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Ley Milani de Inteligencia

El Senado dio media sanción a la ley de creación de la AFI, la nueva “razón social” de la vieja SIDE, hasta hoy SI. La cuestión está en el centro de la crisis política de Estado que rodea la muerte violenta de Nisman. El Gobierno, con la nueva ley de inteligencia se coloca, como víctima de una situación “heredada”. A esos fines aporta la fina teoría del “cripto-Estado”, con la que cierto progresismo coloca, en última instancia, al kirchnerismo como víctima del Estado dentro del Estado, aunque se marquen responsabilidades por omisión.

Quien ha llevado más lejos esta tesis, en las filas de la oposición, es la senadora Gabriela Michetti, al afirmar que “los servicios han sido 30 años autónomos del poder político”. Es un concepto para pasar la esponja al conjunto de los partidos que gobernaron, reforzaron y conspiraron con estos servicios que hoy se descomponen ante los ojos de la población. Los mismos partidos -o restos de ellos- que operan desde la oposición, para cerrar la crisis en sus términos, llevando agua al molino de una salida a la medida de sus intereses.

La nueva ley no toca a Milani y sus reforzados servicios con sus incrementadas cajas: 2400 millones en el presupuesto 2015. Afecta únicamente a la SI, su presupuesto pasa integralmente a la nueva AFI. La SI, por otra parte, es sólo uno de los 15 servicios de las distintas fuerzas de seguridad. En realidad, bien mirada, es una reforma a la medida de Milani, inevitable ganador de la reorganización anti-Stiuso, el hombre fuerte de los últimos 40 años. Podríamos llamarla “la ley Milani”.

La nueva ley no podía escapar al molde y ya generó (des)inteligencias al interior del kirchnerismo. Verbitsky y Carta Abierta denuncian la perpetuación de las cajas negras, los 25 años de secreto de archivos, la realización de inteligencia propia, la continuidad de la promiscuidad con la Justicia, y que la apertura de cualquier información pase por el Poder Ejecutivo. Aunque sugestivamente no denuncian el pasaje del total del personal de la SI a la AFI, dicen que el proyecto será “una frustración de la democracia”.

Esta “progresía” de frustración garantizada celebró que la nueva ley aumenta las penas de las cosas que ya estaban prohibidas, como la inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones populares. En cuanto al aumento de las penas de quienes se aparten de las órdenes de sus directores, no aporta mucho porque son esos directores los que han ordenado las operaciones antipopulares de la Side. Tan inútil es el tratamiento de una nueva ley de inteligencia que no se repara en que se estuvo violando de plano la actual (25520) con el Proyecto X que espió a mil organizaciones populares, con los servicios de la Gendarmería, desde Campo de Mayo, en el marco de la “seguridad democrática” de Garré, Sain y Cía.

Su tratamiento es una maniobra política de autoencubrimiento, destinada al borrón y cuenta y nueva. Para tapar la responsabilidad del Estado y del Gobierno, en torno a Stiuso, a Milani, al maridaje con los servicios de potencias extranjeras, a 20 años de impunidad de la AMIA, a 30 años de perpetuación de los servicios de la Dictadura, a todas las operaciones de inteligencia y represión contra el movimiento popular (los crímenes de Kosteki y Santillán, de Mariano, del 20 de diciembre, de la desaparición de Julio López, de la voladura de Río Tercero), también de la conexión de los servicios y el poder con el crimen organizado, de los crímenes basados en ajustes de cuentas, ligados al poder como el del “Lauchón” Pedro Viale o el de Gral. Rodríguez.

El Estado no es víctima de la inteligencia sino su vértice, y refleja los intereses sociales para los que se gobierna. Ninguno de los cambios que se proponen en la Ley de Inteligencia puede alterar la naturaleza de los servicios de espionaje, que, bajo el Estado capitalista, actúan como un aparato conspirativo contra la ciudadanía. Solamente un gobierno de los trabajadores desmantelará esta red clandestina que opera al servicio de una minoría explotadora.

Interpelar al poder

No estamos ante un caso policial. La denuncia de Nisman primero y su muerte después son episodios de una grave crisis política de Estado. La evolución de las cosas en los días posteriores sólo ha agravado esas crisis.

Nisman pierde la vida horas antes de comparecer en la Comisión Penal de la Cámara de Diputados, cuando presentaba una denuncia con información sensible que compromete a la Presiente, al menos políticamente, cualquiera sea el nivel de pruebas que todavía deben verificarse.

Y esa denuncia del fiscal asesinado o suicidado, estalló semanas después del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia, como un capítulo de una guerra de fracciones que está en el centro de la crisis política. La Presidente puso a uno de sus hombres más directos, Oscar Parrilli, para disciplinar la SI a la nueva conducción de César Milani, el general de inteligencia al mando del Ejército con causas por participación en los crímenes de la dictadura.

Un Estado dentro del Estado aparece ante los argentinos, o dicho de otro modo, estamos ante un Estado de Inteligencia. Esos servicios son fuente de provocaciones, persecuciones y represión. El kirchnerismo ha llevado al paroxismo un continuismo desde la época de la dictadura de la que provienen los Stiuso y Cía, el agente de inteligencia que trabajó estrechamente con el fiscal Nisman, colocado en ese lugar por el ex presidente.

De las cajas negras de esos servicios partieron las coimas del Senado en tiempos de la Alianza, desde allí se armó la masacre del Puente Pueyrredón en la que matan a Kosteki y Santillán, por medio del asesinado Carlos Soria, de allí provino el creador de la Metropolitana de Macri, el “Fino” Palacios, encausado, precisamente por encubrimiento en la causa de la Amia. Por lo tanto, la crisis de este Estado de Inteligencia compromete a las fuerzas políticas que nos gobernaron en los últimos 30 años.

La guerra de aparatos de inteligencia que hoy devora políticamente al Gobierno, que ha producido un nuevo crimen político y conmueve a todos los familiares de víctimas de la Amia, no proviene del carácter “autónomo” de esos servicios sino que es responsabilidad integral del Ejecutivo nacional que se vale de ellos hace 12 años.

Por la responsabilidad extendida en esta situación no es de extrañar que las fuerzas de oposición tradicional eludan toda propuesta de ir con el cuchillo al hueso. Exhortar a que “se haga justicia” no tiene ningún valor, reunir la Bicameral Secreta que no funciona sino para prolongar estos servicios de inteligencia, menos todavía. Y convocar a sesiones extraordinarias para derogar el Memorando de Irán es de carácter deportivo porque ese memorando murió, fracasado, de muerte natural: no lo convalidó el parlamento iraní, no se constituyó la comisión de la verdad, no se indagó a nadie y tampoco hubo cambios en las relaciones comerciales.

A horas de la muerte del fiscal Nisman, en la Comisión Penal de Diputados, donde él tenía que formular y profundizar su denuncia formulamos un curso político. Que la Cámara de Diputados interpele al Gobierno: a Capitanich, a Berni, a Randazzo, para dar explicaciones de la grave crisis de Estado. No en sesión secreta, sino todo lo contrario, abierta al pueblo, en vivo y en directo por intermedio de todos los medios de comunicación.

Propusimos además, la apertura integral de los archivos de los servicios de inteligencia del Estado (no confundir con la desclasificación de cuatro números intervenidos ordenada por Parrilli). En particular los referidos a la causa de la AMIA, para comenzar a desandar el camino del encubrimiento.