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Un engaño “nacional y popular”

Héctor Recalde fue atacado por Cristina Kirchner en la apertura legislativa para borrar toda duda ante la UIA de que aparezca, en el final de su mandato, un Código Laboral que pudiera alterar la flexibilidad laboral vigente. Lo logró, puesto que ahora lo que se discute en la Comisión de Trabajo que preside el ex moyanista es un compendio o digesto que no modifica una coma de la legislación vigente.

Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.

La reprivatización ferroviaria del kirchnerismo

Aunque el relato anuncia la “reestatización” del FFCC, el Proyecto de Ley enviado por el ministro Randazzo al Congreso sólo habla de una “política de reactivación” ferroviaria. Pasa la esponja a 20 años de vaciamiento y miente sobre el futuro. La sorprendente prueba de esto la ofreció el diputado Federico Sturzenegger, quien adelantó en el plenario de comisiones de Diputados el apoyo del macrismo.

El artículo 2° consagra “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios”. Plantea “renegociar los contratos de concesión” en el transporte de cargas: Nuevo Central Argentino (Aceitera Deheza), Ferroexpreso Pampeano (Techint) y Ferrosur Roca (Cementera Camargo Correa). Son sectores rentables. La ley sólo relativiza el control de los actuales concesionarios al plantear que estos ramales deben ser abiertos a todos los “usuarios” que se anoten en un Registro especial, algo reclamado por otros grupos exportadores de granos y minerales.

También plantea la “renegociación” de los contratos de concesión en sectores del transporte de pasajeros como el FFCC Urquiza (grupo Roggio) y Belgrano Norte (Emepa). En su artículo sexto consagra la mantención de la Sociedad Belgrano Cargas y Logística SA. En el Belgrano Cargas, que abarca 13 provincias y todo el corredor de la soja, está la crema del negocio. Hoy de la reconstrucción por parte de los chinos, y mañana de la administración. Su modernización, encarada en los acuerdos leoninos con China, es una exigencia del Banco Mundial y de las grandes compañías exportadoras para abaratar el costo de la logística argentina. Se trata de una inversión del Estado de 6.000 millones de dólares “para entregar a las economías regionales” según el presidente Marcelo Bosch, hombre de confianza del capital financiero y agroexportador.

El proyecto permite (art. 15) “la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria (por) terceros o asociada a terceros”. Mantiene en pie la tercerización-superexplotación de los trabajadores. El capital chino al hacerse cargo del mantenimiento será una gran tercerizada. La lucha contra esto costó la vida de Mariano Ferreyra (y centenares de despidos y persecuciones) por la patota de Pedraza. El proyecto del Gobierno incorpora al directorio a dos burócratas sindicales, es decir, continúa el pacto de la trilogía que condujo al crimen de Mariano.

Tampoco  plantea ningún tipo de auditoria, ni inventario de los bienes que el Estado pasa a “administrar” en forma directa. Es un operativo de encubrimiento: habría que rendir cuentas de 100 mil millones de pesos en subsidios otorgados en la “década” a concesionarias. Estas han desviado los subsidios a su patrimonio y nuevos negocios, en lugar de invertirlos en mantenimiento.

Las movilizaciones contra el crimen de Mariano y por la masacre de Once obligaron a medidas que llegaron mal y tarde. El Gobierno primero cerró contratos con los chinos para importar vagones y repuestos y luego envió el proyecto que crea ferrocarriles argentinos. Un superendeudamiento que golpea cualquier industrialización nacional. Ya no es el vaciamiento indiscriminado. Hay una reconstrucción selectiva, parcial, otra vez privatista, desindustrializadora y basada en endeudamiento, sobre las ruinas del viejo ferrocarril.

Ley Milani de Inteligencia

El Senado dio media sanción a la ley de creación de la AFI, la nueva “razón social” de la vieja SIDE, hasta hoy SI. La cuestión está en el centro de la crisis política de Estado que rodea la muerte violenta de Nisman. El Gobierno, con la nueva ley de inteligencia se coloca, como víctima de una situación “heredada”. A esos fines aporta la fina teoría del “cripto-Estado”, con la que cierto progresismo coloca, en última instancia, al kirchnerismo como víctima del Estado dentro del Estado, aunque se marquen responsabilidades por omisión.

Quien ha llevado más lejos esta tesis, en las filas de la oposición, es la senadora Gabriela Michetti, al afirmar que “los servicios han sido 30 años autónomos del poder político”. Es un concepto para pasar la esponja al conjunto de los partidos que gobernaron, reforzaron y conspiraron con estos servicios que hoy se descomponen ante los ojos de la población. Los mismos partidos -o restos de ellos- que operan desde la oposición, para cerrar la crisis en sus términos, llevando agua al molino de una salida a la medida de sus intereses.

