Colombia se enfrenta a un escenario complicado en los próximos años. En medio de un proceso de paz que se realiza en La Habana con el grupo terrorista de las FARC , y que ha tenido como telón de fondo el recrudecimiento de las acciones de terrorismo en el país -denominado “el octubre negro”-; un segundo elemento que es fundamental y no puede dejarse de lado: es la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el fuero militar por vicios de forma, que implicaría (de acuerdo con este alto tribunal) que tendría que iniciarse nuevamente el proceso legislativo que duraría un año completo; en tercer lugar, se da hoy un escenario preelectoral que no sólo tendrá las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, sino también la elección presidencial en la cual se debe incluir, sin lugar a dudas, la candidatura de Juan Manuel Santos. En este escenario, no es fácil ver con cierta previsibilidad lo que pueda ocurrir en el país, pero lo que parece ser más cercano a todo esto, y que se convierte en la hipótesis central de este artículo, es que el presidente Juan Manuel Santos aceptará o promoverá un cese bilateral de hostilidades para lograr con ello acelerar un acuerdo de paz con las FARC.
Las negociaciones en medio de la confrontación
Como primer elemento de análisis, las negociaciones con las FARC , de acuerdo con las declaraciones del presidente Santos, no tendrán un punto final en noviembre del año en curso (ver las palabras del señor presidente de Colombia en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el 19 de octubre de 2013). Esto ha sido evidente desde que en otros momentos las FARC se han pronunciado, afirmando que ellos no van a dejarse presionar para lograr un acuerdo con el gobierno de Colombia. Es evidente que el tiempo de las FARC es el tiempo revolucionario, es decir, aquel que no puede fijarse con fechas en el calendario, y esto hará que la negociación se prolongue en el tiempo. Además, la presión sobre la mesa de negociación pasa por un momento coyuntural muy importante para este grupo al margen de la ley, y es que durante todo el mes de octubre se han incrementado sus acciones de sabotaje, terrorismo, y un escalamiento en los hostigamientos y la voladura de torres de energía (como en el caso del municipio de Tumaco, que ha permanecido casi un mes sin energía eléctrica por la voladura de al menos 10 torres de energía eléctrica, hecho ocurrido el 16 de agosto), que ponen a prueba la paciencia de la población y del mismo presidente, pero que en última instancia no lo han llevado a reaccionar con contundencia frente a estos últimos atentados, que han afectado directamente a la población civil. El octubre negro no sólo deja en claro que las FARC intentan poner en riesgo la seguridad del Estado, sino presionar al mismo a dar otro tipo de ventajas como las de extender el tiempo de la negociación e incluir, como lo han anunciado otras 99 propuestas, para que se agilice dicho proceso de paz. Por lo anterior, la hipótesis de un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC es posible en estos momentos.
El fuero militar: un ejército sin protección jurídica que no operará con la misma contundencia
En efecto, la decisión del alto tribunal, Corte Constitucional, de declarar inexequible el fuero militar por vicios de forma (en su sentencia C- 740 del 23 de octubre de 2013, frente al acto legislativo 2 de 2012), y que ha desatado una gran controversia al interior de dicha institución por parte de uno de sus miembros, lleva al país a no tener dirección ni protección jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares. Esto simplemente resulta ser un éxito para las FARC, pues, mientras ellos pueden cometer una serie de atentados terroristas, violando constantemente las normas del Derecho Internacional Humanitario, las Fuerzas Militares y de Policía, que se han acogido en sus operaciones a un estricto seguimiento de las normas internacionales, ven hoy, en una batalla jurídica, disminuida su capacidad de actuación frente a los terroristas. Dadas estas circunstancias, el presidente Santos no ha dado conclusiones contundentes frente a la caída del fuero militar, deja un espacio amplio para que la desmoralización de las Fuerzas Militares sea cada vez más evidente y se reduzca así la eficacia de las operaciones militares en contra de las FARC. Por otro lado, la sentencia de la Corte no sólo deja sin protección a los miembros de la institución castrense, sino que exigiría además que el ministro de Defensa deba renunciar para evitar que el mismo Santos lo abandone a su suerte en el trabajo de defender a la fuerza pública. Después de un largo y fatigoso trabajo realizado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien de manera juiciosa se dedicó durante un año a discutir con el Senado de Colombia esta reforma judicial, no es justa la decisión de devolver el proyecto de ley hasta su punto inicial, y mucho menos es un buen incentivo para el trabajo del ministro de Defensa, quien ha defendido a los militares con el fin de lograr una ofensiva sostenida contra los terroristas, y en consecuencia, su renuncia ante la cartera de Defensa sería un acto de nobleza y dignidad. En tales circunstancias, un cese bilateral al fuego no sólo le daría una ventaja estratégica al mandatario, sino que dejaría sin posibilidades políticas al ministro Pinzón.
La contienda electoral presidencial
Se avecinan las próximas elecciones para Senado y Cámara de Representantes y luego las presidenciales en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos deberá anunciar en el mes de noviembre si desea lanzarse a la reelección presidencial. Frente a su candidatura se presentará Oscar Iván Zuluaga, candidato por el movimiento “Uribe Centro Democrático”, y hasta ahora, Clara López sería la opositora del primer mandatario por el partido “Polo Democrático”. Lo importante de esta contienda es que para que el presidente Santos logre alcanzar los votos mínimos para su reelección, tendría que sacrificar parte de los intereses nacionales, que se ven reflejados en las encuestas, es decir, acordar con las FARC un cese de hostilidades bilateral, que demuestre su clara intención de lograr acuerdos rápidos con el grupo insurgente, y que posibilite la reacción inmediata por parte de este grupo violento, acercándose a la negociación.
En conclusión, el presidente Santos se podría estar jugando una de las cartas más importantes y más peligrosas para su reelección, esto es: definir un cese de hostilidades bilateral, que le permita firmar acuerdos fijos con las FARC en La Habana y mantener una continuidad en las políticas de su gobierno por otros cuatro años; logrando con ello mantener cooptado al Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes en un proyecto de paz que sacrificaría la institucionalidad en pleno y se iría en contravía del deseo del 70 % de la opinión de los colombianos, que no votarían por un segundo mandato del presidente.