La crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela va adquiriendo complejas características humanitarias y un grado preocupante de tensión bilateral. De acuerdo con Naciones Unidas veinte mil colombianos debieron regresar a su país tras el cierre parcial de la frontera y el estado de excepción decretado por Caracas. La mayoría han sido deportados de manera indiscriminada y otros han abandonado Venezuela ante el temor de ser expulsados o por represalias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “Las expulsiones colectivas son manifestaciones contrarias al derecho internacional”. Colombia, por su parte, analiza llevar el caso a la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos. Continuar leyendo