La nueva ley no toca a Milani y sus reforzados servicios con sus incrementadas cajas: 2400 millones en el presupuesto 2015. Afecta únicamente a la SI, su presupuesto pasa integralmente a la nueva AFI. La SI, por otra parte, es sólo uno de los 15 servicios de las distintas fuerzas de seguridad. En realidad, bien mirada, es una reforma a la medida de Milani, inevitable ganador de la reorganización anti-Stiuso, el hombre fuerte de los últimos 40 años. Podríamos llamarla “la ley Milani”.

La nueva ley no podía escapar al molde y ya generó (des)inteligencias al interior del kirchnerismo. Verbitsky y Carta Abierta denuncian la perpetuación de las cajas negras, los 25 años de secreto de archivos, la realización de inteligencia propia, la continuidad de la promiscuidad con la Justicia, y que la apertura de cualquier información pase por el Poder Ejecutivo. Aunque sugestivamente no denuncian el pasaje del total del personal de la SI a la AFI, dicen que el proyecto será “una frustración de la democracia”.

Esta “progresía” de frustración garantizada celebró que la nueva ley aumenta las penas de las cosas que ya estaban prohibidas, como la inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones populares. En cuanto al aumento de las penas de quienes se aparten de las órdenes de sus directores, no aporta mucho porque son esos directores los que han ordenado las operaciones antipopulares de la Side. Tan inútil es el tratamiento de una nueva ley de inteligencia que no se repara en que se estuvo violando de plano la actual (25520) con el Proyecto X que espió a mil organizaciones populares, con los servicios de la Gendarmería, desde Campo de Mayo, en el marco de la “seguridad democrática” de Garré, Sain y Cía.

Su tratamiento es una maniobra política de autoencubrimiento, destinada al borrón y cuenta y nueva. Para tapar la responsabilidad del Estado y del Gobierno, en torno a Stiuso, a Milani, al maridaje con los servicios de potencias extranjeras, a 20 años de impunidad de la AMIA, a 30 años de perpetuación de los servicios de la Dictadura, a todas las operaciones de inteligencia y represión contra el movimiento popular (los crímenes de Kosteki y Santillán, de Mariano, del 20 de diciembre, de la desaparición de Julio López, de la voladura de Río Tercero), también de la conexión de los servicios y el poder con el crimen organizado, de los crímenes basados en ajustes de cuentas, ligados al poder como el del “Lauchón” Pedro Viale o el de Gral. Rodríguez.

El Estado no es víctima de la inteligencia sino su vértice, y refleja los intereses sociales para los que se gobierna. Ninguno de los cambios que se proponen en la Ley de Inteligencia puede alterar la naturaleza de los servicios de espionaje, que, bajo el Estado capitalista, actúan como un aparato conspirativo contra la ciudadanía. Solamente un gobierno de los trabajadores desmantelará esta red clandestina que opera al servicio de una minoría explotadora.

Una ley a la medida del cuento chino

La Cámara de Diputados de la Nación acaba de convertir en ley el proyecto que protege los activos de los bancos centrales extranjeros. La ley que se nos pone a votación proviene de un gobierno desesperado por la caída de las reservas del BCRA que no permiten afrontar el fallo colonial de la justicia norteamericana, como consecuencia de su propia política de pago serial de la deuda externa. De ninguna manera estamos ante una adversidad aislada provocada por el fallo de un remoto juez norteamericano. En todo caso, que un remoto juez ponga en la picota a 40 millones de argentinos es demostrativo de que estamos ante una nueva crisis de deuda. Del conjunto de la deuda pública.

Luego de pagar 190 mil millones de dólares en una verdadera década ganada para el capital financiero y los grupos económicos tenedores de bonos, debemos unos 250 mil millones y vienen por 15 mil millones más que si son pagados con deuda dispararán más intereses usurarios, como todos los que han compuesto este negociado fabuloso que llevó al país a cuatro crisis en los últimos 40 años, 1982, 1989, 2001 y ahora. Cuando un país sólo puede pagar deuda con más deuda, vieja deuda con nueva deuda, estamos, antes de ningún default técnico, en una virtual cesación de pagos, que agrava inusitadamente nuestra dependencia del capital financiero internacional.

Surge la gran preocupación por la intangibilidad de los depósitos del Banco Central cuando todos los días se rematan sus reservas para indemnizar a los vaciadores de Repsol, para pagarle multiplicada por dos la ilegítima deuda con el Club de París, para convalidar los juicios millonarios de las privatizadas que litigaron contra el peso exigiendo tarifas en dólares en los tribunales internacionales. Se nos convoca como cuestión de Estado, cuando el total del problema de la deuda no pasa por el Congreso y cuando se violan inusitadamente las resoluciones parlamentarias como la ley cerrojo abierta dos veces y candidata a una nueva violación cuando se negocie definitivamente con los buitres, algo que no podrá ser nada más que condiciones superiores a la ley de este Congreso. Estamos ante una política que ha llevado a que tengamos que pedir permiso a un remoto juez norteamericano incluso para pagar bonos con jurisdicción argentina.

