Un debate que atrasa

En las últimas semanas hemos asistido a una especie de “ley de la selva”, donde todo vale. Donde el “horror” se apodera de nuestras calles. Instalándose, por parte de algunos, una discusión entre linchamientos sí o linchamientos no. Claramente no puede haber medias tintas en esto, los linchamientos, lisa y llanamente, son el horror. Debemos ser muy cuidadosos y serios al momento de analizar esta realidad. Y un pueblo que vivió el horror como el nuestro, no puede siquiera analizar si esto es, o no, un acto de barbarie. Quienes buscan justificar esta realidad, lo hacen desde el pensamiento especulativo y demagógico, buscando satisfacer los oídos de muchos. Pero yo no lo haré. Condené, condeno y condenaré todo acto de barbarie, y este es uno.

De la misma manera que me opongo rotundamente a que la justicia se transforme en la playa de estacionamiento, por un par de horas, de aquellos que deciden delinquir sin importarle el daño a causar, cuando en estos últimos diez años de crecimiento económico con inclusión social, con acceso a la educación y a la salud pública, con la instauración de diferentes programas sociales, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, marcan claramente una Argentina en la que delinquir se transforma en una opción y no en una consecuencia lógica de una sociedad excluyente.

El punto clave en este debate de hoy es la necesidad de contar un Poder Judicial más democrático, entendiéndose por ello la implementación de juicios por jurados para los delitos violentos, las audiencias de excarcelación y libertad condicional, oralizar completamente los procesos judiciales para que los conflictos que los ciudadanos no puedan resolver en sus ámbitos particulares, tengan una resolución rápida y eficaz; como así también en la elección de los representantes del ministerio público fiscal por voto directo en cada distrito.

Por otro lado, las puertas giratorias son un hecho cabal, no una ficción construida por los medios de comunicación. La respuesta al hartazgo social a esta lamentable situación no puede ser el linchamiento. El delincuente al que salvó el actor Gerardo Romano de que la “golpiza” en plena vía pública, estuvo detenido algunas horas. En este caso particular, y en muchos casos en general, los jueces en lugar de ser los responsables del ordenamiento jurídico y del cumplimiento de las leyes y normas vigentes, son meros espectadores de la realidad cotidiana.

No existe paz social sin el claro compromiso de la Justicia en su conjunto de resolver esta problemática, haciéndose responsable de la tarea que debe llevar adelante. ¿Acaso no será este el momento de cambiar? ¿No será que hay que llegar al horror para que comiencen a asomar las soluciones de fondo? ¿No habrá llegado el día en que los jueces dejen de ser libres pensadores para pasar a ser servidores del pueblo?

¿No habrá llegado la hora de discutir una profunda reforma que nos lleve a la verdadera democratización de la justicia? Como dirigentes políticos debemos dar una respuesta contundente. Los linchamientos no pueden ser la respuesta para combatir a los delincuentes. La construcción de un Poder Judicial más democrático, debe ser el camino inicial. La sociedad nos mostró claramente hasta dónde puede llegar. Llegó el momento de que aquellos que creemos en la política como instrumento de transformación miremos cara a cara a la gente, y pongamos, entre todos, manos a la obra.

Al “poder paralelo” se lo combate legalizando el negocio

Argentina debe sincerarse. Los episodios tumultuosos que vivimos a fines del 2013 y que hoy continúan en algunas provincias, no son obra de la casualidad y ameritan una indagación profunda sobre sus verdaderas y últimas causas.

Para ubicar con propiedad los sucesos más recientes debemos recordar lo acaecido en Córdoba y Santa Fe hace unos meses atrás. En ambas provincias, los jefes de policías han sido sospechados o puestos en prisión por sus vínculos directos con el narcotráfico.

Ligando una cosa con otra, puede interpretarse la incitación a la sedición policial como una provocación del narcotráfico que desafía al Estado que lo está combatiendo. Vistos desde esta perspectiva, el levantamiento y los posteriores saqueos no serían sino una demostración del poder del narcotráfico, veamos la realidad tal como es: hoy los narcos disponen de armas, hacen inteligencia, manejan grandes sumas de dinero y tienen acceso a los más diversos canales de expresión.

