Los responsables de la seguridad pública prefieren enfrentar la sensación de inseguridad con artilugios mediáticos antes que asumir las arduas tareas de prevención y la persecución eficaz de los delincuentes. Esto tiene que ver con la ligereza comunicacional que aprisiona a la política.
Si aumentan los hechos delictivos que no se note, parece ser la consigna de los sucesivos ministros de seguridad kirchneristas; el gobierno nacional no publica cifras desde el año 2008. Y aunque alguien crea que sin estadísticas completas y comparables año a año se pueden ocultar los delitos para reducir la sensación de inseguridad, éstos en realidad se incrementan, porque sin un método para conocerlos, clasificarlos y referenciarlos geográficamente es imposible profesionalizar la prevención.
Todo comienza con la disuasión a denunciar el delito en la misma Comisaría, en la que, sin una atención solícita y expedita, las víctimas y damnificados son abrumados con exigencias y pretextos burocráticos lo que, sumado a la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, deviene en un hábito mayoritariamente extendido: no denunciar los delitos en sede policial.