Trabajadores que no ceden sus conquistas

La insurrección popular del 2001 fue la extinción de una etapa. La lucha popular contra el neoliberalismo plasmado en el plebiscito contra la pobreza y la huelga general de la CTA de mayo del 2002 fueron expresiones de ese fin de ciclo. Durante la década del 90 se forjó una nueva forma de manifestación del conflicto, la organización de los trabajadores se devino en lucha territorial que motivó todo tipo de reivindicación inespecífica de necesidades básicas insatisfechas.

A partir del 2003 comienza un nuevo período que comparativamente a la situación generada por la crisis, fue un avance significativo para la clase trabajadora. La creación de puestos de trabajo, la instalación de las paritarias por actividad, la creación del Consejo del Salario MínimoVital y Móvil, junto a la renacionalización del sistema previsional, y la “asignación por hijo”, fueron los motores que impulsaron el conflicto virtuoso en los lugares de trabajo. El conflicto territorial se desplazó y fue preeminente la lucha por el salario y las condiciones de trabajo.

Aunque no hubo reformas legislativas importantes, gran parte de la legislación “flexibilizadora” continúa vigente, no obstante, la derogación de la ley “Banelco” y las modificaciones a la legislación de negociación colectiva permitieron la recuperación de conquistas del movimiento obrero. Esta situación se comienza a revertir en 2007 cuando los indicadores marcaron una desaceleración en la creación de puestos de trabajo y un estancamiento en el leve crecimiento del salario real. 

A partir de allí se inicia una etapa de retroceso que gradualmente se instala en las relaciones de trabajo: la implementación de sistemas de control e injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, la clientelización” de los planes sociales, inclusive de la “asignación por hijo”, fueron algunos síntomas de modificaciones peyorativas. Los ajustes implementados en las asignaciones familiares, las limitaciones a los planes de trabajo, la suspensión del debate en el Consejo del Salario, y la paulatina expropiación de los salarios por intermedio del impuesto a las ganancias, con la inadecuada modificación del “mínimo no imponible”, fueron las pautas de modificación de las políticas de ingresos.

Pero la señal más clara que el gobierno estaba dispuesto a la “sintonía fina” y a efectuar ajuste sobre los trabajadores asalariados estuvo en la sanción de la ley antiterrorista que se suma al paulatino aumento de la criminalización de la protesta social. Allí no cabían dudas de que se estaba preparando un fuerte ajuste para modificar la relación de fuerzas nuevamente en favor del capital.

Si faltaba algo, fue la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo a la Ley de Riesgo de Trabajo de acuerdo al menú que venía formulando la Unión Industrial, a consecuencia de las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de riesgo por parte de la Corte Suprema. Hoy la clase trabajadora está siendo sometida a los ya explícitos métodos de ajuste estructural. Rebaja del salario real, a punto de que el poder adquisitivo es inferior al 2001; límites y monitoreo de la negociación colectiva; aumento de los despidos y la perdida de puestos de trabajo; aumento del trabajo precario y continuidad de la tercerización.

Simultáneamente, el “unicato” ha crecido al punto que la centralidad de la presidenta la ha convertido en el monopolio de la iniciativa política, obturando cualquier voluntad fuera de un circulo muy reducido. La reforma judicial se inscribe en esta necesidad de centralización en desmedro de “la tutela judicial efectiva”. Para los trabajadores, no podemos dejar de asociarla a otras pérdidas: la tutela social y la tutela sindical. No obstante la repetición de los ciclos donde la crisis del capital termina siendo pagada por los trabajadores, creemos firmemente que hemos crecido en organización y sobre todo en conciencia colectiva y esta situación no tiene regreso.

Hoy el sindicato es mucho más valorado por los trabajadores. No obstante la continuidad de obstáculos a la libertad sindical, los conflictos se exteriorizan; con nuevos o viejos métodos, la lucha por las conquistas se acentúa. La expresión de ello fue el paro del 20 de noviembre del 2012 y seguramente se hará notar el 29 de mayo próximo que será una nueva expresión del descontento de la sociedad civil y de la voluntad de la clase trabajadora por no ceder sus conquistas.

