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Un nuevo pacto Roca-Runciman

El acuerdo que está votando el Congreso es un tratado colonial para la República Argentina. Fue escrito por el juez Thomas Griesa, la Corte norteamericana (que no tomó el caso) y Barack Obama, que llega al país para bendecirlo. Se trata de un golpe de endeudamiento por 12.500 millones de dólares que, con intereses, a diez años será el doble. Es un rescate al capital financiero contra la Argentina, y no al revés. Mauricio Macri y el ministro ahijado de la Banca Morgan completan la obra kirchnerista de los últimos años: Club de París, Centro Interamericano de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), indemnización a Repsol, ley Chevron de hidrocarburos, etcétera.

Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones. Continuar leyendo →

La caída del Partido Justicialista bonaerense

Karina Rabolini se prepara para recorrer el país, Daniel Scioli la provincia.

Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio. Continuar leyendo →

Un engaño “nacional y popular”

Héctor Recalde fue atacado por Cristina Kirchner en la apertura legislativa para borrar toda duda ante la UIA de que aparezca, en el final de su mandato, un Código Laboral que pudiera alterar la flexibilidad laboral vigente. Lo logró, puesto que ahora lo que se discute en la Comisión de Trabajo que preside el ex moyanista es un compendio o digesto que no modifica una coma de la legislación vigente.

Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.

Ley Milani de Inteligencia

El Senado dio media sanción a la ley de creación de la AFI, la nueva “razón social” de la vieja SIDE, hasta hoy SI. La cuestión está en el centro de la crisis política de Estado que rodea la muerte violenta de Nisman. El Gobierno, con la nueva ley de inteligencia se coloca, como víctima de una situación “heredada”. A esos fines aporta la fina teoría del “cripto-Estado”, con la que cierto progresismo coloca, en última instancia, al kirchnerismo como víctima del Estado dentro del Estado, aunque se marquen responsabilidades por omisión.

Quien ha llevado más lejos esta tesis, en las filas de la oposición, es la senadora Gabriela Michetti, al afirmar que “los servicios han sido 30 años autónomos del poder político”. Es un concepto para pasar la esponja al conjunto de los partidos que gobernaron, reforzaron y conspiraron con estos servicios que hoy se descomponen ante los ojos de la población. Los mismos partidos -o restos de ellos- que operan desde la oposición, para cerrar la crisis en sus términos, llevando agua al molino de una salida a la medida de sus intereses.

La nueva ley no toca a Milani y sus reforzados servicios con sus incrementadas cajas: 2400 millones en el presupuesto 2015. Afecta únicamente a la SI, su presupuesto pasa integralmente a la nueva AFI. La SI, por otra parte, es sólo uno de los 15 servicios de las distintas fuerzas de seguridad. En realidad, bien mirada, es una reforma a la medida de Milani, inevitable ganador de la reorganización anti-Stiuso, el hombre fuerte de los últimos 40 años. Podríamos llamarla “la ley Milani”.

La nueva ley no podía escapar al molde y ya generó (des)inteligencias al interior del kirchnerismo. Verbitsky y Carta Abierta denuncian la perpetuación de las cajas negras, los 25 años de secreto de archivos, la realización de inteligencia propia, la continuidad de la promiscuidad con la Justicia, y que la apertura de cualquier información pase por el Poder Ejecutivo. Aunque sugestivamente no denuncian el pasaje del total del personal de la SI a la AFI, dicen que el proyecto será “una frustración de la democracia”.

Esta “progresía” de frustración garantizada celebró que la nueva ley aumenta las penas de las cosas que ya estaban prohibidas, como la inteligencia sobre los partidos políticos y organizaciones populares. En cuanto al aumento de las penas de quienes se aparten de las órdenes de sus directores, no aporta mucho porque son esos directores los que han ordenado las operaciones antipopulares de la Side. Tan inútil es el tratamiento de una nueva ley de inteligencia que no se repara en que se estuvo violando de plano la actual (25520) con el Proyecto X que espió a mil organizaciones populares, con los servicios de la Gendarmería, desde Campo de Mayo, en el marco de la “seguridad democrática” de Garré, Sain y Cía.