A principios de la década pasada, hice explícita mi preocupación sobre el avance del narcotráfico, llamando la atención sobre su desarrollo territorial sobre los sectores más frágiles de la sociedad. Hoy este avance se ha consolidado y utiliza el poder económico amasado en estos años como llave para extender su influencia en la modelación del tejido social.

Actualmente, el carácter y la forma de la coyuntura de inseguridad a nivel regional y global está estrechamente vinculada con la modalidad de expansión de este agente que irrumpió hace 20 años en la escena y desde entonces no ha cesado de acrecentarse: el narcotráfico es hoy un sistema en sí mismo, impone su presencia territorial recurriendo a la violencia, utiliza su poderío económico para multiplicarse y busca su aceptación social corrompiendo.

El Estado no se ha quedado de brazos cruzados frente a este avance. En estos últimos años se ha trabajado de manera contundente en materia de lavado de activos. Las normas  que ha dictado el Congreso de la Nación respecto del lavado de divisas, financiamiento del terrorismo, y la adecuación del sistema financiero argentino acordado en GAFI, son ejemplos notorios de medidas que van contra el desarrollo del narcotráfico, todas ellas impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional.

También, vale resaltar que hoy casi el 90% del espacio aéreo argentino está radarizado, cuando en el 2004 la cobertura sólo alcanzaba el 12%. Esto es un logro de la actual gestión, que lanzó el programa Sinvica (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial), el cual permitió avanzar en la radarización nacional a través de un contrato entre Defensa y la empresa estatal Invap. 

A esto debemos agregarle que este gobierno tomó la decisión política de ir a buscar a los narcos a sus cuevas, sacarlos y extraditarlos para juzgarlos. Esto antes no sucedía en la Argentina. Y fueron justamente el conjunto de leyes contra el lavado de dinero el motor que le permitió al Estado cercarlos y acorralarlos.

Pero aun con todos estos avances, frente a la ofensiva narco que estamos viviendo, se hace necesario preguntarse de dónde proviene su fuente de poder: pues ella deriva del propio hecho de que el Estado, hace ya mucho tiempo,  ha recurrido a la prohibición lisa y llana como eje de su política.

Hace muchos años atrás, las drogas estaban permitidas. Hacia 1900 todas las drogas conocidas, que poco más tarde serían consideradas narcóticos, estaban disponibles al público en farmacias y droguerías. Fue el Estado quien decidió prohibirlas en pos de construir una sociedad más saludable y alejada de los vicios. Pero la pregunta clave para dar el debate es saber si esta estrategia funcionó. ¿Funcionó? En mi opinión su fracaso está a la vista cuando se analizan sus resultados con objetividad.

En materia de adicciones, según cifras de la ONU de 1998 en base a datos del Sedronar, el 2,3% de la población argentina adulta fumaba marihuana, apenas el 0,03% usaba heroína y no había registros oficiales de tráfico de anfetaminas. El mismo informe de las Naciones Unidas denuncia que el consumo de marihuana actualmente aumentó en un 200% para alcanzar el 7,2% (casi 2 millones de personas), el uso de heroína creció un 400% hasta impactar en el 0,16% de la población y el antes inexistente mercado de las anfetaminas hoy atrae al 0,6% de los argentinos.

La prohibición por sí misma genera un inmenso negocio al margen de la ley. Igual a lo que sucediera en los Estados Unidos con la Ley Seca desde 1919 hasta 1933, hoy vivimos el desarrollo de un “poder paralelo”.

Cuando el uso de las drogas se sistematiza y se le da un marco legal acorde con los intereses de la sociedad, como sucede con el alcohol y el tabaco, se termina con el negocio.

La decisión del presidente de Uruguay José Mujica de legalizar la producción y venta de marihuana va en esta línea. Una ley aprobada en noviembre del año pasado en los Estados Unidos, específicamente en los estados de Colorado y Washington, prevé la apertura de los primeros coffee shops, donde los consumidores podrán adquirir hasta 28 gramos de marihuana por vez de forma legal, con el requisito de ser mayor de 21 años.

Lo que tiene que quedar claro es que tal decisión no debe quedar circunscripta a un solo país. Se necesita un acuerdo de cooperación internacional que incluya a América del Sur, a Centroamérica, y a América del Norte. Si no incluyera con el tiempo a todos los países las posibilidades de éxito serían remotas. 

