Es el desamparo del Estado, estúpido

La Justicia no cumple. No es confiable. Innumerables fallos, y muchas veces la falta de ellos, dan cuenta de esta realidad. La gente está cansada, está asqueada. Advirtió —quizás demasiado tarde— que es imposible vivir la república sin Justicia. Un Ministerio Público plagado de funcionarios “militantes”, que por lógica obviedad priorizan su militancia por sobre la defensa de la sociedad. Del lado de los jueces, parecería haber más corrupción que militancia. Pero, en todo caso, el resultado es el mismo. El Estado de derecho es quien garantiza que la sociedad no tome en sus manos el hacer justicia. Cuando este falla o se corrompe, es casi una resultante natural que la sociedad opte por suplir lo que el Estado no le ofrece.

Mucho peor, cuando esta negación de justicia se hace con ostentación, sin ningún pudor, diría, de manera impunemente bizarra. Los videos que hemos visto en los últimos días son sólo la gota que colma el vaso. Muchísimo antes, se denunciaron todos los ilícitos que hoy salen a la luz, sin que ningún funcionario judicial demostrara, hasta ahora, verdadera voluntad para avanzar en su investigación y su castigo. Funcionarios, jueces, amigos y socios del poder que se han vuelto abrupta y encandilantemente millonarios, en lo que ellos mismos denominaron “la década ganada”.

Fortunas que, ciertamente, son imposibles de justificar. La ostentación del nuevo rico hizo imposible que esas fortunas y sus “dueños” pasaran inadvertidos, como prudentemente indicaría el manual del delincuente: nunca llamar la atención gastando ostentosamente el botín logrado. Tropezaron con la misma piedra de siempre. Se creyeron que la impunidad no tenía fecha de vencimiento, que era para toda la vida. Ese fue su talón de Aquiles y, por qué no, el de la mayoría de los delincuentes: ostentación e impunidad. Continuar leyendo

¿Vale la pena defender el sistema?

He leído y escuchado a sendos y reconocidos sociólogos y politólogos en los últimos días, respecto de lo que está sucediendo en el país, con el consejo de poner el pie en el freno y detener el acelerador. Ello por cuanto las consecuencias, según su mirada, de continuarse a esta velocidad, podrían ser impredecibles. Preocupados por el desenlace que pueda tener el paso de Cristina Fernández de Kirchner por los tribunales de Comodoro Py, se muestran más inclinados a aconsejar un pacto entre los grupos dominantes que a que se llegue al fondo del hueso en la investigación judicial. Dicho de otra forma, un pacto entre las élites, aunque ello implique soportar la corrupción, a fin de salvaguardar el sistema.

La pregunta que seguiría entonces, es qué sistema se pretende preservar. En efecto, en estos últimos doce años, sobre todo en los últimos ocho años, hemos visto cómo se ha descompuesto el sistema institucional de nuestro país. En rigor, lo que se ha vivido fue una ficción de democracia en la que todos hemos sido de una manera u otra grandes cómplices. Tanto nuestra Carta Magna como el Código Penal prevén expresamente sanciones para quienes alteren el orden constitucional. Sin embargo, hemos asistido mansamente a observar y tolerar cómo se desvirtuaba la división de poderes que debió regir, y que ciertamente no rigió. Nos hemos cansado de escuchar que durante la gestión Kirchner el Congreso de la Nación fue una escribanía del Ejecutivo. No se deliberaba ni elaboraba en el recinto, sino que se aprobaba lo que decidía el Ejecutivo Nacional a libro cerrado. Continuar leyendo

Hora de combatir la corrupción

Pasó la década kirchnerista, y una de las huellas más profunda que dejó es en lo que respecta a Justicia y corrupción. No es ninguna novedad que las instituciones fallaron. Desde ya que no fue algo casual. En todo caso, fue una estrategia muy bien pergeñada. El Congreso de la Nación desvirtuó su rol y se convirtió en prácticamente una escribanía del Poder Ejecutivo, utilizada para dar legalidad a actos que carecían de legitimidad. Legisladores que reconocían a viva voz que, pese a no estar de acuerdo con las leyes que sancionaban, lo hacían por obediencia partidaria.

Las minorías fueron totalmente avasalladas. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que pretendieron cumplir con su finalidad o fueron desarticulados o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición que sufrió el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país que fue la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora militante, fiscales militantes que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial. Continuar leyendo

Garantismo: el absurdo como regla

Hace unos días nos escandalizábamos cuando dos fiscales, Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, en el marco de la Feria del Libro y en defensa de la reforma al Código Penal que  impulsa el gobierno, llamaron “conflictos sociales” a los delitos, minimizaron el daño a la vida y a la propiedad y afirmaban que “el castigo es una solución irracional”.

Por cierto que nada nuevo bajo el sol, parafraseando a la Presidente, ya que en esta misma línea vienen declamando y actuando en consecuencia muchos funcionarios judiciales enrolados en la corriente denominada “Justicia Legítima”; que pareciera que de justicia y de legítima mucho no tiene.

