La carrera por la demagogia

Los primeros días de mayo, el gobierno porteño en pleno, con Mauricio Macri a la cabeza, lanzó el programa “Terminá la secundaria”. La propuesta apunta a jóvenes mayores de 18 años que quieran realizar estudios secundarios en forma completa o culminarlos a través de un programa de educación a distancia. Según reza la propaganda oficial, la iniciativa constituiría una nueva puerta hacia el futuro, es gratuita y cuenta con solo dos requisitos: tener una computadora conectada a internet y muchas ganas. La novedad: su pretensión nacional.

En efecto, se encuentra dirigido a los más de 7 millones de jóvenes que no culminaron sus estudios sin importar el lugar del país en el que se encuentren. El programa ya fue lanzado a fines del año pasado, aunque recientemente se acrecentó la publicidad oficial. Prevé la realización de 25 materias como máximo siendo la única instancia presencial las evaluaciones finales. A decir de Esteban Bullrich “la idea es aprovechar la tecnología para acortar distancias” garantizando la retención de los alumnos en el nivel medio. Porque ahora podrían estudiar desde la comodidad de sus hogares. Como quien vende sus bondades, el Ministro porteño declaró que busca convencer a sus propios padres de que completen, por esa vía, sus estudios secundarios.

En realidad, “Terminá la secundaria” no es más que la nacionalización de un viejo programa porteño creado en 1998: Adultos 2000. Sentó las bases de la educación no presencial o a distancia para aquellos mayores de 21 años que no hubieran comenzado la escuela secundaria o desertores mayores de 18. A lo largo de tres años de cursada virtual de 26 materias divididas en tres categorías (se corresponden con 13 asignaturas que incluyen desde lengua, matemática e historia hasta psicología) los cursantes se harían beneficiarios del tan mentado título.

Según los últimos datos oficiales, publicados en agosto de 2013, el programa acaparaba el 50,7% de la matrícula “joven-adulta” porteña con aproximadamente 23.237 alumnos hacia 2011. Por su impacto y extensión, constituye el programa más importante de la Ciudad en materia de educación de adultos. Desde su creación, la matrícula ascendió en forma constante aunque dio un salto considerable en el año 2004-05 luego de la incorporación de alumnos provenientes del Plan Jefes y Jefas del Ministerio de Trabajo. El 42% de los alumnos de Adultos 2000 solo cuenta con estudios primarios por lo que jamás pisó una escuela secundaria.

¿Su extensión se debe a su éxito? No necesariamente. En diez años egresó apenas el 10% de los matriculados. Y de ésos, solo la mitad lo hizo en la duración teórica de tres años. El resto demoró cuatro años o más. El programa, si bien facilita tutorías y apoyo, presupone la autonomía del cursante para organizar y disciplinar sus propios estudios. Rasgo que los mismos coordinadores del programa conciben como “problemático”, dadas las trayectorias previas de “fracaso escolar” de la población destinataria. Trascartón, el 15% de la matrícula se inserta en “instituciones conveniadas”: ONGs, empresas, clubes. Por mencionar algunas: Boca Jrs, Nueva Chicago; Caritas, Fundavir, etc. Todas ellas formas de privatización encubiertas de la educación.

Al lanzar el programa, Macri declaró “No podemos esperar hasta el 2015. Esta es una oportunidad única”. Conscientes de que el presidenciable Mauricio iniciaba su campaña electoral a escala nacional, desde el gobierno kirchnerista salieron al cruce. Lo acusaron de hacer “publicidad engañosa” en tanto promete algo que no está aún habilitado para hacer: otorgar títulos con validez nacional a cursantes en el resto del país. Para ello debe aguardar la resolución de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que aún no se ha expedido sobre la propuesta porteña tal como fijó, en 2007, la Resolución 32 del Consejo Federal de Educación. Una vez sorteado tal escollo, debe acordar con cada una de las jurisdicciones en las que llevará adelante la oferta. Cada provincia debe aprobar el programa del PRO. También se encargaron de recordarle que su propuesta se superpone con el plan FinEs. Así, la pequeña política llevará a que cada una de las partes en pugna intente llevar agua para su molino. Macri, para su secundario online. Sileoni para el Fines 2. La disputa electoral lanza a unos y otros a una carrera demagógica de titulación que poco tiene que ver con lo educativo.

