Por: Pedro Benegas
La semana pasada, el régimen kirchnerista ha utilizado el histórico edificio del Congreso Nacional para asestar un golpe de gravedad institucional al sistema republicano de gobierno consagrado por la Constitución Nacional.
Un verdadero golpe de estado que atenta contra su letra y, por sobre todo, contra su espíritu.
El artículo 29 de la Ley Fundamental establece, con toda claridad: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Y el artículo 36 lo complementa: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo (…)”.
A exactamente una semana de este atropello que atenta contra nuestras vidas, libertades y propiedades y que tiene como único fin garantizar la impunidad de los personeros del régimen frente a la escalada de latrocinios que se conocen a diario por los medios de prensa que pugnan por silenciar; hoy se cumplen dos aniversarios que han sido una bisagra en la historia de la república Argentina para conducirla hacia la senda del orden en libertad:
- El 162º aniversario del pronunciamiento de Justo José de Urquiza contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas, primer peldaño para el derrumbe de la suma del poder público que se terminaría haciendo efectivo en la Batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852.
- El 160º aniversario de la sanción de la Constitución Nacional de 1853 que abrió las puertas a la civilización y a la organización jurídica y política de la república, llevándola, al momento del centenario de la Revolución de Mayo celebrado en 1910, a una posición respetable en el concierto de las naciones, colocándola en sus primeros puestos y con un futuro promisorio que, desafortunadamente, fue quebrado por los populismos y los autoritarismos de las más diversas especies, haciéndonos ingresar en un cono de sombras mediocres y decadentes.
Estos dos hechos ocurrieron un 1º de mayo. Recordarlos siempre es un deber cívico de todo argentino de bien que quiera la plena vigencia del legado de los soldados de Caseros y de los Constituyentes de 1853: asegurar los beneficios de la libertad.
El régimen kirchnerista, probablemente uno de los más siniestros de nuestra historia, ha decidido retrotraernos al 2 de febrero de 1852, esto es, a la suma del poder público. Con todo rigor y justicia, podríamos decir que ya nos encontramos frente a una tercera tiranía que azota a la república.
En este contexto, volver al futuro es rescatar la Constitución Nacional originaria de 1853, que es la mejor plataforma de gobierno, ya que garantiza la protección de nuestras vidas, libertades y propiedades, limitando las aspiraciones al poder absoluto de potenciales tiranos.
Me inicié en la carrera política en los inicios de la década de 1980, cuando en el mundo se estaba librando la batalla final entre un modelo de libertad –más allá de cualquier imperfección propia del ser humano– y uno de esclavitud totalitaria como lo era el comunismo soviético y sus satélites.
Mi norte siempre ha sido la democracia partidaria. Que los electores se expresen en las urnas para seleccionar a quienes consideran más capacitados para llevar adelante una ardorosa defensa de la libertad en los cuerpos colegiados de la república.
Aquellos que habremos de exigir que sea debidamente castigada esta década de corrupción y desvergüenza mediante la aplicación de los artículos 29º y 36º de la Constitución Nacional para que nunca más intente ningún “aventurero o aventurera” cernirse como amenaza contra lo que tanto les costó conseguir a nuestros próceres más preclaros para que nosotros disfrutemos de los beneficios que trae una vida civilizada y respetuosa de las normas dentro de un orden virtuoso en libertad.
Hoy, como en esos años, he retomado la actividad político-partidaria con dos promesas: La lucha por la libertad, la república y la democracia para que el Preámbulo de nuestra Constitución no sea sólo un rezo laico, sino una realidad tangible.
En este 1º de mayo, como lo hiciera Urquiza, llamo a todos a pronunciarnos por los valores que jamás debimos haber abandonado y a constituir la unión nacional en base a ellos.