El caso Nisman y el poder

Nicolás Caputo

En el caso Nisman, su denuncia y su muerte, la lucha de la Presidenta no es únicamente en el plano judicial. La imagen que Cristina Kirchner pretendía dejar tras abandonar el poder -la de una líder popular que había resistido los embates del monopolio mediático, del imperialismo yanki y de los fondos buitre- corre el riesgo de terminar en el “hondo bajo fondo, donde el barro se subleva”. Lejos del relato épico, enceguecido en su desesperación, el kirchnerismo es una fiera que en cada zarpazo se hunde un poco más en esa ciénaga que es el mundo de servicios, encubrimientos y personajes patibularios.

Desde que hiciera Nisman su denuncia, se movilizó el aparato de propaganda K, a través diarios y televisión oficialistas, con brutales operaciones. Lo acusaron de borracho, títere de Stiuso, peón de la CIA, de llevar una vida dispendiosa, de mal padre y desestabilizador, entre otros. El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, llegó a decir “estoy seguro que Nisman no escribió la denuncia”, a la vez que, en una entrevista televisiva, reconocía no haberla leído y haberse informado de su contenido por la prensa.

A su vez, el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, definió a Luis D’Elía como un “traficante influencias”, sin representatividad y “vendedor de humo”. Siguiendo su lógica, deberíamos creer que este exfuncionario del kircherismo, con acceso a la Casa Rosada y sentado en las primeras filas de los actos oficiales durante años, era en realidad un marginal que actuaba solo.

El problema del argumento del senador es que, en primer lugar, las escuchas telefónicas indican que D’Elía, junto a Khalil, era el nexo de un canal secreto y paralelo de comunicación entre el oficialismo (aparecen mencionados el entonces secretario de la presidencia y actual jefe de la inteligencia Parrilli, unos de los jefes de La Cámpora, Andrés Larroque, el ministro Julio de Vido) y el gobierno iraní, incluyendo a uno de los prófugos del caso AMIA (Mohsen Rabbani).

En segundo lugar, lejos de tratar sobre cuestiones secundarias, este canal fue empleado de manera directa por la política oficial sobre el caso AMIA, cuyo principal resultado es el memorando de entendimiento. Uno de los ejemplos del funcionamiento del canal son las conversaciones grabadas de septiembre de 2013. El 24 de ese mes, en su discurso en Naciones Unidas, la Presidenta había reclamado a los iraníes que dijeran qué iban a hacer con el memorando firmado en enero que, tras la aprobación “express” del Congreso argentino, había sido cajoneado en el parlamento persa. El presidente de Irán ni había mencionado el tema en la ONU. Sin embargo, el 26, Timerman afirmó que, tras una conversación con el canciller iraní, se había concertado una reunión para el 28.

El día 27 D’Elía llamó a Khalil para que transmitiera a Irán un “mensaje urgente del gobierno argentino” (aclarando, “estoy en la casa de gobierno ahora”). Khalil, a su vez, se lo pasó a la más alta autoridad diplomática de Irán en Argentina, el encargado de negocios. La solicitud, “a pedido de Cristina”, era la concreción de la reunión que había anunciado Timerman, quien informó tras la misma, y aunque fuera falso, que el canciller iraní le había asegurado que Irán había aprobado el memorando con el aval del consejo superior de seguridad nacional y el líder supremo. La denuncia de Nisman incluye varios episodios similares más. Extraña marginalidad la de personajes que se comunicaban para arreglar reuniones al más alto nivel.

Más grave aún, ese canal de comunicación paralelo habría incluido el traspaso de información de inteligencia a Irán, el país sospechado de haber agredido a la Argentina. Contra quienes afirman que el fracaso del memorando borra toda posibilidad de delito, esto, de ser cierto, sería uno de los crímenes más graves posible, el de traición a la patria.

También se puso en duda la verosimilitud de los argumentos de Nisman sobre las razones del pacto (abrir el comercio tras la caída de las notificaciones rojas de Interpol). Efectivamente, sobre los motivos, Nisman especula y emplea fuentes secundarias. Pero quienes critican esto nada explican del canal de comunicación que las escuchas telefónicas revelan. La lógica indica que sería deseable, al menos, que la justicia argentina tomara el testimonio de quienes están incluidos en las conversaciones grabadas. La desestimación del juez Rafecas en tiempo récord es, por este motivo, sorprendente.

Finalmente, se afirmó que las escuchas no prueban la culpabilidad presidencial porque Cristina Kirchner no participa de las conversaciones. El mismo Nisman explica que no poseía suficientes elementos y que el objetivo de la denuncia era justamente iniciar la investigación judicial. Escribe que “lo que se vislumbra, por grave que sea, resulta ser -apenas- la punta del iceberg. Al respecto, se advierte que los aspectos más delicados de la planificación del delito no fueron comentados vía telefónica sino convenidos personalmente, por lo que la rápida actividad jurisdiccional para reconstruir históricamente lo sucedido resulta, en este caso, fundamental”.