Su tratamiento es una maniobra política de autoencubrimiento, destinada al borrón y cuenta y nueva. Para tapar la responsabilidad del Estado y del Gobierno, en torno a Stiuso, a Milani, al maridaje con los servicios de potencias extranjeras, a 20 años de impunidad de la AMIA, a 30 años de perpetuación de los servicios de la Dictadura, a todas las operaciones de inteligencia y represión contra el movimiento popular (los crímenes de Kosteki y Santillán, de Mariano, del 20 de diciembre, de la desaparición de Julio López, de la voladura de Río Tercero), también de la conexión de los servicios y el poder con el crimen organizado, de los crímenes basados en ajustes de cuentas, ligados al poder como el del “Lauchón” Pedro Viale o el de Gral. Rodríguez.

El Estado no es víctima de la inteligencia sino su vértice, y refleja los intereses sociales para los que se gobierna. Ninguno de los cambios que se proponen en la Ley de Inteligencia puede alterar la naturaleza de los servicios de espionaje, que, bajo el Estado capitalista, actúan como un aparato conspirativo contra la ciudadanía. Solamente un gobierno de los trabajadores desmantelará esta red clandestina que opera al servicio de una minoría explotadora.

La economía kirchnerista tritura salarios

Se acerca fin de año y ha recrudecido la insatisfacción salarial. La magnitud de la inflación, que ya supera el 40% en un año, tritura salarios, jubilaciones y planes sociales. Los salarios de quienes tuvieron paritarias cayeron al menos un 12% en términos reales, ni qué decir de los precarizados. El impuesto a las ganancias absorbió, para muchos trabajadores, entre un aguinaldo y un aguinaldo y medio. Por ese motivo, volvieron a parar los bancarios. Si no hay un proceso huelguístico extendido, ello no sólo se debe al parate productivo, sino principalmente al trabajo de contención de la burocracia sindical.

En este cuadro, se ha instalado el debate sobre un bono de fin de año. Por un lado, la UIA admitió la posibilidad de su pago, claro está, “de acuerdo con las posibilidades de cada empresa”. El Gobierno, por su parte, afirma que no es necesario porque el salario se ha “revalorizado”. Compara el promedio de paritarias con los guarismos del “nuevo” (y tan fraudulento como siempre) Indec. El mismo gobierno que niega un bono salarial para todos los trabajadores, prepara bonos atados al dólar a favor de las cerealeras y otros especuladores, con el propósito de que éstos ofrezcan algo de los dólares que tienen acumulados.

El bono que todos quieren y nadie tiene

Por el lado de las filas sindicales, Yasky, el más oficialista de todos, pero también Caló, se subieron al carro del bono. En la misma línea está la CGT moyanista.

Es claro que este reclamo de “bono por única vez” es un operativo preventivo contra la gran cuestión que plantea la carestía: la necesidad de reabrir las paritarias para rediscutir los salarios 2014. La burguesía ha quedado escaldada por los saqueos y levantamientos policiales de fines del año pasado. Este año, la situación social es objetivamente más grave. En Buenos Aires, Scioli adelanta la discusión de las paritarias 2015 -que es lo contrario a reabrir paritarias-, mientras raspa el fondo de la olla para otorgar alguna migaja en las fiestas. Para la burocracia, el bono sería también una coartada para descomprimir las futuras paritarias y plantear aspiraciones salariales menores.

Pero, en verdad, la burocracia ni siquiera está empeñada en el propio bono, al menos como conquista de conjunto. Por ejemplo, la UOM de Caló ya aclaró que “no se negociará con las cámaras empresarias, sino empresa por empresa”. A su turno, Gerardo “Batallón 601″ Martínez deslizó que “lo negociará con los empresarios de la construcción, sin hacerlo público”. La burocracia no se aparta un milímetro del libreto de la Unión Industrial, que admite el bono, no ya como negociación por gremio, sino incluso por empresa. El propio Gobierno no rechaza esta vía, la de un bonus por empresa, “bajo cuerda”, el que no será homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta esta “preocupación” de la burocracia por el “pago de fin de año” es un fraude, porque deja a los trabajadores de cada fábrica o repartición librados a su suerte. No hay el menor atisbo de una lucha de conjunto, siquiera por el bono.

