Escándalo en la AFA: ¿y dónde están los fiscales?

El escándalo de la votación en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del día 3 de diciembre es una muestra más de que en el país hay pocas cosas que funcionen peor que los controles y la Justicia.

Sólo se debía verificar una votación de setena y cinco personas, mucho menos de las que tuvo, por ejemplo, cualquier mesa el día del ballotage, que está a cargo de un presidente de mesa con escasa o ninguna preparación. Pero en este caso, para controlar se convocó a veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ). También se transmitió en directo, a fin de evitar cualquier irregularidad. Es decir, todos esperaban que algo irregular ocurriera, de lo contrario no se entiende que para tan pequeña votación se dispusieran tantos controles.

A pesar de ello, y para sorpresa (¿sorpresa?), igual irrumpió el escándalo. Un voto más de los que debía haber resultó ser “casualmente” el necesario para que todo quedara empatado y la AFA siguiera con el mismo presidente hasta tanto se volviera a votar. Algo que se podría haber hecho inmediatamente, de no ser porque dos de los electores tuvieron que retirarse: uno amenazado y otro porque estaba apurado por irse. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en votar 75 personas? No mucho, ¿no?

Y así sigue la AFA, rodeada de escándalos, de sospechas de corrupción, sin saber bien cómo se manejan los fondos que reciben, ni a quién se los adjudican. Eso sin hablar de las sospechas de los partidos “arreglados”, árbitros “digitados” y demás.

Al revés de lo que decía el anillo de Julio Grondona: “Nada pasa”. Aunque parezca increíble, nadie —ningún fiscal, la misma IGJ— toma cartas en este tema. Y esto tampoco llama la atención, ya que es sabido que la Justicia penal en la Argentina deja mucho que desear cuando hay que investigar al poder. En realidad, es una mezcla de desidia con un “Mejor no me meto”, “Tengo mucho trabajo” o directamente un “No me importa”. Aquí sí que la Justicia es ciega.

Como contrapartida (y para dejarnos aún peor parados, por contraste) la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, confirmó los nombres de los 16 dirigentes involucrados en el escándalo de corrupción de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA, por sus siglas en inglés), que ya tiene varios detenidos y arrepentidos. Entre ellos se encuentran dos dirigentes vernáculos: Eduardo Deluca y José Luis Meizner. El primero fue secretario general de Conmebol y muy cercano a Julio Grondona. El segundo, ex presidente de Quilmes y ex secretario general de Conmebol, cargo al que renunció hace unos días con motivo de esta investigación. Obviamente, también persona de confianza de Grondona.

Por estos pagos, ningún fiscal, nadie, parece darse por aludido. Tiene que venir una fiscal norteamericana a decirnos cómo hacer las cosas. La fiscal Lynch no pierde el tiempo y sigue deteniendo gente. Detuvo hace unos días en Zúrich a Alfredo Hawit, presidente de la Concacaf, y a Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol. Ambos comenzarán a tramitar sus extradiciones a los Estados Unidos. Los acusados y los coconspiradores estarían implicados en sobornos y comisiones ilegales por más de doscientos millones de dólares.

De parte de la Procuración, silencio de radio. La procuradora Alejandra Gils Carbó (que quizás no conozca de fútbol) debería interiorizarse.

Tal vez todo esto no se deba solamente a la poca profesionalidad y ganas de trabajar de algunos fiscales, sino también a algún otro ingrediente político, ya que mucho del dinero de la AFA proviene del Estado nacional con su aporte de Fútbol para Todos.

Por lo pronto, no me extrañaría que los dirigentes de la FIFA evaluaran cambiar la sede de reuniones de Zúrich por alguna ciudad de Argentina. Después de todo, acá nada pasa.

La percepción de corrupción se corresponde con la realidad

Como todos los años, Transparencia Internacional dio a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción, en el que nuestro país descendió un puesto más, ubicándose en el 107º lugar de 175 países auditados y siendo uno de los peores de la región.

Es sabido que quienes descreen de este índice manifiestan que es “poco serio” ya que no se basa en casos concretos sino en la percepción de la gente en cuanto a la existencia o no de corrupción.

La Real Academia Española define la palabra “percepción” como: 1. f. Acción y efecto de percibir. 2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 3. f. Conocimiento, idea.

Entonces, la pregunta sería ¿qué es lo que “percibe” en la Argentina el ciudadano común?

