Cocinan un pacto social del ajuste

Daniel Scioli plantea una política de ingresos, eufemismo para indicar un acuerdo o pacto social que, mencionado por su nombre, no es más que un cepo al salario. Su propósito de fondo sería imponer un acuerdo salarial por un período prolongado -por ejemplo, tres años- por un aumento del orden del 20 % bajo la promesa de metas de inflación decreciente. La modalidad sería un acuerdo marco tripartito que comprende a las cámaras empresarias, al Gobierno y a la burocracia sindical. En la mesa, la burocracia reclamará como prenda al rescate estatal de las obras sociales, algo que ya les ha prometido Scioli.

Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año. Continuar leyendo

La caída del Partido Justicialista bonaerense

Karina Rabolini se prepara para recorrer el país, Daniel Scioli la provincia.

Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio. Continuar leyendo

Por una ley de prohibición de despidos y suspensiones

Explotando la crisis política, logramos cien votos a favor de una preferencia en el tratamiento futuro para nuestro proyecto de Prohibición de Despidos y Suspensiones. Diputados tuvo la primera sesión ordinaria del año. Antes de ello, sólo tres “especiales” para tratar Repsol y las rebajas de impuestos al biodiesel y a los aportes patronales.

A pesar del lógico ruido en la prensa por el reclamo opositor por el juicio político a Boudou, la sesión formó parte de un indisimulado acuerdo de “unidad nacional”. Un pacto con la “opo” para mostrar un Congreso armónico, que no sólo obvió que con los buitres se negocia a sus espaldas, sino que aprobó al final un texto que “reivindica la importancia del adecuado cumplimiento de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010” con los únicos tres votos en contra del Frente de Izquierda (la Unidad Popular de Lozano y De Gennaro se retiró del recinto a esa altura).

La ley elegida para el debate de caballeros en sesión ordinaria fue otra rebaja de impuestos a favor del empresariado gráfico mediante una reducción del IVA en diarios, revistas y publicaciones.

Lo que no pudo evitar el Gobierno fue la media hora reglamentaria de “preferencias”, donde se metió de lleno el pedido de reunión de la Comisión de Juicio Político para iniciar el trámite contra Boudou, un costo asumido que a la postre sería abortado mediante la mayoría K en la reunión del día siguiente.

El Frente de Izquierda votó a favor, por supuesto, reclamando que Boudou se vaya para dejar de usar el poder del Estado en su propio encubrimiento. Pero no suscribimos texto alguno con una oposición que formó parte de la corrupción de todos los regímenes anteriores al kirchnerismo y una parte de la cual votó la estatización encubridora de Ciccone. Esa preferencia obtuvo 98 votos. Pero de inmediato colocamos nuestra propia preferencia, luego de horas de batalla política en labor parlamentaria: la ley de prohibición de despidos y suspensiones que plantea el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la apertura de libros de toda empresa que cierre, suspenda o despida.

En la defensa política de la iniciativa marcamos los conflictos de Lear y Donnelley, los cierres de frigoríficos con 14 mil puestos de trabajo perdidos y los más de 100 mil despidos en la construcción. Denunciamos la agenda económica oficial que negocia con los buitres a espaldas del Congreso y del pueblo, cuyo pago llevará a nuevas devaluaciones, tarifazos, impuestazos y más ajuste. Colocamos los despidos como una consecuencia de esta política, propusimos que el Congreso trate la deuda, la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y una ley de inmediato para frenar la ola de cesantías.

El kirchnerismo boicoteó cuatro sesiones especiales motorizadas por la oposición en torno a Ganancias sobre los salarios, las dos últimas de ellas con temario ampliado por nosotros a despidos y suspensiones. Aprovechando la crisis política, esta vez los obligamos a votar la preferencia para nuestro proyecto cuando arrecia una crisis industrial que lleva 10 meses de caída de la actividad y se agravan los despidos y suspensiones: contra los 100 votos a favor de nuestra preferencia, hubo 126 vergonzosos votos para que se siga descargando la crisis capitalista sobre las espaldas obreras.

Los obreros de Lear, de Weatherford, de Patty, de Racid, las automotrices o de Donnelley, de Emfer o Valeo tuvieron voz en el Congreso. Dimos una nueva batalla parlamentaria contra la unidad nacional a favor del pago de la deuda externa y por la agenda de la clase obrera: que la crisis la paguen los capitalistas.

La agenda de la clase obrera en el Parlamento

El Parlamento estuvo y está al servicio de la agenda del gobierno, marcada por las diferentes fases del rescate capitalista, incluso delegando poderes y superpoderes en el Ejecutivo. El gobierno está jaqueado por el derrumbe de su propia política y se le han complicado sus mayorías parlamentarias. Pero en las horas de los motines policiales, le arrancó un acta falsamente “democrática” a los presidentes de todos los bloques de Diputados, con excepción del Frente de Izquierda. Fue la primera acción de la nueva Cámara de Diputados: aunque todos cedieron ante el motín policial en las provincias donde gobiernan, se apresuraron a lanzar un tiro por elevación, no a las policías bravas que ellos mismos promovieron, sino al reclamo de los trabajadores por un salario que cubra la canasta familiar.

