¿Vale la pena defender el sistema?

He leído y escuchado a sendos y reconocidos sociólogos y politólogos en los últimos días, respecto de lo que está sucediendo en el país, con el consejo de poner el pie en el freno y detener el acelerador. Ello por cuanto las consecuencias, según su mirada, de continuarse a esta velocidad, podrían ser impredecibles. Preocupados por el desenlace que pueda tener el paso de Cristina Fernández de Kirchner por los tribunales de Comodoro Py, se muestran más inclinados a aconsejar un pacto entre los grupos dominantes que a que se llegue al fondo del hueso en la investigación judicial. Dicho de otra forma, un pacto entre las élites, aunque ello implique soportar la corrupción, a fin de salvaguardar el sistema.

La pregunta que seguiría entonces, es qué sistema se pretende preservar. En efecto, en estos últimos doce años, sobre todo en los últimos ocho años, hemos visto cómo se ha descompuesto el sistema institucional de nuestro país. En rigor, lo que se ha vivido fue una ficción de democracia en la que todos hemos sido de una manera u otra grandes cómplices. Tanto nuestra Carta Magna como el Código Penal prevén expresamente sanciones para quienes alteren el orden constitucional. Sin embargo, hemos asistido mansamente a observar y tolerar cómo se desvirtuaba la división de poderes que debió regir, y que ciertamente no rigió. Nos hemos cansado de escuchar que durante la gestión Kirchner el Congreso de la Nación fue una escribanía del Ejecutivo. No se deliberaba ni elaboraba en el recinto, sino que se aprobaba lo que decidía el Ejecutivo Nacional a libro cerrado. Continuar leyendo

Reformas procesales sin intervención del Congreso

El próximo primer día hábil de mayo entrará en vigencia en el ámbito de Capital Federal el nuevo sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Este sistema, que arroja una complejidad intrínseca manifiesta, tanto por la falta de experiencia de un lado y otro del mostrador —léase de abogados y empleados judiciales— como por la falta de tecnología adecuada en muchos casos, agrega otra que parecería pasar desapercibida para muchos. Se trata, ni más ni menos, que de una reforma a los códigos de procedimientos. Continuar leyendo

La hora del Poder Judicial

Escandaliza seguir las alternativas que va experimentando la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. La persona quizás más informada de todas, la que mayores recursos tenía para contar con datos en el país, acaba de manifestarle a la jueza que venía interviniendo en la causa que a Nisman lo mataron. No sólo ello, sino que apunta directamente a la cúpula del anterior Gobierno como responsable del hecho o de su encubrimiento.

En un juego de intrigas sin precedentes, digno de la serie House of Cards, la muerte del fiscal que investigaba nada más y nada menos que a la entonces Presidente de la nación va tejiendo su telaraña cada vez con mayor precisión, sobre jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, custodios, cúpula del Gobierno anterior y servicios extranjeros. De una gravedad institucional única. Causas y consecuencias que entremezclan política local y terrorismo internacional. Si fuera el guión de un libro o de una película, seguramente sería un best seller. Sin embargo, daría la sensación de que muchos argentinos no alcanzan a comprender la entidad de lo que está sucediendo. Se trivializa la información, hasta casi se podría decir que se la naturaliza, sin advertir que lo que verdaderamente está en juego es la salud y el futuro de la república. Continuar leyendo

Hora de combatir la corrupción

Pasó la década kirchnerista, y una de las huellas más profunda que dejó es en lo que respecta a Justicia y corrupción. No es ninguna novedad que las instituciones fallaron. Desde ya que no fue algo casual. En todo caso, fue una estrategia muy bien pergeñada. El Congreso de la Nación desvirtuó su rol y se convirtió en prácticamente una escribanía del Poder Ejecutivo, utilizada para dar legalidad a actos que carecían de legitimidad. Legisladores que reconocían a viva voz que, pese a no estar de acuerdo con las leyes que sancionaban, lo hacían por obediencia partidaria.

