Archivo de Tag: Justicia Legítima

Más y peor de lo mismo en el discurso oficial

Finalmente la Presidente de la Nación decidió hablarle al país. Lamentablemente, no fue para sincerar la realidad ni mucho menos para hacer un llamado a la unidad. Sencillamente, el objetivo fue ponerle nombre y apellido a los responsables de la muerte del Fiscal Alberto Nisman. Como siempre, aparecieron en escena “los jueces y fiscales (no enrolados en la corriente Justicia Legítima), los medios y especialmente, Clarín. Haciendo caso omiso de lo que expresamente enseña el art. 109 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación parecería haber resuelto -mas allá de lo que investiga la Justicia- el enigma de la desgraciada muerte del fiscal. Lo que seguramente la inhibió de dar el pésame a sus familiares.

Negando realidades obvias, como quién fue el responsable de la elección del fiscal a cargo de la Unidad AMIA, o la falta de independencia de la Procuración General de la Nación respecto del Ejecutivo, o la militancia de los fiscales militantes, -valga la redundancia-, ensayó una supuesta deuda de la democracia para con la sociedad; en ese tren, propuso -en rigor decidió, si nos atenemos a las mayorías que maneja el oficialismo en el Congreso-, un nuevo cambio de nombre a la Secretaría de Inteligencia (SI). Continuar leyendo →

El desembarco de los fiscales militantes

Allá por octubre del pasado año, en un artículo publicado en esta misma tribuna, alerté sobre el avance de los “fiscales militantes“, sobre lo que implicaba “ideologizar” y “politizar” la función judicial. La primera señal de peligro la tuvimos con el intento de reforma del Código Penal, -hoy pareciera un proyecto lejano pero no fue hace tanto-, cuando se quiso imponer la idea de que éste no debía servir para desalentar al delincuente en la comisión del delito, sino para “controlar” a los que “quieren controlar”. En ese sentido, señalé el modo en que el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, alentaba sin miramientos el fomento de la “conciencia social” en los jueces como parte del proceso de “democratización”,y no ocultaba su aspiración de que los jueces se ciñan no a los códigos y a las leyes, sino a una visión política. Finalizaba diciendo entonces, cual profecía que pareciera hoy estar cumpliéndose, imaginen ustedes a los fiscales al momento de decidir si llevar adelante o no una investigación, privilegiando “su visión política” por sobre la ley y el Código Penal. Continuar leyendo →

El avance de los “fiscales militantes”

Sin adentrarme en el análisis pormenorizado del proyecto de reforma al Código Procesal Penal, quiero advertir y llamar a la reflexión sobre como podría impactar este nuevo cuerpo legal en la sociedad, en función de quienes tendrían a su cargo la decisión de investigar o no un determinado delito. En esta inteligencia, me vienen a la memoria los fiscales Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, quienes defendiendo la fallida reforma al Código Penal, sostuvieron enfáticamente, que el Código Penal “debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado”. Dicho en otras palabras, el Código Penal no debe servir para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado.

Refiriéndose a aquella reforma al Código Penal, Alagia destacaba entonces que lo positivo de ese proyecto es que era “una declaración de desconfianza”, una “desconfianza hacia las penas”. Por su parte, Javier de Luca, refiriéndose al concepto de seguridad, manifestaba que “la seguridad en democracia es también seguridad frente a las autoridades, y frente al accionar policial; el primer problema es quién controla al controlador”. En esa línea, criticaba que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”, haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan de las leyes y el “mal”. Dicho de manera mas sencilla, estos fiscales no creen en las penas, y prefieren controlar a quienes aplican las penas,-los jueces-, en lugar de a quienes delinquen.

