Por: Néstor Pitrola
El protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, constituye una restricción aguda al derecho a la manifestación popular. Afecta el más sensible de los derechos populares de la democracia política: el derecho a luchar. Se trata de un derecho último cuando se pierden derechos esenciales como el trabajo, el salario, el techo o aun la vida, si miramos la enorme cantidad de movilizaciones por casos de impunidad o gatillo fácil.
Las protestas a las que el protocolo llama programadas requerirán de la autorización y la definición de su forma por parte del propio Estado destinatario del reclamo. Las protestas espontáneas, como las de los vecinos que cortan la calle de su barrio porque no tienen luz, están directamente prohibidas por el protocolo. Según este documento, las fuerzas de seguridad van, informan que los vecinos tienen cinco minutos para levantar la protesta y reprimen.
Estamos ante un protocolo completamente anticonstitucional, que manipula el artículo 194 del Código Penal. “Flagrancia” es que un policía puede actuar cuando hay infraganti un delito. Existe amplia jurisprudencia de miles de sentencias que dicen que no tiene aplicación en la protesta popular, porque está hecho para “los piratas del asfalto” o cualquier otro tipo de boicot de este estilo. El protocolo de Bullrich intenta tipificar un delito deformando un artículo del Código Penal. Digamos también que contra la protesta popular otros varios artículos del Código Penal son mal usados, como coacción, asociación ilícita y otros. De hecho, el temerario decreto de emergencia en seguridad incluye la “asociación ilícita con fines políticos”, lo cual es indicativo de toda una línea por parte del Gobierno Macri-Bullrich de estado de sitio no declarado.
Se trata de una política indisolublemente ligada al ajuste, al temor a la conmoción social que, más tarde o más temprano, significará el traslado de la bancarrota económica a las espaldas de los trabajadores y el bolsillo popular en general.
Por otra parte, es un protocolo hecho a la medida de la policía. El protocolo permite que las fuerzas de seguridad actúen sin orden judicial, dejando librado a su arbitrariedad la decisión de reprimir las protestas sociales. No establece que el personal policial deba ir identificado, permite que la policía de civil detenga, arme provocaciones, etcétera, un accionar clásico de la policía. Tampoco prohíbe el uso de las armas de fuego, por lo tanto, considerando que lo que no está prohibido está permitido, las habilita.
Finalmente, cercena la libertad de expresión al coartar el trabajo de la prensa, cuya disposición para tomar los acontecimientos la van a decidir las fuerzas de seguridad. Vale recordar que en los casos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y el de Mariano Ferreyra fue fundamental la intervención de los periodistas que estaban cubriendo los hechos para la clarificación de los crímenes. La restricción a la prensa es el pasaporte a la impunidad para la arbitrariedad policial.
Todo el objetivo de este protocolo responde al plan de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri. Es el formateo del Estado para la aplicación del plan Griesa. El “costo social” del arreglo con los buitre y el rescate del capital financiero son los tarifazos, una inflación galopante, más de veinte mil despidos en el Estado y aún más en los privados. El acuerdo de la mayoría de los gobernadores peronistas con el protocolo —lo han aprobado 20 provincias— responde a esta cuestión: el ajuste es una política de Estado contra los trabajadores. La consigna de Daniel Scioli: “Tolerancia cero a los piquetes” o la mano dura de Sergio Massa han sido puestas por escrito por Bullrich y Macri.
Digamos, por fin, que este tipo de disposiciones completan el nefasto legado kirchnerista del Proyecto X y la ley antiterrorista. El protocolo dispone la filmación de los manifestantes por las fuerzas de seguridad. Se trata de la institucionalización del espionaje prohibido y de la delación, propia de los regímenes autoritarios.
No lo dejemos pasar.