La ley es un traje a medida del acuerdo con China. Señalemos en primer lugar que China ha subordinado los acuerdos a que Argentina no entre en default, pero sus organismos han calificado a la deuda argentina en “default” igual que las calificadoras buitres.

En la reunión de los BRICS quedó claro que ninguno de ellos se propone desafiar el parasitismo y especulación que dominan el movimiento del capital financiero internacional. China menos que nadie, cuando tiene el 80% de sus descomunales reservas en bonos del Tesoro Norteamericano. En segundo lugar, todos los acuerdos con China, incluidos los acuerdos monetarios entre bancos centrales, conducen a una dependencia de su industria, a un agravamiento del saldo comercial negativo que ya tenemos y a una mayor primarización. Sus acuerdos garantizan en las represas de Santa Cruz equipos chinos, lo mismo que con la modernización del Belgrano. Ya con los importados vagones del Sarmiento tenemos una víctima, Emfer, porque su mantenimiento se hace con personal chino en otros talleres, dejando en la calle a 500 familias metalúrgicas argentinas.

Por otro lado los yuanes no son convertibles a dólares para uso financiero, eso requeriría una triangulación con intervención de la Reserva Federal absolutamente inviable, porque se trata del lobo que come nuestras gallinas. Sólo es un crédito o seguro para la compra en China que tendrá una tasa de no menos del 7% según ha trascendido.

China tiene un superávit comercial con Argentina de 4.800 millones de dólares y con estos acuerdos tenderá a agravarse. China está asociada a las grandes compañías norteamericanas y europeas, que monopolizan el comercio exterior de Argentina, incluso en el petróleo y la minería. China es una plataforma de exportación de las trasnacionales y el intercambio chino-argentino es parte de una división del trabajo de las multinacionales que tenemos que terminar para industrializar el país.

Cartón lleno con la falsa ley de blanqueo

Con toda justicia se puede acusar al kirchnerismo de menemismo al dar media sanción a una ley de rebaja de aportes patronales con la excusa del blanqueo de trabajadores. Lo que no se puede obviar es que la norma se aprobó con el voto unánime de los 57 senadores presentes, es decir, macrismo, radicales y centroizquierda además de “nacionales y populares”.

Claro, fue cautivante para todas las fuerzas políticas patronales. Dos años de exención de cargas previsionales a las pequeñas empresas, 50% a las medianas y 25% a toda empresa capitalista (aunque sea la GM) que tome trabajadores, de lo que se supone blanquearían los trabajadores en negro.

Como denunciamos antes que nadie, la ley afecta los fondos de la Anses y, por lo tanto, la movilidad jubilatoria, la cual se calcula por un índice combinado que incluye recaudación. Es decir que es un subsidio de los trabajadores y sus jubilaciones a las patronales culpables del trabajo en negro. Frente a esto, el massismo propone “encapsular” la movilidad. En criollo, hacer la rebaja pero mantener la movilidad, desfinanciando a la Anses. De esto Massa sabe, no caben dudas.

Pero la ley no tiene ni pies ni cabeza porque, si una empresa no necesita trabajadores, no los toma aunque los aportes sean más bajos. De esto aprendimos con sangre desde 1996, año de la rebaja de aportes patronales: cuando llegó la crisis rusa y asiática en 1998 se produjo el mayor índice de desocupación, 18%; con las rebajas patronales en plena vigencia. Una ley de este tipo no promueve el empleo ni detiene los despidos y suspensiones, exactamente lo que está ocurriendo ahora.

En cuanto al blanqueo mismo hay una enorme mentira. La empresa que paga en negro, tiene fondos de origen negro, basados en un circuito en negro, donde se evaden las cargas sociales y el conjunto de los impuestos. Nadie se va a autodelatar porque blanquear un trabajador sea barato.

La norma cavalliana incluye una especie de veraz de los infractores que surgiría de un registro llevado por los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo -400-, responsables de terminar con el 34% de trabajadores en negro del país, unos 5 millones. Absurdo, incluso si no tomamos en cuenta que gran parte de los inspectores mismos son precarios, porque sabido es que ni el Estado nacional ni las provincias (y menos que menos el macrismo) se privan de explotar compañeros como monotributistas.

Nuestra intervención en el Parlamento, en éste como en tantos temas, pondrá blanco sobre negro los intereses sociales y de clase que cada uno representa. El Partido Obrero plantea disponer garantías de estabilidad laboral a todo trabajador que notifique su condición de trabajador en negro para evitar el despido y así movilizar la propia fuerza social de la clase obrera para terminar con la superexplotación de la informalidad en la cual se pagan los peores salarios y no rigen ni leyes ni convenios.

Toda la clase capitalista lucra con la informalidad, por sí misma, por vía de la tercerización o por la vía del abaratamiento de insumos. Sólo los trabajadores acabaremos con este flagelo. En diputados la izquierda revolucionaria se hará ver otra vez en este tema como alternativa política de los explotados.