Luego, en la medida que todos estos fiscales enrolados en lo que se ha dado en denominar “Justicia Legítima” acompañen estos pensamientos, advierto que va a resultar difícil confiar en que los delitos sean investigados. Sobre todo, porque para estos fiscales, no existen los “delitos” sino meros “conflictos sociales”. De manera concordante, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al jurar como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, señaló que los jueces deben entender que “tienen que hacer política en sus sentencias, entendida como herramienta de transformación de la realidad, mirando al más débil”. Una vez más, daría la sensación que quienes debieran estar más preocupados por custodiar los derechos e integridad del ciudadano honesto, estarían más afligidos por la suerte de quién viola esos derechos. Tanto es así, que este funcionario no se cansa de repetir, que hay que fomentar la conciencia social en los jueces como parte del proceso de “democratización”, y no oculta su aspiración de que los jueces se ciñan no a los códigos y a las leyes, sino a una visión política. Imaginen ustedes entonces a los fiscales al momento de decidir si llevar adelante o no una investigación, privilegiando “su visión política” por sobre la ley y el Código Penal.

Recientemente, hemos tenido el antecedente del Fiscal Carlos Gonella -a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó-, quién será indagado la semana próxima por la Justicia, imputado por el delito de prevaricato, acusado de haber excluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a sus dos hijos del dictamen que impulsó la investigación por lavado de dinero que se inició en 2013. Por este tema, el Fiscal Federal Guillermo Marijuan, que estaba de licencia cuando ese expediente llegó a su fiscalía, denunció a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario por haber designado al titular de Procelac sin concurso ni acuerdo del Senado y apuntó a Gonella en duros términos. A estar a los dichos de Marijuan, daría la sensación que Gobella actuó más “inspirado” en su “visión política” que en lo que marca la ley. La contracara de esta moneda, es lo que se actuó desde la Procuración General respecto del Fiscal Campagnoli, a quién se quiso destituir por el hecho de investigar ajustadándose a la ley, y no en función de alguna “visión política”.

A esta realidad que describo, agréguense los 1200 empleados que propone incorporar el Anexo 2 del Proyecto de Reforma para Fiscalías y Defensorías, más los 17 nuevos fiscales que se quieren designar. Estos nombramientos, naturalmente, los hará Gils Carbó que es precisamente quien lidera la agrupación Justicia Legítima; es de suponer que esas incorporaciones estén alineadas con el pensamiento de la agrupación. A esta altura, creo se vuelve manifiesto que una reforma como la proyectada resultaría harto inconveniente para la sociedad, frente a esta particularidad tan kirchnerista de imponer y fogonear los “fiscales militantes”.

Garantismo: el absurdo como regla

Hace unos días nos escandalizábamos cuando dos fiscales, Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, en el marco de la Feria del Libro y en defensa de la reforma al Código Penal que  impulsa el gobierno, llamaron “conflictos sociales” a los delitos, minimizaron el daño a la vida y a la propiedad y afirmaban que “el castigo es una solución irracional”.

Por cierto que nada nuevo bajo el sol, parafraseando a la Presidente, ya que en esta misma línea vienen declamando y actuando en consecuencia muchos funcionarios judiciales enrolados en la corriente denominada “Justicia Legítima”; que pareciera que de justicia y de legítima mucho no tiene.

Daría la sensación de que el Gobierno se esfuerza en hacer del absurdo la regla. Bajo un falso garantismo, se invierten los roles de victima y victimario, despreocupándose por la suerte y destino de los primeros, y sólo abogando por eximir de toda responsabilidad a aquellos que infringen la ley. Confusión que ha alcanzado al propio Francisco quien, en su afán de llevar misericordia a todos “sus hijos”, pareciera olvidarse de las víctimas que sufren a mano de sus victimarios y confundir “penas” con “venganza”.

