Por: Ricardo Saenz
Cuando en los últimos meses del 2014 los integrantes de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios armábamos las candidaturas, estaba claro que debía asumir para este turno de dos años el lugar de vicepresidente en representación de los Fiscales. En lo personal también tenía claro que no iba a ser una gestión fácil ya que hace tiempo vengo describiendo los problemas que ha generado la gestión de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, y esta postura claramente no ha sido ni es bienvenida entre quienes dirigen hoy el Ministerio Público Fiscal.
No iba a ser la primera vez que me desempeñaba gremialmente, por así decirlo, en oposición a un Procurador. También me había ocurrido con Esteban Righi quien mientras presidí la Asociación de Fiscales (AFFUN) entre 2005 y 2010. Nunca contestó oficialmente por escrito un solo planteo de la organización.
Sin embargo, jamás pensé que a las dos semanas de asumir los cargos en el Consejo Directivo de la AMFJN (esto es, el 15 de diciembre de 2014) se iba a desatar una crisis institucional sin precedentes a raíz de los ilegítimos nombramientos de fiscales subrogantes llevados a cabo el último día hábil del año, fecha que no se ha elegido al azar, sino con toda intención sabiendo que el mes de enero difícilmente podríamos reunirnos para algún tipo de planteo administrativo o judicial. Como hemos visto, ello no fue así.
La medida consistió en designar a varios fiscales subrogantes en las Cámaras Federales y Nacionales con competencia penal, para que el 2 de febrero asumieran como Fiscales de Cámara. Para llevar a cabo este proceder echaron mano del ya debatido Anexo II del Código Procesal Penal sancionado en diciembre y cuya fecha de entrada en vigencia, si se quiere implementar seriamente, es absolutamente incierta.
Mucho se debatió esta cuestión, especialmente que esos cargos, como otros 1600 de funcionarios y empleados que nadie sabe cómo fueron calculados, y creo que hemos demostrado claramente que toda designación anterior a la vigencia del Código es absolutamente ilegal y sólo puede obedecer a la intención de actuar de inmediato en las causas penales en trámite. Obviamente, el mayor interés radica en las graves denuncias por corrupción que pesan sobre encumbrados funcionarios del Gobierno nacional.
Por ello, quería detenerme brevemente en la forma y los términos en que los funcionarios políticos han encarado este debate, dejando al descubierto con sus agresiones y su ansiedad por poner en funcionamiento la reforma procesal (por lo demás, compartida por todos en cuanto a las ventajas del sistema acusatorio) la preocupación existente por el avance de esas investigaciones judiciales en el fuero federal de la Capital.
Es larga la lista de expresiones alarmantes que se han vertido desde las más altas magistraturas políticas del país para referirse a quienes hacemos nuestro trabajo en el Poder Judicial. Golpistas, golpe institucional, caranchos, buitres, secuaces, corporativos, extorsionadores, encubridores de la dictadura militar (y de los civiles que la apoyaron), partidarios de las corporaciones económicas, funcionales a los fondos buitre, encubridores del grupo Clarin, de Magnetto, de la Sociedad Rural Argentina, o de cualquier otra cuestión que en el momento en que se hace la crítica resulte funcional y fácilmente asociable para que el público que sigue las ideas que plantea el gobierno entienda con mayor claridad.
Es muy difícil para un magistrado juez o fiscal contestar individualmente estos ataques, y por eso han cobrado tanta importancia la acción de las asociaciones profesionales que los nuclean, representan y, en situaciones de tanta gravedad cómo ésta, asumen su defensa. Además, en estos últimos días, al coro de políticos que nos denostan diariamente, se han sumado colegas fiscales (tengan o no acuerdo del Senado, los englobo con esta palabra para facilitar el mensaje) tratando de desprestigiarnos funcionalmente cuando la mayoría de ellos, si sumáramos los tiempos que llevan como fiscales, no llegarían a la antigüedad y experiencia de uno solo de los fiscales de instrucción nombrados en la anterior reforma procesal de 1992.
Por ello, ya nada debe sorprendernos, van a seguir atacándonos en lo personal porque carecen de argumentos sólidos para defender estos nombramientos y no pueden poner en blanco y negro que lo hacen para incidir en la causas de corrupción. Es más, muchos de ellos ni lo saben.
Por eso cuando ayer me preguntaban qué pensaba de las críticas que algunos legisladores nos dirigieron a quienes estamos haciendo estos planteos judiciales, me acordé de aquel viejo dicho que dice: ¿qué se puede esperar del burro sino una patada?