Nuestra acción parlamentaria, que en la sesión inaugural debutó cuestionando la dirección política de toda una década, estará marcada por la intervención en la crisis política, social y económica. No será el mero resultado de refutar las iniciativas de la burguesía (Código Civil, impuestazos, etcétera) como tampoco se limitará a esperar los proyectos que surjan de las demandas obreras y populares. Propondremos una agenda por una salida obrera a la crisis. La conexión del trabajo parlamentario con la lucha de clases es la viga maestra de toda la acción que nos proponemos, puesto que no existe la conquista social al margen del sujeto que la obtiene. Desde allí, combatiremos cualquier idea o acción que fragmente las conquistas legislativas del Frente de Izquierda.

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El 19 de diciembre marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

Los amotinamientos policiales que se produjeron en prácticamente todo el país pusieron de manifiesto el estallido de la crisis inflacionaria y el derrumbe de la política económica del gobierno. De esta forma, la miseria salarial y la carestía galopante estallaron por un costado impensado. La policía -encargada de reprimir a quienes luchan por sus reclamos- puso en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con un piso de $ 8.500.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

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Un Código Civil contra los derechos laborales

El carácter reaccionario de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial se va delineando cada vez más profundamente. El nuevo Código se pone por encima de la Ley de Contrato de Trabajo, cuestionando su “orden de prelación”, establecido en el artículo primero de esa ley. Esta cuestión es clave, porque de ese modo el nuevo Código Civil liquida el “orden público laboral”, por el cual los derechos laborales resultan prioritarios en la relación obrero-patronal. Toda su línea es la igualación de los derechos “civiles”, que jamás pueden ser igualados, entre un capitalista y su explotado.

La Asociación de Abogados Laboralistas denuncia que se crean una serie de “asociaciones de empresas donde se disminuye notoriamente la responsabilidad de sus integrantes, invitando una vez más al fraude laboral”. Por ejemplo, la reforma contempla el contrato de agencia, que puede sustituir al viajante de comercio que tiene relación de dependencia, transformándolo en un trabajador falsamente independiente. Se trata de todo un avance en la legalización de los “monotributos”, mediante los cuales se disimula la relación laboral.

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La madre de las derrotas

Disgregación del PJ y de la burocracia

En la “madre de las batallas” se produjo la mayor derrota del kirchnerismo. En Buenos Aires, el gobierno perdió un millón cuatrocientos mil votos, en medio de un cisma en el PJ bonaerense. Massa ganó en 74 de los 135 distritos e hizo elecciones importantes en muchos de los que quedaron del lado oficial. Con sólo una veintena de intendentes alineados con él, le ganó a Cristina y a Scioli en cincuenta municipios más, los que estaban alineados con la Rosada y la billetera de De Vido.

Desde luego, Massa apiló intendentes “llave en mano” sin ninguna diferenciación política, con el solo agregado de los del macrismo. Otras presencias, como De Mendiguren, Daer o Solá, tampoco. Y, desde luego, los hombres que integraron sus listas como opositores a los intendentes oficiales fueron los heridos y despechados de las viejas listas. Por ejemplo en Merlo, cuatro listas disputaron la primaria distrital de Massa, todas provenientes de algún momento de la gestión de Othacehé, aunque ganó el rompimiento más antiguo y alejado.

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Unidad de la burocracia o unidad de clase: elecciones y sindicatos

Mientras Massa llamó a la unidad del sindicalismo ante un millar de elementos de cuatro de las cinco centrales, la CGT Balcarce llamó a reventar las urnas con el voto al kirchnerismo. Una reproducción de la crisis del FpV, donde Scioli “juega” por adentro y Massa por afuera. Después vendrán otros tiempos.

Como la lista de Massa incluye elementos de la CGT Balcarce y de la CTA Yasky, podríamos hablar hoy no ya de cinco reagrupamientos burocráticos, sino de por lo menos siete -al menos hasta octubre. En este punto, hay que anotar sectores del moyanismo como Murúa, de plásticos, y otros de Aguas Gaseosas que se están pasando al massismo. Pero puede tratarse de un malón en un futuro próximo, teniendo en cuenta la caída libre de De Narváez -la lista que integran Moyano y sus hombres.

La desintegración del kirchnerismo agravó hasta nuevo aviso la disgregación de la burocracia sindical. En este cuadro, se han producido los llamados de Massa y los gestos hasta del propio Caló en el sentido de una unidad futura.

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Abolir el impuesto al salario, no “corregirlo”

El tema ganancias sobre los salarios es uno de los que más repudio desatan contra el gobierno en las fábricas y lugares de trabajo. Cerca de tres millones de trabajadores están afectados, especialmente, con el cobro del aguinaldo. A partir de allí, se abrió un debate nacional. Y con él, un torneo de demagogia.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

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La provincia de Buenos Aires, una batalla crucial

La inclusión de los macristas en las listas de Sergio Massa resultó una tabla de salvación para los intendentes de ese palo e indica que, cruzando la General Paz, el macrismo no existe. Pero Macri fue hasta el final: “Si fuera de provincia, voto a Sergio, con quien hice un acuerdo”, dijo. Para Darío Giustozzi, que se disgustó con estos dichos, el aliado porteño habló demasiado.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

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