Tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia

Pascual Albanese

Por las incalculables implicancias institucionales que adquiere la investigación del atentado a la AMIA a partir de la gravísima denuncia y posterior muerte del fiscal Alberto Nisman, todo lo que ocurra a partir de ahora en torno a esta tan controvertida cuestión estará impregnado de un halo de sospecha que afecta la credibilidad de la opinión pública sobre la veracidad de las conclusiones de una maltratada causa judicial que ya lleva más de veinte años de desarrollo.

En una situación de emergencia, resulta necesario acudir a un remedio extraordinario para restaurar la confianza nacional e internacional en el correcto funcionamiento de las instituciones de la República.

En ese sentido, resultaría extremadamente conveniente que la Corte Suprema de Justicia tomara a su cargo la responsabilidad de la investigación de los hechos denunciados por Nisman, quien imputó directamente al Poder Ejecutivo Nacional y a representantes y agentes de una potencia extranjera de perpetrar un acto de encubrimiento del mayor atentado terrorista de las historia argentina.

La mera posibilidad de que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, cuyo desempeño está cuestionado judicialmente por las asociaciones representativas de magistrados y fiscales, incida en la designación del fiscal que reemplace a Nisman hace totalmente superflua cualquier argumentación adicional acerca de la procedencia y oportunidad de este mecanismo excepcional.

Nunca como hoy estuvo tan en juego en la Argentina la plena vigencia del Estado de Derecho, recuperado el 10 de diciembre de 1983.