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El derrumbe del peronismo entre las fuerzas obreras

El jueves 7 Lear decretó un lockout por 15 días. Cierra sus puertas y suspende a todo el personal, aduciendo que no puede “garantizar las condiciones de seguridad” de sus trabajadores. La medida busca disipar una lucha de los despedidos que logró parar varias veces la planta por semana.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó la huelga acusando al Partido Obrero de haber impulsado el cierre de la fábrica, obstruyendo “el funcionamiento de la economía y la actividad de las empresas”. Un ataque destinado a ocultar la completa complicidad del gobierno con el pulpo norteamericano. En primer lugar, porque rigiendo un “cepo de importación”, Lear ha provisto fluidamente de los cables a Ford mediante importación. Ahora mismo los obreros denuncian que 17 contenedores de la empresa están en el puerto.

El ministerio de Carlos Tomada no garantizó el ingreso de los delegados impedidos de entrar a planta, a pesar de 12 fallos favorables de la justicia en ese sentido. El poder ejecutivo de Capitanich sólo garantiza, con la gendarmería de Berni y la infantería de Scioli, el “despeje” de la zona y la panamericana ordenado por la justicia penal.

El lock out apunta a profundizar un vaciamiento en el que Débora Giorgi y Capitanich miran para el costado. Es un “sobre llovido mojado” que se suma al desplome de la producción automotriz y su ola de suspensiones y despidos.

Los obreros, tras meses de lucha, han reaccionado combativamente afrontando el lock out como una nueva etapa. La empresa despilfarra recursos durante todo el conflicto para imponer una reestructuración antiobrera y ahora paga el 100% -como precisó, conocedor, Capitanich- a los obreros suspendidos para separarlos de la influencia diaria de la comisión interna y los despedidos en lucha.

Este detalle habla del nuevo campo en que se desenvolverá la lucha, donde el contacto con los trabajadores suspendidos será todo un objetivo para sumarlos a la perspectiva de lucha contra el vaciamiento y eventual cierre de su fuente de trabajo. De hecho, en muchas ocasiones el sector que ingresó a planta no superó las cien personas de un total de 450 que revistan en el único turno que hoy tiene la planta luego de la amputación completa del turno tarde.

El ataque de Capitanich muestra que se pretende intimidar con el cierre para reabrir sobre la base de una derrota. Y, llegado el caso, según sean los planes patronales, para intimidar al resto del movimiento obrero, culpando del cierre a los que luchan. Pero debe ser aclarado sistemáticamente a la opinión pública y al movimiento obrero que el vaciamiento de Lear Corporation viene, al menos, desde hace un año. Hubo, antes de las suspensiones y despidos, 180 “retiros voluntarios” a diciembre del año pasado, y los delegados denunciaron la presunción de importación de mazos de cable en ese período desde Filipinas, Honduras y otros orígenes donde la multinacional tiene algunas de sus 20 plantas en el mundo.

Capitanich dice que el justicialismo es el partido de los trabajadores y el PO el de los capitalistas. Pero sus “obreros” son los Pedraza, los Gerardo Martínez y, en este caso, Pignanelli. La burocracia sindical del Smata actuó con métodos lopezrreguistas durante todo el conflicto y ha declarado que prefiere el cierre de la fábrica antes que la continuidad de un cuerpo de delegados que no le responde y se mueve según resoluciones de asamblea de fábrica.

En estos puntos consiste, precisamente, el derrumbe progresivo del peronismo entre las filas obreras y el progreso, luchado pero evidente, del PO y el FIT. El PJ de los empresarios del juego, la Barrick Gold, la banca acreedora, los Lear y los Milani, cada día corresponde menos a las tendencias más avanzadas de los trabajadores y en particular de su juventud.

Cartón lleno con la falsa ley de blanqueo

Con toda justicia se puede acusar al kirchnerismo de menemismo al dar media sanción a una ley de rebaja de aportes patronales con la excusa del blanqueo de trabajadores. Lo que no se puede obviar es que la norma se aprobó con el voto unánime de los 57 senadores presentes, es decir, macrismo, radicales y centroizquierda además de “nacionales y populares”.

Claro, fue cautivante para todas las fuerzas políticas patronales. Dos años de exención de cargas previsionales a las pequeñas empresas, 50% a las medianas y 25% a toda empresa capitalista (aunque sea la GM) que tome trabajadores, de lo que se supone blanquearían los trabajadores en negro.

Como denunciamos antes que nadie, la ley afecta los fondos de la Anses y, por lo tanto, la movilidad jubilatoria, la cual se calcula por un índice combinado que incluye recaudación. Es decir que es un subsidio de los trabajadores y sus jubilaciones a las patronales culpables del trabajo en negro. Frente a esto, el massismo propone “encapsular” la movilidad. En criollo, hacer la rebaja pero mantener la movilidad, desfinanciando a la Anses. De esto Massa sabe, no caben dudas.

Pero la ley no tiene ni pies ni cabeza porque, si una empresa no necesita trabajadores, no los toma aunque los aportes sean más bajos. De esto aprendimos con sangre desde 1996, año de la rebaja de aportes patronales: cuando llegó la crisis rusa y asiática en 1998 se produjo el mayor índice de desocupación, 18%; con las rebajas patronales en plena vigencia. Una ley de este tipo no promueve el empleo ni detiene los despidos y suspensiones, exactamente lo que está ocurriendo ahora.

En cuanto al blanqueo mismo hay una enorme mentira. La empresa que paga en negro, tiene fondos de origen negro, basados en un circuito en negro, donde se evaden las cargas sociales y el conjunto de los impuestos. Nadie se va a autodelatar porque blanquear un trabajador sea barato.

La norma cavalliana incluye una especie de veraz de los infractores que surgiría de un registro llevado por los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo -400-, responsables de terminar con el 34% de trabajadores en negro del país, unos 5 millones. Absurdo, incluso si no tomamos en cuenta que gran parte de los inspectores mismos son precarios, porque sabido es que ni el Estado nacional ni las provincias (y menos que menos el macrismo) se privan de explotar compañeros como monotributistas.

Nuestra intervención en el Parlamento, en éste como en tantos temas, pondrá blanco sobre negro los intereses sociales y de clase que cada uno representa. El Partido Obrero plantea disponer garantías de estabilidad laboral a todo trabajador que notifique su condición de trabajador en negro para evitar el despido y así movilizar la propia fuerza social de la clase obrera para terminar con la superexplotación de la informalidad en la cual se pagan los peores salarios y no rigen ni leyes ni convenios.

Toda la clase capitalista lucra con la informalidad, por sí misma, por vía de la tercerización o por la vía del abaratamiento de insumos. Sólo los trabajadores acabaremos con este flagelo. En diputados la izquierda revolucionaria se hará ver otra vez en este tema como alternativa política de los explotados.