Por: Sabrina Santopinto
Ya en tiempo de descuento, el 1.º de marzo de 2016 se convirtió en el eje que centra el debate sobre la puesta en marcha del Código Procesal Penal. Ya quedaron atrás algunas cuestiones de fondo que hacen al código en sí y se dio paso al texto de una ley que dejó conforme a la gran mayoría del arco judicial, aunque la letra chica aún presente detalles que siguen haciendo ruido, según lo definen los juristas. Hoy la gran pregunta que divide las aguas en el entorno judicial y legislativo parece ser si se llegará a tiempo a la fecha establecida para poner en funcionamiento la megaestructura que necesita tamaña reforma. Y este será sin dudas el eje del debate que se llevará a cabo esta tarde en el Senado de la Nación, cuando se reúna el comité asesor para la aplicación del nuevo código.
Lo cierto es que desde el oficialismo buscan dejar todo en impecable orden antes de las elecciones presidenciales, a fin de que el tan debatido código comience a funcionar -sin flancos débiles- en marzo próximo a la luz de un nuevo Gobierno.
Si bien desde el Ejecutivo son auspiciosos con el ritmo que vienen tomando los preparativos de puesta en marcha de esta reforma en la ciudad, desde la Asociación de Magistrados y otros actores que se reunirán esta tarde advierten que de comenzarse bajo las actuales condiciones de falta de personal y capacitación, el nuevo sistema podría enfrentar un colapso de causas, por lo que ya hay rumores de que el plazo de arranque se extendería hasta septiembre.
Para el inicio de esta primera etapa del nuevo Código -que se aplicará en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires- se deberá invertir principalmente en lo referente a la recomposición salarial de los jueces de primera instancia penal a lo equivalente al sueldo de camarista, lo que conllevará un desembolso aproximado de 34 millones de pesos, según pudo conocer Infobae.
Sumado a esto, otro costo de fuerte impacto será el reacondicionamiento edilicio que deberá emprenderse -dado que para este nuevo sistema no solo se necesitarán nuevas posiciones de trabajo, sino que también otras estructuras, como, por ejemplo, salas para audiencias orales y equipamiento. Por último, será necesaria la creación de nuevos cargos, lo que conllevará en total una inversión aproximada de 500 millones de pesos. Estas cifras, que corresponden a recategorizaciones, nuevos cargos y reformas edilicias, estarían contempladas dentro del presupuesto del Consejo de la Magistratura 2016, que va a contar unos 14.000 millones de pesos.
Frente a este panorama, esta tarde los representantes de cada estamento expondrán en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, donde se espera que el tema de mayor foco sea deliberar de qué forma se llevará adelante la implementación de un sistema que necesita mayor cantidad de personal para poder ser puesto en marcha, para no correr peligro de desbordes que lo lleven al fracaso.
Sin ir más lejos, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si se encuentran las partidas presupuestas para habilitar 37 cargos para la nueva Casación, situación ante la que no se descarta que el Consejo pida una partida extraordinaria a la Jefatura de Gabinete.
Uno de los temas que mayor rispidez generó a lo largo del extenso debate que trae consigo este código refiere a que se estipuló su arranque por la ciudad de Buenos Aires, lo que no tardó en despertar duras críticas del arco judicial, dado que la llamada Justicia de Comodoro Py quedaría por algún tiempo al margen de esta implementación. Así, se abrió fuego cruzado entre diferentes actores judiciales que hoy vaticinan que los jueces federales quedarán al margen de la implementación del nuevo código por un largo tiempo, dado que la comisión especial tiene un plazo inicial de seis años para aplicar esta reforma y todo parece apuntar a que los jueces federales serán por lejos los últimos en ser subidos a este barco.
Otros de los temas que volverán álgido el primer encuentro de la comisión llegará de la mano de los jueces, quienes sienten que, a través de la creación de oficinas judiciales, en cierta forma se les quiere marcar agenda, dado que estas tendrán ni más ni menos que la tarea de recepcionar todas las denuncias que luego serán designadas a los magistrados.
Desde el Ejecutivo y el Legislativo ponen mayor énfasis en la capacitación del personal, y sobre todo, de los magistrados. Saben que el resto de los detalles en el funcionamiento del código se podrá ir puliendo y hasta modificando con el paso del tiempo, pero también son conscientes de que si no logran capacitar a los actores del sistema, este podría ser el punto débil y un considerable blanco de críticas que haga tambalear a la reforma.
En lo que respecta a los fiscales, otro es el panorama, ya que a partir de este nuevo sistema acusatorio pasarán a tener un mayor grado de protagonismo. En este plano, según pudo conocer Infobae, una de las inquietudes que se debatirán esta tarde refiere justamente a la carga de trabajo en relación con la cantidad de personal: “Actualmente hay 49 fiscales de instrucción, 14 de correccional y 7 de menores; a partir de la reforma, este total dividido en cuatro distritos nos daría un promedio de 18 fiscales por sección, a los que le agregaría el fiscal de distrito y los auxiliarles fiscales que surjan de un concurso que ya se ha transformado en polémico. Estas cantidades resultan insuficientes para hacer frente a la cantidad de audiencias que vendrían por delante, poniendo en riesgo el resultado de la reforma desde su inicio”, indican fuentes judiciales y reafirman los rumores sobre la posibilidad de que haya una extensión para la puesta en marcha del código al 1.º de septiembre.
Las cartas del arranque del Código Procesal Penal ya están jugadas y todo parece indicar que se puso el pie en el acelerador para cumplir con los tiempos de la legislación, aunque no se descarta que de la reunión que mantengan esta tarde los representantes de la comisión puedan surgir nuevos proyectos de ley, de resolución o de reglamento que busquen cambiar las reglas del juego.