Unidad sindical

De Caló a Moyano, la coincidencia en reclamar el bono ha sido presentada como parte de las tratativas entre las burocracias oficialistas y opositoras en torno de una CGT unificada. El contenido de esta unidad es claro: por un lado, asegurar una sucesión presidencial sin los “tropiezos” de la convulsión social. Por el otro, ofrecer ese papel de contención al futuro gobierno, trátese de Scioli, Massa o Binner. Pero estas movidas de unidad revelan movimientos políticos más amplios, que involucran a los propios partidos a los que los burócratas, de una u otra manera, ligan su destino. Las condiciones convulsivas que planteará el arreglo con los buitres, acompañado de una nueva devaluación, tarifazos y ajustes, no sólo reclamarán el concurso de los burócratas: podrían obligar a recurrir en 2015 al gobierno o gabinete de coalición que Macri o Scioli insinúan para después de las elecciones.

Moyano ha sido muy claro al afirmar, en declaraciones radiales, que “acá asumirá un nuevo Gobierno, tendrá que aplicar medidas muy duras de ajuste y el movimiento obrero tiene que estar unido para acompañar”. Del otro lado, es conocida la promesa de Macri a los burócratas, de “ayudarlos a enfrentar a los troskos”. La capacidad de controlar al movimiento obrero -y, principalmente, de contrarrestar al clasismo- está presente en los debates de la burguesía y también en las movidas de Gerardo Martínez y Moyano en torno de la unificación. En lo inmediato, el gran “aporte” lo están haciendo Moyano y Barrionuevo, que han liquidado todo plan de lucha tras el paro de agosto, contribuyendo a aislar las presentes luchas. Por ejemplo, Cresta Roja, Cargill, Valeo o los gremios cordobeses que plantean la reapertura de paritarias, al igual que ATE y la flamante CTA combativa de Mendoza.

El rumbo político del movimiento obrero

La vinculación entre las reivindicaciones obreras, los sindicatos y la transición política demuestra que el movimiento obrero combativo y los luchadores no pueden escindir sus reclamos de una deliberación y una conclusión política de fondo, para que la clase obrera sea un factor activo y conciente en el desenlace de esta crisis. Esta es la cuestión que abordaremos ampliamente en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park.

Por una ley de prohibición de despidos y suspensiones

Explotando la crisis política, logramos cien votos a favor de una preferencia en el tratamiento futuro para nuestro proyecto de Prohibición de Despidos y Suspensiones. Diputados tuvo la primera sesión ordinaria del año. Antes de ello, sólo tres “especiales” para tratar Repsol y las rebajas de impuestos al biodiesel y a los aportes patronales.

A pesar del lógico ruido en la prensa por el reclamo opositor por el juicio político a Boudou, la sesión formó parte de un indisimulado acuerdo de “unidad nacional”. Un pacto con la “opo” para mostrar un Congreso armónico, que no sólo obvió que con los buitres se negocia a sus espaldas, sino que aprobó al final un texto que “reivindica la importancia del adecuado cumplimiento de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010” con los únicos tres votos en contra del Frente de Izquierda (la Unidad Popular de Lozano y De Gennaro se retiró del recinto a esa altura).

La ley elegida para el debate de caballeros en sesión ordinaria fue otra rebaja de impuestos a favor del empresariado gráfico mediante una reducción del IVA en diarios, revistas y publicaciones.

Lo que no pudo evitar el Gobierno fue la media hora reglamentaria de “preferencias”, donde se metió de lleno el pedido de reunión de la Comisión de Juicio Político para iniciar el trámite contra Boudou, un costo asumido que a la postre sería abortado mediante la mayoría K en la reunión del día siguiente.

El Frente de Izquierda votó a favor, por supuesto, reclamando que Boudou se vaya para dejar de usar el poder del Estado en su propio encubrimiento. Pero no suscribimos texto alguno con una oposición que formó parte de la corrupción de todos los regímenes anteriores al kirchnerismo y una parte de la cual votó la estatización encubridora de Ciccone. Esa preferencia obtuvo 98 votos. Pero de inmediato colocamos nuestra propia preferencia, luego de horas de batalla política en labor parlamentaria: la ley de prohibición de despidos y suspensiones que plantea el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la apertura de libros de toda empresa que cierre, suspenda o despida.

