Riesgos para América Latina

Las bajas tasas de intereses que mantuvo la Reserva Federal norteamericana (FED) desde la salida de la crisis de sub-prime estuvo en línea con las necesidades de la economía estadounidense para trata de escapar rápidamente a la recesión. Mientras tanto, un conjunto de países de América latina hicieron uso del ingreso de capitales de corto plazo como dinero fresco para financiar el déficit comercial y sostener la actividad. Sin embargo, un aumento de tasas de interés generaría una reversión de estos flujos capital y comerciales generando una situación de vulnerabilidad que afectaría el crecimiento en la región.

La tasa de interés de los bonos del tesoro que fija FED es el precio de financiamiento que paga el gobierno de los EEUU por financiarse vendiéndole bonos a ese Banco Central. En términos generales, una política monetaria de tasa de interés baja lo que hace es abaratar el financiamiento del sector público y privado, incentivando el consumo y la inversión, haciendo crecer la actividad económica. Como demuestra el gráfico a continuación, desde la crisis de las “Punto Com” hasta la actualidad la FED tuvo una política de tasas bajas. Principalmente, tras el estallido de la burbuja de las “sub-prime” en 2007 la reserva federal estadounidense disminuyó las tasas de referencia para incentivar la actividad económica en el medio de la crisis más grande que se tenga memoria. Sin embargo, esto no impidió que desde el III-Trim de 2007 hasta el II-Trim de 2009 la economía norteamericana entrase en recesión. Superado este periodo, comenzó a especularse sobre un cambio de estrategia de retiro de los incentivos, cosa que todavía no sucedió.

Tasas de interés de los bonos del tesoro de EEUU 
FED, bonos a 3 meses

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Mientras tanto, durante la mayor parte de esta década en América Latina se experimentó una situación excepcional. Las bajas tasas de interés facilitaron el financiamiento del déficit de balance comercial y los niveles de actividad económica para la mayoría de los países. A su vez, la financiación a tasas cada vez menores permitió la disminución del endeudamiento y la acumulación de reservas, producto del flujos de capital que ingresaba a la región en búsqueda de rendimientos mayores, junto con los flujos comerciales resultado de los altos precios de las materias prima.

Según datos de la CEPAL el endeudamiento externo en términos del PBI para toda América Latina se redujo del 35,9% en 2001 a 19,2% en 2012. Sin embargo, esta situación contrasta con los resultados de las cuentas externas para algunos países, según datos del mismo organismo para el año 2012, el déficit comercial alcanza el 7,4% del PBI para Uruguay, el 3,4% para Chile y el 3,7% en Brasil y 3,3% en Colombia. Como el resultado del balance de pagos es positivo, estos resultados implican que el déficit del comercio exterior está siendo financiado con el ingreso de fondos de la cuenta capital.

Sin embargo, un aumento de tasas de interés por parte de la reserva federal de Estados Unidos generaría un reversión de los flujos de capital de corto plazo hacia las economías centrales (por el mayor rendimiento y el menor riesgo) y un encarecimiento del financiamiento de los déficit comerciales. A su vez, la historia no termina allí ya que el canal comercial mediante una disminución de los precios de las materias primas también se verían afectado. Como demuestran Bastourre, Carrera e Iberlucea en la Nota Técnica nro. 57 del BCRA titulada ” Dos síntomas y una causa: Flujos de capitales, precios de los commodities y determinantes globales”, en el caso de las economías emergentes los flujos de capital no son independientes de los flujos comerciales ya que un solo factor explica más del 80% de la variabilidad total de los spreads de riesgo soberano y el precio de los commodities.

En el caso de Argentina, el relativo aislamiento de los flujos de capital que ingresaron a la región mantuvo a la economía en línea con sus posibilidades de crecimiento y distribución dadas por las limitaciones estructurales de una economía en proceso de industrialización. En este sentido, la idea de sortear el actual escollo financiero en el sector externo con nuevo financiamiento debería analizarse a la luz de los riesgos que podrían implicar salir a colocar deuda en un contexto de posible cambio en el régimen monetario internacional.

Las presiones devaluatorias e inflacionarias buscan forzar un cambio en el régimen de acumulación

Desde hace unas semanas la economía argentina está viviendo una intensificación de la disputa distributiva. Esta disputa se ve reflejada en dos variables nominales claves: el precio de dólar y la inflación. La vinculación entre ambas resulta esencial para poder comprender el estado del funcionamiento de la economía en cualquier sociedad.

