Por: Sebastián Scheimberg
Evidentemente los archivos informativos dan cuenta de lo fluctuante que han sido los funcionarios del gobierno nacional a su enumeración de principios. Sin duda el más fuerte de todos ellos ha sido el pragmatismo. No pasaron veinte meses de la presentación del Informe Mosconi por parte del ministro Kicillof en el Congreso de la Nación responsabilizando a la empresa española de todos los males que aquejan al sector energético argentino, tras una violenta intervención y la afirmación de que nada se les debía por la confiscación lisa y llana del 51% de sus acciones en YPF.
Tuvo que acentuarse la pérdida de reservas y producción de gas y petróleo para que el gobierno tomara nota que los discursos grandilocuentes debían dejar lugar a la búsqueda de acuerdos, necesarios para destrabar el arribo de inversión genuina en uno de los principales reservorios que tiene la Argentina: Vaca Muerta. Casualmente el yacimiento no convencional que había comenzado a desarrollar YPF durante la conducción de Repsol y la familia Esquenazi. Ambos expropiados.
La posición intransigente de Brufau también tuvo que ceder (corriéndose de escena) al unísono con la del ministro Kicillof, llamado ahora a arreglar lo que había desarreglado. Cual conflicto entre adolescentes testarudos, pareciera que se impuso la voluntad del adulto responsable de que ambos jugadores se den la mano. En efecto, la personalidad de Miguel Galuccio y su esfuerzo en lograr convencer al ala política de la necesidad de un acuerdo, parece haber adquirido máxima relevancia. Sin duda la figura adulta dentro del gobierno nacional.
Si bien el acuerdo no resuelve el problema macroeconómico de la Argentina, que se manifiesta principalmente por la elevada inflación y la pérdida vertiginosa de reservas, se vislumbra un cambio de tendencia en lo que son las políticas de estado más razonables. Es que tras haberle dado la espalda a los mercados y a los organismos internacionales, es posible que la compensación a Repsol reduzca la desconfianza de inversores externos y domésticos y posibilite un reacomodamiento en el mediano plazo. En particular si estos anuncios se complementan con decisiones orientadas a cerrar la brecha fiscal y recomponer el ingreso de las empresas concesionarias de servicios públicos; y sobre todo, sincerar y combatir la inflación.
Resulta prematuro anticipar la respuesta de la comunidad empresaria ante un acuerdo sobre el que aún no han trascendido los detalles; y será muy importante que éstos se conozcan. Pero lo cierto es que se podría constituir en la señal de largada en la carrera por invertir en Argentina. Lo que no hay dudas es que este cambio de posición del gobierno nacional, más abierto al diálogo y propenso a revertir los desequilibrios que estaban amenazando el crecimiento económico, es una condición necesaria aunque no suficiente.
La evolución de la actividad económica en general y en el sector energético en particular dependerá de qué grado de compromiso tomará de acá en más el gobierno nacional en asumir posiciones que pueden no ser muy populares, pero que han de contribuir a la convergencia hacia un modelo sustentable en el mediano y largo plazo, tras una década de fuerte descapitalización.