Por: Sergio Abrevaya
Cuando una inundación urbana se convierte en catástrofe y cobra vidas humanas, es necesario preguntarse si en adelante será posible evitar tanta angustia y desolación con las intensas lluvias que parecen confirmar un cambio climático.
La ciudad de Buenos Aires y su periferia era en los años ’50 una urbe cuya contigüidad alcanzaba a un sólo cordón, por entonces eminentemente industrial. Se ha desplegado desde entonces al punto que actualmente el área metropolitana es una gigantesca ciudad conformada por la Ciudad Autónoma y tres cordones densamente edificados y extensamente pavimentados.
Geógrafos y especialistas mencionan la concurrencia de varios factores construidos socialmente para que semejante lluvia haya configurado una catástrofe. Todos ellos remiten a la falta de estatalidad en el proceso de expansión metropolitano y a la ausencia de planificación urbana para ordenar los usos del suelo en el conjunto de la región.
Respecto a la pérdida de capacidad de absorción de humedad del terreno, coinciden en que sus causas hay que encontrarlas, por un lado, en que los valles y hondonadas del terreno del AMBA reciben con las lluvias cada vez más agua de sus cauces y entornos, dado el crecimiento demográfico y la urbanización expansiva de nuevos predios; y por el otro lado, en la indiscriminada cesión de permisos para levantar edificios que sin coordinación regional alguna otorgan cada municipio y la CABA dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La ausencia de planificación territorial incluye la falta de un plan hídrico integral para la región metropolitana. Así, sin brújula ni plan, se han emprendido un sinnúmero de obras aisladas en distintas localidades y barrios de la ciudad y del conurbano, desconociendo un principio físico elemental: el agua no desaparece, dejará de afectar a los barrios inicialmente perjudicados pero encontrará un nuevo cauce para afectar a otros vecinos.
Asistimos a una crisis de gobernabilidad de la gran ciudad metropolitana, imposible de ser ordenada con poderes administrativos territorialmente fragmentados, con una cultura política en la que el chantaje siempre desborda a la vocación de coordinación entre jurisdicciones, y con una superposición de legislación nacional, provincial, porteña y municipal que no se condice con la continuidad física urbana y la naturaleza de las relaciones vitales entre la extendida vecindad.
No solamente las inundaciones reflejan el desfasaje entre el diseño institucional fragmentado del AMBA respecto a la comunidad contigua que lo habita, la ingobernabilidad resultante se sufre además en la falta de un plan de movilidad ciudadana, de un sistema único de transporte y en el esperable colapso de la deposición final de residuos domiciliarios. En materia de seguridad, la fragmentación de cuerpos policiales y de responsabilidades políticas en la región metropolitana, facilita la capacidad corruptora de las mafias del delito, el juego y el narcotráfico.
En un sentido más proyectivo y de largo plazo, la falta de una instancia de legislación común a toda la metrópoli elimina la posibilidad de un plan de desarrollo económico y social sustentable e integral. Si persistimos en desentendernos de los usos del suelo urbano de toda la región y cada jurisdicción los asigna a su arbitrio, dejando hacer a su antojo al mercado inmobiliario, en unos años nos estaremos lamentando de los efectos ambientales catastróficos de un eventual cuarto cordón del conurbano. Algunos males no tienen remedio, otros estamos a tiempo de evitarlos.