A las últimas declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos, en las cuales había dicho que no hay paro general en Colombia, le ha respondido (una parte de la población colombiana) con una serie de protestas de características mayúsculas que al parecer no preocupaban al primer mandatario. El presidente ha tratado de disminuir el impacto restándole importancia a todos los brotes de protesta: a los camioneros que protestan por el precio alto de los combustibles y las bajas tarifas de los fletes, a los campesinos, en especial los paperos y los caficultores que piden un mejor precio para sus productos y los mineros que se encuentran en una encrucijada en la normalización de su situación como empresas legalmente constituidas, y que a su vez se enfrentan al crecimiento de la minería ilegal y la influencia de grupos criminales que los extorsionan por la actividad que desempeñan. El tema de la estabilidad social de Colombia no es claro, y podríamos resumir esta circunstancia en tres dilemas cruciales de la gobernabilidad del presidente de Colombia.

El paro agrario: el dilema del gobierno con los agricultores, transportadores y mineros. 

Durante la administración Santos en 2013 se han vivido varios frentes de protestas frente a las políticas del gobierno en materia de inversión social. Se ha adelantado un paro agrario de nivel tal, que ha logrado detener el ingreso de alimentos a las principales centrales de abastecimiento del país como en Bogotá y Medellín. El presidente aseveró que “ese tal paro agrario no existe” y que la situación es de completa normalidad; pronunciamiento que luego tuvo que aclarar para no generar mayor descontento en la población.

Los medios de comunicación han reportado situaciones críticas no sólo de abastecimiento de alimentos, sino de restricciones al paso de transporte en zonas claves del país. La situación parece no mejorar, y con el tiempo, se acentúa la dificultad para negociar entre el Gobierno, los caficultores, los transportadores y los mineros.

El descrédito dado por el gobierno a la protesta de orden social y económico, como se ha registrado los últimos días, demuestra la fragilidad para enfrentar con seriedad temas que son cruciales para la economía y la estabilidad política del país. Es bien conocido en los medios nacionales e internacionales la crisis del Catatumbo en el Departamento del Norte de Santander, en el cual, después de dos meses de intensos enfrentamientos entre la fuerza pública y la ciudadanía, y luego de concertar una mesa de negociación directa con el gobierno, no se ha logrado consolidar un acuerdo definitivo. Las medidas que han encontrado los diferentes gremios del transporte, la minería y la agricultura para hacerse escuchar del gobierno han sido las vías de hecho, en algunos casos ha funcionado presionando al presidente Santos o escalando la tensión entre los sectores de la producción y el mismo gobierno.

Más allá incluso de las medidas que tome el gobierno, lo preocupante es que no se esté tomando en serio esta situación de crisis para el país. En estos momentos en donde se necesita la claridad de los gobernantes para tomar las decisiones y enfrentar las situaciones difíciles del país, se percibe todo lo contrario, un descontento frente al manejo de los asuntos internos por parte del primer mandatario, y unas serie dificultades para llegar a puntos de concertación que sean viables tanto para el sector de la producción como para los empresarios.

La seguridad interna del país: un dilema sin resolver

En medio de los diálogos que adelanta el Gobierno colombiano con las FARC, se registró una emboscada en la zona de Tame Arauca el pasado domingo 25 de agosto realizada por este grupo terrorista; como saldo de la incursión, murieron 14 militares. El gobierno nacional no ha respondido a las acciones de las FARC, y por el contrario, ha retornado a la mesa de negociación en La Habana, sin ningún pronunciamiento al respecto. Cabe recordar que el pasado 20 de julio de 2013, en un enfrentamiento entre miembros del ejército (batallón móvil número 26) y las FARC, en zona rural de Arauca, también dejó como saldo 15 uniformados muertos. Estas situaciones no son nuevas, pero si ponen en alerta la capacidad del Estado para responder a la insurgencia y para evitar la desestabilización en el tema del orden público que ha registrado alteraciones en varios departamentos.

¿Cuál es la importancia de esta zona?

No sólo han sido tradicionales las acciones del ELN, sino que ahora se han vinculado en los últimos años las acciones operativas de las FARC, que han puesto en reiteradas ocasiones en situaciones difíciles al ejército de Colombia. Al respecto, se esperaba un pronunciamiento del jefe de gobierno Juan Manuel Santos, pero el tema no fue tomado como relevante, al parecer. Si bien los diálogos de paz son tema prioritario de la agenda del presidente Santos, debería ser de igual importancia la crisis de con los sectores de la producción y la seguridad interna, pero queda una cierta percepción de que más allá de los diálogos de paz, no existe otra situación que amerite estar revisando.

En consecuencia el dilema de la seguridad interna todavía es evidente, mientras se habría logrado un retroceso en las acciones de las FARC, tal grupo ha logrado posicionarse en algunos frentes debido a sus cambios internos y a su capacidad de adaptación táctica; es probable, por otro lado, que los insurgentes se hayan infiltrado en algunas de las manifestaciones y estén aprovechando este momento para generar mayor presión hacia el gobierno de Colombia y tomar así un mayor posicionamiento en las mesas de diálogo.

Los diálogos de Paz en la Habana. El tercer dilema del gobierno

Si bien se presenta hoy una situación de tensión en el país, por cuenta del paro agrario, transporte y minero; existe otro frente de discusión que se superpone a todo lo anterior, y son los diálogos de paz. Las FARC han rechazado públicamente no sólo el marco jurídico para la paz, sino también, la propuesta de referendo del presidente Santos, pues lo han considerado como una táctica para que el gobierno obtenga mayores ventajas políticas en el congreso.

Con todo lo anterior, el gobierno ha continuado en la mesa de negociación demostrando su intención de negociar a pesar del desconocimiento que la insurgencia hace de sus propuestas, lo cual nos pone en situación de debilidad al Estado frente a la otra parte en la negociación.

El gobierno no puede desconocer que este paro nacional terminará favoreciendo -si no se llega a acuerdos claros con los campesinos, los transportadores y los mineros- a los mismos insurgentes que se encuentran negociando la agenda de revolución agraria para el país. Podríamos decir en otras palabras, que podría estarse gestando un momento de gran relevancia para los insurgentes, puesto que al generar un mayor descontento social, y frente a un descrédito del gobierno, la balanza giraría en un grado positivo hacia este grupo de delincuentes.

En síntesis, estos dilemas que se le presentan al presidente Juan Manuel Santos, lo dejan en una posición desfavorable frente a las FARC, y lo que demuestran es una fragilidad del Estado para lograr definir los temas importantes de reclamo social en la población, convirtiéndose éstos en dilemas de la gobernabilidad del primer mandatario.