumento de las penas de quienes se aparten de las órdenes de sus directores, no aporta mucho porque son esos directores los que han ordenado las operaciones antipopulares de la Side. Tan inútil es el tratamiento de una nueva ley de inteligencia que no se repara en que se estuvo violando de plano la actual (25520) con el Proyecto X que espió a mil organizaciones populares, con los servicios de la Gendarmería, desde Campo de Mayo, en el marco de la “seguridad democrática” de Garré, Sain y Cía.

Su tratamiento es una maniobra política de autoencubrimiento, destinada al borrón y cuenta y nueva. Para tapar la responsabilidad del Estado y del Gobierno, en torno a Stiuso, a Milani, al maridaje con los servicios de potencias extranjeras, a 20 años de impunidad de la AMIA, a 30 años de perpetuación de los servicios de la Dictadura, a todas las operaciones de inteligencia y represión contra el movimiento popular (los crímenes de Kosteki y Santillán, de Mariano, del 20 de diciembre, de la desaparición de Julio López, de la voladura de Río Tercero), también de la conexión de los servicios y el poder con el crimen organizado, de los crímenes basados en ajustes de cuentas, ligados al poder como el del “Lauchón” Pedro Viale o el de Gral. Rodríguez.

El Estado no es víctima de la inteligencia sino su vértice, y refleja los intereses sociales para los que se gobierna. Ninguno de los cambios que se proponen en la Ley de Inteligencia puede alterar la naturaleza de los servicios de espionaje, que, bajo el Estado capitalista, actúan como un aparato conspirativo contra la ciudadanía. Solamente un gobierno de los trabajadores desmantelará esta red clandestina que opera al servicio de una minoría explotadora.

Interpelar al poder

No estamos ante un caso policial. La denuncia de Nisman primero y su muerte después son episodios de una grave crisis política de Estado. La evolución de las cosas en los días posteriores sólo ha agravado esas crisis.

Nisman pierde la vida horas antes de comparecer en la Comisión Penal de la Cámara de Diputados, cuando presentaba una denuncia con información sensible que compromete a la Presiente, al menos políticamente, cualquiera sea el nivel de pruebas que todavía deben verificarse.

Y esa denuncia del fiscal asesinado o suicidado, estalló semanas después del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia, como un capítulo de una guerra de fracciones que está en el centro de la crisis política. La Presidente puso a uno de sus hombres más directos, Oscar Parrilli, para disciplinar la SI a la nueva conducción de César Milani, el general de inteligencia al mando del Ejército con causas por participación en los crímenes de la dictadura.

Un Estado dentro del Estado aparece ante los argentinos, o dicho de otro modo, estamos ante un Estado de Inteligencia. Esos servicios son fuente de provocaciones, persecuciones y represión. El kirchnerismo ha llevado al paroxismo un continuismo desde la época de la dictadura de la que provienen los Stiuso y Cía, el agente de inteligencia que trabajó estrechamente con el fiscal Nisman, colocado en ese lugar por el ex presidente.

De las cajas negras de esos servicios partieron las coimas del Senado en tiempos de la Alianza, desde allí se armó la masacre del Puente Pueyrredón en la que matan a Kosteki y Santillán, por medio del asesinado Carlos Soria, de allí provino el creador de la Metropolitana de Macri, el “Fino” Palacios, encausado, precisamente por encubrimiento en la causa de la Amia. Por lo tanto, la crisis de este Estado de Inteligencia compromete a las fuerzas políticas que nos gobernaron en los últimos 30 años.

La guerra de aparatos de inteligencia que hoy devora políticamente al Gobierno, que ha producido un nuevo crimen político y conmueve a todos los familiares de víctimas de la Amia, no proviene del carácter “autónomo” de esos servicios sino que es responsabilidad integral del Ejecutivo nacional que se vale de ellos hace 12 años.

Por la responsabilidad extendida en esta situación no es de extrañar que las fuerzas de oposición tradicional eludan toda propuesta de ir con el cuchillo al hueso. Exhortar a que “se haga justicia” no tiene ningún valor, reunir la Bicameral Secreta que no funciona sino para prolongar estos servicios de inteligencia, menos todavía. Y convocar a sesiones extraordinarias para derogar el Memorando de Irán es de carácter deportivo porque ese memorando murió, fracasado, de muerte natural: no lo convalidó el parlamento iraní, no se constituyó la comisión de la verdad, no se indagó a nadie y tampoco hubo cambios en las relaciones comerciales.

A horas de la muerte del fiscal Nisman, en la Comisión Penal de Diputados, donde él tenía que formular y profundizar su denuncia formulamos un curso político. Que la Cámara de Diputados interpele al Gobierno: a Capitanich, a Berni, a Randazzo, para dar explicaciones de la grave crisis de Estado. No en sesión secreta, sino todo lo contrario, abierta al pueblo, en vivo y en directo por intermedio de todos los medios de comunicación.

Propusimos además, la apertura integral de los archivos de los servicios de inteligencia del Estado (no confundir con la desclasificación de cuatro números intervenidos ordenada por Parrilli). En particular los referidos a la causa de la AMIA, para comenzar a desandar el camino del encubrimiento.