Colombia se encamina a concluir un plan de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para poner fin a medio siglo de enfrentamientos y acciones terroristas con 250 mil muertos, 40 mil desaparecidos y 5 millones de personas desplazadas. Tras tres años de negociaciones en Cuba, un acuerdo integral asoma como posible. En este contexto, las partes han acordado solicitar que una misión de observación de la Organización de las Naciones Unidas verifique el inminente desarme de las FARC y el cese definitivo de fuego y hostilidades.
La misión solicitada a la ONU estaría integrada por expertos de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A diferencia de las Fuerzas de Paz de la ONU, conocidas como Cascos Azules, la misión no estaría integrada por cuerpos militarizados. Los participantes no portarán armas ni tendrán una función policial o militar. Se tratará principalmente de una presencia política de observación, con el mandato de monitorear y verificar los compromisos asumidos por las partes. Las características de la misión serían definidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, también su duración, estimada inicialmente en doce meses. En principio, el costo sería asumido por las Naciones Unidas.
Naciones Unidas posee una importante experiencia en supervisar el cumplimiento del alto de fuego, así como en tareas de desmovilización y desarme de combatientes. También en limpiar de minas los territorios afectados. En general, en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU no suelen participar representantes de países limítrofes. Consecuentemente, sería previsible que Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá se abstengan de ofrecer personal. Esta situación acentuaría el papel de Argentina, Chile y Uruguay, con una importante tradición técnica y diplomática en cuestiones multilaterales afines.
La tarea de la misión multilateral abarcaría todo el territorio de Colombia, aun cuando la presencia militar de las FARC ha tenido una influencia en 24 de los 32 departamentos del país. En el 2001, diversas fuentes estimaban que la guerrilla contaba con cerca de dieciséis mil combatientes. En la actualidad, según datos de prensa, la cifra no superaría los siete mil. Un informe de Human Rights Watch destaca que aproximadamente el 30% de los integrantes de las FARC son menores de 30 años.
Uno de los problemas del llamado proceso de desarme de las FARC es determinar el arsenal real de armas pequeñas y livianas, como de distinto tipo de municiones. Hasta ahora los únicos datos disponibles son los que suministra la propia guerrilla. Sin embargo, existe conciencia de que posee un número considerable de armamento. Se calcula, por ejemplo, que cuenta con más de diez mil fusiles AK-47 y alrededor de cinco mil fusiles M-15 y M-16, ametralladoras M-60 y, entre otros, AP-60, lanzador de granadas. Las FARC también dispondrían de armamento pesado, como misiles rusos Igla S-24 o lanzacohetes AT-4 de origen sueco. Human Rights Watch ha acusado a las FARC de haber sido el grupo que más minas antipersonales terrestres ha utilizado en el mundo.
Estas consideraciones genéricas son ilustrativas de la complejidad de la próxima misión de observación de la ONU, así como de la importancia política de que sea efectiva. Es de esperar que toda la región coopere para que el proceso de paz concluya a satisfacción de los colombianos y que los mecanismos de implementación reciban el mayor apoyo de toda la comunidad internacional y en particular de América Latina y el Caribe.