Inundaciones: Estado, sociedad y doble discurso

Nicolás Tereschuk

Los debates surgidos luego de las trágicas inundaciones que afectaron a La Plata y la Ciudad de Buenos Aires permiten hacerse una serie de preguntas en torno a la visión que la sociedad y sus representantes tienen sobre el Estado y sobre cuál es la mejor modalidad de acción desde el sector público.

¿Son estas siempre coherentes? En este sentido:

  • ¿Existe un consenso claro en el país en cuanto a cuál debe ser la capacidad de influencia e intervención del Estado en la sociedad o se trata de un tema en permanente disputa?
  • Los partidos políticos, ¿están en su mayoría de acuerdo en torno a ese tema?
  • Y en los medios de comunicación, ¿hay coherencia en los discursos que se escuchan sobre el Estado?
  • Los reclamos por mayor capacidad de “planificación” por parte del Estado que se escucharon en estos días, ¿tienen correlato en la mirada que la gran mayoría de la dirigencia política tiene sobre ese tipo de actividades?
  • ¿Por qué el último Plan Nacional de Desarrollo en el país data del año 1973?
  • ¿Por qué fue recién en el año 2003 que el ex presidente Eduardo Duhalde creó un Ministerio que contiene la palabra “Planificación” en su nombre, situación que se mantuvo durante los gobiernos kirchneristas?
  • ¿Existió un consenso mayoritario en la dirigencia política cuando apenas en diciembre de 2011 la hasta entonces Secretaría de Política Económica -a quien la ocupa se lo conoce como “viceministro” de Economía- pasó a incorporar entre sus funciones primordiales la “Planificación del Desarrollo”?
  • ¿Existe un doble discurso en la sociedad cuando se reclama un Estado que pueda prever, planificar, destinar fondos para enfrentar fenómenos climáticos inéditos y llegar con asistencia para emergencias “casa por casa”, pero a la vez acumula permanentes quejas de algunos sectores por una “presión tributaria récord?
  • ¿Existe alguna contradicción en una sociedad que se muestra mayoritariamente solidaria ante la emergencia pero en la que algunos sectores fugaron fuera del circuito de la economía local casi 80 mil millones de dólares entre 2007 y 2011?
  • ¿Y no ocurre lo mismo con la avidez de ciertos sectores por el llamado “dólar blue”, que puede ser considerado como una forma de consolidar ahorro pero no es menos cierto que se trata de una forma de contar con “dinero negro” fuera de todo control y tributación?
  • ¿No existe alguna contradicción entre el reclamo que ahora se escucha por regulaciones más estrictas al sector privado en la construcción de viviendas y edificios en las grandes ciudades y comprobar a la vez que sectores políticos el año pasado se opusieron a una Ley de Hábitat que obliga a los grandes emprendedores a realizar compensaciones para la construcción de viviendas sociales?
  • ¿No ocurre lo mismo cuando a la vez que se exige cuidado del ambiente o previsión en obras públicas se avalan permanentes “excepciones” a los códigos urbanos en muchos municipios?
  • ¿No existen también contradicciones en una sociedad que a la vez que reclama regulaciones al sector privado -en este caso a empresarios del sector de la construcción o inmobiliario-, durante la década del 90 e incluso más allá denominó como de  “Desregulación” a una de las Secretarías del Ministerio de Economía?
  • ¿O cuando se exigen regulaciones y controles al sector privado en la construcción, pero se dan por buenos índices y ránkings sobre la “facilidad de hacer negocios” en países, como uno que difunde año a año el Banco Mundial?
  • Se escucharon cuestionamientos al hecho de que el Estado realiza transferencias directas a las familias o al sector privado en lugar de invertir más en obras públicas. ¿Los ciudadanos que dejan de percibir subsidios al consumo de servicios públicos perciben la medida como justa o injusta? ¿Y aquellos que envían a sus hijos a colegios privados que dejan de percibir subsidios? ¿Y si empresas dejaran de percibir beneficios como créditos para la producción subsidiados considerarían la medida como acertada?
  • Se habló en particular en el caso de la Ciudad de Buenos Aires sobre la necesidad de realizar obras en el Arroyo Vega. ¿Cómo debería ser la discusión y el debate para la realización de esas obras que, en muchos casos atravesarían zonas donde viven vecinos de ingresos relativamente altos en comparación con los de la Zona Sur, donde la inversión pública ha sido incluso menor?

Es deseable y positivo que existan debates sobre la capacidad del Estado, sus niveles de eficacia, eficiencia y transparencia. También sobre la “calidad” en la asignación del gasto público. Pero no parece coherente que sectores que siempre tienen como receta la reducción del gasto público o consideran que permanentemente el Estado “asfixia” a la sociedad, exijan ahora un sector público grande, fuerte, ágil, con un alto nivel de capacidad para planificar, prever y actuar.