La Cámara de Diputados de la Nación acaba de convertir en ley el proyecto que protege los activos de los bancos centrales extranjeros. La ley que se nos pone a votación proviene de un gobierno desesperado por la caída de las reservas del BCRA que no permiten afrontar el fallo colonial de la justicia norteamericana, como consecuencia de su propia política de pago serial de la deuda externa. De ninguna manera estamos ante una adversidad aislada provocada por el fallo de un remoto juez norteamericano. En todo caso, que un remoto juez ponga en la picota a 40 millones de argentinos es demostrativo de que estamos ante una nueva crisis de deuda. Del conjunto de la deuda pública.

Luego de pagar 190 mil millones de dólares en una verdadera década ganada para el capital financiero y los grupos económicos tenedores de bonos, debemos unos 250 mil millones y vienen por 15 mil millones más que si son pagados con deuda dispararán más intereses usurarios, como todos los que han compuesto este negociado fabuloso que llevó al país a cuatro crisis en los últimos 40 años, 1982, 1989, 2001 y ahora. Cuando un país sólo puede pagar deuda con más deuda, vieja deuda con nueva deuda, estamos, antes de ningún default técnico, en una virtual cesación de pagos, que agrava inusitadamente nuestra dependencia del capital financiero internacional.

Surge la gran preocupación por la intangibilidad de los depósitos del Banco Central cuando todos los días se rematan sus reservas para indemnizar a los vaciadores de Repsol, para pagarle multiplicada por dos la ilegítima deuda con el Club de París, para convalidar los juicios millonarios de las privatizadas que litigaron contra el peso exigiendo tarifas en dólares en los tribunales internacionales. Se nos convoca como cuestión de Estado, cuando el total del problema de la deuda no pasa por el Congreso y cuando se violan inusitadamente las resoluciones parlamentarias como la ley cerrojo abierta dos veces y candidata a una nueva violación cuando se negocie definitivamente con los buitres, algo que no podrá ser nada más que condiciones superiores a la ley de este Congreso. Estamos ante una política que ha llevado a que tengamos que pedir permiso a un remoto juez norteamericano incluso para pagar bonos con jurisdicción argentina.

La ley es un traje a medida del acuerdo con China. Señalemos en primer lugar que China ha subordinado los acuerdos a que Argentina no entre en default, pero sus organismos han calificado a la deuda argentina en “default” igual que las calificadoras buitres.

En la reunión de los BRICS quedó claro que ninguno de ellos se propone desafiar el parasitismo y especulación que dominan el movimiento del capital financiero internacional. China menos que nadie, cuando tiene el 80% de sus descomunales reservas en bonos del Tesoro Norteamericano. En segundo lugar, todos los acuerdos con China, incluidos los acuerdos monetarios entre bancos centrales, conducen a una dependencia de su industria, a un agravamiento del saldo comercial negativo que ya tenemos y a una mayor primarización. Sus acuerdos garantizan en las represas de Santa Cruz equipos chinos, lo mismo que con la modernización del Belgrano. Ya con los importados vagones del Sarmiento tenemos una víctima, Emfer, porque su mantenimiento se hace con personal chino en otros talleres, dejando en la calle a 500 familias metalúrgicas argentinas.

Por otro lado los yuanes no son convertibles a dólares para uso financiero, eso requeriría una triangulación con intervención de la Reserva Federal absolutamente inviable, porque se trata del lobo que come nuestras gallinas. Sólo es un crédito o seguro para la compra en China que tendrá una tasa de no menos del 7% según ha trascendido.

China tiene un superávit comercial con Argentina de 4.800 millones de dólares y con estos acuerdos tenderá a agravarse. China está asociada a las grandes compañías norteamericanas y europeas, que monopolizan el comercio exterior de Argentina, incluso en el petróleo y la minería. China es una plataforma de exportación de las trasnacionales y el intercambio chino-argentino es parte de una división del trabajo de las multinacionales que tenemos que terminar para industrializar el país.