El “poder paralelo” que intenta ejercer el narcotráfico debe ser enfrentado con decisión y firmeza si se quiere preservar a largo plazo la soberanía del Estado sobre su territorio y las libertades individuales de los ciudadanos. 

Por último, para completar un cuadro de políticas públicas dirigidas a combatir el flagelo del narcotráfico, como vengo sosteniendo desde hace muchos años, necesitamos crear una Oficina Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, el Delito Transnacional y el Crimen Organizado, para servir al propósito de avanzar hacia la consolidación de los esfuerzos que se están haciendo por controlar el avance de estas modalidades delictivas.

Finalizo citando una frase del presidente uruguayo José Pepe Mujica que resume mi pensamiento: “peor que la droga es el narcotráfico, porque rebaja la ética de la delincuencia”.

Un freno al narcotráfico

Estamos en un estadío avanzado en materia de narcotráfico en la Argentina. Hemos encontrado jefes de policías, hijos de intendentes, concejales, miembros del Poder Judicial, todos vinculados con estas redes criminales. Ésta es la fotografía actual de una realidad que hace más de 10 años atrás en este mismo medio quien les habla la describía como el inicio de la narcoterritorialidad en nuestro país. 

Por otro lado, se observa  un  avance de parte de las naciones del mundo tendientes a terminar con este flagelo. Desde la legalización de la marihuana para consumo personal hasta la fuerte acción del GAFI en lo que se refiere a lavado de activos.

Y nuestro país no es una excepción, las normas  que ha dictado el Congreso de la Nación en materia de lavado de divisas, financiamiento del terrorismo, y la adecuación del sistema financiero argentino acordado en GAFI, son ejemplos notorios de medidas que van contra el desarrollo del narcotráfico, todas ellas impulsadas desde el Poder Ejecutivo nacional.

Además, vale resaltar que hoy casi el 90% del espacio aéreo argentino está radarizado, cuando en el 2004 la cobertura sólo alcanzaba el 12%. Esto es un logro de la actual gestión, que lanzó el programa Sinvica (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial), el cual permitió avanzar en la radarización nacional a través de un contrato entre Defensa y la empresa estatal INVAP. Resta aun en materia de espacio aéreo avanzar definitivamente en la sanción de una ley de derribo.

Otro claro avance es el espacio generado en el ámbito  del Consejo de Seguridad Interior, trabajando la nación y las provincias de forma conjunta y coordinada.

Párrafo aparte merece el golpear a los narcos en sus cuevas, que ya no son los barrios más marginados en el que se encuentran las cocinas, sino las grandes mansiones en barrios privados donde viven los narcos y no los transas.

El “poder paralelo” que intenta ejercer el narcotráfico debe ser enfrentado con decisión y firmeza si se quiere preservar a largo plazo la soberanía del Estado sobre su territorio y las libertades individuales de los ciudadanos. 

La creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, el Delito Transnacional y el Crimen Organizado serviría al propósito de avanzar hacia la consolidación de los esfuerzos que se están haciendo por controlar el avance de estas modalidades delictivas.

A través de un organismo de esta naturaleza, similar en grandes líneas a la Serious Organised Crime Agency (SOCA) que Tony Blair creara en Gran Bretaña en 2006, sería más efectiva la acción estatal para perseguir el blanqueo de dinero, el tráfico de personas, drogas y armas, así como los fraudes y falsificaciones a gran escala o las redes internacionales de pederastia.

Las ventajas organizacionales de una agencia de este tipo le otorgarían a la acción pública una agilidad, eficacia y dinamismo que rápidamente se traduciría en un descenso de los índices de delictuosidad.

Es por eso que me parece central avanzar en la creación de la oficina, que dependa directamente de la Presidencia de la Nación y debería trabajar en tres ejes centrales:

  1. Establecer la estrategia estatal para la lucha contra el narcotráfico. Políticas de prevención para evitar el ingreso y/o de drogas y precursores al país; persecución de la producción de estupefacientes y distribución, coordinación de operativos, entregas vigiladas, etcétera.
  2. Trabajar mancomunada y estrechamente con la Secretaría de Inteligencia (SI) en la diagramación de operativos para controlar, desbaratar, y conocer los movimientos de los individuos involucrados en el tráfico y producción.
  3. Aportar a los juzgados federales, toda la información necesaria para dilucidar las causas de narcotráfico (salvo aquella calificada como estrictamente secreta y confidencial que dependerá de la autorización de la presidenta de la Nación).