El “fifty-fifty” de la ficción

El fifty-fifty fue durante la década del 50 una manera de presentar la sociedad igualitaria. El capital resignaba parte de sus ganancias y el Estado las convertía en beneficio. Luego del golpe militar del ’55, se convirtió en un símbolo, un objetivo a alcanzar entre el capital y el trabajo para lograr una justa distribución del ingreso.

Claro que, cuando el objetivo fue planteado por el general Perón, las condiciones de la estructura ocupacional eran otras. Vivíamos en una sociedad salarial basada en la producción y el consumo interno. Si se fortalecía el salario, se fortalecía al consumo y se generaba el círculo virtuoso de producción.

Por entonces no había un 35% de trabajadores no registrados, no existía la precarización de una buena parte de los trabajadores que de hecho no se les aplica el convenio colectivo, no había tercerización;  el salario indirecto de los trabajadores se fortalecía con seguridad social, asignaciones familiares, salud, planes de vivienda, transporte eficaz.

En este marco hablar hoy de fifty-fifty es una desfachatez. Es tomarnos el pelo a los trabajadores. Es un slogan en la construcción de un “relato” que no tiene nada que ver con la cruda realidad de los trabajadores.

El mismo cálculo que el gobierno establece para “construir” la ficción estadística -donde sólo toma en cuenta a los trabajadores asalariados formales- se traslada al discurso. El secretario Moreno plantea establecer como objetivo el fifty-fifty y que los trabajadores nos olvidemos de la representación de los precarizados, de los jubilados, de los excluidos de los convenios colectivos, de los cuentapropistas, de los falsos cuentapropistas, que representan más del 50% de la clase trabajadora argentina.

Pretende establecer criterios para las paritarias y la negociación colectiva salarial. En las últimas semanas se instaló la posibilidad de que el Gobierno Nacional ofrezca a las organizaciones sindicales la modificación de la reglamentación  del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias a cambio de que se moderen los reclamos salariales, ubicándose en torno al 20% nominal. Aceptar esta negociación implica hacerles el juego a las patronales, quienes recibirán los beneficios de pagar salarios más bajos sin costo alguno, ya que será el Estado el que soportaría, con recursos públicos, una porción variable de dichos aumentos.

Además, este tipo de negociación podría afectar mucho más a los trabajadores de menores salarios, cuyo “ingreso de bolsillo” está más ligado al sistema de asignaciones familiares que al impuesto a las ganancias (los trabajadores que perciben un ingreso inferior al mínimo no imponible representan el 75% de los trabajadores registrados). Pretenden que aceptemos un aumento salarial del 20%,  pero sabemos que por más que se ofrezca a cambio un incremento del 40% en las asignaciones familiares, para un trabajador con tres hijos, significará un aumento “de bolsillo” de no más del 23%.

Estas “ficciones”, esta esquizofrenia del relato, posee una “técnica” dirigida a crear una imagen de equidad y de igualdad, que los trabajadores de “carne y hueso” sabemos que no es nuestra realidad.

Hoy con un salario promedio de 3.700 pesos, y una “canasta básica” de 7.000 pesos la igualdad esta muy lejos aún. Como siempre va a requerir de mucho esfuerzo y lucha.

En la actualidad el salario real de los trabajadores se encuentra prácticamente en los mismos niveles del año 2001. Ello a pesar de que el producto bruto interno se incrementó en más de un 80% desde entonces. Como consecuencia de ello, los trabajadores producimos casi el doble que una década atrás, y sin embargo los empleadores nos pagan prácticamente el mismo salario en términos reales.

Es por todo ello que la  CTA entiende que los aumentos salariales no pueden ser inferiores al 30% y que el salario mínimo, vital y móvil debe ser de $ 5.000 pesos, además de la necesidad de reformas al sistema impositivo y de asignaciones familiares que tengan como objetivo  la equidad y la progresividad; que aporten los que mas tienen y que los beneficios sean universales.

Es nuestra convicción que, con otros sectores del movimiento obrero y  los movimientos territoriales y sociales en unidad de acción, continuaremos la lucha por una vida digna y para que los trabajadores tengan ingresos de acuerdo con sus necesidades, fijadas libremente por los representantes del capital y el trabajo, no sujetas a ninguna imposición por parte del Gobierno y menos aún con engañosas consignas que solo reflejan un mundo de ficción autista que no refleja la verdadera situación de la clase trabajadora.