La respuesta es que se “percibe”:

-          que quienes ingresan a la política lo hacen pobres y salen ricos;

-          que cobran sueldos muy altos en relación con los servicios que prestan y que no sólo se niegan a bajárselos, sino que inclusive se los aumentan; Continuar leyendo

Esquizofrenia política

El frente económico, evidentemente, se le está complicando al Ejecutivo, y por eso ha decidido dar pelea en todos los campos, comenzando por el ideológico. Hace algunos días ordenó enviar al Senado un “paquete” de tres leyes que han tenido gran difusión: i) la creación de la COPREC (Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), equivalente a las actuales oficinas de Defensa al Consumidor; ii) la creación del fuero Federal de Relaciones de Consumo, con nuevos Juzgados y Cámaras, que instituye un Observatorio para controlar la formación de precios iii) la modificación de algunos artículos de la Ley de Abastecimiento. A estas se suma la relativa al cambio de sede del pago de la deuda, mejor conocida como “Proyecto de Pago Soberano Local”, que cambiará la sede de pago de bonos –y su jurisdicción– al país.

Todas ellas han sido fuertemente criticadas. El Senado las aprobó, en otra sesión escandalosa, con apoyo de los Senadores del FPV y UCR. Ahora es el turno de tratarlas en Diputados. Y aquí surgen varias tramas ocultas -o no tanto- en relación a su aprobación. Convalidar la COPREC, la fundación del nuevo Fuero de Relaciones de Consumo y del Observatorio de Precios, será apoyar la creación de un “festival” de cargos públicos, que obviamente en nada ayuda a reducir el gasto. Será cuestión de ver cómo votan los radicales para conocer el fin de la historia. Claramente, sería más barato y práctico mejorar los juzgados que ya existen. También se podría hacer aplicar correctamente las leyes que protegen a los consumidores, leyes que actualmente se encuentran en uso tales como la de Defensa al Consumidor, de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia, etc.

Es decir, se posee mucha normativa específica sobre la que se podría hacer para defender al consumidor y a los usuarios. Asimismo, quizás sería bueno comenzar por transparentar la información nacional, como por ejemplo los datos del INDEC en cuanto a desempleo, inflación y actividad económica.

La modificación a la ley de Abastecimiento ha sido suficientemente comentada. Pero vale la pena recordar que la ley que se modifica, 20.680, representó el instrumento más patente de la impotencia gubernamental de ese entonces ante una economía que el propio Gobierno, desde el Estado, había engendrado, con el quiebre de las finanzas públicas y el consiguiente impacto en la economía privada. Utilizar eso hoy cuando no hay “emergencia económica”, cuando “no hay indigentes” -esto según el jefe de Gabinete- parecería algo esquizofrénico. O hay crisis o no, pero si sostenemos que no, no se entiende que se tomen medidas como si se estuviera en ese estado. Nadie toma un antipirético a menos que tenga fiebre.

La cuestión aquí -más allá del análisis puntual de cada una de las modificaciones- es que en lugar de modificar la Ley de Abastecimiento, ésta debería ser derogada, ya que es una ley claramente inconstitucional y una herramienta que atrasa 40 años, vinculada a un contexto económico especial que se daba en el país y que estaba descripto como una situación crítica. Entonces, ¿por qué la urgencia en aprobar esta modificación a la ley de Abastecimiento? En Venezuela, la llamada “ley de precios justos” tuvo resultados desastrosos, generando desabastecimiento, el cierre de numerosas empresas, la aparición de un enorme mercado negro y perjudicando totalmente la productividad y la inversión.  ¿No deberíamos aprender de las circunstancias, buenas y malas, vividas por otros? ¿Queremos sumar otra inclemencia a la ya maltratada situación argentina?

Por último, el cambio de domicilio de pago de deuda parece, al menos jurídicamente, difícil de digerir. Es una medida que nos va a alejar aún más del mundo. Ya todos tenemos en claro los riesgos de la cláusula RUFO, y la duda está en si ésta se aplica frente al cumplimiento de una sentencia -de por sí coercitiva- o no. Como sea, hay que “patear” el problema a 2015. Lo lógico es que la sentencia se cumpla. ¿Esto quiere decir que pagando? No siempre: se puede negociar y para eso hay que esperar solo cuatro meses.

Sres. Diputados, la mesa de la política esquizofrénica está servida.