En la defensa política de la iniciativa marcamos los conflictos de Lear y Donnelley, los cierres de frigoríficos con 14 mil puestos de trabajo perdidos y los más de 100 mil despidos en la construcción. Denunciamos la agenda económica oficial que negocia con los buitres a espaldas del Congreso y del pueblo, cuyo pago llevará a nuevas devaluaciones, tarifazos, impuestazos y más ajuste. Colocamos los despidos como una consecuencia de esta política, propusimos que el Congreso trate la deuda, la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y una ley de inmediato para frenar la ola de cesantías.

El kirchnerismo boicoteó cuatro sesiones especiales motorizadas por la oposición en torno a Ganancias sobre los salarios, las dos últimas de ellas con temario ampliado por nosotros a despidos y suspensiones. Aprovechando la crisis política, esta vez los obligamos a votar la preferencia para nuestro proyecto cuando arrecia una crisis industrial que lleva 10 meses de caída de la actividad y se agravan los despidos y suspensiones: contra los 100 votos a favor de nuestra preferencia, hubo 126 vergonzosos votos para que se siga descargando la crisis capitalista sobre las espaldas obreras.

Los obreros de Lear, de Weatherford, de Patty, de Racid, las automotrices o de Donnelley, de Emfer o Valeo tuvieron voz en el Congreso. Dimos una nueva batalla parlamentaria contra la unidad nacional a favor del pago de la deuda externa y por la agenda de la clase obrera: que la crisis la paguen los capitalistas.

Macartismo sindical

Tras la solicitada de la burocracia del Smata contra la lucha de sus trabajadores y el ataque al Partido Obrero y a la izquierda, se reunieron los secretarios generales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA). El tema no fue la crisis industrial y la ola de despidos y suspensiones, sino “la infiltración de la izquierda en los sindicatos”, en todo caso en oportunidad de esa crisis.

Dijeron presente Antonio Caló, Ricardo Pignanelli, los textiles y -dato importante- Alberto Roberti de la Federación Petrolera y diputado de Sergio Massa. Es decir que estamos hablando de distintas alas de la burocracia sindical peronista. Roberti fue el vocero de la reunión, indicando que “rechazarán la situación de violencia que quieren hacer vivir en los puestos de trabajo y la extorsión de la izquierda cuando toma una fábrica”.

En el Smata, los fraudes permanentes en las elecciones de delegados se complementan con el accionar de patotas que garantizan esos fraudes al impedir la fiscalización. En VW Pacheco agreden a todo grupo opositor con anuencia de la patronal.

En la Uocra (burdo firmante “contra los violentos”), el método de regimentación sindical ha pasado a ser centralmente el accionar de bandas armadas, de tal suerte y con tal extensión, que dirimen sus disputas internas a balazos -además de los ataques permanentes al Sitraic y al activismo independiente.

Es claro que el crimen de Mariano Ferreyra no fue un rayo en cielo sereno. La combinación de barrabravas, gendarmería y territorios liberados tiene expresión hoy en Gestamp, donde tropas de elite ocupan el comedor y la militarización impide la reunión de más de tres obreros en el enorme predio de la fábrica. En el Inti, 900 efectivos de distintas fuerzas ocupan el parque de la planta.

La semana pasada, el local de San Justo del PO sufrió un atentado y aparecieron volantes apócrifos, en la sede central y otras, con las caras de Jorge Altamira y la mía.

Están usando el lenguaje del lopezrreguismo, las patotas de Rucci y la asociación con las fuerzas de seguridad que tuvo la Triple A. Aquellas patotas y grupos parapoliciales actuaron bajo el amparo de la autoridad de Perón ante los trabajadores, aun en su fase final. Después del desbarranque de Isabel, de Menem-Duhalde y del fracaso kirchnerista, estas patotas son las patrullas de un peronismo en abierto retroceso político e histórico.