El episodio en Santa Fe, en donde el jefe de Policía va preso acusado de ser cómplice del narcotráfico, muestra a las claras hasta dónde hemos llegado. De hecho, llama poderosamente la atención que el Partido Socialista de Santa Fe siga triunfando en las elecciones como lo hace, cuando la ciudad de Rosario cada vez se asemeja más a la Medellín de Colombia. 

Es muy fuerte, pero no hay que tener miedo de ir contra ese poder. En mi caso particular, esta lucha la llevo adelante no solo en lo teórico sino en lo práctico desde hace ya muchos años habiendo sido por ello víctima de fuertes acciones directas hacia mi persona y mi familia, y sigo firme en la clara convicción que bajar los brazos es jugar para ellos.

Hombres y mujeres en el mundo día a día se juegan todo en esta lucha, como Álvaro Uribe, en Colombia, quien ganó su gobernación, las presidenciales, fue reelecto, recuperó a Ingrid Bentacourt, diría que las FARC están derrotadas, la seguridad en Colombia ha cambiado de manera impresionante. ¡Y gana elecciones! Y está vivo y camina por las calles.

Si uno tiene una clara vocación política de servir al otro, y de que en su país exista realmente paz, se puede hacer.

Y como dijo el Papa Francisco: “no dejemos que nos roben la esperanza, ni que se la arrebaten a nuestros jóvenes. Cuidémonos los unos a los otros. Estemos particularmente cerca de los más frágiles y pequeños. Trabajemos por una cultura del encuentro y la solidaridad como base de una revolución moral que sostenga una vida más digna”.

Por un nuevo régimen penal juvenil

La semana pasada volvió a instalarse en la agenda política y mediática el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria Martín Insaurralde afirmó en estos últimos días que propone bajar la edad de imputabilidad de menores “a los 14 años” en casos de “delitos graves, tales como homicidios, violaciones o robo con armas de fuego”. El candidato bonaerense también aseguró que “en la Argentina hay un régimen juvenil que todavía no existe”.

Me parece acertado e inteligente plantear esta clase de temas en campaña, cuando la sociedad está más involucrada con la agenda pública por la cercanía a las elecciones. El debate de la creación de un régimen penal juvenil y de la baja en la edad de imputabilidad es una deuda pendiente que nos debemos todos los argentinos, que debe amoldarse a los nuevos cambios sociales y culturales de los últimos veinte años. Éste es uno de los desafíos más importantes de la clase política, que deberá prontamente, dar respuesta a esta cuestión.

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Cómo evitar caer en la trampa del secuestro virtual

El reciente episodio del “secuestro virtual” del hijo de la reconocida modelo argentina Mora Furtado, vuelve a poner sobre el tapete en los medios de comunicación el cuidado, la atención y la precaución para evitar este tipo de hechos delictivos lamentables.

La modalidad del secuestro virtual es, en la mayoría de los casos, la misma. Y es un recurso cada vez más frecuente para quienes están al acecho y buscan una manera rápida de obtener dinero.

Aunque los intentos de secuestro virtual parezcan el resultado de una estrategia bien pensada, es al revés: quienes lo hacen suelen elegir sus víctimas al azar porque no tienen la capacidad organizativa para obtener la información necesaria sobre un blanco específico. En general, esta extorsión se produce por vía telefónica y quienes están al acecho pueden recurrir a diferentes metodologías: las más comunes son el trabajo de inteligencia previa y las promociones o encuestas falsas.

Para obtener información con antelación, algunos integrantes de la banda suelen llamar por teléfono varias veces a una casa, elegida al azar, para conseguir datos de la composición y los hábitos familiares a medida que van indagando a quienes atienden. El secuestrador virtual obtiene la información de nosotros mismos, su habilidad principal es esa. Sin darnos cuenta nos transformamos en los proveedores de lo más preciado para ellos los Datos básicos necesarios para continuar con el secuestro y hacerse del dinero. Muchas veces el secuestro virtual resulta ser una actividad guiada del secuestrador con el familiar de la supuesta víctima.