En este escenario, quien emerge aportando un poco de claridad ante tanta confusión, es el Secretario de Seguridad Sergio Berni, que se muestra contrariado y asombrado con el proceder de muchos de estos jueces que hacen del tribunal una puerta giratoria; justo es reconocer que este funcionario, no menor en el gobierno, no ahorra críticas contra estos jueces y fiscales. Creo que es también un deber admitir, que es una suerte que dentro de un gobierno de estas características, exista un Berni que aporte sansatez y sentido común; no quisiera pensar cuál sería la situación si en lugar de Berni estuviese alguno de estos funcionarios que consideran que el delito no existe…

Dentro de esta confusión que destaco y describo, quien también aportó para modigerar y poner límite a tanto “absurdo” fue el diputado Sergio Massa quién muy rápido de reflejos impidió que la reforma al Código Penal avanzara callada y sigilosamente hacia un destino que hubiera sido irreversible para todos los argentinos de bien. Una de las curiosidades de esta reforma, es que ha sido encargada a quienes no creen ni en la existencia del delito, ni en las penas. Algo así como encargarle al Gordo Valor la custodia de caudales. El principal mentor de este garantismo que encuentra en la reforma su punto cúlmine, -me refiero al Dr. Zaffaroni-, al ver cómo se desmoronaba su proyecto tan pronto como la sociedad tomó conocimiento del mismo, -ya hay más de dos millones de firmas en contra-, no encontró mejor método para defenderlo, y denostar a su oponente, que mandar al diputado a “estudiar de nuevo”; lo paradójico, es que en un fallo reciente, el máximo Tribunal que el propio Zaffaroni integra, reconoció la constitucionalidad y legitimidad de la figura de la reincidencia que Massa defendía y Zaffaroni criticaba. Cual si fuera un silogismo, daría la sensación de que la Corte mandó al único de sus integrantes que no firmó la referida sentencia a estudiar nuevamente, poniendo las cosas en su lugar.

Pero no todo es “garantismo” puro. A la sombra de una ideología supuestamente preocupada por volver a obtener la apertura de cárceles y abolir todo rezago de orden y castigo al delincuente, se cobija un alto grado de corrupción, en el que se entremezclan política y justicia. Hoy la destitución  del fiscal Campagnoli es quizás uno de los hechos mas  elocuente en este sentido. Pero podemos repasar otros hechos no menos graves, como lo actuado respecto del ex Procurador Righi, o del Juez Rafecas, o  el Fiscal Rívolo o lo que se habría intentado respecto del juez Lijo, en relación a las causas que involucran a Lázaro Báez y el vicepresidente Boudou. En este último caso, el diputado Kunkel disparó sin pudor, hace unas pocas horas, una advertencia a Lijo: “Si no actúa correctamente, será investigado”…

Destituciones que no se limitan ciertamente a causas por corrupción, sino que se hacen extensivas también a otras tantas que contrarían “políticas” del gobierno, como lo que sucede con los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, que deben soportar un pedido de juicio político por fallar a favor de los jubilados. La contracara de estas destituciones, es la defensa encendida que se hace desde el gobierno respecto de otros jueces, muy cuestionados por la ciudadanía, como es el caso, verbigracia, del juez Oyarbide.

Quizás donde se pueda visualizar con mayor precisión este escenario que se describe, donde el absurdo es la regla y lo absurdo es la excepción, es lo que sucede con la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David (este último vale aclarar suele votar en disidencia). Según una investigación realizada por Infobae, el 95% de los acusados por causas de drogas que llegan a esta Sala, tienen muchas chances de ser liberados y volver a su actividad preferida: el delito. Al respecto, recomiendo ver la citada investigación y el cuadro que acompaña la nota, que ofrece un muestrario amplio de las resoluciones de esa Sala sobre causas de narcotráfico, que terminan en nulidad y absolución gracias a los tecnicismos a los que recurre el tribunal.

En síntesis, contrariamente a lo que debiera suceder en cualquier sociedad organizada, donde prima el orden, el respeto y el apego a la ley, para esta administración kirchnerista lo que prima es la defensa del victimario en detrimento de la víctima. Es un gobierno que pretende hacernos creer que no cree en el delito ni en las penas, mientras muchos de sus integrantes o allegados se enriquecen de manera escandalosa y eluden su responsabilidad, acomodando los hechos a sus necesidades.