Es claro que el kirchnerismo -ni en su etapa transversal, ni en la de la “concertación plural”, ni en la cristinista-camporista- no ha construido nada propio en el movimiento obrero, sino que se asentó en el “sindicalismo que construye” de los Pedraza y compañía.

Pignanelli dice que “la izquierda atomiza al movimiento obrero”, pero no puede disimular que es la burocracia la que está atomizada en cinco centrales, divididas a su vez por dentro. La izquierda cobra fuerza, precisamente, a partir de ser un factor de acción común del movimiento obrero, mediante la homogeneización de la asamblea y de la lucha por las reivindicaciones abandonadas por la burocracia.

Nuestra estrategia es reforzar la organización clasista y la unión política, que la propia burocracia reconoce entre el nuevo activismo sindical y la izquierda obrera y socialista, porque indudablemente su desarrollo está asociado a la necesidad de la independencia política del movimiento obrero, de la patronal y de sus partidos.

¿Por qué solo retocar el mínimo no imponible?

Las paritarias han devuelto a la agenda del movimiento obrero la cuestión del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El miércoles 7 de mayo participamos de la sesión especial que reunió a casi cien diputados de la oposición. Allí defendimos nuestro proyecto que no es de retoque del mínimo no imponible sino de abolición del impuesto al salario. Denunciamos al kirchnerismo que se apuró a convocar sesión para rebajar aportes patronales (21/5), pero boicoteó esta sesión por una reivindicación crucial del movimiento obrero.

Sin duda, la primera lucha política es que el tema se debata en el Congreso. Pero el Partido Obrero plantea discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años hasta transformar la cuarta categoría en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar a los empresarios que disimulan sus ganancias y las de sus ejecutivos bajo la forma de salarios directivos.

Los decretos del gobierno violan la legislación puesto que, como cuestión impositiva, el ámbito de resolución es el Congreso. Pero, más todavía, violan el reclamo recurrente del movimiento obrero, porque esta reivindicación está al tope de los paros y movilizaciones de los últimos años.

El salario en la Argentina paga hasta el 53% en impuestos. Es decir que el primer día libre de impuestos es cercano al 1º de julio, depende los rangos salariales. Los “nacionales y populares” han logrado la mayor carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores en función de mantener las rebajas de aportes patronales menemista, de no gravar la renta financiera, de sostener un edificio donde los impuestos se trasladan a los precios y con ellos al consumidor asalariado, en mantener el IVA de Cavallo, o ridículos inmobiliarios a la propiedad terrateniente, entre otras perlas.

Pero además, la cuarta categoría, como los impuestos a los combustibles, son de los de más perfecto cobro. Se hace mediante el sistema despótico de descuento patronal sobre los recibos de sueldo, mientras el empresario tributa por declaración de ganancias y balances bajo su estricto control.

El argumento oficial es que ocurre lo mismo en los EEUU o las metrópolis europeas. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque hoy por hoy todos los estados imperialistas descargan brutalmente la crisis capitalista mundial sobre las espaldas de sus trabajadores.
Tampoco tiene nada de progresista la finalidad de estos impuestos. Son para indemnizar a Repsol, para sostener el edificio de la deuda usuraria, para pagar los subsidios a las privatizadas que vaciaron nuestros servicios públicos (otorgando un subsidio indirecto a la patronal industrial beneficiada por salarios bajo la línea de pobreza) o para mantener las múltiples excenciones y subsidios a los capitalistas mediante el presupuesto público.

La enorme confiscación sobre los salarios más elevados, arrancados con la lucha de la clase obrera, ha sido tan grande que se ha popularizado la cuestión de que el salario no es ganancia. Sin embargo, los más de veinte proyectos legislativos de la oposición tradicional sobre el tema sostienen la cuarta categoría y apuntan restringidamente a elevar el mínimo no imponible. Aún cuando plantean mecanismos automáticos de actualización y en casos también una alteración de la nefasta tablita de Machinea que el gobierno no actualiza y conduce rápidamente a las alícuotas más altas, todos, sostienen la cuarta categoría.

