Por: Rafael Gentili
En los últimos días, ante las críticas recibidas por el gasto excesivo en la realización de las obras del Metrobus, el subsecretario de Transporte y Tránsito de la Ciudad, Guillermo Dietrich, declaró ante el diario La Nación que “en la 9 de Julio elegimos los materiales más caros, los más estéticos y lo que mejor se confunden con el espacio verde que tiene la zona ¿Podríamos haber usado otros más baratos? Sí claro, pero la decisión la tomamos como gobierno. Creemos que está bien gastar $ 200 millones para que la gente viaje cómoda“. Por su parte, la directora del Proyecto Metrobús, Manuela López Menéndez, manifestó que “la obra podría haber salido más o menos, pero es el proyecto arquitectónico que decidimos”.
Quisiera decir algunas cosas sobre estas, cuanto menos, alarmantes declaraciones. En primer lugar, el subsecretario omite aclarar que se gastaron $200 millones de más. La obra del Metrobus 9 de Julio, de acuerdo a la información pública disponible, para sus tres kilometros lleva un costo acumulado a la fecha de $322.171.937, que comprende el presupuesto adjudicado para la construcción de las estaciones (cada una con un increíble costo de $8 millones, monto similar al de equipar la sala de terapia intensiva del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que continua pendiente) adicionales de obra, pavimentación y el túnel Constitución. Este monto sería aún mayor, atento al túnel que se proyectó construir para unir la Av. 9 de Julio y Libertador.
Cabe aclarar que para la implementación del Metrobus de la Avenida 9 de Julio, de las tres opciones posibles, el gobierno porteño eligió la más cara y con mayor impacto negativo sobre el entorno urbano, destruyendo 10 plazoletas enteras. Esta obra no sólo resultó faraónica en sus costos, sino que además fue a todas luces una muestra de una mala gestión de recursos públicos, dado que con una inversión mucho menor, al menos respetuosa de los montos adjudicados en las licitaciones de obra, se hubieran obtenido resultados similares. Tamaña inversión omitió una senda para bicicletas, no conectó la obra con las líneas de subterráneo, ni integró en la tarifa ambos servicios, ni exigió a las empresas contraprestación alguna; en otras palabras no se aprovechó la oportunidad para dotar a Buenos Aires de una solución moderna a la altura de sus recursos y su historia en materia de transporte y movilidad.
Además, no hay una relación directa entre mayores costos y mejores condiciones de transporte para la población. Lo que la gestión PRO denomina “Metrobus” no es más que una serie de carriles exclusivos y estaciones carísimas, por donde transitan los mismos colectivos, igual de contaminantes y abarrotados de pasajeros que antes de esta obra. En tercer lugar, estas declaraciones omiten mencionar el gasto del erario público que implica el túnel bajo la Av. San Juan, que no estaba incluido en el proyecto original, ni fue incluido en el estudio de impacto ambiental, ni en los costos originales del Metrobus, ni fue comunicado a la ciudadanía durante las únicas instancias participativas de este proceso, esto es en la audiencias públicas de año pasado. El costo de los túneles se estima en $127 millones pero, con los antecedentes de los costos finales del Metrobus, esa cifra tranquilamente podría duplicarse. ¿Es realmente necesaria y urgente tamaña inversión? Con mucho menos que lo que se piensa invertir en el túnel para el Metrobús, se puede poner a punto la Línea C, con más formaciones y modernización del sistema de frenos, para lograr mayor frecuencia y confort.
Por último, pero no menos importante: sería cuanto menos imprescindible que tanto el subsecretario de Transporte y Tránsito, Guillermo Dietrich, como la responsable del Proyecto Metrobus, Manuela López Menéndez, recordaran que la Ley porteña N° 2095, señala entre los principios que rigen las contrataciones y adquisiciones el principio de economía: “en toda compra o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos”. Porque gobernar la Ciudad no es hacer “lo que al gobierno le parece bien”; la ciudadanía no firma un cheque en blanco en cada elección, y cada gobierno tiene la obligación de administrar los fondos públicos de acuerdo a los parámetros fijados por ley y en base al bien común. Pero la transparencia en la gestión de los recursos públicos no es una característica PRO.