Las minorías fueron totalmente avasalladas. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que pretendieron cumplir con su finalidad o fueron desarticulados o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición que sufrió el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país que fue la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora militante, fiscales militantes que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial. Continuar leyendo

El desembarco de los fiscales militantes

Allá por octubre del pasado año, en un artículo publicado en esta misma tribuna, alerté sobre el avance de los “fiscales militantes“, sobre lo que implicaba “ideologizar” y “politizar” la función judicial. La primera señal de peligro la tuvimos con el intento de reforma del Código Penal, -hoy pareciera un proyecto lejano pero no fue hace tanto-, cuando se quiso imponer la idea de que éste no debía servir para desalentar al delincuente en la comisión del delito, sino para “controlar” a los que “quieren controlar”. En ese sentido, señalé el modo en que el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, alentaba sin miramientos el fomento de la “conciencia social” en los jueces como parte del proceso de “democratización”,y no ocultaba su aspiración de que los jueces se ciñan no a los códigos y a las leyes, sino a una visión política. Finalizaba diciendo entonces, cual profecía que pareciera hoy estar cumpliéndose, imaginen ustedes a los fiscales al momento de decidir si llevar adelante o no una investigación, privilegiando “su visión política” por sobre la ley y el Código Penal. Continuar leyendo

Impunidad y corrupción

En momentos en que el país necesita y reclama más que nunca un Poder Judicial fuerte e independiente, daría la sensación que el gobierno camina decididamente en un sentido precisamente opuesto. Es como si tratara no sólo de debilitar y someter cada vez más a sus designios al Poder Judicial, sino de demostrarle a toda la sociedad quién es el que manda y dejar bien expuesto qué se puede investigar y qué es lo que no se puede. No fue casual, por cierto, que en la pasada cena anual de fin de año -2013- de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, al momento de hacer el brindis de rigor, bregara por “un país propicio para la independencia de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público”.

Ese deseo de la doctora Highton de Nolasco, a estar con lo acontecido en su momento con quien fuera el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, o con el fiscal Carlos Rívolo, ambos cuestionados por investigar el affaire Boudou/Ciccone, lamentablemente hasta la fecha, no ha quedado más que en eso, en un deseo. Recordemos que Righi se tuvo que alejar del cargo, y Rivolo fue separado de la causa, que ya se había cobrado también la suerte del juez Rafecas. Hoy, es el turno del fiscal José María Campagnoli; el motivo, investigar “en exceso” a un empresario cercano a la familia presidencial. Parafraseando a la Presidente de la Nación, uno se ve tentado a decir, a esta altura, “nada nuevo bajo el sol”.

Lo cierto es que el mensaje que pareciera se nos quiere enviar, al final del día, es que investigar a funcionarios del gobierno, o a personas vinculadas al gobierno no pareciera ser posible bajo el signo de este gobierno. Ello es lo que movilizó seguramente a distintas organizaciones y a muchos ciudadanos a levantar firmas y alzar su voz contra la suspensión del fiscal Campagnoli. Apoyo que ciertamente, hasta el momento, pareciera no ser suficiente. Flota en el aire la sensación de que el Poder Judicial o muchos de sus integrantes no acompañan con la fuerza necesaria la reacción del resto de la sociedad; como si en alguna medida  estuvieran dejando librado a su suerte a este fiscal. Lo que lastima es que, en rigor, contra lo que la sociedad se levanta y reacciona no es contra la “suerte” de un fiscal, -ni siquiera importa el nombre-, sino contra la “suerte” de la República. Lo que la sociedad percibe que está en juego es “impunidad” y “corrupción”.

La falta de reacción de muchos jueces se contrapone con el pequeño grupo de funcionarios judiciales y del Ministerio Público que integran el espacio autodenominado como “Justicia Legítima”, muy cercano a la Procuradora que ha sucedido en el cargo al “alejado” Esteban Righi, y que es quién impulsa el juicio político y otros sumarios contra el fiscal Campagnoli. Este grupo, que no tiene ningún prurito en reconocer su cercanía con el gobierno e incluso en exponer su deseo de “hacer política”, no escatima esfuerzos para apoyar la destitución del fiscal; incluso llegó a sacar una solicitada criticando las “actitudes corporativas” de algunos de “sus colegas”, afirmando que se deploraba que por vías de hecho y desinformación a la opinión pública se pretenda influir en la marcha de los procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes.

A favor o en contra, lo que nadie puede negar a esta altura de los acontecimientos es que la suspensión e intención de destituir al fiscal José María Campagnoli, no responde a una inconducta procesal sino a un interés político. No es ningún secreto que las medidas tomadas contra el fiscal no se limitaron a su persona, sino que alcanzaron a sus colaboradores, lo que reflejaría de manera manifiesta, que lo que se busca con su destitución no sería juzgar una conducta irregular, sino enviar un mensaje aleccionador al resto de la sociedad, y muy en especial, al resto de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público; no se les ocurra investigar en exceso…