Las llamadas extorsivas se pueden realizar desde dentro o fuera de las cárceles, pero en general estas redes siempre tienen vinculación con quienes están detenidos. Con frecuencia, los secuestros virtuales buscan obtener dinero para recargar teléfonos celulares. Quizá te preguntes por qué se toman tanto trabajo para conseguir la carga de un celular. Tené en cuenta que los celulares son el medio de comunicación que se utiliza para cometer otro tipo de delitos y que, además, son una moneda de cambio en las unidades carcelarias.

Si los extorsionadores usan celulares no se emitirá ese mensaje previo. Esto explica en parte por qué les resulta tan importante obtener dinero para las recargas. Si la llamada se realiza desde un teléfono móvil, será imposible saber desde dónde nos llaman. Por eso, es una asignatura pendiente autorizar el bloqueo de las señales de los celulares en las cárceles.

Por otro lado, los extorsionadores suelen utilizar un lenguaje violento, plagado de insultos, y hablan con mucha velocidad para tomarnos por sorpresa, confundirnos y evitar que reaccionemos. Si pensábamos que nuestros hijos estaban a salvo, sus palabras nos shockearán y así obtendrán el beneficio que buscaban.

Ante este este escenario, vale la pena tomar nota de algunos consejos prácticos que nos ayudarán a estar mejor preparados y a prevenir este tipo de situaciones complejas: 

Cuando contestes el teléfono

  • Nunca des tu nombre ni los nombres de integrantes de tu familia. Si fuera necesario, identificate sólo como “el papá”, “la mamá, “el hermano” o “la hermana”, o “la empleada”.
  • Si un desconocido pide por un familiar sin dar su nombre, limitate a preguntar: “¿De parte de quién?”, sin revelar si se encuentra en la casa.
  • Si del otro lado de la línea insisten en preguntar tu nombre o a quién pertenece el teléfono, no respondas. Preguntá si quiere dejar un mensaje y si se niegan, cortá. 

Para no caer en la trampa

  • Si atendés el teléfono y escuchás un mensaje que avisa sobre el origen de la llamada, cortá la comunicación de inmediato.
  • No hables frente a desconocidos de cuestiones familiares, no reveles si vivís solo, tenés pareja o hijos, ni es información sobre los horarios en que cada integrante está en la casa.
  • Es importante que toda la familia sepa cuáles son las actividades de sus integrantes.
  • Explicale a los adolescentes de la familia que no deben completar formularios con sus datos personales ni familiares, y que no deben comentar los horarios de sus actividades o salidas con amigos.
  • Evitá que se conozcan los horarios de entrada y salida de tu casa. Recordá que la información es básica para cometer este tipo de delitos.

Ante un secuestro virtual

  • Conservá la calma y no dejes que el miedo te paralice.
  • Pensá antes de decir cualquier cosa. No hables de más ni des información o nombres que puedan utilizar para extorsionarte.
  • Si el extorsionador menciona el nombre de un familiar o conocido, pensá si no se lo diste vos en un descuido.
  • No te dejes engañar por las amenazas ni el tono agresivo del extorsionador. No dejes que el oportunista domine la situación: interrumpilo con firmeza y dificultá su relato.
  • Nunca concretes un acuerdo con los extorsionadores.
  • Cortá la comunicación y llamá de inmediato para asegurarte de que la persona que dicen haber secuestrado está a salvo.

Para finalizar, lo ideal sería que las familias tengan un código determinado, como las empresas de alarmas. Una vez que los secuestradores llaman, si no lo saben, es porque mienten. Debemos hacer las denuncias pertinentes y dar a conocer los casos. Se trata de una responsabilidad civil que nos atañe a todos. No sólo al Gobierno de turno.

Vacaciones de invierno: prevenir para descansar

Cuando llegamos al mes de julio, bastante agotados luego de medio año de trabajo, y esperando ansiosos la llegada de las vacaciones de invierno para disfrutarlas con nuestros hijos o amigos, tenemos que realizar un último y valioso esfuerzo.

