Las perspectivas políticas y económicas de Venezuela son cada día más comprometidas. El cuadro humanitario es alarmante y la tensión social crece en intensidad por la severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos. El PBI descendería un 5,4 % y la inflación podría superar el 100 %. El Gobierno muestra, sin ningún disimulo, una mayor vocación autoritaria que democrática para resolver los variados y dramáticos desafíos de la crisis. Han proliferado las violaciones a los derechos humanos y las libertades civiles, se acentúa la persecución y el encarcelamiento de opositores y crecen las limitaciones a la libertad de prensa. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha puesto también de relieve la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Solo el 34 % de los jueces son titulares.
En este contexto, las elecciones legislativas convocadas para fin de año no parecen contar, por el momento, con las garantías democráticas mínimas para asegurar comicios transparentes. También en lo que hace a la libre participación de las principales fuerzas políticas en campañas electorales, en particular por cuanto por primera vez en 16 años los 19 partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la posibilidad de ganar las elecciones parlamentarias. Sin embargo, es difícil ser optimista en un país donde se han afectado todos los elementos esenciales de la democracia representativa, como los parámetros de salvaguardia de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana.
Es importante para la crítica situación venezolana que las próximas elecciones del 6 de diciembre sean libres y transparentes. Es de esperar que el Gobierno venezolano, a diferencia del pasado, acepte observadores internacionales calificados para los comicios, en particular de la Organización de Estados Americanos. Así lo ha solicitado recientemente un número significativo de expresidentes latinoamericanos y sería importante que todos los Gobiernos de la región insistan con la misma aspiración. Han sido auspiciosas las referencias de la Presidenta del Brasil en ese sentido. Sería importante que la Argentina hiciera manifestaciones en la misma dirección.
Hasta ahora el comportamiento argentino respecto de la grave crisis política en Venezuela ha sido muy desilusionante. En ningún momento se han efectuado gestiones diplomáticas para interceder en la liberación de los 75 presos políticos ni se ha expresado preocupación por el grado de represión que se ejerce contra la oposición y la libertad de prensa.
Es de esperar que tras las elecciones presidenciales de octubre, la diplomacia del Palacio San Martín recupere el protagonismo en política exterior en la defensa de valores y principios esenciales como la democracia y los derechos humanos. Es urgente que la Argentina, uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana y de los protocolos específicos del Mercosur y Unasur, vuelva a ejercer el liderazgo regional en defensa del sistema interamericano de derechos humanos para asegurar que América Latina toda permanezca como una zona libre de autoritarismos y desvíos democráticos.