Estas variables han sido muy estudiadas por la escuela de pensamiento económico que se conoce como el Estructuralismo Latinoamericano. Estas ideas fueron el resultado del pensamiento de los economistas de América Latina como Raúl Prebisch, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Oscar Braun y Marceo Diamand, entre otros. Su surgimiento se relaciona a la experiencia de estos economistas en distintos ámbitos académicos y de la gestión pública, vinculados con la toma de decisiones en los procesos de industrialización que emprendieron nuestros países a de mediados del siglo XX. El carácter de interés por entender problemas prácticos fue una de las principales características que se imprimió en este tipo de pensamiento, vinculando nociones históricas, sociales y políticas en una misma formulación conceptual.

Los países que se han comprometido en el desarrollo de un proceso de industrialización suelen enfrentarse un problema económico similar, conocido como restricción externa. Esta dificultad consiste en la capacidad que los países poseen  para financiar las importaciones de bienes, insumos y tecnología necesarios para el desarrollo de su industria nacional. Este desarrollo implica la adquisición de un conjunto de capacidades tecnológicas y es la única salida para achicar la brecha de ingresos con los países capitalistas más avanzados. En el medio de este camino, es necesario una política de tipos de cambio diferenciales que implica la administración del precio del dólar junto con un conjunto de medidas de aranceles y subsidios de acuerdo con la competitividad de cada sector de la economía que se pretende desarrollar. Por el lado distributivo, la consecuencia lógica de un proceso de crecimiento y cambio estructural es la existencia de tensiones por la participación en las distintas porción del excedente, que resulta en cierto grado de inflación, fenómeno presente en todos los países hoy industrializados, y que, administrada con diversas políticas de ingresos, no resulta problemática.

Entre tanto, estos procesos no suceden en el vacío, son el resultado de fracciones sociales que legitiman los intereses y su proyecto político hacia el conjunto de la sociedad. Este proyecto político es conducido por una fracción hegemónica cuyos intereses resultan ser los del conjunto de la sociedad. Este proceso de legitimación incluye un ordenamiento institucional (de hecho o legislado) conocido como régimen de acumulación, donde se distribuyen prioridades y beneficios en un sentido amplio, el cual es relativamente estable en el tiempo. Este mecanismo trae consigo el  perfil de inserción internacional (si al resto del mundo le vamos a vender granos o productos manufacturados) cuyo origen es la distribución del excedente del proceso de acumulación y su resultado un esquema estable de procesamiento de conflictos políticos (de distinta magnitud) que se generan entre tanto.

Durante la última década, Argentina ha vivido un cambio de régimen de acumulación. Este fue el resultado de la crisis económica, política y social que vivió el país a fines de 2001. Desde lo económico, la profunda recesión y la excepción al pago de la deuda permitió alejar la restricción externa y motorizar la demanda interna mediante el aumento del consumo doméstico. El nuevo régimen de acumulación en desarrollo se reflejó en una nueva hegemonía de los sectores industriales, comerciales y de los trabajadores vinculados al mercado interno. De allí la intensificación del rol del Estado en la economía expandiendo el sistema de protección social, la mediación en las negociaciones colectivas de trabajo, el incremento de la inversión pública en obras y a través de las empresas del estado, la distribución del ingreso con las retenciones, el control de los capitales, etcétera.

En la actualidad existe una embestida del bloque financiero-agro exportador, en alianza con las empresas transnacionales y los grupos mediáticos concentrados, es decir, el bloque hegemónico durante la década neoliberal, y que hoy pugnan por recuperar la conducción del proceso económico. Esta disputa se ve reflejada principalmente en el campo de intervención del Estado en la economía.

La reciente aceleración de la devaluación generó una fuerte transferencia de ingresos de las clases populares (que tienen ingresos nominados en pesos) hacia los sectores exportadores (de ingresos en dólares), que resultó ser muy beneficiosa para estos últimos. Sin embargo, el problema no es simplemente el precio del dólar o la rentabilidad sectorial sino “las retenciones” (en palabras del titular de la Sociedad Rural, Diario La Voz del Interior, 1º/2/14). Esto es así y parecería que no puede ser de otra manera. Entre otras medidas, las retenciones son un reflejo del proyecto político industrialista del bloque nacional, que hoy es el que conduce el  Gobierno Nacional y esto es lo que pretende ser puesto en cuestión.

Por ello, la dinámica del dólar y la inflación son el centro de la escena de la disputa política por una transformación del régimen de acumulación. Un aumento brusco en el tipo de cambio generaría una pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, disminuiría el consumo interno, frenaría la inversión, el empleo y crecimiento de la economía. De este modo, lo que se busca es deslegitimar un modelo económico exitoso para poner fin a un proyecto político de industrialización. De un lado, un modelo de crecimiento con inclusión social que prioriza el empleo, la distribución del ingreso y la expansión del mercado interno y, por el otro, un modelo de financiarización y exportación de materias primas, de estancamiento del poder adquisitivo y contención del conflicto social.