Consiste en tomar algunos recaudos y prevenciones para que nuestros quince días de descanso no traigan malas noticias y podamos prevenir cualquier mal trago. Es por eso que quiero compartir algunos consejos sobre seguridad en invierno, para pasar unas vacaciones tranquilas y con mucha alegría. Para ayudar a que esto suceda, hay una serie de recomendaciones que debemos tomar nota:

  • La casa tiene que estar como si estuviéramos nosotros en ella. Por ejemplo: evitar la acumulación de correspondencia o periódicos que son una clara muestra de que no hay nadie habitando la casa. Lo ideal es avisar a un vecino de confianza que estará ausente por unos días.
  • Regar el jardín y mantener el césped corto y sobre todo en esta temporada del año, no dejar que se acumulen las hojas de los árboles y las ramas de la poda.
  • Si hay un casero, en el caso de que un extraño toque timbre y pregunte por los dueños, que esta persona se encargue de destacar que “van a volver más tarde”.
  • Lo mismo para los llamados telefónicos. Respuestas ambiguas, no contar ningún dato concreto.
  • Si posee una alarma instalada, haga chequear y revisar su funcionamiento previo a la partida.
  • Evitar comentar los planes y las fechas de vacaciones en lugares cotidianos tales como la peluquería, panadería, o el supermercado. Aquí se puede filtrar información en la que cualquier desconocido puede estar tomando nota.
  • En el caso de las redes sociales (Facebook, Twitter), evitemos que nuestros hijos suban las fotos del lugar donde estamos vacacionando. Acá estamos trasmitiendo en vivo y en  tiempo real que en nuestra casa “no hay nadie y pueden venir cuando quieran”.
  • A la hora de cargar el equipaje, hay que tratar de no exhibirlo públicamente. Si no se tiene cochera ni rejas, hay que hacerlo con mucha prudencia y en hora de poco tránsito vehicular y peatonal.
  • No dejar luces prendidas dentro de la casa o el departamento. La luz termina  perjudicando la situación porque se ve claramente que no hay movimiento dentro de la habitación que se trasluce por la ventana.
  • Desconectar o anular el timbre.
  • Dejar las ventanas y las cortinas como si hubiese alguien en la casa. Si quedan herméticas estamos evidenciando que no hay nadie.

Para finalizar, vale destacar que si alquilamos una casa o un departamento ya sea en la costa, en la Patagonia o en el norte de nuestro país, es esencial disfrutar de las vacaciones, pero no podemos relajarnos totalmente como si la inseguridad no formara parte de nuestros problemas cotidianos. La atención y la precaución pueden prevenir una mala noticia en horas de descanso. Y un consejo fundamental es evitar el uso de efectivo. Utilizar las tarjetas de débito o de crédito, y llevarlas en un lugar diferenciado, en lugar de la cartera o la billetera.

Estos consejos útiles y prácticos tienen como objetivo aumentar la seguridad de las personas en la vida cotidiana, especialmente en vacaciones, donde nuestra atención puede verse adormecida.

Desprecio por la vida

Hace algunos meses recibíamos la trágica noticia del fallecimiento de Reinaldo Rodas, que fue atropellado en la madrugada del pasado domingo 17 de febrero en el kilómetro 52 de la ruta Panamericana. El viernes 26 de abril, el hijo de la ex modelo Bárbara Durand quedó imputado por homicidio culposo por matar a tres obreros que se encontraban dentro de un auto detenido sobre la banquina, pasadas las 6 de la mañana en el cruce de la Panamericana y la ruta 197.

Si repasamos los últimos casos que han dejado una profunda marca en la sociedad argentina, como Cromañon, Cabello, Kevin, Ecos, y los más actuales como la tragedia de Once, y los casos García y Durand, puede notarse que reina un panorama incierto, donde la respuesta punitiva del Estado hacia este tipo de hechos trágicos, de gran impacto social, es extremadamente oscilante y poco coherente.

Lo lamentable de estos episodios en la Argentina es que, en muchos casos, el victimario pasa a ser víctima y la víctima victimario. Este desfasaje, producto de una clara falta de confianza hacia el sistema judicial, debe ser el puntapié inicial para cambios y reformas que generen respuestas claras y contundentes ante este tipo de acontecimientos totalmente repudiables.