El derecho penal está incorporado a las sociedades para regular la convivencia; sus normas deben ser disuasorias, y de ninguna manera alentar al delito. No pueden sembrar la confusión, que muchos jueces y funcionarios hoy pregonan y ocasionan con sus conductas y decisiones.

Impunidad y corrupción

En momentos en que el país necesita y reclama más que nunca un Poder Judicial fuerte e independiente, daría la sensación que el gobierno camina decididamente en un sentido precisamente opuesto. Es como si tratara no sólo de debilitar y someter cada vez más a sus designios al Poder Judicial, sino de demostrarle a toda la sociedad quién es el que manda y dejar bien expuesto qué se puede investigar y qué es lo que no se puede. No fue casual, por cierto, que en la pasada cena anual de fin de año -2013- de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, al momento de hacer el brindis de rigor, bregara por “un país propicio para la independencia de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público”.

Ese deseo de la doctora Highton de Nolasco, a estar con lo acontecido en su momento con quien fuera el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, o con el fiscal Carlos Rívolo, ambos cuestionados por investigar el affaire Boudou/Ciccone, lamentablemente hasta la fecha, no ha quedado más que en eso, en un deseo. Recordemos que Righi se tuvo que alejar del cargo, y Rivolo fue separado de la causa, que ya se había cobrado también la suerte del juez Rafecas. Hoy, es el turno del fiscal José María Campagnoli; el motivo, investigar “en exceso” a un empresario cercano a la familia presidencial. Parafraseando a la Presidente de la Nación, uno se ve tentado a decir, a esta altura, “nada nuevo bajo el sol”.

Lo cierto es que el mensaje que pareciera se nos quiere enviar, al final del día, es que investigar a funcionarios del gobierno, o a personas vinculadas al gobierno no pareciera ser posible bajo el signo de este gobierno. Ello es lo que movilizó seguramente a distintas organizaciones y a muchos ciudadanos a levantar firmas y alzar su voz contra la suspensión del fiscal Campagnoli. Apoyo que ciertamente, hasta el momento, pareciera no ser suficiente. Flota en el aire la sensación de que el Poder Judicial o muchos de sus integrantes no acompañan con la fuerza necesaria la reacción del resto de la sociedad; como si en alguna medida  estuvieran dejando librado a su suerte a este fiscal. Lo que lastima es que, en rigor, contra lo que la sociedad se levanta y reacciona no es contra la “suerte” de un fiscal, -ni siquiera importa el nombre-, sino contra la “suerte” de la República. Lo que la sociedad percibe que está en juego es “impunidad” y “corrupción”.

La falta de reacción de muchos jueces se contrapone con el pequeño grupo de funcionarios judiciales y del Ministerio Público que integran el espacio autodenominado como “Justicia Legítima”, muy cercano a la Procuradora que ha sucedido en el cargo al “alejado” Esteban Righi, y que es quién impulsa el juicio político y otros sumarios contra el fiscal Campagnoli. Este grupo, que no tiene ningún prurito en reconocer su cercanía con el gobierno e incluso en exponer su deseo de “hacer política”, no escatima esfuerzos para apoyar la destitución del fiscal; incluso llegó a sacar una solicitada criticando las “actitudes corporativas” de algunos de “sus colegas”, afirmando que se deploraba que por vías de hecho y desinformación a la opinión pública se pretenda influir en la marcha de los procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes.

A favor o en contra, lo que nadie puede negar a esta altura de los acontecimientos es que la suspensión e intención de destituir al fiscal José María Campagnoli, no responde a una inconducta procesal sino a un interés político. No es ningún secreto que las medidas tomadas contra el fiscal no se limitaron a su persona, sino que alcanzaron a sus colaboradores, lo que reflejaría de manera manifiesta, que lo que se busca con su destitución no sería juzgar una conducta irregular, sino enviar un mensaje aleccionador al resto de la sociedad, y muy en especial, al resto de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público; no se les ocurra investigar en exceso…