 

Agradezco los valiosos comentarios de Santiago Goyer y Dionela Guidi.

Las retenciones son un herramienta clave de intervención de la política económica

En el transcurso de esta semana estuvo presente en el debate mediático la cuestión de las retenciones. En opinión de algunos dirigentes de la oposición y representantes sectoriales de las patronales agropecuarias, la existencia de derechos a la exportación de productos agropecuarios sería un impuesto distorsivo, que presionaría sobre los beneficios de los productores, desincentivando la inversión, e impidiendo el desenvolvimiento de todo el potencial del “campo” argentino, además de ser un perverso mecanismo que utiliza el gobierno para hacer “caja”. Sin embargo, estas declaraciones hablan más de intereses sectoriales que de un análisis serio de lo que realmente sucede en el sector.

En primer lugar está el argumento de “hacer caja” del gobierno. Pero, según informo la AFIP para el total del 2013, los derechos a la exportación totalizaron $ 55.465 millones, un monto nada despreciable aunque, en comparación con el total de lo recaudado durante el año, solo representaron un 6%. Por ello, la contribución de los derechos de exportación a la financiación del gasto público es baja en relación a los otros impuestos. Conceptos como las contribuciones a la Seguridad Social (aportes del empleo registrado) contribuyeron en un 32%, el IVA en un 26% y Ganancias en un 20% sobre el total.

Por otro lado, está el argumento “distorsivo”. Sin embargo, al igual que cualquier impuesto, el Estado transfiere recursos de aquellos que tienen capacidad contributiva y lo redistribuye con los pagos de jubilaciones, asignaciones y haciendo obra pública. Es más, en el caso de las retenciones tiene un rol aún más importante ya que permiten desacoplar la evolución de los precios internacionales redistribuyendo rentas extraordinarias hacia los consumidores mediante menores precios internos.

La característica más importante de la existencia de las retenciones es que permiten modificar el esquema de rentabilidad al interior del sector agropecuario, incentivando la producción de unos cultivos por sobre otros. En el gráfico a continuación se muestra la evolución de la superficie sembrada para maíz, trigo, girasol y soja (85% de la superficie sembrada total), el tipo de cambio nominal (TCN), los precios internacionales de la soja y el valor de la hectárea de tierra para el periodo 1990-2000 y para 2001-2012.

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Durante todo el período la soja fue el cultivo que más se expandió por sobre todos los demás. Esta fuerte expansión de la superficie sembrada se explica tanto por suba de los precios internacionales y la devaluación del tipo de cambio como por la adopción del paquete tecnológico de la soja resistente al glifosato. A su vez, esta expansión fue en detrimento de otros cultivos y producciones tradicionales.

Por ello, este cambio estructural aleja la realidad del sector agropecuario nacional de la noción tradicional de país “granero del mundo”. No solo porque la soja no es apta para el consumo humano de manera directa, sino que por su alta rentabilidad obliga a que el resto de los cultivos, producidos por pequeños y medianos chacareros, a pagar arrendamientos medidos en soja, encareciendo la producción de alimentos local, quitando poder adquisitivo al salario y potencial de crecimiento al mercado interno.

Una disminución del esquema de retenciones, al igual que una devaluación brusca, generaría una suba de los precios locales de los alimentos, afectando tanto a los consumidores finales como al resto de los productores agropecuarios incrementando el precio que deben pagar de sus arrendamientos medidos en soja, y solamente beneficiaría a los sectoriales de especuladores y propietarios de tierras con ganancias extraordinarias, a la vez que desfinanciaría al Estado. Es por ello que la discusión sobre las retenciones es por sobre todo una discusión distributiva y representa, como ninguna otra, los intereses detrás de qué modelo de país queremos.

Paro del campo: ¿los números del sector lo justifican?

Desde el sábado y hasta este miércoles la Mesa de Enlace lleva adelante un cese de comercialización de granos y hacienda. A los reclamos de eliminación de retenciones que acompaña la medida de fuerza, se plantea un panorama generalizado que no se corresponde con la situación actual y las perspectivas para el sector.

Si bien es cierto que existen dificultades en la ecuación de costos en algunas parcelas sectoriales debido a escalas eficientes, el tipo de producción que realizan y presiones de los eslabones concentrados de las cadenas productivas, la situación promedio del sector es muy provechosa.

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