Así las cosas, la propuesta de Macri es absurda. No solo porque su marco legal es aún dudoso sino, lo que es más importante, por sus supuestos pedagógicos. La concepción del “secundario online” reduce un hecho social como educar a un acto de mera apropiación individual. Esa matriz de pensamiento ubica al docente en el lugar de figura superflua e innecesaria. El alumno puede aprender sin él a través de guías preparadas a tales efectos o de software tecnológicos diversos, desde la Telescuela pasando por la máquina de educar de Skinner a Microsoft. Supone además que el 40% de la población que vive en condiciones de indigencia, de pobreza extrema y que carece de recursos elementales de vida dispone de una pc online las 24 horas del día. En este esquema pedagógico que prescinde del docente tampoco son necesarias las escuelas. Cuando Macri y Bullrich hablan de aprender en la comodidad de los hogares ¿sabrán cómo viven enormes filas de la clase obrera donde familias enteras comparten en una villa una pieza de 3×3? No les pedimos que recorran el país, basta con que visiten la villa 1-11-14.

El secundario online da un paso más allá de la peligrosa senda trazada por el Plan Fines 2 en clave tecnocrática y tecnológica. Demagogia de la pequeña política que confunde titulación con educación. Síntoma de lo poco que unos y otros tienen para ofrecernos.

La destrucción de la educación

En su columna publicada días atrás por Infobae haciendo uso del derecho a réplica, el ministro Alberto Sileoni ha decidido no responder a los planteos hechos por nuestra intervención y las decenas de denuncias de docentes y autoridades educativas. Peor, su respuesta lleva implícita la destrucción de la actual educación de adultos.

El ministro sostiene que el Plan FinEs responde a la Ley de Educación Nacional, como si eso garantizara la bondad del sistema y no probara lo contrario, que esa ley es mala. También presupone que garantizar la obligatoriedad lleva necesariamente al FinEs, como si no existieran ya otras alternativas. Otro presupuesto falso es su identificación entre “inclusión” y “terminar el secundario”. “Incluir” es enseñar, dar un título es un acto administrativo. El ministro no distingue entre ambas cosas. Un título vacío de contenido no puede incluir a nadie.

Sileoni no habla de lo fundamental: no discutimos el Plan FinEs I, que tiene que ver con la “terminalidad”, es decir, con aprobar materias adeudadas, un problema menor. Lo que estamos discutiendo es el reemplazo de la actual educación de adultos centrada en los CENS, por una forma degradada de escuela, el Plan FinEs II. Este ya no es un sistema de “terminalidad” sino una escuela paralela, una alternativa, como Sileoni aclaró, a la escuela existente. Una alternativa degradada.

Sileoni atribuye a “mala intención” la denuncia de que se trabaje en “sedes” y no en escuelas. Claramente, no leyó los informes de la UNESCO sobre el impacto de la infraestructura en el rendimiento escolar ¿Acaso no hay escuelas ya funcionando? Y si no alcanzan, ¿no habría que construir más? Quien criticaba a Macri por las aulas “container” defiende cosas peores. El ministro niega que el programa porte un espíritu clientelar, pero reconoce loable que agrupaciones políticas “nacionales y populares” brinden el derecho a la educación a sus compatriotas, como las sedes de Moreno (La Abanderada I y II, Movimiento Evita, Mutual Alma Fuerte) y Lanús (La Cámpora Unidad Básica Eva Perón, Casa Compañera, local La Kolina). Suena extraño que quienes dicen reconstruir el “rol del Estado”, le cedan a agrupaciones privadas la responsabilidad de la educación, ámbito en el cual la centralidad estatal es defendida hasta por los liberales.

Sileoni niega nuestros dichos sobre los “docentes” de FinEs. Sin embargo, el mismo afiche oficial del plan convoca a estudiantes con más del 50% de las materias. En la Provincia de Buenos Aires, la Resolución 444/12 es explícita al respecto. La Resolución 118 del CFE reconoce como docentes a “maestros titulados, voluntarios, educadores populares, profesionales de otras carreras”. La categoría de tutor implica una degradación del trabajo docente: contratos precarios, no reconocimiento de antigüedad, negación del Estatuto del Docente, cobro con retraso, lugares de trabajo pésimos. Si no alcanzan los docentes para cubrir estos cargos, ¿a qué se debe? ¿A que el sistema es maravilloso o a que los docentes no acepten trabajar por menos salario y en peores condiciones en que ya lo hacen? ¿O será que no se trata de “enseñar” sino de “aprobar”?