El Partido Obrero plantea la cuestión de fondo. Si el salario no es ganancia, debe ser abolido el gravamen sobre todo salario de convenio colectivo, carrera estatal o judicial y sobre las jubilaciones. Nuestro proyecto de ley mantiene el impuesto a las ganancias sólo sobre ingresos gerenciales y directivos por sobre un importe equivalente a tres canastas familiares calculadas por organizaciones obreras, hoy, digamos 30 mil pesos y, calcula el mismo piso para los monotributistas.

Nuestro proyecto rescata la reivindicación obrera y es el puntapié de una lucha contra todo el sistema regresivo que la clase capitalista vino imponiendo con sus gobiernos desde hace 30 años de manera creciente.

Tiene además un recorrido valiosísimo. Ha sido votado en numerosas asambleas obreras. La más importante, el plenario clasista convocado por el Sindicato Unico del Neumatico de San Fernando, que movilizó miles de trabajadores al Ministerio de Trabajo en el mes de setiembre pasado con la consigna “abolición del impuesto al salario”. Fue presentado en marzo por nuestro bloque, pero además se difundió en la campaña electoral con su letra expresa, a través de decenas de miles de folletos en puerta de fábrica. Es el mandato de un millón trescientos mil trabajadores que votaron al Frente de Izquierda. Lucharemos por él en la batalla parlamentaria de estos días y tiene que formar parte de la continuidad del plan de lucha que abandonó la burocracia sindical.

Cartón lleno con la falsa ley de blanqueo

Con toda justicia se puede acusar al kirchnerismo de menemismo al dar media sanción a una ley de rebaja de aportes patronales con la excusa del blanqueo de trabajadores. Lo que no se puede obviar es que la norma se aprobó con el voto unánime de los 57 senadores presentes, es decir, macrismo, radicales y centroizquierda además de “nacionales y populares”.

Claro, fue cautivante para todas las fuerzas políticas patronales. Dos años de exención de cargas previsionales a las pequeñas empresas, 50% a las medianas y 25% a toda empresa capitalista (aunque sea la GM) que tome trabajadores, de lo que se supone blanquearían los trabajadores en negro.

Como denunciamos antes que nadie, la ley afecta los fondos de la Anses y, por lo tanto, la movilidad jubilatoria, la cual se calcula por un índice combinado que incluye recaudación. Es decir que es un subsidio de los trabajadores y sus jubilaciones a las patronales culpables del trabajo en negro. Frente a esto, el massismo propone “encapsular” la movilidad. En criollo, hacer la rebaja pero mantener la movilidad, desfinanciando a la Anses. De esto Massa sabe, no caben dudas.

Pero la ley no tiene ni pies ni cabeza porque, si una empresa no necesita trabajadores, no los toma aunque los aportes sean más bajos. De esto aprendimos con sangre desde 1996, año de la rebaja de aportes patronales: cuando llegó la crisis rusa y asiática en 1998 se produjo el mayor índice de desocupación, 18%; con las rebajas patronales en plena vigencia. Una ley de este tipo no promueve el empleo ni detiene los despidos y suspensiones, exactamente lo que está ocurriendo ahora.

En cuanto al blanqueo mismo hay una enorme mentira. La empresa que paga en negro, tiene fondos de origen negro, basados en un circuito en negro, donde se evaden las cargas sociales y el conjunto de los impuestos. Nadie se va a autodelatar porque blanquear un trabajador sea barato.

La norma cavalliana incluye una especie de veraz de los infractores que surgiría de un registro llevado por los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo -400-, responsables de terminar con el 34% de trabajadores en negro del país, unos 5 millones. Absurdo, incluso si no tomamos en cuenta que gran parte de los inspectores mismos son precarios, porque sabido es que ni el Estado nacional ni las provincias (y menos que menos el macrismo) se privan de explotar compañeros como monotributistas.

Nuestra intervención en el Parlamento, en éste como en tantos temas, pondrá blanco sobre negro los intereses sociales y de clase que cada uno representa. El Partido Obrero plantea disponer garantías de estabilidad laboral a todo trabajador que notifique su condición de trabajador en negro para evitar el despido y así movilizar la propia fuerza social de la clase obrera para terminar con la superexplotación de la informalidad en la cual se pagan los peores salarios y no rigen ni leyes ni convenios.

