Desde su recuperación en 2008, la gestión de Aerolíneas Argentinas es una de las más castigadas desde los medios dominantes. Una de las principales razones de ello radica en el nuevo rol que le asignó el Gobierno a la empresa dentro del proyecto político nacional. Veamos por qué.
Como suele suceder en las distintas esferas de la economía nacional, el sector aerocomercial representa un escenario más en el cual se disputan distintos proyectos políticos. Están quienes descreen de la capacidad del Estado como promotor y ejecutor de una política aerocomercial inclusiva y eficiente y, en consecuencia, relegan en el sector privado toda iniciativa. Y, por otra parte, quienes entienden y defienden la necesidad de consolidar al transporte aéreo como una herramienta importante para estructurar el territorio nacional de manera inclusiva, persiguiendo además objetivos de rentabilidad social. En este último sentido fue clave la recuperación de la empresa Aerolíneas Argentinas, principal actor del mercado.
La experiencia histórica reciente resulta particularmente representativa de ambas posturas. La consolidación del modelo liberal a fines de los 80 impuso la desregulación del mercado aerocomercial y la privatización de Aerolíneas. Inicialmente, ello provocó la proliferación de nuevas empresas de transporte aéreo, con un incremento importante en la cantidad de servicios prestados. No obstante, la intensificación de la competencia, fundamentalmente vía precios (tarifas), revirtió la tendencia y comenzó a concentrar nuevamente el mercado mediante un proceso de quiebras y fusiones. Además, a la par que crecía la oferta de vuelos, se reducía la conectividad interna, concentrando en menos ciudades los centros de conexión de vuelos.
Sumado a ello, la privatización de la mayor empresa argentina había significado el desplazamiento de la planificación estatal por gestiones privadas, que poco representaron los intereses nacionales. Muestra de ello fueron la desinversión, el recorte de servicios y la falta de renovación de flota, la cual llegó en 2008 a ser la más antigua de la región.
De esta forma, se consolidó una red de transporte aéreo interno que operaba exclusivamente a favor de las rutas rentables, desintegrando y reproduciendo un esquema territorial desigual, el cual ni siquiera implicó la supervivencia de la propia gestión privada. Cabe recordar que al momento de su estatización, Aerolíneas registraba un patrimonio negativo de 2.500 millones de pesos y un pasivo de casi 900 millones de dólares.
Es en este contexto, en donde el gerenciamiento público de Aerolíneas resulta una herramienta indispensable. Permite, por un lado, servir de instrumento para generar una estructura territorial más integrada y federal, incentivando la conectividad entre provincias. Por otro, impulsa fuertes impactos catalécticos al conjunto de la economía, en particular en aquellos territorios en donde se ha mejorado la accesibilidad por este medio. Ello implica la ampliación de mercados y nuevas oportunidades de negocios, generando trabajo y articulando así una sinergia positiva entre el sector público y el privado.
Hoy los resultados son visibles. Con una flota renovada y homogénea, que repercute en la operatividad y disminuye costos, la empresa cubre 35 destinos en todo el país, integrados muchos de ellos por corredores federales que no tienen como punto de conexión la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello ha permitido recuperar la confianza de los pasajeros y liderar el mercado doméstico con una participación del 83 por ciento.
Otro elemento que pone en evidencia el cambio de paradigma es la incorporación de tecnología al sector aeronáutico nacional que implicó la incorporación de simuladores de vuelo en el complejo industrial de Ezeiza. Volver a contar con un centro de capacitación y entrenamiento de pilotos permite agregar valor a la industria, ahorrar divisas en certificaciones y viajes al exterior y, también, generar recursos, ya que las horas de vuelo remanentes son alquiladas a pilotos de otras compañías.
Por todo ello, la recuperación de la línea de bandera implicó la firme decisión del Gobierno nacional de tomar el timón de la aeronavegación como herramienta articuladora del territorio nacional y promotora a su vez, en consonancia con los objetivos de crecimiento e inclusión social, del desarrollo económico y turístico del país. Quizás, justamente por ello, es que Aerolíneas Argentinas es uno de los ejemplos de gestión pública más cuestionados por algunos referentes del arco político y mediático opositor, para quienes la rentabilidad económica es la única variable a considerar al momento de evaluar una empresa pública, argumento que en los noventa condujo a las privatizaciones, con los resultados que ya todos conocemos.