La UBA de cara al pueblo: éxitos y desafíos

Noelia Torres

En 2011, luego de 7 años, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un censo de alumnos como parte de un plan para contar con información actualizada sobre la matrícula real de la universidad, los cambios en los perfiles y las trayectorias académicas de la población estudiantil. La información de este censo se actualiza a través de un Sistema de Información Permanente. Los datos que arroja este censo son una buena oportunidad para comparar el cambio en la población universitaria en estos años en los cuales hubo importantes reorientaciones en la forma de ver el proyecto de país, en tanto hasta el 2003 los gobiernos de corte neoliberal llevaron adelante políticas de desfinanciamiento de las universidades nacionales.

Empezando por los estudiantes de grado, hubo diversas facultades que cobraron importancia: Ciencias Exactas y Naturales aumentó del 18% respecto a 2004, Agronomía el 16% y Arquitectura aumentó el 8%. Por otro lado, las casas de estudio que vieron una merma en su matrícula son Ciencias Económicas (reducción del 19%) y Derecho (reducción del 24%). Otro guarismo relacionado es que el 3,1% del estudiantado tiene algún tipo de beca y que esta proporción es superior en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, en la cual los alumnos señalan a la beca como principal fuente de sus ingresos, Farmacia y Bioquímica y Odontología. Estas becas pueden ser otorgadas por la misma universidad o provenir de otras fuentes ajenas a ésta. Por último, el 5,5% de los alumnos declara participar en proyectos de investigación. Esta proporción es mayor en Ciencias Exactas y Naturales (20%) y Agronomía (15,5%). Estos datos son una prueba más de que, desde 2003 en adelante, hay claros incentivos para desempeñarse en actividades productivas en detrimento del sector servicios y/o financiero.

Un indicador que llama la atención es la composición de estudiantes extranjeros en la universidad. Si bien el 96% de los estudiantes censados son argentinos, de los estudiantes extranjeros el 25% proviene de Perú, el 18% de Bolivia, el 11,3% de Paraguay y el 8,8% de Chile. Estos porcentajes promueven dos conclusiones. En primer lugar, la calidad de la educación superior argentina respecto al resto del continente (no es un dato menor que el 12,9% de los estudiantes extranjeros se encuentren en la Facultad de Medicina); y en segundo lugar demuestra la política de integración regional que lleva a cabo el gobierno nacional, en el cual hay libre movilidad de recursos humanos dentro de Latinoamérica.

Un aspecto a mejorar en términos de inclusión es la alta proporción de alumnos que se desempeñan como docentes ad-honorem. Actualmente, el 6,4% del estudiantado tiene actividad docente como ayudante pero el 85,3% se desempeña sin percibir renta alguna. Estas tendencias se reproducen en todas las facultades excepto en la de Ciencias Exactas y Naturales, donde el 93% de los ayudantes perciben algún tipo de renta.

Otro desafío de acá en adelante es promover la inclusión de jóvenes cuyos padres no terminaron sus estudios superiores, ya que la proporción de los estudiantes con estos niveles (ya sea universitario o terciario) es del 49%. Si bien en estos 10 años se crearon 9 nuevas universidades que absorben gran parte de la primer generación de universitarios de una familia, es hora de que toda la comunidad académica trabaje hacia un sistema de educación superior más inclusivo. El Gobierno Nacional parece orientado a dicho objetivo, ya que la jefa de Estado señaló en uno de sus discursos que “el compromiso no es sólo político sino también moral para profundizar la distribución del ingreso y que llegar a la universidad sea una decisión personal y no solo el destino de haber nacido en un hogar con recursos”.

Durante la década del noventa, a la par de las privatizaciones de las empresas del Estado, fueron tomadas medidas orientadas a la privatización de la educación superior y ésta era vista como una mercancía sometida a las leyes de mercado. En el 2003 la educación dejó de ser un gasto para pasar a ser una inversión, destinándole un 6,5% del PBI, y por primera vez un gobierno incentiva la capacitación permanente de los docentes universitarios abonando un extra de 15% para los docentes que poseen un doctorado y un 5% para quienes tienen un título de maestría. Es necesario incorporar estos debates en los claustros estudiantiles y docentes y que se interpreten todos estos avances, a la par de los desafíos que resten por delante, como herramientas genuinas de inclusión social.