Daría la sensación de que el Gobierno se esfuerza en hacer del absurdo la regla. Bajo un falso garantismo, se invierten los roles de victima y victimario, despreocupándose por la suerte y destino de los primeros, y sólo abogando por eximir de toda responsabilidad a aquellos que infringen la ley. Confusión que ha alcanzado al propio Francisco quien, en su afán de llevar misericordia a todos “sus hijos”, pareciera olvidarse de las víctimas que sufren a mano de sus victimarios y confundir “penas” con “venganza”.

En este escenario, quien emerge aportando un poco de claridad ante tanta confusión, es el Secretario de Seguridad Sergio Berni, que se muestra contrariado y asombrado con el proceder de muchos de estos jueces que hacen del tribunal una puerta giratoria; justo es reconocer que este funcionario, no menor en el gobierno, no ahorra críticas contra estos jueces y fiscales. Creo que es también un deber admitir, que es una suerte que dentro de un gobierno de estas características, exista un Berni que aporte sansatez y sentido común; no quisiera pensar cuál sería la situación si en lugar de Berni estuviese alguno de estos funcionarios que consideran que el delito no existe…

Dentro de esta confusión que destaco y describo, quien también aportó para modigerar y poner límite a tanto “absurdo” fue el diputado Sergio Massa quién muy rápido de reflejos impidió que la reforma al Código Penal avanzara callada y sigilosamente hacia un destino que hubiera sido irreversible para todos los argentinos de bien. Una de las curiosidades de esta reforma, es que ha sido encargada a quienes no creen ni en la existencia del delito, ni en las penas. Algo así como encargarle al Gordo Valor la custodia de caudales. El principal mentor de este garantismo que encuentra en la reforma su punto cúlmine, -me refiero al Dr. Zaffaroni-, al ver cómo se desmoronaba su proyecto tan pronto como la sociedad tomó conocimiento del mismo, -ya hay más de dos millones de firmas en contra-, no encontró mejor método para defenderlo, y denostar a su oponente, que mandar al diputado a “estudiar de nuevo”; lo paradójico, es que en un fallo reciente, el máximo Tribunal que el propio Zaffaroni integra, reconoció la constitucionalidad y legitimidad de la figura de la reincidencia que Massa defendía y Zaffaroni criticaba. Cual si fuera un silogismo, daría la sensación de que la Corte mandó al único de sus integrantes que no firmó la referida sentencia a estudiar nuevamente, poniendo las cosas en su lugar.

Pero no todo es “garantismo” puro. A la sombra de una ideología supuestamente preocupada por volver a obtener la apertura de cárceles y abolir todo rezago de orden y castigo al delincuente, se cobija un alto grado de corrupción, en el que se entremezclan política y justicia. Hoy la destitución  del fiscal Campagnoli es quizás uno de los hechos mas  elocuente en este sentido. Pero podemos repasar otros hechos no menos graves, como lo actuado respecto del ex Procurador Righi, o del Juez Rafecas, o  el Fiscal Rívolo o lo que se habría intentado respecto del juez Lijo, en relación a las causas que involucran a Lázaro Báez y el vicepresidente Boudou. En este último caso, el diputado Kunkel disparó sin pudor, hace unas pocas horas, una advertencia a Lijo: “Si no actúa correctamente, será investigado”…

Destituciones que no se limitan ciertamente a causas por corrupción, sino que se hacen extensivas también a otras tantas que contrarían “políticas” del gobierno, como lo que sucede con los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, que deben soportar un pedido de juicio político por fallar a favor de los jubilados. La contracara de estas destituciones, es la defensa encendida que se hace desde el gobierno respecto de otros jueces, muy cuestionados por la ciudadanía, como es el caso, verbigracia, del juez Oyarbide.

Quizás donde se pueda visualizar con mayor precisión este escenario que se describe, donde el absurdo es la regla y lo absurdo es la excepción, es lo que sucede con la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David (este último vale aclarar suele votar en disidencia). Según una investigación realizada por Infobae, el 95% de los acusados por causas de drogas que llegan a esta Sala, tienen muchas chances de ser liberados y volver a su actividad preferida: el delito. Al respecto, recomiendo ver la citada investigación y el cuadro que acompaña la nota, que ofrece un muestrario amplio de las resoluciones de esa Sala sobre causas de narcotráfico, que terminan en nulidad y absolución gracias a los tecnicismos a los que recurre el tribunal.

En síntesis, contrariamente a lo que debiera suceder en cualquier sociedad organizada, donde prima el orden, el respeto y el apego a la ley, para esta administración kirchnerista lo que prima es la defensa del victimario en detrimento de la víctima. Es un gobierno que pretende hacernos creer que no cree en el delito ni en las penas, mientras muchos de sus integrantes o allegados se enriquecen de manera escandalosa y eluden su responsabilidad, acomodando los hechos a sus necesidades.

El derecho penal está incorporado a las sociedades para regular la convivencia; sus normas deben ser disuasorias, y de ninguna manera alentar al delito. No pueden sembrar la confusión, que muchos jueces y funcionarios hoy pregonan y ocasionan con sus conductas y decisiones.