Sileoni niega que el FinEs II constituya un circuito “express” que compita con el subsistema de adultos. Mary Sánchez, coordinadora de “Argentina Trabaja”, lo desmiente: “Este programa va a permitir a los vecinos estudiar en su barrio dos veces por semana, cuatro horas al día, de manera que puedan, además, trabajar y atender su casa”. Es más, las horas de cursada pueden ser reemplazadas por la noción de “objetivos de aprendizaje” (inciso 58). Cómo se van a alcanzar esos objetivos en menos tiempo de escolaridad es un misterio, salvo que hayamos reducido nuestras expectativas a casi nada. Un gobierno que despotrica por los días perdidos por las huelgas docentes, arma un sistema que consiste, básicamente, en tener un tercio de las clases. El ministro que reconoce que la mitad de los alumnos salen de la secundaria común sin saber interpretar lo que leen, propone, como solución, reducir las horas de clase.

Sobre el currículum, Sileoni no responde nada. Y no lo hace porque la mentada Resolución fija que los contenidos deben ser “amplios”, “participativos”, “diversos”, “autónomos” y “personalizados”, organizados en una estructura modular “flexible y abierta”. El currículum FinEs se fija en propuestas pedagógicas (o “contratos”) entre el tutor y los alumnos. O sea, que estudien cualquier cosa…

Sileoni le echa la culpa al “Proceso”. Pareciera olvidar que buena parte de los beneficiarios del plan, en el 2003, tenían entre 7 y 18 años. Su “exclusión” es responsabilidad de este gobierno que, como toda solución, propone destruir la actual educación de adultos, que tiene más de cuarenta años de existencia. Su núcleo son los CENS, que dan clase todos los días de la semana, cinco horas por día, con docentes y en escuelas. ¿Quién va a querer ir a un CENS si le dan el mismo título por un tercio del esfuerzo?

La crisis que se avecina

Se ha dicho mucho ya sobre la huelga docente, sobre las condiciones de trabajo, el atraso salarial, etcétera. Pero hay un problema del que pocos han hablado y los que lo han hecho han confundido el foco del asunto, más preocupados por atacar a los trabajadores de la educación que por entender la grave crisis que se avecina.

En efecto, se acusa a los docentes en huelga de fomentar la privatización del sistema, destruyendo los años de recuperación estatal iniciados en la era K. Como prueba, se muestran las cifras oficiales que indican que la gestión pública perdió entre cuatro y cinco puntos porcentuales entre 2003 y 2012. Cifras que no reflejan toda la verdad, si se las mira de cerca.

Más que una profundización de un proceso privatizador de vieja data, se trata más bien del movimiento “normal” de la matrícula en el largo plazo: durante los períodos de bonanza económica, la matrícula privada se expande; las crisis la devuelven a su lugar. Desde hace sesenta años que la matrícula total se divide entre 75-80% para el sector público y 20-25% para el sector privado. La peculiaridad de la “década ganada” radica en una inclinación privatista más acusada, que arrima la participación no estatal al 30% del total. Extraña consecuencia para un gobierno que dice multiplicar el gasto público en educación y defender la gestión estatal. Hay síntomas, sin embargo, que preanuncian el fin del ciclo expansivo privado: la crisis económica en marcha empieza a reflejarse en las crecientes dificultades de los establecimientos no estatales, siendo la quiebra del Guido Spano un botón de muestra; la falta de vacantes en el sector público, es otro. Este “retorno” va a confluir con otro fenómeno más longevo, que afecta también al mundo privado.

A pesar de lo que digan, a los gobernantes argentinos no les interesa garantizar una educación de masas de calidad. La prueba está a la vista: los gobiernos de todos los signos políticos pasan y la educación empeora. Incluso el actual ha desarrollado una verdadera guerra contra la educación pública mediante una forma original de “privatización”: delegar las funciones del Estado en el sistema de punteros de La Cámpora, transformados ellos en “educadores populares” y las unidades básicas en “escuelas”. Se crea así un circuito de titulación express, informal y degradado mediante los planes Fines y el Progresar. Reemplazan docentes por tutores, destruyen el Estatuto del Docente, el salario y las condiciones laborales. En eso, entre otras cosas, se va el famoso 6% del presupuesto. Este escenario se va a agravar a límites todavía no vistos cuando el sector privado vuelque matrícula al Estado, como producto del ajuste en marcha.

La huelga docente no es más que el emergente de una situación de descomposición general del sistema de educación pública y privada que lleva ya medio siglo, por lo menos. Quienes se preocupan por un par de semanas sin clase, debieran prestar atención a este proceso que ya se asoma.