Toda la clase capitalista lucra con la informalidad, por sí misma, por vía de la tercerización o por la vía del abaratamiento de insumos. Sólo los trabajadores acabaremos con este flagelo. En diputados la izquierda revolucionaria se hará ver otra vez en este tema como alternativa política de los explotados.

El sindicalismo peronista ya no puede movilizar

El 1º de mayo, fecha internacional de lucha de la clase obrera, queda una vez más en manos de la izquierda, que se hará presente la Plaza de Mayo y la mayoría de las plazas del país. El elemento convocante será el ascendente Frente de Izquierda y los Trabajadores, que cerrará el acto central a través de sus referentes y de Jorge Altamira, su principal figura. A la par hablarán una docena de oradores del sindicalismo combativo, clasista que desafía a la vieja burocracia sindical en los sindicatos de las cinco centrales.

El dato no es menor. Porque el sindicalismo peronista -tampoco el de centroizquierda-, no puede ser convocante sin la ayuda del retiro pactado de las empresas, o sin el componente de un abandono de tareas de los lugares de trabajo. El sindicalismo peronista no puede movilizar a sus aparatos en el día de los trabajadores. La militancia obrera está en manos de los socialistas, aunque la mayoría de los aparatos sindicales son dominados por la vieja burocracia.

El otro aspecto es que después del formidable paro del 10 de abril, los convocantes centrales se repliegan a distintas operaciones distraccionistas, incluso, divididos. Un acto el 8 de mayo de la CTA Micheli y otro el 14 de Moyano y Barrionuevo. Estos últimos, referenciados en la oposición de derecha, mutan las banderas del 10 de abril a la “seguridad”, un discurso que incluye la represión a las manifestaciones “no legítimas” y por lo tanto tributa hacia un Estado policial para garantizar el ajuste contra el cual lucha el movimiento obrero.

La contradicción está en el núcleo de la situación política que se expresará este 1º de mayo. Un gobierno en retirada que apela a una desesperada operación de salvataje del capital financiero vía la escandalosa indemnización a Repsol como eslabón de una cadena de endeudamiento. El golpe de timón del Banco Central con tasas siderales que agravan la parálisis económica. El kirchnerismo ha tomado las banderas de derecha de la oposición. En este escenario se produce la disgregación del peronismo y la derechización de la centroizquierda absorbida en el FA-Unen.

En tanto, se combinan las luchas salariales –la docencia de Salta en huelga general autoconvocada post-paritarias hace casi un mes- con una ola de despidos y suspensiones mecánicas que rápidamente serán metalmecánicas, otro tanto en la construcción donde la obra pública está paralizada y la privada caidísima. Marzo ha sido el octavo mes de caída de la producción industrial. Nuestra iniciativa política en el movimiento obrero este 1° de mayo es por la continuidad de un plan de lucha mediante un paro activo de 36 horas, es decir avanzar en una acción histórica de los trabajadores para quebrar el ajuste en marcha.

Llegamos con una acumulación política del Frente de Izquierda luego de una década de refutación política del kirchnerismo. El ascenso del FIT a un millón trescientos mil votos en octubre pasado y luego la victoria del Partido Obrero en Salta y más recientemente otra importante elección en Mendoza, hablan de una tendencia política profunda hacia la construcción de una nueva referencia política entre los trabajadores ante la crisis del peronismo la mencionada disolución de la centroizquierda.

Por lo tanto el significado de esta gran Plaza de Mayo masiva convocada por el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo expresa el comienzo de la concreción de un objetivo estratégico, de fondo, que es el objetivo mundial de los socialistas, la fusión del movimiento obrero y la izquierda. En esa dirección estamos y la Plaza será un escenario en el que Partido Obrero planteará a toda la militancia y ante el conjunto de los trabajadores esta perspectiva, inscripta en el programa estratégico del Frente de Izquierda y los Trabajadores que es el gobierno de los trabajadores. En un nuevo aniversario de los mártires de Chicago, en el Día Mundial de los Trabajadores, diremos con más respaldo que nunca: por la unidad mundial de los trabajadores y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.