Sin adentrarme en el análisis pormenorizado del proyecto de reforma al Código Procesal Penal, quiero advertir y llamar a la reflexión sobre como podría impactar este nuevo cuerpo legal en la sociedad, en función de quienes tendrían a su cargo la decisión de investigar o no un determinado delito. En esta inteligencia, me vienen a la memoria los fiscales Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, quienes defendiendo la fallida reforma al Código Penal, sostuvieron enfáticamente, que el Código Penal “debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado”. Dicho en otras palabras, el Código Penal no debe servir para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado.

Refiriéndose a aquella reforma al Código Penal, Alagia destacaba entonces que lo positivo de ese proyecto es que era “una declaración de desconfianza”, una “desconfianza hacia las penas”. Por su parte, Javier de Luca, refiriéndose al concepto de seguridad, manifestaba que “la seguridad en democracia es también seguridad frente a las autoridades, y frente al accionar policial; el primer problema es quién controla al controlador”. En esa línea, criticaba que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”, haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan de las leyes y el “mal”. Dicho de manera mas sencilla, estos fiscales no creen en las penas, y prefieren controlar a quienes aplican las penas,-los jueces-, en lugar de a quienes delinquen.

Luego, en la medida que todos estos fiscales enrolados en lo que se ha dado en denominar “Justicia Legítima” acompañen estos pensamientos, advierto que va a resultar difícil confiar en que los delitos sean investigados. Sobre todo, porque para estos fiscales, no existen los “delitos” sino meros “conflictos sociales”. De manera concordante, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al jurar como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, señaló que los jueces deben entender que “tienen que hacer política en sus sentencias, entendida como herramienta de transformación de la realidad, mirando al más débil”. Una vez más, daría la sensación que quienes debieran estar más preocupados por custodiar los derechos e integridad del ciudadano honesto, estarían más afligidos por la suerte de quién viola esos derechos. Tanto es así, que este funcionario no se cansa de repetir, que hay que fomentar la conciencia social en los jueces como parte del proceso de “democratización”, y no oculta su aspiración de que los jueces se ciñan no a los códigos y a las leyes, sino a una visión política. Imaginen ustedes entonces a los fiscales al momento de decidir si llevar adelante o no una investigación, privilegiando “su visión política” por sobre la ley y el Código Penal.

Recientemente, hemos tenido el antecedente del Fiscal Carlos Gonella -a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó-, quién será indagado la semana próxima por la Justicia, imputado por el delito de prevaricato, acusado de haber excluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a sus dos hijos del dictamen que impulsó la investigación por lavado de dinero que se inició en 2013. Por este tema, el Fiscal Federal Guillermo Marijuan, que estaba de licencia cuando ese expediente llegó a su fiscalía, denunció a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario por haber designado al titular de Procelac sin concurso ni acuerdo del Senado y apuntó a Gonella en duros términos. A estar a los dichos de Marijuan, daría la sensación que Gobella actuó más “inspirado” en su “visión política” que en lo que marca la ley. La contracara de esta moneda, es lo que se actuó desde la Procuración General respecto del Fiscal Campagnoli, a quién se quiso destituir por el hecho de investigar ajustadándose a la ley, y no en función de alguna “visión política”.

A esta realidad que describo, agréguense los 1200 empleados que propone incorporar el Anexo 2 del Proyecto de Reforma para Fiscalías y Defensorías, más los 17 nuevos fiscales que se quieren designar. Estos nombramientos, naturalmente, los hará Gils Carbó que es precisamente quien lidera la agrupación Justicia Legítima; es de suponer que esas incorporaciones estén alineadas con el pensamiento de la agrupación. A esta altura, creo se vuelve manifiesto que una reforma como la proyectada resultaría harto inconveniente para la sociedad, frente a esta particularidad tan kirchnerista de imponer y fogonear los “fiscales militantes”.