Los accidentes, la imprudencia, el incumplimiento de las normas y el desprecio por la vida, se incorporaron como disvalores no reconocidos, pero vigentes, de nuestra cultura. Nos acostumbramos a transgredir las reglas, a no respetar los límites de velocidad, a cruzar los semáforos en rojo, a no ceder el paso a los peatones o al que viene desde la derecha en las intersecciones, entre otras violaciones.

Actualmente, el consumo de alcohol se encuentra involucrado en un porcentaje muy significativo de accidentes.

Por ello quien decide beber y conducir debe abstenerse de hacerlo, pues de ordinario su aptitud se encontrará disminuida según las reglas generales de la experiencia. De hecho está conducta constituye una contravención en las legislaciones provinciales, y generalmente, dados los mayores controles que se implementaron en este último tiempo en todo el país, de encontrarse incurso en ella la prevención procede al secuestro preventivo del vehículo y de la licencia de conducir.

Este argumento encaja perfectamente en los casos García – Durand. Quien decide ingerir altos niveles de alcohol y ponerse al frente de un volante claramente contiene en sí una conducta de profundo desprecio por la vida.

Bajo estos parámetros debemos redefinir responsabilidades de los individuos en donde el núcleo de la responsabilidad penal frente al otro y en este nuevo orden social estribe en “el incremento del riesgo por encima de lo permitido”.

Cuanto mayor sea el riesgo, mayor responsabilidad tengo de cuidar que mi conducta no dañe a otros, y cuanto mayor sea la falta de cuidado de mi obligación de velar por el otro, mayor será mi responsabilidad. Sobre estos cimientos es que debemos construir la discusión legislativa necesaria en una sociedad como la nuestra.  Sociedad de riesgos.

Dicho esto, es necesario encarar una reforma administrativa que desplace de la jurisdicción provincial a la nacional el sistema de otorgamiento de licencias de conducir y el control de cada conductor mediante el sistema de “scoring” en todo el país, de tal forma que se impida que un conductor sancionado en una jurisdicción pueda obtener su licencia de conducir en otra jurisdicción.  Asimismo, vale destacar que desde la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se ha avanzado bastante pero aún resta mucho por hacer.  Teniendo en cuenta que en nuestra  sociedad durante 2012 hubo 7.400 muertes por accidentes de tránsito. Según la Asociación Luchemos por la Vida, el promedio diario alcanza las 20 muertes y a nivel mensual más de 600.

Por otro lado, una reforma legislativa penal que tipifique diferenciadamente las meras imprudencias de las acciones temerarias. Toda muerte no natural es un acto lamentable, pero no es lo mismo la responsabilidad penal de quien lesiona a otro por una distracción al conducir, que el accionar de una persona que mata a alguien corriendo una picada, o conduciendo temerariamente bajo los efectos del alcohol o drogas. La legislación penal actual unifica en un mismo tipo penal la imprudencia y la temeridad, con lo cual los jueces carecen de instrumentos normativos idóneos para efectuar una punición diferenciada de tales conductas.

La gravedad de esta imprudencia, y los daños irreparables que observamos a lo largo de los años en nuestra sociedad,  lleva a la necesidad de calificar a la conducción de automotores bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes como delito autónomo, de peligro concreto, contra la seguridad del tránsito, del mismo modo en que se encuentran tipificadas las llamadas “picadas” en el artículo 193 bis del Código Penal.

Sobre estos cimientos es que debemos construir la discusión legislativa necesaria en una sociedad que lejos está de ser aquella que dio origen al Código Penal de 1921, proveyendo  al Poder Judicial de normas más justas y representativas de este cambio social.

Es por todo ello que coincidiendo con la existencia de vacíos, producto de un nuevo orden, y considerando al derecho como un ordenador social es que creo oportuno plantear la necesidad de creación de una figura intermedia que pueda denominarse “homicidio imprudente agravado” que permita una escala penal lógica y adecuada.

Este es el gran desafío de la Argentina que viene en materia penal. Lograr unificar criterios y plantear la necesidad de que en el ordenamiento penal haya una diferenciación de penas entre las imprudencias más leves y las más graves, y dejar de intentar de importar soluciones que en nuestro ordenamiento resultan muy difíciles de aplicar.