Por: Pablo Tonelli
El gobierno se ha negado, sistemática y tozudamente, a discutir modificaciones en el impuesto a las Ganancias que alivien la carga impositiva que hoy sufren muchísimos trabajadores que ganan apenas poco más de lo indispensable para subsistir.
Esa obstinación ha provocado la inasistencia de los diputados oficialistas a las sesiones de la Cámara de Diputados convocadas para tratar el tema. También ha provocado la negativa a cualquier forma de diálogo que permitiera abordar el problema como se lo hace en las democracias civilizadas, o sea hablando y discutiendo.
La falta de consideración y, por supuesto, de solución a la carga impositiva de los trabajadores en relación de dependencia, finalmente, justificó el último paro o huelga general, que tuvo un masivo acatamiento.
La única razón que se ha escuchado a los habituales voceros del gobierno para fundamentar esa actitud (si es que se considera posible excusar la negativa a dialogar), ha sido la imposibilidad de rebajar impuestos en razón de la necesidad del Estado de contar con adecuada financiación a sus actividades y prestaciones.
Sin embargo, de manera absolutamente contradictoria con esa actitud, la Presidente acaba de disminuir la alícuota del “Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos” del 21% al 7% (decreto 237, del 25 de febrero de 2015). Para peor, no es la primera que esto sucede y la práctica tiende a reiterarse indefinidamente.
Es decir que, mientras el gobierno se niega a rebajar el IVA a los alimentos de primera necesidad o a actualizar los mínimos del impuesto a las Ganancias ―como reclama una parte importante de la sociedad―, accede, en cambio, a aliviar la carga impositiva de un producto tan dañino como los cigarrillos.
Dicho en otros términos, el autoproclamado “progresismo” del gobierno consiste en rebajar el impuesto y estimular el consumo de cigarrillos ―con la inevitable consecuencia que ello conlleva en la salud de la población―, al mismo tiempo que mantiene el castigo impositivo sobre los más pobres (cobrando el IVA a alimentos de primera necesidad) y sobre los trabajadores registrados con ingresos relativamente bajos (negándose a actualizar el mínimo no imponible y la escala de aplicación del impuesto a las Ganancias). Cualquier parecido con el “reino del revés” que imaginó María Elena Walsh es pura coincidencia.