En el mundillo económico es sabido que una elite de alrededor de cinco empresas privadas maneja la formación de sentido común de la agenda diaria. Su fuerte poder de propagación se basa en el inapagable eco que encuentran en los medios hegemónicos, con más sesgo hacia resguardar intereses privados que profesionalismo técnico. La crucial importancia del papel de consultoras, usinas de ideas y economistas del establishment, radica en que suelen ser las columnas sobre las que se construyen operaciones de mercado, como la corrida financiera que afrontó el gobierno nacional a finales de año pasado.
Es cautivante la nueva apuesta que empezaron a jugar los últimos días los analistas privados y las usinas de ideas. Extinguida su defensa de la desproporcionada suba de precios de principios de año, comenzaron a fogonear una inevitable “inflación de costos” a corto plazo. ¿A qué se refieren? Se acerca el tramo fuerte de las paritarias de los principales gremios nacionales, y la “inflación de costos” es el sustento conceptual por medio del cual los economistas ortodoxos justificarán un nuevo y brutal incremento de precios arbitrario por parte de las compañías.
Es casi paradójico notar que estos analistas son los mismos que hace sólo un par de meses cargaban contra el el gobierno por la corrección cambiaria de enero. En ese momento su hipótesis era que existía una gran mayoría de sectores productivos afectados por el corrimiento del dólar a $8. Por ende, el traspaso a precios debía ser instantáneo y en la misma proporción, basándose en una supuesta estructura de costos enteramente formada por componentes importados.
Sin embargo, menos de dos meses después, muchos economistas privados cayeron en cuenta de que aquellas compañías que contaban con una estructura de producción nutrida por insumos comprados en el exterior no eran en realidad tan dependientes de las importaciones y los bienes de capital, sino que realizaban gran parte de su circuito productivo en base al trabajo humano; o sea, eran mayormente “trabajo intensivas”. Este reacomodo de su argumento implica que, ante la proximidad de las paritarias, las empresas deberán trasladar a precios absolutamente la totalidad del aumento anual que negocien con los trabajadores. Sea cual sea.
Es falsa la afirmación de que “no hay plan anti inflacionario”, como fustiga la derecha. Existe hoy un plan que no es acorde a sus intereses históricos de reducción de la inversión social, de políticas de crecimiento con salarios bajos, de liberalización de tarifas y de apertura externa indiscriminada.
Como contraposición, es importante remarcar la versatilidad de las políticas económicas para enfrentar con apremio el desafío de brindar previsibilidad y un marco de reglas estables a la economía. En tal sentido, desde noviembre, con el recambio de autoridades al frente del Ministerio de Economía, se avanzó en distintos programas y políticas específicas que ya muestran resultados, a saber:
El programa “Precios Cuidados”, que brinda referencia y disminuye el impacto del aumento de precios para los estratos de bajos ingresos. El alza de precios no impacta en igual medida a todos los segmentos de la población. Es innegable que los sectores más vulnerables destinan mayor parte de sus recursos a comprar bienes de primeras necesidades y este programa brinda la posibilidad de consumir productos con valores sin subas excesivas. Demás acuerdos de precios con otros sectores (construcción, farmacéuticos y, para la semana próxima, supermercados mayoristas) sirven para acoplar a más actores a un contexto de consistencia económica.
La nueva resolución de la Secretaría de Comercio que exige a empresas productoras y comercializadoras de insumos y bienes finales a remitir sus listas de precios mensualmente. Incluidos aquellos que estaban vigentes en diciembre pasado. Este último punto es muy relevante. Se observaron márgenes de ganancias superiores al 500% (sobre todo en rubros de frutas y verduras), a partir del análisis simple del oligopolio de grandes cadenas de supermercados y en relación al valor de comercialización que cualquier consumidor puede encontrar, por ejemplo, en el Mercado Central. Que se entienda la gravedad de tales situaciones: es absurdo pensar que en ese último eslabón de la cadena de formación de un precio, o sea en la distribución final y la venta al público, la agregación de valor puede ser tan considerable. Ni siquiera adicionando los cuantiosos gastos en publicidad, ni su ostensible distribución de dividendos, los supermercados podrían justificar semejante margen por sobre sus costos.
Atacar la causa del problema implica desarticular las malas prácticas comerciales, establecer fundamentos macroeconómicos sólidos y estabilidad de precios relativos. El gobierno corre en esa dirección; las consultoras privadas, detrás de una agenda de convalidación de aumentos desmedidos, como un “delivery de sustento teórico” de intereses de las empresas concentradas.