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Las pymes, impulsoras del desarrollo

La situación de las pymes en nuestro país es preocupante. Los pequeños y medianos empresarios hoy deben enfrentarse a una realidad dura, donde el esfuerzo del día a día no resulta suficiente. El mayor problema que destacan es que no se reconoce la inflación, lo cual impide, por ejemplo, que haya ajustes en los impuestos. Hoy en día es necesario actualizar los mínimos del impuesto a las ganancias y permitir el ajuste por inflación impositivo para no pagar tributos por ganancias ficticias, porque esto a las pymes las está destruyendo.

En todo país serio a alguien que perdió plata no se le cobra impuesto. Si un empresario pierde el 20 % de capital, no se le puede exigir que pague ganancias. Resulta absurdo que las pequeñas empresas sean azotadas de esta forma, cuando deben ser tratadas como el principal motor del desarrollo a nivel nacional. Si queremos que el país crezca, es necesario que se implementen con urgencia políticas que tengan como fin brindarles apoyo, financiamiento y que exista un sistema tributario que no las castigue.

Para revertir esta situación hay que dar varios pasos. En ese proceso, resulta importante imitar aquellas políticas de otros países que benefician a las pequeñas empresas. Por ejemplo, en Colombia las pymes son el principal generador de empleo del país, ya que constituyen más del 99 % del total de establecimientos, generan más del 80 % de mano de obra y representan el 40 % del PBI. Pero eso es posible gracias a las herramientas financieras y fiscales que les brinda el Estado: líneas de créditos, garantías de créditos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fondos de capital de riesgo. Continuar leyendo →

Una norma que perjudica al cuidadano

El Senado nacional sancionó el miércoles pasado la Ley de Responsabilidad del Estado con 38 votos positivos contra 23 negativos. Uno de los puntos principales de la iniciativa establece que “el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”.

El objetivo, no dicho pero que se infiere de su articulado y de su magra fundamentación, es reivindicar a través de este proyecto de ley privilegios para atenuar la responsabilidad del Estado Federal y ceñir la discreción judicial (como ocurrió con la Ley de cautelares contra el Estado), prefijando esos privilegios en un cuerpo normativo que agota su aplicación en el ámbito federal.

Me pregunto: ¿qué va a pasar si el Estado deja de cumplir con su obligación indelegable de vigilar y controlar a un concesionario de un servicio público que causa un daño? ¿El Estado no va a tener responsabilidad con las víctimas? Eliminar las sanciones conminatorias en los hechos importará que las decisiones judiciales sean meras órdenes en soporte papel cuyo cumplimiento dependerá de la “buena voluntad” o del sentido de la responsabilidad que tenga el o los funcionarios involucrados, incentivando por tanto el incumplimiento.

La norma examinada, a la cual voté de forma negativa, carece de originalidad, salvo en aquellos casos que “limitan la responsabilidad del Estado”, incumpliendo los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta ley generará más planteos de inconstitucionalidad, y con ello la prolongación de los tiempos de resolución de las causas y mayores costas. Va en línea con un Estado omnipresente pero que, por otra parte, incumple con los servicios esenciales de seguridad, justicia, educación, salud, que cobra impuestos agobiantes y que pretende no tener responsabilidades ante el agravio a los ciudadanos.

En el sistema jurídico argentino la responsabilidad del Estado seguirá siendo civil. Y, por tanto, debe entenderse que el trato en cuanto a la reparación debe ser uniforme en todo el territorio argentino, impidiendo que en una provincia se niegue a una persona una reparación que se reconoce en otra, toda vez que el derecho a la reparación de un daño sufrido sea parte de los derechos que la Constitución reconoce a los habitantes, contenidos en la parte dogmática de la Carta Magna y que sirven de protección de las personas ante el Poder del Estado.