Goliat no va a ganar jamás

El pasado 2 de abril conmemoramos en la ciudad de Puerto Madryn el 31o° aniversario de la gesta de las Islas Malvinas.

Si bien la epopeya heroica de los soldados que dieron la vida en las islas permanece intacta en nuestras mentes y en nuestros corazones, el tratamiento que los argentinos hacemos de aquellos hechos ha cambiado. Esto se debe al desafiante escenario internacional y a las diferentes alternativas que debemos desarrollar en nuestro objetivo de recuperar el archipiélago.

Desde una perspectiva internacional, este 2013 preparamos la vigilia del 1° de Abril en un marco de creciente militarización y robo flagrante de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur por parte del Reino Unido. Como contraparte, Argentina consolidó su reclamo internacional sumando el apoyo de América latina. Como dijo la presidente Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 2 de abril: “La causa Malvinas ya no sólo es nacional, sino que también es una causa regional de soberanía y una causa global de lucha contra el colonialismo”.

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El deporte como política de Estado

El año pasado se celebraron las Juegos Olímpicos en la ciudad de Londres, y como presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación tuve el honor y la responsabilidad de estar muy cerca de los deportistas olímpicos que tan bien nos representaron en Inglaterra.

Como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al recibir a los ganadores de medallas olímpicas en la Casa Rosada, “desde Melbourne 1956 hasta Sydney 2000, en 11 olimpíadas, obtuvimos 14 medallas, en 44 años. Y en 8 años -del 2004 al 2012, en 3 olimpíadas, hemos obtenido 16 medallas y 10 certificaciones”. Es evidente la mejora en los resultados, pero estas cifras no tienen que detener nuestro principal objetivo: el deporte como política de Estado.

Es por eso que, días atrás, antes de que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso, presenté un proyecto de ley titulado “Fondo de Financiamiento del Deporte Fueguino”.

El proyecto consiste en la creación de un Fondo de Financiamiento del deporte fueguino destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos para la implementación y desarrollo de las políticas deportivas provinciales, como por ejemplo:

-           Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas;

-           Complementar los subsidios de la Secretaría de Deporte de la Nación y la Subsecretaría de Deportes y Juventud de la Provincia para solventar los gastos que demande la participación en competencias deportivas provinciales, nacionales e internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva Federación y que se encuentren incluidas en el presupuesto anual;

-           Brindar apoyo económico para la organización de competencias municipales, provinciales,  nacionales e internacionales a realizarse dentro del territorio de la República Argentina;

-           Asegurar la cobertura médico-asistencial de los deportistas, entrenadores y técnicos;

-           Implementar planes, programas, proyectos y acciones a través de unidades ejecutoras públicas o privadas, nacionales, provinciales, municipales idóneas para tales cometidos, no pudiendo este concepto exceder el diez por ciento (10%) de los recursos recaudados en forma anual.

Este Fondo será administrado por un Comité Ejecutivo, compuesto por nueve (9) miembros, de los cuales corresponderá a: dos representantes de la Subsecretaría de Deportes y Juventud de la Provincia, dos representantes del Municipio de Río Grande; dos de la Municipalidad de Ushuaia, un representante del Municipio de Tolhuin; y dos (2) deportistas destacados, seleccionados por los representantes de los diferentes Poderes Ejecutivos Provinciales y Municipales. La función de los miembros será desempeñada a ad-honoren.

El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo y la integridad del pueblo fueguino. El deporte, la recreación y los juegos contribuyen a mejorar la salud, las mentes y los cuerpos de toda la sociedad; y posee un poder especial y la capacidad de cambiar la vida generando bienestar psicológico y físico.

La problemática del deporte provincial necesita una respuesta conjunta y participativa de la sociedad fueguina. Este instrumento, cambiará la historia del deporte fueguino, asimismo requerirá de la participación de los esfuerzos público y privado como uno de sus objetivos, para constituir un presupuesto global para la actividad deportiva.

La Argentina del futuro deberá privilegiar al deporte como herramienta de inserción social, como sinónimo de calidad de vida y como elemento fundamental de educación e igualdad de oportunidad. Esta es una de nuestras principales responsabilidades como dirigentes políticos.

Violencia en el fútbol: un aporte desde la política

La cuestión de la violencia en el fútbol argentino me convoca y me importa. Primero, porque soy un dirigente político que tiene la inmensa responsabilidad de presidir la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación. Segundo, porque el fútbol es una pasión popular que debe ser un espectáculo de entretenimiento para toda la familia. Y tercero, porque soy hincha y simpatizante de Sarmiento de Junín.

Estoy redactando este artículo y veo las noticias: un muerto en la tribuna de Gimnasia y Esgrima (es circunstancial, podría ser cualquier otra hinchada). Las cámaras muestran una mamá joven tapándole la cara a su hijo entre otros hinchas. Me llama la atención: la gente sigue apostando al fútbol como un espectáculo familiar, pero la violencia no da tregua.

En estas últimas semanas volvimos a padecer como sociedad de lamentables episodios entre barras de un mismo club, como fue el caso de Nueva Chicago, Tigre y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se han dado pasos importantes en pos de esta cuestión. En particular, desde la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, el año pasado abrimos el debate a los medios y a la sociedad, donde repudiamos los aprietes de la barra brava de Independiente y respaldamos a Cantero luego de sus denuncias públicas. A partir de allí, se llevaron adelante varias iniciativas.

Por su parte, la Justicia tiene la legislación necesaria para tomar cartas en el asunto. El derecho de admisión es una herramienta legítima que tienen los jueces, los fiscales y los presidentes de los clubes para evitar el ingreso de barra bravas a los estadios. No se puede ser cómplice en esta cruzada. No puede haber favores políticos. Si se los quiere combatir, la Justicia no debe mirar para otro lado; tiene que estar a la altura de las circunstancias, por ende, los delincuentes deben ir presos.

Releo un artículo firmado por el psicólogo Marcelo Halfon, en el que afirma que “el fútbol es una de la pocas formas que quedan de decir ‘nosotros’; es una de las pocas formas de lógica de conjunto que todavía intentan ganar la pulseada a la lógica individualista”. Es decir, que si en el mundo del fútbol prevalecen los violentos, no sólo dañamos al deporte, sino que estamos perjudicando al desarrollo de nuestra sociedad.

Los tres poderes del Estado y los dirigentes de los clubes debemos tener una fuerte decisión para terminar con estas organizaciones criminales y con los delincuentes que azotan al fútbol. También es fundamental seguir profesionalizando a las fuerzas de seguridad para garantizar que los operativos policiales sean eficientes en la prevención de desmadres, delitos o vandalismo antes, durante y después de los partidos.

Para que las familias vuelvan a los estadios, para terminar con la corrupción enquistada hace años, es vital que el Poder Judicial lleve adelante todos los mecanismos vigentes para meter presos a los barras.

Estamos planteando una salida razonable y posible. Buscamos que las familias puedan ir tranquilas y en paz a disfrutar de un espectáculo deportivo. La impunidad no es una alternativa, la impunidad es la madre de la continuación de la violencia. No basta con repudiar estos hechos lamentables. Lo que tenemos que hacer como dirigentes políticos involucrados es darles todo el respaldo político necesario a los fiscales y jueces para que lleven adelante las acciones correspondientes.