Por: Pablo Das Neves
Preocupado por el aumento del valor del dólar y su posible incidencia en el valor del combustible, el ministro de Economía Kicillof desempolvó el viejo y fracasado mecanismo de desdoblamiento cambiario para intervenir en el mercado interno de hidrocarburos.
En tal sentido, informó a funcionarios representantes de la OFEPHI y a ejecutivos de las empresas petroleras que el gobierno estaba pensando en un “dólar petróleo” -inferior a la cotización del oficial- de 6,88 para la liquidación del crudo en el mercado interno.
En un contexto económico donde la Argentina necesita desesperadamente capitales privados para que inviertan en exploración y producción de hidrocarburos, una medida de esas características sólo lograría alejar a los inversores, quienes lógicamente buscarían alternativas más rentables y previsibles. De más está decir que esta falta de inversiones no tardaría en tener incidencia en el empleo, generando paralización en los yacimientos y su consiguiente impacto social.
Asimismo, las provincias petroleras verían sus finanzas seriamente perjudicadas, ya que la liquidación del barril a un tipo de cambio inferior al de referencia impactará necesariamente en una caída en la percepción de regalías. Advertidos de lo sombrío de este panorama, gobernadores, sindicalistas y empresarios manifestaron públicamente su preocupación ante las autoridades nacionales, las cuales se comprometieron a evaluar planes alternativos.
Así, se anunció oficialmente que el gobierno nacional aplicaría un “esquema progresivo para el valor del crudo” donde el valor del barril tomaría un sendero ascendente durante un plazo de tres meses y luego se regiría por el valor de mercado. De esta manera se anunció que, sin especificar de qué tipo de crudo se trata (sea medanito, escalante, salta, cañadón seco u otro), “el crudo de enero y febrero se liquidará a un valor de 60,32 dólares el barril, el de marzo a 64,05 dólares, y el de abril a 67″.
Lo que no se especificó es que, si bien existen distintos valores de los diferentes crudos que se producen en la Argentina de acuerdo a su calidad, todos los valores de ellos se encuentran hoy en día muy por encima de los valores anunciados. Por caso, el crudo medanito, producido en la cuenca neuquina, se encuentra en torno a los 83 dólares, y el chubutense crudo escalante, en un valor aproximado de 68 dólares.
De esta forma, los gobiernos provinciales intentan instalar mediáticamente como un triunfo federal y productivo la no implementación del “dólar petróleo” cuando, en realidad, aceptan una reducción en el precio del crudo, sufriendo una pérdida de recursos aproximada a la que tendrían con la idea original del ministro Kicillof.
A partir de esto, los gobernadores integrantes de la OFEPHI deberán rever sus presupuestos, ya que se encontrarán con la desagradable sorpresa de que sus ingresos por regalías han mermado mientras sus erogaciones aumentaron considerablemente. Muchas provincias productoras de hidrocarburos han emitido bonos de deuda pública garantizada con regalías petroleras o bajo la modalidad dolar-linked, donde los pagos de amortizaciones y capital siguen la ascendente cotización del dólar oficial.
De esta manera, el meneado tema del “dólar petróleo” parecería haber sido sólo una cortina de humo, donde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales sólo arribaron a un juego de suma cero, manteniendo el primero su objetivo y los segundos las perdidas.
Esta intervención del gobierno nacional en el mercado de hidrocarburos no hace más que poner de manifiesto -una vez más- las profundas contradicciones del kirchnerismo. Mientras que la línea “nestorista” del kirchnerismo propició el reconocimiento de la propiedad del recurso petrolero a las provincias establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional mediante la sanción de la Ley 26.197, la línea “cristinista” del kirchnerismo centralizó la política energética en manos del gobierno nacional a través del decreto 1277/12.
Dicho decreto, reglamentario de la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, establece la creación de una comisión integrada solo por funcionarios del gobierno nacional, la cual ese encuentra facultada -según su artículo 27- a establecer los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. De esta manera, el gobierno nacional deja fuera de la decisión a quienes son los verdaderos dueños de los recursos: las provincias productoras. Paradójicamente, la sanción de esa normativa contó con el apoyo de buena parte de los gobernadores que hoy se ven perjudicados por esta misma medida.
En un futuro, la OFEPHI deberá presionar para que el gobierno nacional reconozca a los Estados provinciales la propiedad de sus recursos naturales tal como lo establece la Constitución Nacional, y establezca en forma clara y taxativa una normativa que obligue al Estado nacional a la interconsulta con los gobiernos provinciales.
Hasta que eso ocurra, una vez más habrá perdido el federalismo. Las economías regionales, las finanzas provinciales, y los trabajadores se encuentran entre las víctimas de un Gobierno nacional cada vez más voraz y unitario.